La clave por la que el Gobierno cree que puede reclamar la titularidad de la Mezquita

¿Puede el Gobierno reclamar la titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba? En el Ejecutivo pesa la tesis de que sí, de que puede hacerlo, según explicaba el diputado socialista Antonio Hurtado, que ha logrado arrancar del Gobierno dos respuestas parlamentarias que han supuesto un auténtico cambio de criterio sobre las polémicas inmatriculaciones que ha llevado a cabo la Iglesia Católica en España desde el año 1998, Mezquita de Córdoba incluida.

La clave la va a tener el Ministerio de Justicia. En este departamento se está trabajando actualmente en la publicación inmediata de un listado completo de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia Católica desde que se reformó la ley Hipotecaria en 1998, bajo el Gobierno de José María Aznar. El Ejecutivo hará público el listado y entonces cribará entre lo que se considera que es dominio público y lo que no lo es.

Hasta 1998 la Iglesia no podía inscribir en el Registro templos católicos. Tampoco podían hacerlo el Gobierno, las diputaciones o los ayuntamientos, ni templos ni aquellos lugares considerados como bienes públicos. Y no se hacía porque se consideraba que no hacía falta. Pero la reforma de 1998 lo cambió todo. Y la Iglesia se lanzó a registrar sus propiedades. La norma, además, permitía que un obispo fuese equivalente a un registrador y con su palabra valiese para inscribir un dominio concreto.

El Gobierno quiere cribar y saber qué se puede considerar dominio público y qué no. Según Hurtado, el objetivo del Ministerio pasa por enviar una comunicación masiva a los registradores para que eliminen los asientos de la propiedad en aquellos bienes inmatriculados por la Iglesia Católica después de 1998 y que se consideran públicos. En caso de que estos no lo hagan se acudirá a los tribunales para reclamar la titularidad pública.

La respuesta

El pasado 5 de septiembre, el Gobierno le dijo a Antonio Hurtado que “el Ministerio de Justicia se encuentra en estos momentos procesando los datos para la realización del listado de bienes inmatriculados y se prevé que, una vez finalizado, se proceda a la publicación de dichos datos, de forma que se garantice el cumplimiento de la Ley Hipotecaria y la Ley Orgánica de Protección de Datos”.

Junto a ello, el Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez, han explicado que “con carácter general, ha de señalarse que el articulo 132.1 de la Constitución Española consagra los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio público y este principio se desarrolla legalmenle a través de los arliculos 5, 6 y concordantes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas”. “De este modo, queda prohibida la apropiación de los bienes de dominio público por parte de las personas jurídicas privadas, entre las que se encuentra la Iglesia Católica”, señala.

Por ello, “si a pesar del control por parte del registrador, hubieran accedido a Registro como bienes de propiedad privada bienes que efectivamente lo son de dominio público, deberá procederse a la correspondiente depuración física y jurídica, conforme al Derecho sustantivo material, que en todo caso se encuentra sometido a los principios constitucionales de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad antes relacionados”.

Por último, el Ejecutivo señala en su respuesta que, “de acuerdo con lo establecido en el articulo 47 y concordantes del Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, correspondería a la Dirección General de Patrimonio del Estado y no al Ministerio de Justicia decidir si al Estado le corresponde algún derecho sobre dichos inmuebles, siempre sometido todo ello al derecho a la tutela judicial efectiva”.

Es decir, si se reclama o no la titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba dependerá de la propia Dirección General de Patrimonio del Estado. Además, está previsto que esta semana se difunda el informe de la comisión municipal creada en el Ayuntamiento para determinar si la Mezquita es pública o no, y si el Ayuntamiento puede reclamar su titularidad. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, ya ha adelantado que el Ayuntamiento nunca la poseyó y por tanto no puede reclamar la titularidad, algo que probablemente sí pueda hacer el Gobierno.