CSIF cree que el nuevo Código Penal puede crear atascos judiciales
El sindicato denuncia que los trabajadores no han sido formados adecuadamente para afrontar todos los cambios normativos introducidos
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Córdoba advierte de que la reforma del Código Penal, que ha entrado hoy en vigor, provocará problemas de gestión y atascos judiciales por la falta de adaptación del sistema informático, señala una nota de prensa. El sindicato también denuncia que los profesionales no han sido formados adecuadamente para afrontar todos los cambios normativos introducidos.
El presidente del Sector de Justicia de CSIF en Córdoba, Diego Díaz, lamenta que el Ministerio de Justicia no ha respondido al escrito enviado por esta central sindical en la que reclamaba formación específica para los funcionarios que tienen que aplicar las disposiciones procesales derivadas de la reforma del Código Penal. De hecho, a fecha de hoy los profesionales no tienen conocimiento sobre la adaptación de los distintos modelos de tramitación de expedientes en las diferentes aplicaciones informáticas, conforme a la normativa.
Para CSIF, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, “esta actitud del Ministerio es un grave error que se traducirá en problemas en la tramitación, más atasco y más caos en los órganos judiciales penales”. “Sin la participación de los funcionarios de Justicia ninguna reforma procesal tendrá éxito”, agrega Díaz.
El máximo responsable del Sector de Justicia de CSIF en Córdoba asegura que, “lejos de aligerar la tramitación de los procedimientos, este cambio en el Código Penal no va a reducir la carga de trabajo en los tribunales y se va a incrementar la presión sobre los trabajadores en perjuicio de la calidad de la Justicia, cuyo principal problema sigue siendo la falta de medios, tanto personales, como materiales y organizativos”.
Por otro lado, CSIF exige al Ministerio la entrada de las organizaciones sindicales en la Comisión Justicia Papel Cero, que pretende eliminar el soporte papel a partir del 1 de enero del próximo año. “La voz de los funcionarios debe ser escuchada, ya que en caso contrario esta reforma está abocada al fracaso”, concluye Díaz.
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