CCOO denuncia la progresiva privatización de la cárcel

El sindicato rechaza la “ambigüedad” de la política penitenciaria

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha denunciado que no quiere privatizaciones en prisiones ni de la seguridad exterior ni en el interior (trato directo con los internos). El sindicato ha expresado su rechazo a esta política penitenciaria, que se sostiene en criterios de ambigüedad que hacen posible este tipo de privatizaciones en Instituciones Penitenciarias.

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba, Luis Mena, ha defendido que “la privatización genera inseguridad en las prisiones, es más cara que el servicio público con personal público y la experiencia demuestra que el trabajo lo acaban asumiendo los recursos públicos y los beneficios las empresas privadas”. Por tanto, no hay ninguna necesidad objetiva para privatizar prisiones, al margen de los intereses de los grupos de presión y de las empresas privadas. Así, la administración gastará más dinero público con esta fórmula, por “lo que se pide que, si tienen ese dinero, lo empleen en la contratación de personal para abordar los problemas reales de prisiones”, ha apuntado Mena.

Para CCOO, además de las razones de carácter jurídico, económico y de seguridad que obligan a mostrar su rechazo a las privatizaciones, se pone especial acento en el problema real de prisiones, es decir, en la falta de plantilla. En ese sentido, recuerda que, se han propuesto medidas concretas que permitirían abordar esta situación, como son la posibilidad de promoción cruzada del personal laboral, la prevención contra el deterioro y el envejecimiento prematuro de las plantillas y la contratación de personal interino, entre otras, así como la “no supresión de recursos en la Administración y su aprovechamiento en Instituciones Penitenciarias”, ha puntualizado Mena.

El responsable sindical ha explicado que la vigilancia, la reinserción y la custodia de las personas internas es una potestad pública que se desprende de la ejecución de las penas privativas de libertad, tuteladas judicialmente y que la administración quiere privatizar cambiando el mandato constitucional de reinserción por el de hacer negocios privados. Por tanto, es un salto cualitativo del Ministerio del Interior, con un objetivo claro de implantar el modelo privado de gestión de las prisiones similar al de EEUU, a la vez que siguen las consignas neoliberales, como ya está ocurriendo en educación y sanidad, ha concretado Mena.

CCOO sigue insistiendo y comunicando a la Administración Penitenciaria, que la falta de personal en prisiones se debe de resolver respetando el mandato constitucional de tutela del Estado en el cumplimiento de las condenas y que, para ello, la salida más barata y eficaz es reciclar a los empleados y empleadas públicas que quieren mandar a la “calle” y que proceden de otras administraciones. También es viable la contratación de personal interino y personal laboral que suponen otra alternativa, al ser también personal de los servicios públicos.

CCOO quiere señalar que, la privatización de los centros penitenciarios pone en tela de juicio el modelo de Instituciones Penitenciarias, reconocido constitucionalmente y cuyo criterio orientador es la reeducación y la reinserción social en las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad.

Según CCOO, este modelo que impone el Gobierno sustituyendo en las cárceles a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también a funcionarios de prisiones por vigilantes ajenos a la Administración Pública. Por tanto, las personas recluidas y los trabajadores y trabajadoras no estarán bajo el mandato del Estado, estarán al servicio de empresas privadas, cuyo único fin es el obtener beneficios económicos.

Por ello, se podrían ver afectados los más de 400 funcionarios de la prisión de Córdoba y, en opinión de CCOO, con estas medidas no se conseguirá ni abaratar costes ni mejorar la calidad de los centros penitenciarios, ha apostillado Mena.