CCOO se moviliza contra lo que consideran “privatización” de los servicios públicos
La sección de enseñanza del sindicato acudirá este miércoles a Sevilla para manifestarse ante el Parlamento
El secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Francisco Javier Delmás, ha señalado que el sindicato se sumará a las distintas movilizaciones de trabajadores y trabajadoras de los colectivos afectados como la del próximo 28 de mayo ante el Parlamento de Andalucía.
Asimismo, ha manifestado que “trabajadores y trabajadoras han participado en las movilizaciones ante las Delegaciones de Gobierno de la Junta y ha adelantado que continuarán este camino para luchar contra la privatización de servicios públicos que traerán consecuencias importantes tanto en el servicio educativo como en el empleo público”. En estos días, CCOO ha llevado a cabo una concentración ante la sede de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, en el edificio Torretriana en la Isla de la Cartuja de Sevilla, a la que asistieron varias decenas de trabajadores y trabajadoras afectados por la privatizaciones en el sistema educativo, tras el cual se hizo entrega en el registro de entrada de un documento con sus reivindicaciones.
Delmás ha criticado que Educación “está privatizando todos los servicios, enriqueciendo a las empresas e imponiendo condiciones laborales precarias a los trabajadores, por lo que ahora más que nunca, es necesario que el Gobierno andaluz invierta esta situación, creando empleo público en condiciones de calidad y a tiempo total, y a la vez dote de estabilidad laboral a sus trabajadores temporales”.
Por otra parte, CCOO denuncia públicamente la no cobertura de las vacantes que se producen en este sector, que hoy por hoy pueden rondar el 10 por ciento de la plantilla de personal laboral --sin contar los puestos ya desdotados-- y que están teniendo consecuencias nefastas en la prestación de los servicios educativos y en el aumento de las cargas de trabajo. Para CCOO, dicha privatización implica una pérdida de empleos públicos a cambio de contrataciones en precario, a tiempo parcial y sin garantías para los trabajadores; lo que supone un empeoramiento de sus condiciones laborales: menores salarios, mayores cargas de trabajo e inestabilidad laboral.
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