El PP pide el cese de Crespín por el caso de la Fundación Guadalquivir

Torrico dice que la delegada “se ha negado a investigar el caso de las dos fundaciones afines al PSOE acusadas de quedarse con dinero de los parados”

El diputado autonómico del PP de Córdoba Miguel Ángel Torrico ha pedido el cese de la delegada de la Junta de Andalucía en Córdoba, Rafi Crespín, tras “haberse negado a investigar el caso de las dos fundaciones afines al PSOE acusadas de quedarse con dinero de los parados”, según ha denunciado en rueda de prensa.

Tras proceder la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio a la apertura de un expediente de información reservada sobre las ayudas concedidas a la Fundación Guadalquivir Futuro y a la entidad Jóvenes de Córdoba hacia el futuro en el marco de las subvenciones de los Programas Emple@30+ y Emple@Joven, “el Consejo de Gobierno debería cesar inmediatamente a Rafi Crespín ya que no es capaz de estar de acuerdo con los criterios del Gobierno que representa”, considera Torrico.

El parlamentario popular también ha vuelto a exigir, igual que hizo Nuevas Generaciones, el cese de Cristian Menacho al frente de Juventudes Socialistas en Córdoba capital. “A pesar de que cada día conocemos más datos relacionados con el supuesto cobro de donativos en estas dos fundaciones, incluso que Jóvenes hacia el Futuro tiene que devolver 25.000 euros por haber incumplido algunas de las clausulas de un proyecto de 2014, Juan Pablo Durán sigue sin decir ni una sola palabra al respecto”.

A su vez, Miguel Ángel Torrico también ha solicitado al consejero de Empleo que aporte una relación de todo el dinero que estas dos fundaciones han recibido durante los últimos años. “Queremos saber qué responsabilidad tiene Isabel Ambrosio, ya que fue delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, en la concesión de las ayudas y si estas ayudas estaban sometidas al mismo régimen denunciado”.

Ley de Servicios Sociales con muchas carencias

Por otra parte, el parlamentario Miguel Ángel Torrico ha afirmado que la Ley de Servicios Sociales de Andalucía es “necesaria pero llega tarde e impuesta por el PSOE ya que ha hecho caso omiso a las más de 2.000 aportaciones presentadas por partidos políticos y agentes sociales”.

Para el Partido Popular, esta Ley “no establece los servicios sociales como un derecho de primera sino como de segunda, no asegura la suficiente financiación y vuelca gran parte de su desarrollo en los ayuntamientos cargando a la administración local con lo que es cien por cien competencia autonómica”.

Además, la nueva Ley “no cuenta con un mapa de servicios sociales y no establece el catálogo de servicios ni el plan estratégico de servicios sociales de Andalucía que se necesita”. “Todas estas carencias hacen que la nueva Ley no sirva para cumplir sus objetivos”, ha concluido Miguel Ángel Torrico.