El PSOE pide la devolución de lo cobrado por cláusulas suelo

Antonio Hurtado, en comparecencia de prensa.

El diputado del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, pidió el martes a las entidades financieras que devuelvan a los clientes lo cobrado por las cláusulas suelo y la mitad de los gastos de formalización de los contratos hipotecarios.

Hurtado, que recordó que en estos momentos la devolución de las cláusulas suelo desde el origen del contrato están supeditadas a que sean declaradas nulas por un juez, afirmó que la regulación de una vía extrajudicial o administrativa sería conveniente para todos, bancos, clientes y juzgados. “Desde el PSOE exigimos que esta nueva vía extrajudicial se concrete en beneficio de todos y sin que nadie tenga que renunciar a sus derechos”, expresó el diputado socialista.

El PSOE consideró que, para evitar el colapso de los juzgados, las costas judiciales a los bancos y el tiempo y las molestias a los clientes, lo idóneo sería establecer una vía administrativa o extrajudicial para que los consumidores puedan recuperar ese dinero. “Estamos hablando de 1,5 millones de hipotecas y de más de 4.000 millones de euros”, indicó Hurtado.

El diputado socialista aseguró que la vía extrajudicial debe partir de la consideración de la cláusula como nula y de la devolución de lo cobrado por este concepto, por tanto “partiría de la nulidad con carácter retroactivo y, en ningún caso, debería incluir quita alguna para el cliente y la aplicación de los correspondientes intereses de demora”, al tiempo que reclamó que “su aplicación no debe ser voluntaria para el banco”.  En ese sentido, Hurtado afirmó que tendría la ventaja para el banco de no tener que cargar con costas y de ser un procedimiento ágil, pudiendo establecer y negociar las formas de pago al cliente como pueden ser la reducción del plazo, la reducción de la cuota o el pago en metálico.

Antonio Hurtado recordó que los bancos ya se resistieron a aplicar la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013. Al respecto, señaló que “se van a resistir a aplicar la nueva sentencia de 21 de diciembre de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que la nulidad de la cláusula suelo se considere nula desde la firma del contrato”. “De ahí que no muestren interés en la vía extrajudicial y vayan a exigir a los clientes que acudan a los juzgados para recuperar su dinero”, añadió.

El diputado socialista indicó que el cliente tiene que optar entre reclamar la devolución de lo cobrado por la cláusula suelo por la vía administrativa, presentando una reclamación ante el servicio de información al cliente, esperar a que se defina la vía extrajudicial o acudir a la vía judicial uniéndose a muchas demandas colectivas que están tramitando tanto las asociaciones de consumidores como bufetes de abogados. Por otra parte, Hurtado pidió a los bancos que asuman los criterios establecidos por el Tribunal Supremo tras la sentencia que considera como abusivas las cláusulas que imponen al cliente todos los gastos de formalización de hipotecas, que pueden alcanzar los 3.000 euros con un préstamo medio.

Para el diputado socialista, el Alto Tribunal considera en su sentencia que algunos de estos gastos –notaría, registro de la propiedad, gestoría y actos jurídicos documentados–deberían correr a cargo del banco por ser el verdadero interesado en que se realicen. En el caso del registro de la propiedad y otros deberían tener reciprocidad y ser compartidos por cliente y la entidad financiera, expuso. Hurtado recomendó a los clientes que no permitan en los contratos estas cláusulas abusivas y a los notarios que examinen, adviertan y obliguen a corregir los contratos que las incluyen para su eliminación antes de que se formalice el contrato hipotecario.

Por último, y para los préstamos hipotecarios ya formalizados, Hurtado explicó que conviene tramitar las correspondientes reclamaciones en las entidades bancarias para que los devuelvan y en caso de negativa por parte del banco acudir a la vía judicial a través de las demandas colectivas que están presentando las asociaciones de consumidores y algunos gabinetes jurídicos.

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