El juez que instruye el caso 'Edu' se inhibe a favor del Juzgado de Sevilla

El magistrado entiende que en Córdoba se ha imputado a Antonio Fernández, detenido por los mismos hechos, el fraude en los cursos de formación, por orden de la jueza Alaya en la pasada primavera

El titular del Juzgado de Instrucción número ocho de Córdoba que sigue las diligencias de la operación 'Edu', que investiga el fraude en los cursos de formación financiados por la Junta en la provincia, ha decidido inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, según han confirmado fuentes judiciales. El magistrado ha dictado un auto en el que justifica su inhibición en que ya hay imputados en Córdoba que previamente han prestado declaración en el Juzgado de Instrucción de Sevilla, entre ellos el exdelegado de Empleo Antonio Fernández.

La operación Edu ha estado dirigida por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, adscrita a la Seguridad Social. Mientras, las diligencias referidas a los cursos de formación financiados por la Junta instruidas por el juzgado sevillano fueron dirigidas por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ese juzgado ha estado dirigido hasta hace meses por la popular Mercedes Alaya, sustituida ya por la magistrada María Núñez Bolaños.

La inhibición del juez cordobés no es excepcional y sigue los pasos de lo que ha hecho el magistrado sevillano que también le ha pasado la causa a Núñez Bolaños. No obstante, en el resto de las provincias de Andalucía (la UDEF decidió separar su investigación en ocho causas distintas) sí que los jueces están tomando declaración a los detenidos. Es el caso de Málaga, donde además ha habido dos fases policiales, o Huelva, que ha señalado testificales para los próximos meses.

La investigación de la Guardia Civil se deriva de las diligencias abiertas a raíz del caso de los ERE fraudulentos. La operación del instituto armado se desarrolló el pasado mes de marzo en toda Andalucía y culminó con la detención de Antonio Fernández, que también está imputado en Córdoba (y fue arrestado) por la operación Edu.

El núcleo de la operación ‘Edu Centro’ en Córdoba se desarrolló durante el pasado mes de marzo, cuando los agentes detuvieron a más de una veintena de personas. Después cayó toda la estructura de la Delegación Provincial de Empleo, con Antonio Fernández a la cabeza. Ahora, el juez dice que estos hechos ya están siendo investigados por otro juzgado de Instrucción en Sevilla.

2.319.901 euros y 34 entidades. Ese es el importe del expediente y el número de empresas que recibieron subvención a cursos de formación, del año 2010, que investigó en Córdoba la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en la conocida como operación Edu.

En octubre del año pasado agentes de la Policía Nacional se trasladaron a Córdoba, a la comisaría de Campo Madre de Dios, para comenzar a analizar en detalle el expediente firmado por la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para la concesión de cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO). En total, se concedieron subvenciones para cursos de formación a un total de 34 entidades, entre empresas, personas físicas y hasta instituciones públicas.

Los agentes comenzaron interrogando a los alumnos que recibieron estos cursos. En total, la Policía Nacional citó a 600 alumnos para que acudieran a testificar a la Comisaría de Campo Madre de Dios. Finalmente, fueron algo más de 500. Muchos o no recibieron la notificación o estaban fuera de la ciudad. No obstante, y del testimonio de los más de 500 alumnos interrogados, los agentes llegaron a la conclusión de que había habido fraude en al menos el 90% de los cursos que fueron subvencionados. Los agentes le preguntaron a los alumnos sobre los cursos y si finalmente recibieron el material y los conocimientos que esperaban, y si incluso detectaron que pudiese haber fraude. En muchos de estos cursos, existía un compromiso posterior de contratación que según fuentes policiales casi nunca se cumplía.

En noviembre, los agentes citaron para declarar a los profesores que habían impartido estos cursos, para determinar si el testimonio de los alumnos coincidía con el suyo. Al igual que ocurrió en octubre, los profesores (unos 70) confirmaron la existencia de fraude en al menos el 90% de los cursos de formación que se impartieron en la provincia de Córdoba en 2011. Aunque la subvención se concedió en 2010 (los expedientes son de entonces), la autorización de la misma no llegó hasta 2011.