Piden diez años de prisión para el exalcalde de Benamejí por el caso de las dietas

La acusación particular en el caso de las dietas de Benamejí (Córdoba), que ejercen IU y PA, ha pedido que se condene al exalcalde socialista de dicho municipio, José Ropero, a un total de diez años de prisión y a 31 años de inhabilitación para ejercer el sufragio pasivo o para desempeñar cualquier función pública.

Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, así lo recoge el escrito de acusación que han presentado IU y PA en el Juzgado de Instrucción número uno de Lucena (Córdoba), en base a la presunta comisión por Ropero de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsificación de documento público, por el supuesto cobro irregular de dietas.

En el escrito de acusación, cuyo contenido ha avanzado este miércoles El Día de Córdoba, la acusación detalla que desde que Ropero llegó a la Alcaldía “planteó un sistema de retribución propia por los servicios públicos, que como gestor público iba a realizar”.

Dicho sistema de retribución, según detalla el escrito, “fue diseñado por el acusado 'ad hoc', pensado en su propio beneficio, creando mediante ordenanzas municipales un sistema de compensación por dietas en el cuál él siempre saldría beneficiado, sin que nadie le cuestionara sus actos y amparándose, en todo caso, en el propio funcionamiento municipal en cuanto a su autonomía jurídica”.

Este sistema “ilegítimo e ilegal”, según la acusación, “le estuvo reportando pingües beneficios al acusado, lucrativas indemnizaciones que jamás gravaron a Hacienda y que supusieron una hecatombe fiscal a las arcas públicas, dejando al municipio sin fondos sociales”.

La acusación añade que, “tras una década utilizando el singular sistema de cobro de dietas-sueldo, llegó al extremo de confianza tal de la impunidad de sus acciones, que desde comienzos de los años 2000 y siguientes, decide crear un doble sistema de cobro de dietas, igualmente camuflado en las Bases de Ejecución Presupuestarias del municipio, y en el mismo articulado en el que aprobaba por sistema el singular cobro de dietas-sueldo”.

Sostiene la acusación que estos hechos “son constitutivos de un delito de malversación e inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio de derecho sufragio pasivo por 15 años, por el que pide seis años de cárcel, además de otros 12 de esta inhabilitación por delito de prevaricación y otros cuatro de cárcel por delito de falsificación”.

También solicita la acusación la apertura de juicio oral contra José Ropero y que indemnice al Ayuntamiento con 49.676 euros, “por dietas cobradas ilegalmente entre 2002 y 2012”, y otros 64.000 cobrados como indemnización mensual personal sin necesidad de justificación.