El alcalde de Iznájar critica la comunicación de datos de contagios de Covid-19 a los ayuntamientos
El alcalde de Iznájar, Lope Ruiz (PSOE), ha alzado la voz este lunes contra la política de comunicación de la Junta de Andalucía en lo que respecta a la transmisión de datos de positivos por coronavirus a los ayuntamientos.
En una carta dirigida al consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, el alcalde de Iznájar reconoce su “disconformidad” por la manera en la que se están proporcionando números de positivos del Covid-19 por municipios, al entender que se deberá hacer “igual que se hace con los datos del paro”, recordando que debe haber una “coordinación total y eficiente”.
La misiva es una respuesta a otra misiva enviada por la Junta de Andalucía a todos los ayuntamientos, titulada “Instrucciones a los ayuntamientos. Gestión y comunicación a los vecinos ante la actual situación de pandemia”, y que, según el alcalde de Iznájar, le ha causado “confusión” en algunos aspectos. Entre ellos está el hecho de que, a su juicio, dicho documento “traslada a los ayuntamientos competencias que son propias de la Junta”.
Ruiz, que asegura que, a pesar de lo pronunciado en la carta, va a prestar toda su “colaboración, lealtad y apoyo”. En cualquier caso, reclama que se establezca “una fórmula de coordinación para prestar un servicio más eficaz y rápido a la ciudadanía”.
Concretamente apunta a la compra y suministros de Equipos de Proyección Individual (EPI’s), pues entiende que la Junta pretende “derivar toda la responsabilidad de la compra y suministro de estos equipos” a los ayuntamientos, sin tener “unas garantías mínimas del apoyo y coordinación”, y a pesar de que los consistorios cuentan “con recursos muy limitados, tanto materiales como humanos”, los cuales “muchas veces no son suficientes ni siquiera para afrontar las competencias propias de la administración local”.
Otra cuestión que le genera dudas es la de la política mortuoria, pues las instrucciones de la Junta son restringir a un máximo de diez personas la comitiva en los enterramientos, mientras que la orden del Ministerio solo permite la presencia de tres familiares. En este ámbito pide una mayor coordinación entre ambas administraciones.
El alcalde se despide poniéndose a disposición de la Junta para colaborar en cualquier medida que ayude a mejorar la gestión de los intereses generales de la ciudadanía.
El alcalde de Córdoba cree que lo ideal es que hubiera un criterio único a nivel nacional
La voz del alcalde de Iznájar, un municipio en el que hasta el momento han muerto dos personas por Covid-19 y se han registrado un total de 22 positivos, es la primera critica de forma directa la política de comunicación de positivos que está llevando a cabo la Junta de Andalucía.
Esta es una cuestión que muchos alcaldes de la provincia reconocen en privado, puesto que son ellos quienes se ven obligados a comunicar los decesos por coronavirus en sus localidades, sin tener en la gran mayoría de las ocasiones, ninguna comunicación oficial al respecto.
Preguntado por esta cuestión este mismo lunes, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha afirmado que lo ideal sería tener “un criterio único” que fuera el que se siguiera en estos momentos. Bellido ha apuntado que, según tiene entendido, la Junta está siguiendo el protocolo marcado desde el Gobierno de España, que centralizó la publicación de datos.
En cualquier caso, ha aclarado que él no tendría ningún problema con que los datos de contagios y positivos se concretaran a nivel provincial y local, si así lo estima conveniente el Gobierno Andaluz.
La Junta alega que su deber es “proteger la intimidad de la población”
¿Pero qué es lo que dice concretamente el Gobierno Andaluz? Pues en el citado documento, la Consejería de Salud y Familias dictamina que “no se puede ceder información de los vecinos residentes en el municipio a quienes se le haya detectado Covid-19 positivo, por la falta de habilitación legal en este ámbito”. “Por ello, la Consejería de Salud y Familias no puede legalmente comunicar a las entidades locales datos personales de categoría especial (salud). Es deber de todas las instituciones proteger la intimidad de la población y no contribuir a su estigmatización”, señala concretamente.
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