CGT denuncia “un gravísimo ataque al derecho de huelga” en los servicios mínimos del Ayuntamiento

El sindicato CGT ha denunciado en un comunicado que la Delegación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba ha remitido a las organizaciones sindicales una propuesta de servicios mínimos para la huelga general del próximo miércoles 11 de noviembre que “contempla unas dotaciones extraordinariamente superiores a las establecidas en anteriores convocatorias” y que, a juicio de CGT, “representa uno de los ataques más graves al derecho fundamental de huelga que hemos presenciado en los últimos años en esta administración”.

“Lo verdaderamente preocupante no es solamente el extraordinario incremento de efectivos, sino que hay colectivos profesionales a los que se pretende restringir drásticamente el ejercicio del derecho de huelga, llegando incluso, en determinadas dependencias, a establecer servicios mínimos equivalentes al 100 % del personal disponible. Todo ello sin que, a nuestro juicio, se aporte una motivación suficiente y concreta de los perjuicios que la interrupción de esas actividades podría ocasionar a los derechos y bienes constitucionalmente protegidos de la ciudadanía, ni se justifique adecuadamente la necesidad y proporcionalidad de semejantes restricciones”. argumenta CGT.

En ese sentido, añaden, “resulta especialmente difícil de comprender que se pretendan garantizar durante una huelga actividades y dotaciones de personal que, en condiciones ordinarias, ni siquiera se mantienen durante domingos y festivos, sin que ello comprometa necesariamente los servicios esenciales de la comunidad. ¿Desde cuándo una actividad que puede interrumpirse durante un festivo se convierte en imprescindible precisamente cuando las personas trabajadoras deciden ejercer un derecho fundamental?”.

Para el sindicato, “conviene recordar algo elemental: una huelga no está concebida para que todo siga funcionando como si no ocurriera nada. Los servicios mínimos tienen como finalidad garantizar exclusivamente las necesidades esenciales de la ciudadanía, no mantener la actividad ordinaria de la administración ni neutralizar los efectos de una huelga. Así lo ha establecido reiteradamente el Tribunal Constitucional. Y las cifras de la propuesta municipal resultan especialmente reveladoras”.

Comparativa con 2012

Según la comparativa realizada por CGT, los servicios mínimos podrían pasar de 52 asignaciones en la huelga general del 29 de marzo de 2012 a aproximadamente 226 en la convocatoria actual, excluyendo bomberos de ambos cálculos. “Esto supondría un incremento estimado del 334,6 %, pendiente de confirmar el número exacto de centros afectados”, sostienen.

En Infraestructuras, donde las cifras están directamente documentadas, se pasa de 7 a 33 efectivos, un incremento del 371,4 %. “Y hay una circunstancia especialmente significativa: en marzo de 2012 también gobernaba el Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, entonces con José Antonio Nieto como alcalde. Aquel gobierno estableció dotaciones sensiblemente inferiores en numerosas actividades municipales. ¿Qué ha cambiado en estos catorce años para que ahora se pretendan imponer restricciones de semejante magnitud? ¿Se han multiplicado las necesidades esenciales de la ciudadanía o ha cambiado la actitud de quienes gobiernan ante el derecho de huelga?”, cuestionan.

Para CGT, la Dirección General de Recursos Humanos “ha pretendido justificar las diferencias mediante adaptaciones del organigrama municipal, una explicación que consideramos manifiestamente insuficiente ante una propuesta de estas características”.

“Especialmente grave resulta también la forma en que Recursos Humanos está gestionando este asunto. Mientras que en la huelga general de marzo de 2012 se celebraron hasta tres reuniones con las organizaciones sindicales para abordar los servicios mínimos, y en 2015 se alcanzó incluso un acuerdo ante la Junta de Andalucía, en esta ocasión ni siquiera hemos sido convocados a una reunión para tratar una cuestión que afecta directamente al ejercicio de un derecho fundamental. En lugar de ello, la Delegación de Recursos Humanos se ha limitado a remitir una propuesta, concediéndonos menos de 22 horas para presentar observaciones”, denuncian.

“A día de hoy seguimos esperando que se nos convoque para abordar los servicios mínimos de la huelga del próximo 11 de noviembre. ¿En qué momento ha decidido el Gobierno de Bellido que una cuestión de semejante trascendencia puede despacharse mediante el envío de un documento y un plazo contrarreloj, prescindiendo del diálogo directo con la representación sindical? Para CGT, esta forma de proceder constituye otra muestra del preocupante deterioro de las relaciones laborales municipales. Resulta especialmente significativo que, precisamente cuando está en juego un derecho fundamental, Recursos Humanos ni siquiera haya mantenido las reuniones que sí se celebraron en anteriores convocatorias”.

Para CGT, “esta actuación constituye un nuevo y peligrosísimo paso en la deriva antisindical que venimos denunciando en la gestión de Recursos Humanos del Gobierno de Bellido, una política de relaciones laborales cada vez más alejada de la negociación y del respeto efectivo a los derechos de la plantilla. Y no deja de resultar indignante la contradicción que supone que cuando se trata de restringir el derecho de huelga, prácticamente toda la actividad municipal parezca imprescindible, mientras que para cumplir los acuerdos, reconocer derechos o abonar las cantidades pendientes a los trabajadores y trabajadoras, las obligaciones pueden seguir esperando indefinidamente. Desde CGT consideramos que los servicios mínimos no pueden convertirse en una herramienta para garantizar una apariencia de normalidad durante la huelga, ni mucho menos en una prohibición encubierta de su ejercicio para determinados colectivos”.

Por ello, advierten de que, “si finalmente se aprueban servicios mínimos que vulneren este derecho fundamental, CGT acudirá a los tribunales por las vías legalmente procedentes y exigirá las responsabilidades que correspondan”.