La Coordinadora de Memoria reprocha a la Junta que deje de hacer exhumaciones y vuelvan a depender de subvenciones

La Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica ha lamentado que la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, haya afirmado que las exhumaciones se van a llevar a cabo mediante subvenciones cuando hasta ahora era la administración autonómica la responsable de llevar a cabo las intervenciones, como establece la ley, sobre todo, para que se realizaran con todas las garantías y seguridad jurídica.

El portavoz de la Coordinadora, Antonio Manuel Mateos, ha señalado que la consejera de Cultura sigue hablando de dar prioridad a las exhumaciones, pero sin concretar el presupuesto, y sin iniciar ninguna nueva intervención en todo lo que va de año.

Mateos ha subrayado que la convocatoria de subvenciones que del Pozo afirma estar ultimando ya viene con un recorte presupuestario, por cuanto pasa de 300.000 a 250.000 euros, pese a la insistencia de la Consejería de Cultura de que no se iba a recortar presupuesto, y también ha puesto el énfasis en que no haya especificado si ahí van incluidas las exhumaciones.

La consejera de Cultura ha asegurado este miércoles durante su comparecencia en comisión parlamentaria que “las nuevas bases de subvenciones de Memoria Democrática ponen el foco en lo prioritario: exhumaciones, identificaciones y proyectos de investigación”.

Estas intenciones, que ya explicó la consejera el pasado 11 de septiembre, contradicen el Informe en relación con el desarrollo de actuaciones para la recuperación de la Memoria Democrática durante el año 2019 que la propia Consejería de Cultura, a través de su viceconsejero, presentó ante el Consejo de Memoria Histórica y Democrática en la última reunión de éste, que se celebró el 26 de julio.

En este informe se afirmaba literalmente que “los trabajos de exhumación de fosas se llevarán a cabo bien a través de los diferentes mecanismos previstos en la Ley de contratos, mediante la contratación de los servicios de exhumación de fosas, o bien por la firma de convenios (Pico Reja y, en su caso, Convenio para la exhumación de las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael e Córdoba).

La dotación económica de 250.000 euros es insuficiente para destinarla a proyectos de investigación, estudio y divulgación máxime si pretende financiar trabajos de exhumación e identificación.

Antonio Manuel Mateos ha expresado que “deducimos que hay una clara intención de ir abandonando paulatinamente la financiación de los proyectos de investigación, estudio y divulgación, fundamentales para el conocimiento de lo que ocurrió durante la represión franquista durante la Guerra Civil y la dictadura”.

“Nos preguntamos, además, qué partidas sufrirán esta merma en la financiación de estos proyectos de investigación, estudio y divulgación, si las destinadas a entidades locales, las destinadas a asociaciones o las destinadas a universidades”, ha señalado Mateos.

El portavoz de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Democrática ha insistido en que llevar la financiación de los proyectos de exhumaciones al ámbito de las convocatorias de ayudas públicas a entidades memorialistas “es una grave regresión al modelo anterior en el que se dejaba en manos de las entidades privadas memorialistas todo lo concerniente a la exhumación de víctimas del franquismo y un incumplimiento de la ley”.

Mateos ha argumentado que “ha sido la Ley Andaluza 2/17 de Memoria Histórica y Democrática la que, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU del año 2013, dejaba en manos de la Administración Pública la potestad de gestionar, autorizar y fiscalizar el desarrollo de estos trabajos de exhumación”, por la que ha apuntado que se aseguraba de esta forma que “se llevaran a cabo con todas las garantías científicas y jurídicas al objeto de preservar los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares”.