Una derrama para vetar pisos turísticos

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, que permite a las comunidades de propietarios prohibir los alquileres turísticos mediante acuerdos de tres quintos de los votos, ya se nota entre las comunidades de vecinos de Córdoba, que han comenzado a sellar acuerdos y registrar los primeros vetos a esta actividad.

Mercedes Romero, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Córdoba (y, a su vez, primera presidenta del Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas), ha señalado que la decisión judicial ha generado un movimiento muy activo entre las comunidades de vecinos. “La inquietud por limitar los pisos turísticos existía desde hace tiempo, pero ahora, con esta sentencia, se ha consolidado la certeza de que es posible prohibirlos”, explica Romero en declaraciones a este periódico.

Según sus datos preliminares, con una consulta entre la Junta Directiva del Colegio, de seis administradores consultados, cinco han llevado este debate en las juntas, lo que demuestra que el interés en vetar los pisos turísticos está en muchas comunidades de propietarios de la ciudad.

Un proceso en expansión

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo dictó el pasado 7 de octubre dos sentencias clave para aclarar la interpretación del artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que desde 2019 permitía esta regulación pero generaba dudas sobre los procedimientos. El fallo unánime establece que la prohibición puede adoptarse con una mayoría reforzada de tres quintos, despejando la incertidumbre sobre si se requería unanimidad.

Desde entonces, las juntas de vecinos en Córdoba han comenzado a incluir el punto en sus órdenes del día. Romero destaca que las solicitudes provienen no solo de zonas céntricas y altamente turísticas, como la Judería o la calleja de la Hoguera, sino también de barrios residenciales como Tablero Bajo, menos asociados a esta problemática. “La preocupación ha trascendido las áreas de alta demanda turística”, comenta.

El proceso de prohibición no termina con el acuerdo vecinal. Es necesario registrar la decisión en el Registro de la Propiedad para que tenga efectos legales frente a terceros, lo que implica un coste adicional. Según señala Romero, esta cantidad debe ser asumida por la comunidad y puede incluirse en los presupuestos como una partida específica.

El coste de este trámite varía según la comunidad y está determinado por el presupuesto que presente el Registro. En algunos casos, los vecinos deben aprobar una derrama para cubrirlo, algo que añade un paso más al procedimiento. A pesar de ello, las comunidades parecen dispuestas a asumir estas cargas si con ello logran preservar la tranquilidad y el carácter residencial de sus edificios.

Más consultas y debates

Para los administradores de fincas, el fallo ha traído consigo un incremento en las consultas y la carga de trabajo. Según Romero, los administradores colegiados de Córdoba, que suman 137 profesionales en activo, reconocen que es un tema de debate incluso en comunidades donde no había una preocupación previa. “Ahora, los propietarios quieren debatir el tema”, asegura.

El interés también está llevando a los administradores a realizar sondeos entre colegas para tener un panorama más amplio del impacto. Aunque no existen cifras definitivas, se prevé que el número de juntas que aborden esta cuestión siga en aumento, aclara la presidenta del colegio profesional.

Y es que, a su juicio, la prohibición de pisos turísticos supone un cambio significativo en las relaciones vecinales y en la concepción de la propiedad horizontal. Para muchas comunidades, los alquileres turísticos representan una fuente de molestias y conflictos, desde el ruido hasta la seguridad. “Los vecinos valoran el retorno de la tranquilidad y el control sobre quiénes acceden al edificio”, cuenta Romero, que apuntsa que, evidentemente, hay quien no lo ve igual.

Así, mientras que algunos propietarios ven en ella una herramienta para frenar el auge desmedido de los pisos turísticos, otros temen que la prohibición afecte el valor de sus propiedades.

El fallo del Supremo no solo aclara la legislación existente, sino que también sienta un precedente que podría replicarse en otras ciudades con problemas similares. En Córdoba, donde el turismo es un motor económico clave, el equilibrio entre preservar la calidad de vida de los vecinos y fomentar la actividad turística será esencial. El Ayuntamiento de Córdoba ha adelantado, por ejemplo, que va a prohibir la obtención de licencias de uso turístico en las zonas más gentrificadas de la ciudad.

Eso sí, desde que eso ha ocurrido, no se puede decir que el efecto haya sido disuasorio. En las últimas dos semanas, el número de licencias de uso turístico oficiales en el Registro de Turismo de Andalucía ha crecido en 42. Es decir, tres nuevas licencias cada día, un incremento respecto a la media de dos diarias que es el ritmo con el que crece este fenómeno en Córdoba desde el año 2023.