Le piden 19 años de cárcel por dispararle a su abogado

La acusación que representa al abogado que resultó herido grave de un disparo en abril de 2016 en Montoro pide para el presunto autor de los hechos una pena de 15 años de prisión por la supuesta comisión de un delito de asesinato en grado de tentativa, con una prohibición de acudir al municipio durante 22 años y una orden de alejamiento por el mismo tiempo sobre el afectado y su esposa, así como una pena de cuatro años de prisión y multa de 14.400 euros por un delito de obstrucción a la justicia.

Según recoge la calificación inicial de la acusación particular, a la que ha tenido acceso Europa Press, entre los años 2007 y 2011, el procesado recibió la asistencia del letrado herido en un procedimiento, en el que “surgieron discrepancias entre abogado y cliente derivadas de lo que el acusado, con un marcado carácter irascible, entendía como una inadecuada llevanza de su asunto por parte del letrado aquí perjudicado”.

Como consecuencia de ello, el abogado renunció a su defensa en octubre de 2011, si bien antes de que finalizase 2011, ambos mantuvieron una entrevista en la que “el acusado llegó a decir repetidamente” al letrado: “Te vas a acordar de mí”.

En mayo de 2015, el procesado solicitó a través del Colegio de Abogados de Córdoba la entrega por parte del citado letrado de una documentación relacionada con el procedimiento anterior y que estaría en poder de este último, que depositó en el Colegio de Abogados un mes después, en junio de 2015.

No obstante, el acusado, “movido por el ánimo de acabar con la vida” del abogado “al entender que su actuación como letrado le había perjudicado en sus procedimientos judiciales, y en su convencimiento de que el origen de todos sus males estaba en la mala praxis de la generalidad de los abogados con los que había tratado como cliente”, presuntamente llevaba bastante tiempo pensando en acabar con su vida, así como “ideando un plan para llevarlo a cabo, de tal manera que le supusiera el menor coste posible, tanto en pena como económicamente”.

En este punto, la acusación particular precisa en su calificación que el procesado “ya fue denunciado y condenado por las amenazas efectuadas a los abogados que sucedieron en su defensa al afectado”.

De este modo, explica que “con anterioridad a los hechos, se deshizo de los bienes inmuebles que poseía para quedarse en estado de insolvencia”, a la vez que supuestamente ideó la forma en que la pena que le pudiera corresponder “se aminorase de la mayor manera posible; a saber, alegando un trastorno mental --inexistente-- y una confesión de los hechos --también inexistente ante la multitud de testigos que lo vieron--”.

“Provisto de una escopeta”

En concreto, la acusación detalla que sobre las 8:30 del día 19 de abril de 2016, “provisto de una escopeta”, acudió en su vehículo a una calle de Montoro y apostó su vehículo en las cercanías del despacho del abogado que se encontraba en dicha vía, “cuya ubicación conocía de sobra, pues había estado en el mismo anteriormente en varias ocasiones”.

Así, indica que “estuvo esperando unos minutos, agazapado en su coche”, a la espera de que el letrado acudiera a su despacho al ser primera hora de la mañana de un día laborable.

Efectivamente, sobre las 8,50 horas, apareció en el lugar el abogado camino de su despacho con unos expedientes, “momento que aprovechó el acusado para salir de su vehículo con la escopeta cargada y abordarle” en la calle.

Al respecto, precisa que “sorpresivamente, y sin darle tiempo para reaccionar, y encontrándose a unos diez metros de distancia”, el procesado supuestamente disparó al letrado a la altura del tórax y abdomen izquierdos, lo que provocó que cayera al suelo gravemente herido, momento en el cual el acusado se dirigió nuevamente a su vehículo “saliendo de forma apresurada de la zona” por una calle, para acceder finalmente a la autovía A-4 dirección a Córdoba.

Según la acusación particular, “en el camino fue visto por varias personas como se alejaba en el coche”, mientras que la esposa de abogado, “al oír los disparos, salió de su casa en pijama, y se encontró con su marido tendido en el suelo y rodeado de un charco de sangre”.

Contó los hechos a la Policía

Por su parte, el procesado, una vez en Córdoba, se dirigió a la Comisaría de Policía Nacional en Campo Madre de Dios, y al haber sido visto e identificado por los vecinos y viandantes del lugar, y “sabedor de ello el acusado, manifestó a los agentes que allí se encontraban que había disparado a su anterior abogado”, de modo que fue detenido y le intervinieron el vehículo y la escopeta utilizada, así como la ropa que llevaba en el momento.

No obstante, momentos antes había sido identificado por agentes de la Guardia Civil el vehículo con el que había huido el acusado, así como su matrícula.

Como consecuencia del disparo, el letrado sufrió una herida penetrante con fracturas costales, entre otras consecuencias, lo que requirió para su curación, exploración y valoración diez días de ingreso hospitalario con tratamiento de medicamentos y quirúrgico, a la vez que mantiene tratamiento rehabilitador desde entonces.

De forma estimativa, según la acusación, “el tiempo que debe tardar en sanar el lesionado será menos de 600 días, de los cuales 586 deben ser de pérdida temporal de calidad de vida moderada, y 14 días de pérdida temporal de la calidad de vida muy grave”, a lo que añade que le quedan diversas secuelas, como un 'bypass', una lesión severa del nervio mediano a nivel del antebrazo izquierdo y perjuicio estético secundario a cicatrices traumáticas, entre otras.

De acuerdo a todo ello, el afectado sufrió “el estadillo esplénico y la disección humeral que produjo una hemorragia interna y externa que de no haber sido tratada con la celeridad suficiente, hubiera provocado un estado de 'shock hipovolémico' con grave riesgo para su vida”.

Las secuelas

Del examen efectuado por el perito de la acusación, un médico especialista en psiquiatría y criminología, se determina que como consecuencia de los hechos enjuiciados el letrado padece en la actualidad secuelas psíquicas, como “trastorno por estrés postraumático, trastorno distínico, personalidad compulsiva y trastornos del pensamiento”.

Por otro lado, su esposa, según el informe médico, presenta “trastorno por estrés postraumático, ansiedad o angustia y trastorno depresivo persistente”, todo ello “como consecuencia de haber vivenciado personalmente el hecho de encontrar a su marido tirado en el suelo tras haber sufrido un intento de asesinato y un charco de sangre”.

Para la acusación, tanto las secuelas de su cliente, como las de su esposa, “no son definitivas”, pues el abogado está “en tratamiento rehabilitador funcional, tras ser hospitalizado e intervenido de la pseudoartrosis de radio --falta de consolidación de la fractura de radio--, más aporte de injerto óseo”.

Mientras, apunta que el procesado al tiempo de los hechos “no padecía afectación alguna y por tanto, alteración en su voluntad, como lo acreditan tanto los informes efectuados por los médicos forenses, como se desprende del informe” que ha realizado el perito de la acusación.

En dicha calificación, se pide al acusado en materia de responsabilidad civil que indemnice al herido en la cantidad de 70.000 euros por las lesiones sufridas y con 300.000 euros por las secuelas, además de otros 30.000 euros para su esposa por las lesiones y daños causados a la misma.