La Junta prepara un plan de impulso y modernización para las empresas de economía social

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha anunciado este lunes que está en fase de elaboración un nuevo Plan de Impulso y Modernización de la Economía Social en Andalucía, con vigencia de cuatro años, que recogerá “nuevas medidas de apoyo al emprendimiento en este tipo de sociedades, a su consolidación y competitividad, la creación de empleo y el aumento de la visibilidad en la sociedad andaluza de este sector”.

Durante una comparecencia parlamentaria en la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco ha valorado el peso de las empresas de economía social en la comunidad, un sector que supone el 10% del PIB regional y que factura en torno a 14.000 millones de euros anuales, según ha detallado.

La consejera ha destacado su capacidad para generar empleo y su flexibilidad y fortaleza durante la crisis económica, lo que ha permitido contar en estos momentos con cerca de 5.700 cooperativas y sociedades laborales en Andalucía que generan más de 82.000 empleos, el 21% del total nacional.

Asimismo, ha destacado que presentan unos niveles de empleo más elevados que la media, con 11,5 empleados por sociedad de ratio, casi el triple que se registra en el tejido empresarial, y una estabilidad en el empleo significativa con el 54% de sus empleos indefinidos.

Según Rocío Blanco, el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) se ha marcado entre sus objetivos “reforzar la proyección de este sector”, tanto en la mejora de su productividad como en su aportación a la creación de empleo, y en los presupuestos de este año se han consignado 7,9 millones de euros, superior a lo presupuestado el año pasado y “muy por encima” de los 5,8 millones ejecutados por el anterior Gobierno socialista, según ha remarcado.

En este sentido, la consejera ha apuntado que en 2018 se aprobó la formulación e un plan de relanzamiento que no llegó a aprobarse, y el nuevo Gobierno va a iniciar un nuevo proceso de formulación para un Plan de Impulso y Modernización de la Economía Social andaluza, con una programación de cuatro años, y una metodología que aspire a la “máxima participación” de todos los agentes e instituciones del sector, un diagnóstico más realista de los problemas y carencias y una mayor concreción de las medidas para facilitar su evaluación.

Objetivos

El nuevo Plan partirá de algunas líneas estratégicas que se quieren marcar, como un aumento de la visibilidad de las entidades de la economía social en Andalucía, o el apoyo al emprendimiento y al empleo. También se pretende impulsar la consolidación y la competitividad de estas empresas, la formación y la cualificación de sus integrantes, la vertebración asociativa o la promoción de formas específicas e innovadoras dentro el sector, según ha enumerado la consejera.

Blanco ha añadido que se quiere impulsar el funcionamiento del Consejo Andaluz de Entidades de Economía Social, que desde que se constituyó sólo ha tenido una reunión de su comisión permanente en diciembre del año pasado, y que es el máximo órgano de coordinación entre la Junta, las entidades que representan a la economía social y las organizaciones sindicales.

La intención de la Consejería es crear un grupo de trabajo en el seno de este órgano, en el que también figuren expertos de reconocido prestigio en la materia, para que colaboren en la elaboración el nuevo plan.

Por otra parte, la consejera ha avanzado que se va a llevar a cabo una revisión el sistema de incentivos al sector, con nuevas líneas de ayudas vinculadas a la creación de empleo y a las nuevas empresas, con especial atención a los jóvenes emprendedores; a la inversión en activos fijos que generen o estabilicen el empleo; la obtención de garantías para que puedan acceder a financiación externa; asistencia técnica en la gestión; la contratación de servicios avanzados para su transformación digital o la incorporación e universitarios a este modelo empresarial.

Por último, Rocío Blanco también ha informado de que están “muy avanzadas” medidas normativas para facilitar el funcionamiento de las empresas de economía social y eliminar trabas administrativas.