El juicio de Rafael Gómez y su familia durará dos semanas

Tal y como adelantó este periódico, Rafael Gómez y sus cuatro hijos se sentarán el próximo 16 de enero en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 3 de la Audiencia Provincial de Córdoba. Ese día arrancará una vista que durará dos semanas en una de las salas de vistas más pequeñas de toda la Audiencia. El exconcejal y empresario se enfrenta a una pena de cárcel de 44 años acusado de haber cometido un total de 11 delitos contra la Hacienda Pública, según la acusación de la Fiscalía Provincial y la Abogacía del Estado.

Además, la Fiscalía Provincial también pide una pena de 22 años de cárcel para cada uno de sus cuatro hijos, a los que acusa de haber participado junto a su padre en un megafraude a través de las empresas por el que dejaron de pagar impuestos a la Hacienda Pública. El fraude está valorado en 58,1 millones de euros. Por eso, la Fiscalía también reclamará durante el juicio a Gómez el pago de una indemnización que es el séxtuplo de lo supuestamente defraudado, lo que sumaría la astronómica cifra de 348 millones de euros. Sus cuatro hijos estarían condenados a pagar cinco veces lo defraudado: 290,5 millones de euros.

Muy posiblemente, uno de los argumentos de la defensa va a ser la prescripción de los delitos fiscales, a tenor de lo visto en el farragoso proceso de instrucción que se ha desarrollado en estos años en el juzgado y que ha estado en varias ocasiones amenazado de caducidad y paralizado por los constantes recursos de los letrados del empresario que, finalmente, se va a tener que sentar en el banquillo de los acusados con la amenaza, muy real, de tener que ingresar en la cárcel.

Según el auto judicial, adelantado en su día por este periódico, varias de las empresas vinculadas a la familia Gómez no abonaron el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) de los años 2003, 2004, 2005 y 2006. Tampoco se pagó el importe del impuesto de sociedades entre los mismos ejercicios, que coinciden con los años de esplendor de las empresas de Rafael Gómez, que fue arrestado en 2006 por el caso Malaya y cuya condena se ratificó en julio del año pasado por parte del Tribunal Supremo.

En concreto, “la imputación de defraudación a la Hacienda Pública”, que así lo llama el juez, afecta a un total de cuatro empresas de la familia de Rafael Gómez: Arenal 2000, Arenal 2001, Arenal 2000 de Inversiones y Grupo Inversor Arenal 2000.

El auto desgranó en su día el importe concreto de las cantidades supuestamente defraudadas. De esta manera, y en lo que se refiere al impuesto de sociedades, el Grupo Inversor Arenal 2000 no habría abonado 1,03 millones del ejercicio 2004 y 15,4 millones del ejercicio 2006. Arenal 2000 Inversiones debería un total de 5,89 millones por el ejercicio 2005 y Arenal 2000 (que es la que más debe) un total de 3,49 millones del ejercicio 2003, 203.616 euros del ejercicio 2004 y 32,5 millones de euros por el ejercicio 2006. En el caso de Arenal 2001 se adeudarían 884.000 euros del ejercicio 2003, 903.107 euros del ejercicio 2004 y 6,44 millones de euros del ejercicio 2006. El Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez no habría pagado los 390.000 euros correspondientes al ejercicio 2005 y el Grupo Inmobiliario Arenal 2000 debería otros 2,07 millones del año 2006.

En cuanto al IRPF, siempre tomando como base el auto judicial, se detalla que el propio Rafael Gómez debe en concepto de IRPF un total de 211.293 euros en 2003, 844.912 en 2004 y 1,03 millones en 2005. Su mujer, D. S. M., debería también en concepto de IRPF 211.000 euros del año 2003, 857.000 del año 2004 y 803.000 del año 2005. Su hija E. G. S. también aparece en el auto por un débito de IRPF de 129.883 euros del año 2005.

En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, el magistrado estimó que Rafael Gómez debe 740.000 euros del ejercicio 2004 y su mujer (que ha quedado absuelta durante el complejo proceso de instrucción judicial) 677.000 del mismo año. Por último, se detalla otro débito con la Agencia Tributaria referido al ejercicio 2004 en el que no se habría aplicado retención por IRPF a la sociedad Mezquita Sur de Inversiones (la que construyó las naves de Colecor) por un total de 1,1 millones de euros.