Un sindicato de Policía denuncia la utilización “ilegal” de un acuerdo de disponibilidad para requerir sus servicios

El sindicato independiente de Policía Local y Bomberos (Siplb) denuncia que sus superiores se están acogiendo a un acuerdo firmado en 2005 de manera “ilegal” para requerir sus servicios en eventos programados con poca antelación y utilizando “cualquier modo de comunicación (procedente o no)”, según indican en una nota de prensa y han confirmado a este medio.

Según ha detallado uno de los afectados a Cordópolis, en 2005 se firmó un acuerdo de disponibilidad por el que se estipulaba que se les podría avisar, como máximo, en tres ocasiones anualmente para eventos no programados “como la caída de un edificio”. Sin embargo, acogiéndose a este “están llamando para eventos que están programados” como carreras o vía crucis.

“Los mandos de nuestra Jefatura de Policía pretenden que los agentes estén disponibles las 24 horas sin importar para nada la conciliación familiar”, exponen en la nota. Los afectados señalan que todos tienen “esposas, hijos, padres, hermanos, obligaciones familiares, descansos o vacaciones”, por lo que tendrían que avisarles “al menos con unos días o una semana de adelanto para organizarnos”.

Además de avisar para eventos que están programados “por la merma de personal”, lo hacen según han detallado a través de medios como Whatasapp o llamadas “cuando deberían hacerlo de manera escrita”. En la nota defienden que el colectivo “cumple de forma estricta con sus cuadrantes delirantes” y que, a pesar de esto, “cuando el Jefe de la Policía Local de Córdoba entiende oportuno, exige que se nos busque hasta debajo de las piedras, para obligarnos a ir a trabajar”.

Por otra parte, han manifestado a este medio que llevan desde el año pasado sin cobrar las horas extras realizadas en el mismo, por lo que en ocasiones se niegan a cumplir con la tasa de productividad. “Al no hacer la productividad que se debe, incurren en la ilegalidad utilizando el acuerdo y por medios de notificación irrisoria”.

Por estos motivos, considerando que se “incumplen los derechos”, algunos de los agentes afectados ya están recurriendo a la vía Penal.