La Junta asegura que el plan de ascensores de 2017 está en tramitación

Un grupo de vecinos ante la sede de la Junta protesta por la falta de ayudas para los ascensores | MADERO CUBERO

La Consejería de Fomento y Vivienda espera instalar hasta 2020 un elevado número de ascensores que beneficiarán a 26.200 familias para que tengan resueltos sus problemas de accesibilidad, según ha indicado el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, quien ha precisado que desde el año 2000 y hasta 2005, antes de la crisis, la Junta ha instalado 2.881 ascensores que han beneficiado a 44.000 familias, financiados con ayudas públicas, con una inversión de 303,6 millones de euros.

En declaraciones a Europa Press, el consejero ha valorado que “gracias a estas actuaciones, en Andalucía, los edificios de más de tres plantas sin ascensor son el 10,4 por ciento del parque andaluz, mientras que la media nacional se sitúa en un 13,7 por ciento, tres puntos porcentuales por encima”. Ha agregado que ese porcentaje se obtiene ya que “se ha reducido en casi cinco puntos desde 2001 (15,1 por ciento)”.

“Gracias a estas actuaciones, la situación general de los edificios andaluces es mejor que los de la media de España”, ha añadido.

El consejero ha precisado que desde la puesta en marcha del Plan de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020 de Andalucía, aprobado en agosto de 2016, llevan otorgando ayudas en torno a casi 10.000 familias, y ha precisado que la convocatoria de 2017 está en tramitación y cuenta con la financiación correspondiente.

De esta forma, esperan alcanzar las 26.200 familias beneficiadas con sus problemas de accesibilidad resueltos en el plazo 2015-2020, en el marco del Plan de Vivienda actual, una vez que ya se han retomado las ayudas de accesibilidad y rehabilitación edificatoria. Esas 26.200 familias beneficiarias de la instalación de ascensores van con cargo a los programas de fomento de la rehabilitación edificatoria y de rehabilitación singular --de anteriores planes--.

López ha explicado que el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, “fija el 4 de diciembre de 2017 como fecha límite para llevar a cabo ajustes razonables de accesibilidad en distintos entornos ya existentes, como vías públicas, edificios, transportes o bienes y servicios”.

Por su parte, en Andalucía, desde que entró en vigor la legislación actual que regula la accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad, los entornos que se han ido construyendo o reformando reúnen las condiciones de accesibilidad, de manera que “el problema reside en aquello que existía antes de la normativa, que dependen de las posibilidades técnicas y también presupuestarias”.

Para el consejero, para avanzar en este sentido es necesario que el Estado “apruebe el Plan Nacional de accesibilidad previsto en la Ley estatal de 2013 y destine financiación específica para la adaptación de los entornos existentes”.

Así, ha recordado que la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social de 2013 “establecía que el Gobierno, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, debía aprobar un Plan Nacional de accesibilidad para un periodo de nueve años, pero este plan aún no se ha aprobado, y debe contemplar los compromisos económicos que asume el Estado para adaptar lo que ya existe porque adaptar todo lo que ya existe en espacios urbanos y edificios necesita de una financiación adicional a lo que puedan dedicar las comunidades autónomas o los ayuntamientos”.

El consejero ha citado otros programas para mejor la accesibilidad, como el programa de adecuación funcional básica de viviendas, destinado a discapacitados y mayores, entre los que se encuentran actuaciones como instalación de suelo antideslizante, cambio de bañera a plato de ducha, cambio en la anchura de las puertas, y otras medidas que “son absolutamente vitales para la vida ordinaria de personas con movilidad reducida”.

En el marco de ese programa se han efectuado actuaciones desde 2002 hasta el inicio de la crisis en 2009 en 70.224 viviendas con una inversión de 91 millones de euros.

Este programa se paralizó con la llegada de la crisis “pero con el actual Plan de Vivienda se ha retomado el programa”, de forma que en 2017 se ha convocado también una línea de ayudas “para seguir con esta estela”, de forma que esperan que puedan beneficiar a 2.100 familias más. Dicha línea de ayudas se publicó en junio de 2017 y está resolviéndose, después de recibir unas 3.600 solicitudes.

López ha anunciado que para 2018 la Consejería está preparando, dentro del Plan de Vivienda, el programa de rehabilitación autonómica, con 24 millones, que abarca más aspectos además de la accesibilidad, como la instalación eléctrica, la fontanería y la adecuación térmica. Con este programa espera llegar a 2.400 viviendas más, que se pondrá en marcha este año. En ese caso, la Junta está tramitando el proyecto de orden por la que se regula el programa, de forma que espera que “esté en tramitación y publicación en el primer trimestre de 2018”.

El consejero ha aludido a otra iniciativa, destinada al parque público residencial de viviendas de la Junta, para mejorar las condiciones de habitabilidad del parque público de viviendas, que cuenta con una inversión total de 164 millones de euros de 2017 hasta 2020, y del que se pueden beneficiar en torno a 8.000 viviendas públicas.

López ha anunciado, en ese sentido, que se está elaborando un proyecto de orden del plan de mejora y mantenimiento del parque público, que espera que esté listo en los primeros meses de 2018.

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