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El Pleno pide a AENA retirar el recurso sobre el pago de 20 millones por la expropiación del aeropuerto

Avionetas en el aeropuerto de Córdoba | TONI BLANCO

Carmen Reina

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Los seis grupos políticos del Ayuntamiento de Córdoba -PP, Cs, PSOE, IU, Podemos y Vox-, han acordado por unanimidad solicitar a AENA la retirada del recurso que interpuso contra la sentencia ganada por el Consistorio para no abonar 20 millones de euros por la expropiación de los terrenos del aeropuerto de la capital.

El Pleno ha aprobado una moción que finalmente ha sido firmada por todos los grupos políticos y que “recchazan este recurso y apoyamos la defensa que se hace desde el Ayuntamiento por los técnicos municipales y la asesoría jurídica sobre las posiciones de la ciudad”. Además, se “requiere a AENA, a que desista de la presentación de este recurso al tratarse de una competencia propia”. 

El PSOE -que también ha votado a favor pese a ostentar el Gobierno de la nación-, ha asegurado por boca de su portavoz, Isabel Ambrosio, que “siempre hemos defendido que no se debió hacer con financiación municipal, sino como se hacen todos los aeropuertos con presupuesto del Gobierno”, ha dicho, aún “respetando la autonomía de cada institución para defender sus intereses económicos”.

Cabe recordar que AENA planteó en 2019 esta reclamación en los tribunales, después de hacerlo por vía administrativa anteriormente. El Ayuntamiento siempre había señalado que el coste de la expropiación de los terrenos para la ampliación del aeropuerto debía afrontarlo el Estado y no la ciudad. Y una sentencia le dio la razón el pasado mes de marzo.

Este asunto data de 2007, cuando el Pleno del Ayuntamiento aprobó el convenio con AENA para la ampliación de la pista del aeropuerto, que se firmó ya en 2008 y que incluía que el Consistorio afrontaría el 20% del montante de las expropiaciones y el Gobierno el 80%. El acuerdo fue impugnado en los tribunales por la asociación Córdoba Saludable y anulado por una sentencia en 2009, confirmada posteriormente por el TSJA. Esto le sirvió al Ayuntamiento para esgrimir que no tenía que afrontar el pago de unas expropiaciones según un acuerdo ya anulado. En total se expropiaron 188 parcelas, con un presupuesto de 45 millones de euros.

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