La Comisaría de Lucena participa en la desarticulación de una red de bodas de conveniencia

Los inmigrantes pagaban entre 6.000 y 10.000 euros por el enlace y por la documentación necesaria para adquirir la tarjeta de residencia

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Valencia un grupo que convenía matrimonios para que extranjeros obtuvieran el permiso de residencia en España. Mujeres españolas accedían a casarse con ciudadanos nigerianos a cambio de 4.000 euros. La operación se ha llevado a cabo por agentes pertenecientes a la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Burjasot-Godella, adscrita a la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana con la colaboración de agentes de Jefatura Superior de Madrid, Comisaría de Lucena, Comisaría de Parla, Comisaría Provincial de Castellón, Comisaría de Camas, Comisaría Provincial de Tenerife, Comisaría de Elche, Comisaría de Torrejón de Ardoz, Comisaría de Puertollano, Comisaría de Ibiza, Comisaría de San Sebastián.

Los inmigrantes pagaban entre 6.000 y 10.000 euros por el enlace y por la documentación necesaria para adquirir la tarjeta de residencia de familiar comunitario. La red se encargaba también de falsificar documentos emitidos por organismos oficiales de Nigeria y actas matrimoniales. Para evitar levantar sospechas ante el Juzgado de Paz, el Registro Civil o la Iglesia correspondiente el día de la boda, los futuros cónyuges que no conocían nuestra lengua eran suplantados por compatriotas de características físicas similares que hablaban español. Durante la operación han sido arrestadas 72 personas que formaban parte de la organización e imputadas otras 546, implicadas en las regularizaciones fraudulentas, todas ellas identificadas, aunque pendientes de su localización.

La operación se inició a finales de abril cuando los investigadores tuvieron conocimiento de la presentación, en un breve espacio de tiempo,

de numerosas solicitudes de matrimonio entre ciudadanos nigerianos y mujeres españolas. Tras llevar a cabo las primeras pesquisas, los agentes se percataron de que en la mayoría de los requerimientos coincidían tres domicilios como lugar de empadronamiento de al menos uno de los peticionarios. Además, el trámite del Padrón se realizaba en la mayoría de los casos pocos días antes de la boda.

Fruto de las primeras investigaciones realizadas, los agentes comprobaron la existencia de un grupo asentado en Valencia dedicado a favorecer

la inmigración ilegal. Estos individuos se dedicaban a organizar matrimonios de conveniencia en casi toda España -Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Murcia, Galicia, Illes Balears, Islas Canarias, Cataluña, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Aragón, Navarra, Extremadura, Madrid y Andalucía-. Para ello captaban a mujeres españolas a las que pagaban entre 3.000 y 4.000 euros a cambio de que contrajesen matrimonio con ciudadanos de nacionalidad nigeriana.

La organización estaba compuesta por un número elevado de personas que se ocupaban de forma minuciosa de hacer parecer que los enlaces eran completamente lícitos. Para ello proporcionaban a los inmigrantes irregulares todo lo necesario para celebrar el enlace civil o religioso,

les indicaban el registro al que debían acudir para la obtención del Libro de Familia y les informaban del lugar donde solicitar la tarjeta de residencia. Los interesados debían pagar a los miembros del grupo entre 6.000 y 10.000 euros para conseguir la tarjeta de residencia de familiar comunitario.

El grado de participación de los organizadores era tal, que incluso si uno de los futuros cónyuges no conocía nuestra lengua, algún compatriota se hacía pasar por él el día de la celebración ante el Juzgado de Paz, el Registro Civil o la Iglesia correspondiente, para no levantar sospechas. También se ocupaban de falsificar documentos emitidos por las autoridades nigerianas para adjuntarlos a las solicitudes matrimoniales.

72 detenidos y 546 imputados

Tras ser estudiados en diferentes informes periciales, los agentes de la Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Valencia concluyeron que 104 de los documentos investigados eran falsos. Después de analizar toda la información, los agentes procedieron a la detención de 72 personas y a la imputación de otras 546 relacionadas con la trama. Estas últimas están plenamente identificadas, aunque queda pendiente su localización. Durante el operativo también fue registrado el domicilio del máximo responsable. A los arrestados se les imputan delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal, usurpación del estado civil, contra las relaciones familiares, falsedad documental y falso testimonio.

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