Doce hombres sin piedad
Los doce representantes políticos, pertenecientes a IUCA, PSOE y PP, que pertenecieron en los últimos años al Consejo de Administración de Cajasur ven como la justicia, de forma inexorable, confirma la multa millonaria que les impuso el Ministerio de Economía. Junto a los miembros del Cabildo, de los impositores y de los trabajadores son acusados de no haber puesto medidos de control suficientes, siguiendo las directrices del Banco de España, y que siguieran aumentando el nivel de riesgos de la entidad. En román paladino, con sus decisiones o por falta de tomarlas, contribuyeron a llevar a la entidad “de todos los cordobeses” al desastre, poniendo en riesgos los ahorros y depósitos del vecindario. Sin entrar a si las peores decisiones correspondían a la etapa de Golfus de Córdoba, o sea, Fray Langostino, se declara probado que la situación no solo no mejoró sino que empeoró. Se les recrimina que creyeran suficiente no votar a favor en algunas ocasiones y no acudieran a la denuncia ante la justicia ante la toma de decisiones en contra de la legalidad.
Conociendo a muchos de los sancionados, sé que la mayoría han sido víctimas de la maldita labor de fidelidad a las decisiones de los partidos, tal y como ocurre cuando los concejales o diputados votan por una disciplina mal entendida. Se les olvidó que, en ambos casos, tienen una responsabilidad personal que puede acarrear responsabilidad penal, en su caso. No se podía estar presentes en el consejo de administración de Cajasur, sin tiempo ni conocimientos suficientes para estudiar los asuntos, más aún cuando la opacidad de los representantes de la mayoría eclesial era una constante. No se debía convertir su papel de consejeros como un medio de financiar a su organización política o de defender sus intereses particulares, los de sus partidos y los que ellos podían considerar interesantes para sí mismos o sus familias.
Como sucedía en Doce hombres sin piedad, de Lumet, doce personas se reunían como jurado para tomar una decisión tan relevante como condenar a cadena perpetua a un supuesto asesino. Lejos de estudiar con detenimiento las pruebas aportadas, a todos les podía la prisa por acabar, por cobrar las dietas y por volver a sus ocupaciones. Al menos, ellos tuvieron la ocasión de que uno, interpretado por Henry Fonda, pensara que había una duda razonable y que la decisión a adoptar requería de una mayor reflexión. Aunque la presión social y mediática les condicionara a una única sentencia, finalmente, de forma unánime, acaban considerando que el expediente elaborado no es suficientemente claro para condenar a alguien sobre el que encuentran una duda razonable de que pudiera ser inocente.
En el Consejo de Administración de Cajasur, desde que lo abandonó Antonio Luque, nadie se tomó en serio la concesión de préstamos al ladrillo para tres conocidos promotores, concentrando el riesgo de forma irresponsable, mientras que, paralelamente, las administraciones públicas donde mandaban les reconocía como grandes prohombres de la ciudad. Hoy esos prohombres han acabado hundiendo sus empresas y la Caja, sin que hayan asumido su responsabilidad. ¿Podía alguien negarse a que Arenal 2000, Prasa, Marin Hilinger o Noriega solicitaran créditos sin parar para alimentar la burbuja inmobiliaria? ¿Alguien se posicionó en contra de esa acumulación de préstamos del dinero de todo el vecindario? ¿Qué precio tenía su silencio cómplice? ¿A quién representaban en el consejo de administración, a las instituciones que les propusieron o los intereses personales y de partido?
Me consta que en algún que otro caso, están muy preocupados por el pago de las multas. Por un lado, el seguro que Cajasur mantenía para sus consejeros, no cubre nada más que una parte de las sanciones impuestas. Por otro lado, los partidos que les “obligaron” a ser brazos de maderas y mudos complacientes, no parece que estén dispuestos a asumir el coste, a pesar de que usaron las dietas de asistencia para financiarse y para tener un tratamiento privilegiado en la política crediticia de la entidad. Les faltó contar con un Henry Fonda que tuviera valor para negarse y para denunciar que se jugaba con el patrimonio de los cordobeses, saltándose incluso los límites legales. Claro, si se hubieran opuesto a lo que le marcaban sus dirigentes provinciales les hubiera ocasionado el cese inmediato, pero ahora no estarían en el banquillo mediático. Bueno, en algún caso, ellos mismos eran los máximos responsables provinciales de sus partidos, por lo que se agudiza su responsabilidad y su nula “capacidad estratégica”.
Es significativo que entre los multados se encuentren el exalcalde Danny de Ocaña y el Padrino socialista Durán. Si además recordamos que Mr Chance Nieto también fue sancionado por actuaciones anteriores y que el Ciudadano Gómez fue uno de los mayores beneficiados de lo que se acordaba en el consejo de administración de Cajasur, veremos que nuestros últimos alcaldables tienen mucho que explicar. Por eso, me preocupa que, ahora que los representantes políticos no gobiernan las cajas, sigan tomando decisiones de dudoso beneficio para el vecindario y del mismo sentido irresponsable que cuando se sentaban en el Consejo de administración de la Caja. Me refiero a la cesión del Pabellón del Parque Joyero por parte de BBK al Ayuntamiento de Córdoba que nos supone una hipoteca innecesaria, y que solo supone un beneficio a la cuenta de resultados del banco. O al intento de legalizar las Naves de Colecor, en contra de lo ya dictado por los tribunales. Ya he avisado a los concejales de que eviten votar expedientes tan polémicos solo por disciplina de partido. De nuevo, insisto una vez más, toma pleno sentido aquello de: “¿a quién representan?”.
