El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha referido este jueves a los cánticos islamófobos proferidos en el estadio de Cornellá-El Prat durante el partido de la selección española de fútbol contra el combinado nacional de Egipto el pasado martes: “Creo que es un nivel de intolerancia máximo que no debemos precisamente tolerar nosotros ni permitir. Yo espero y deseo que esas personas que han impulsado esos cánticos sean localizados y se asuman responsabilidades”.

En ese sentido, ha llamado a que “debemos, entre toda la sociedad, evitar este tipo de cosas. España es un país de tolerancia, es un país de convivencia, no es un país precisamente de ese tipo de actitudes tan radicales o de actitudes xenófobas que no podemos permitir ni tolerar”. Y ha añadido que lo ocurrido en el estadio “no es una buena imagen para el mundo de la España diversa y plural en la que vivimos”.

A preguntas de los medios de comunicación sobre los gritos islamófobos en el partido de la selección, el presidente andaluz ha dicho que es “intolerable que, en un acto deportivo, haya ciudadanos que se dediquen a hacer ese tipo de cánticos, en este caso contra una religión”.

Moreno ha hecho estas declaraciones en Cabra (Córdoba) donde ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento y también ha visitado varias hermandades en este Jueves Santo.

Semana Santa: “Muy ilusionado, pero también muy cansado”

Sobre el transcurso de la Semana Santa, Juanma Moreno ha destacado “este ambiente festivo, cariñoso, familiar, me parece sumamente positivo. Por ahora las cosas marchan bien y esperemos que termine la Semana Santa bien”.

Y preguntado sobre cómo está viviendo a nivel personal estas fechas, el presidente ha dicho estar “muy ilusionado pero también muy cansado, porque la Semana Santa son saludos, abrazos y, sobre todo, acostarte tarde, levantarte temprano, pero muy ilusionado de vivir además esta Semana Santa que es muy diversa. No es lo mismo Cabra donde estamos, que ayer en Málaga o anteayer en Sevilla, en Cádiz o esta noche en Jaén”.

El presidente de la Junta tenía previsto realizar una visita institucional al Ayuntamiento de Cabra y reunirse con su alcalde, Fernando Priego, además de visitar la hermandad de la Piedad y asistir a la salida de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso.

La Asamblea Antirracista de Córdoba ha denunciado este viernes, con motivo del Día Internacional contra la Discriminación Racial, la existencia de “racismo estructural” que, según sostiene, afecta a personas por su origen o etnia en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

El colectivo ha señalado que esta discriminación se manifiesta en áreas como el acceso al empleo, la educación o la sanidad, y dificulta especialmente cuestiones como el acceso a la vivienda, el empadronamiento o la obtención de documentación administrativa.

Asimismo, la asamblea ha advertido de la existencia de “mecanismos de control y persecución” que, a su juicio, afectan de forma desproporcionada a personas migrantes y racializadas. Entre ellos, menciona las identificaciones policiales por perfil étnico, detenciones, internamientos en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y posteriores expulsiones del país por infracciones administrativas.

En este sentido, la organización ha criticado que estas prácticas se produzcan “sin la comisión de delitos”, lo que considera una situación “coercitiva” y lesiva para los derechos fundamentales de estas personas.

Por ello, la Asamblea Antirracista de Córdoba ha reclamado al Gobierno la adopción de medidas para poner fin a estas actuaciones, que califica de “racistas y abusivas”, y ha pedido la derogación de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, conocida como “ley mordaza”, tal y como prometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en campaña electoral.

Según el colectivo, esta normativa otorga cobertura legal a prácticas como las devoluciones en frontera, también denominadas “expulsiones en caliente”, y a otras formas de control que consideran discriminatorias.

Finalmente, la asamblea ha solicitado la implementación de medidas que garanticen el respeto a la libre circulación y a los derechos fundamentales, evitando cualquier actuación basada en criterios raciales por parte de las fuerzas de seguridad.

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha formalizado una denuncia ante el Juzgado Decano contra los titulares de la cuenta de la red social X de VOX Parlamento de Andalucía (perfil oficial del Grupo Parlamentario de la formación de Santiago Abascal), tras hallar en algunos de sus mensajes indicios de un presunto delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, motivado por el racismo y la xenofobia.

Todo parte de una investigación liderada por la fiscal Lucía Chacón a partir de una denuncia de los grupos PSOE y Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba. La querella original se dirigía contra la formación política Vox y contra Paula Badanelli, portavoz municipal del partido en la capital cordobesa, motivada tras un acto religioso celebrado el 30 de marzo en el Parque de las Setas de Córdoba. En él, diferentes colectivos musulmanes realizaron un rezo conjunto para conmemorar el fin del Ramadán, contando con el permiso de la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento, y desarrollándose sin incidentes.

La investigación sobre ese asunto concreto, sin embargo, no arrojó resultados, si bien, el 2 de abril de 2025, la cuenta @AndaluciaVox publicó el siguiente mensaje en la red social X: “Inseguridad y delincuencia: el resultado de las políticas de fronteras abiertas que PP y PSOE llevan décadas fomentando y amparando. Animales que no vienen a integrarse y a los que el bipartidismo premia con la pulsera del todo incluido. Con VOX, solo tendrían billete de vuelta”.

Así, la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Córdoba analizó el perfil de la cuenta, confirmando que el mensaje se difundió con “vocación de perpetuidad” en una plataforma con más de 10 millones de usuarios en España. El decreto fiscal destaca que el buscador de la red social no permitió retroceder en las publicaciones más allá de septiembre de 2025 debido a la “ingente cantidad” de contenido compartido por dicha cuenta.

La “gravedad del contenido”

Aunque la policía no ha podido identificar de forma individualizada a la persona física que redactó el post, la Fiscalía ha decidido actuar contra los titulares del perfil por la gravedad del contenido. En este ámbito, el Ministerio Público subraya que la publicación vincula directamente la inmigración con la criminalidad y deshumaniza a las personas al calificarlas como “animales que no vienen a integrarse”.

La Fiscal fundamenta su decisión en el artículo 510.2 a) del Código Penal, que castiga las conductas que lesionen la dignidad de las personas mediante la humillación o el desprecio por motivos racistas o religiosos. El decreto sostiene que la actuación de Vox reviste indiciariamente los caracteres de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales.

Así, el decreto, fechado el 12 de enero de 2026 y remitido formalmente en febrero de 2026, acuerda el archivo de las diligencias fiscales para dar paso a la denuncia ante los juzgados de instrucción de Córdoba, que será ahora el que tenga que determinar si investiga o no el presunto delito de odio.

La Sección de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Córdoba ha presentado una denuncia contra la portavoz y presidenta de Vox en Córdoba, Paula Badanelli, y contra los responsables de sus redes sociales. La denuncia llega después de que el PSOE y Hacemos Córdoba acudieran a la Fiscalía denunciando que Vox, en una rueda de prensa y en un vídeo, había vinculado el rezo musulmán al aire libre en Las Setas, con el que la comunidad islámica de Córdoba rompía el Ramadán, con el yihadismo. Tras la instrucción del caso, y haber recibido incluso el informe de la Policía Nacional, la Fiscalía ha puesto el caso en manos del juez decano de Córdoba, para que reparta el asunto entre el magistrado que considere y que inicie las correspondientes diligencias.

El decreto de la Fiscalía Provincial de Córdoba, al que ha tenido acceso este periódico, acuerda también incoar más diligencias contra la cuenta de redes sociales de Vox en el Parlamento de Andalucía, por si también la considera presunta responsable de haber difundido un contenido xenófobo.

El 31 de marzo de 2024, Vox publicó una nota de prensa, con vídeo, en la que hablaba su portavoz y presidenta, Paula Badanelli, en la que denunciaba la concentración de centenares de musulmanes en el espacio público de Las Setas de Córdoba. Badanelli decía que este hecho había generado alarma entre los vecinos de la zona que habían “inundado” las redes sociales de Vox. “Nos encontramos en Las Setas, en una zona residencial tranquila de Córdoba, junto a un centro de salud. Ayer se produjo aquí un hecho insólito: centenares de musulmanes se congregaron para rezar, provocando la alarma entre los vecinos”, exponía Badanelli. “El problema no es rezar, el problema es todo lo que viene detrás”, aseguraba.

Tras esta afirmación la portavoz de VOX nombró a varios de los detenidos el sábado anterior Barcelona. “Insistimos en los nombres de los últimos detenidos el sábado, los nombres son Omar, Hassam, Nassim, Salah, Karim, Hamid, Ali. Eso no es un delito de odio, eso es un listado registrado por la policía de las personas que han sido detenidas en Barcelona”.

“Si no, protegemos nuestras fronteras. Si en nuestro país pueden entrar cualquiera sin identificar, nuestro país no tiene fronteras seguras y cada vez los problemas relacionados con la inmigración ilegal descontrolada va a ir a más”, aseguraba. Además, aludía a la reciente detención en Córdoba de “un peligroso yihadista”. “Son imágenes impensables en una ciudad como la nuestra. No queremos que la gente tenga que circular por la calle sin miedo (sic). No queremos religiones que fomentan la misoginia, la homofobia y pierden absolutamente el respeto a la dignidad humana y a la mujer”, señalaba.

Por último, desde la formación de Santiago Abascal insistían: “decimos alto y claro, hay que reforzar nuestras fronteras, no a la inmigración ilegal. No queremos en nuestro país personas sin identificar, sin ningún control que al final terminan por delinquir”.

Tristeza en la comunidad musulmana de Córdoba

Esta nota de prensa provocó indignación y tristeza entre la comunidad musulmana de Córdoba, que consideró de xenofobia las palabras de la presidenta de Vox, que también es concejala del Ayuntamiento de la capital.

En declaraciones a este periódico, el promotor de este encuentro, un ingeniero agrónomo afincado en Córdoba desde hace 25 años, explicaba que la iniciativa del rezo con motivo del fin del Ramadán surgió “como un esfuerzo por reunir a las diferentes comunidades musulmanas de la ciudad”, cuyas mezquitas operan de manera independiente. De hecho, había sido la primera vez que se ha realizado en Córdoba y el objetivo era replicar los rezos que se hacen en grandes ciudades como Barcelona y Bilbao.

El PSOE y Hacemos optaron por acudir a la Fiscalía, que encargó oficios a la Brigada Provincial de la Policía Judicial en Córdoba. Los agentes analizaron también las redes sociales tanto de Vox como de Badanelli, y en su oficio consideraron que el vídeo “relaciona el rezo pacífico y autorizado de musulmanes con yihadistas, con la misoginia, con la homofobia y con la inmigración ilegal”.

La Asamblea Antirracista de Córdoba ha criticado públicamente la decisión de que el presidente de la Junta de Andalucía encarne al rey Baltasar en la cabalgata de Reyes Magos de Sevilla, al considerar que se trata de “un acto oscuro de racismo” que perpetúa la invisibilización de las personas negras en España.

Así lo ha expresado en declaraciones a Cordópolis, Ana Rueda, portavoz del colectivo, quien ha cuestionado la necesidad de recurrir al maquillaje para representar a uno de los Reyes Magos. “Quizá en los años cincuenta o sesenta en España no había muchas personas negras, pero hoy no se entiende por qué siguen recurriendo a pintarse”, ha señalado.

Desde la Asamblea Antirracista subrayan que este tipo de decisiones refuerzan estereotipos y prácticas excluyentes. “Si realmente no quisiéramos incidir en lo que significa, también podríamos plantear la situación contraria, que una persona negra se pintara de blanco, pero no vemos que eso ocurra”, ha añadido Rueda, poniendo de relieve el desequilibrio simbólico que, a su juicio, sigue presente en este tipo de celebraciones.

El colectivo considera que estas representaciones contribuyen a seguir “invisibilizando a una parte importante de la población española, como son las personas racializadas, y especialmente las personas negras”, y reclama una reflexión profunda por parte de las instituciones públicas sobre el impacto social y cultural de estos actos.

La Asamblea Antirracista de Córdoba insiste en la necesidad de avanzar hacia celebraciones inclusivas que reflejen la diversidad real de la sociedad actual y eviten reproducir prácticas que consideran discriminatorias.

La Asamblea Antirracista de Córdoba ha alertado de su preocupación por “el aumento de los actos de odio que se esparcen por las redes y en hechos cotidianos en nuestra ciudad”. Ha puesto como ejemplo lo que pasó hace unos días en la calle Antonio Maura en Córdoba capital. “Que una simple discusión de tráfico, acabe en insultos racistas y violencia física, nos da la medida real de cómo personas racistas se sienten envalentonadas, y además salen impunes de sus actos. Cuanto más, con los estímulos que reciben por las redes, defendiendo al racista y con comentarios llenos de odio y racismo brutal”, señalan desde el colectivo. 

Recuerdan que, en Córdoba, donde la población migrante es “la más baja de España”, que pasen estas cosas “es detestable”. “Pero nada de ésto sorprende dada la virulencia de odio que algunas organizaciones, partidos políticos y medios de comunicación sin vergüenza ni sanciones, actúan. Es repugnante que para arrancar unos votos, tantas personas políticas se dediquen a expandir bulos, donde culpabilizan a las personas migrantes de problemas de delincuencia, de violencia de género, de vivir de subvenciones, de cobro de pagas, de quedarse con los pisos, de vivir en hoteles de 5 estrellas o de cualquier ocurrencia, creando odio hacia el colectivo más vulnerable, usándolo como chivo expiatorio y culpabilizandolo de los problemas que sufren otros. Son consignas que calan en demasiadas personas. No necesitan demostrar nada, ni nadie les pide que lo hagan, sólo los escuchan y los creen. El racismo, después del colonialismo, la esclavitud y el Holocausto nazi, se ejercía a escondidas. Hoy, lo defienden con orgullo”, afirman. 

A su juicio, esas personas dedicadas a la política “quieren acabar con los derechos de la ciudadanía, con la protección social, con el estado de bienestar que queda, para dárselo a sus amos, a los Trump, Miley, Elon Musk, Zuckerberg etc. O para repartirselo entre ellos, como Alvise o la juventud de Vox, con el dinero recogido para la Dana. Quieren hacer creer a la gente, que ellas son los que los van a ayudar y proteger”.

Por ello, creen imprescindible que toda la sociedad y organismos públicos, contesten y sancionen estos discursos burdos y les pongan freno, antes de que vuelvan a ocurrir atrocidades como lo de este verano en Torre Pacheco, o lo de el Ejido en el año 2.000. 

Asimismo, advierten de que “la dinámica que está siguiendo el PP por exigencia de Vox con leyes racistas, puede convertir en rutina lo que pasó el pasado 4 de diciembre en el barrio de Ciudad Jardín”. “No lo podemos permitir. Debemos presionar todas, desde cualquier espacio, al gobierno y fuerzas de seguridad para que trabajen contra el odio y el racismo. Nada de todo esto puede quedar impune”, concluyen.

La Asamblea Antirracista de Córdoba ha alertado del “creciente discurso de odio” y del “aumento de agresiones motivadas por el racismo”, coincidiendo con el 77º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El colectivo ha convocado a los medios frente al antiguo Ayuntamiento de Córdoba en el Bulevar, un edificio declarado “territorio libre de fronteras”, para denunciar que, lejos de cumplirse el espíritu de aquel documento aprobado por la ONU en 1948, “los derechos humanos se vulneran cada día de manera más flagrante”.

La portavoz de la asamblea, Ana Rueda, ha recordado a este periódico que la declaración nació tras el horror de la Segunda Guerra Mundial y del exterminio nazi, con la intención de evitar que algo similar pudiera repetirse. “Setenta y siete años después, en vez de haber superado ese escenario, asistimos a cacerías de personas migrantes en Estados Unidos y en Europa, a políticas de control fronterizo que generan muerte y violencia, y a un discurso deshumanizador que vuelve a señalar a colectivos vulnerables”, afirmó.

Rueda denunció que la Unión Europea destina “miles de millones” a reforzar fronteras externas, financiar países que no garantizan derechos humanos —como Libia, Mauritania o Marruecos— y dificultar la llegada de solicitantes de asilo. “Son campos de concentración camuflados”, afirmó, en referencia a los centros abiertos recientemente en Mauritania para frenar los flujos migratorios hacia Europa.

El colectivo también mostró preocupación por la normalización social del discurso racista. “Cada día escuchamos más odio hacia migrantes, mujeres o activistas medioambientales. Ese discurso nos puede hacer retroceder a los años treinta, y sabemos perfectamente a qué condujo entonces”, advirtió.

La agresión de Ciudad Jardín: “Puede ser un delito de odio”

En este contexto, la Asamblea Antirracista ha mostrado inquietud por la agresión ocurrida en la calle Antonio Maura, en el barrio de Ciudad Jardín, donde una discusión de tráfico derivó en una violenta agresión xenófoba que fue grabada y difundida por los servicios de mensajería y las redes sociales, y que la Policía Nacional aún no ha investigado pese a tener conocimiento de los hechos.

Según confirmó el colectivo, no conocen aún a la víctima ni han tenido contacto con otras organizaciones que puedan identificarla, pero analizarán el caso en su reunión interna. Sobre el hecho de que no exista denuncia, la Asamblea lamenta que es algo habitual: “Muchos migrantes no denuncian por miedo a represalias o a problemas administrativos. Si no tiene papeles, es probable que tenga miedo a que lo deporten”, señalaron.

La asamblea alertó además del “reinicio de la campaña de propaganda xenófoba de Vox”, tras detectarse de nuevo la distribución de panfletos en coches y calles de Córdoba. En ellos, el partido acusa a PP y PSOE de “descargar inmigrantes” y utiliza imágenes y mensajes que, según el colectivo, “alimentan el miedo y el odio hacia las personas migrantes”. “Son folletos rojos, idénticos a los de campañas anteriores, que buscan criminalizar a quienes llegan a España. Es un racismo brutal”, denunció Rueda.

Una discusión de tráfico que acaba en una pelea, trufada de insultos xenófobos y en un intento de atropello por parte de uno de los intervinientes. Los hechos fueron grabados por unos residentes del lugar, aunque no hay denuncia y, por el momento, tampoco investigación policial, pese a la dureza de las imágenes.

Según fuentes oficiales, la Policía Nacional tiene conocimiento de los hechos, que tuvieron lugar el pasado jueves 4 de diciembre a las 14:50 en las inmediaciones del Parque Juan Carlos I en Córdoba, aunque no llegaron a actuar ni los agentes del Cuerpo Nacional de Policía ni la Policía Local, que sí que acudieron a la zona cuando los dos implicados se habían marchado.

También acudieron al lugar efectivos sanitarios, aunque tampoco llegaron a actuar por la marcha del principal afectado, un joven migrante que conducía el ciclomotor y que sangraba por la nariz, según indicaron los testigos al Centro Coordinador de Emergencias 112 Andalucía.

El vídeo con las imágenes lleva desde ese día difundiéndose y la Policía sí que tiene conocimiento de todos los hechos a través de él, si bien aseguran que, al no haber denuncia oficial, no tiene capacidad para investigarlo, pues se desconoce el alcance de las lesiones. Dos días después, ni el principal afectado ha presentado formalmente denuncia, ni tampoco lo han hecho organizaciones o colectivos antirracistas.

Y este matiz es importante, dado que en el vídeo se escucha como el conductor del turismo llama “moro de mierda” en varias ocasiones al del ciclomotor antes y durante los hechos, que arrancan tras una discusión de tráfico entre ambos.

Una discusión que se inicia cuando el conductor del turismo le pide al de la moto que la aparte de la vía insultándole. “Tonto lava, quieres quitar la puta moto de aquí subnormal”, le espeta. El joven se baja de la moto y se acerca al coche, y en ese momento, el conductor del turismo le empuja, a lo que el conductor del ciclomotor responde pateando la puerta del turismo.

Es en ese instante cuando, según se ve en las imágenes, el conductor del coche le llama por primera vez “moro de mierda”, y, tras un primer enganchón, tira la moto al suelo. En ese momento interviene un viandante que parece frenar la trifulca. Sin embargo, de nuevo vuelven a pelearse, porque el conductor del ciclomotor se niega a quitar la moto de la vía. Es en ese momento cuando el conductor del turismo arranca el vehículo y golpea y tira el ciclomotor. El joven parece librarse del intento de atropello, aunque levanta las manos y se tumba en el suelo, delante del coche, negándose a quitarse de la vía.

En ese momento, el conductor del turismo sale de su vehículo y, al grito de “moro mierda” patea en la cabeza al joven (que en todo momento lleva el casco puesto), mientras está tirado en el suelo. Varias personas intervienen para parar la golpiza, a los que el conductor del turismo les dice: “Está interrumpiendo el tráfico el moro mierda”. A continuación, lo agarra y lo aparta de la carretera, mientras varias personas los separan. El vídeo termina con el joven del ciclomotor levantándose y reclamando a toda la gente que ha sido testigo de la trifulca. “Todos lo habéis visto”, espeta.

Un mapa para rastrear los rumores y bulos que discriminan a personas migrantes y que busca cambiar la narrativa de intoxicación que parece haberse instalado en España. Eso es lo que ofrece la web mapaderumores.org, que forma parte de una campaña desarrollada por la Fundación Xul.

La agencia cordobesa se ha encargado de diseñar esta estrategia digital antirrumores basada en un Mapa Interactivo y en crear una red digital de agentes antibulos. El objetivo principal, según detallan en su web, es identificar y visibilizar los territorios donde se concentran los discursos de odio y los bulos hacia la población migrante y sus descendientes nacidos en España.

Así, la plataforma, subvencionada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, permitirá consultar de forma geolocalizada y en tiempo real dónde se producen estos rumores, municipio a municipio, ofreciendo una visión territorial del fenómeno. El sistema se actualizará de forma autónoma con las aportaciones de la ciudadanía.

De hecho, en estos momentos se está en fase de recopilación de rumores y bulos, lo cual se puede hacer de forma muy sencilla en la propia web, cuyo rostro visible es el de la periodista y activista Lucía Mbomío.

Paralelamente, se ha desplegado una campaña de activismo digital para fomentar la participación social, así como una red de agentes ciudadanos que intervendrán con acciones y materiales para frenar la desinformación y promover una convivencia basada en el respeto y la diversidad.

Fundación XUL es una rama de la agencia XUL de comunicación para el cambio social. Se creó en 2007 y su objetivo es desarrollar acciones de comunicación para el cambio social y promover procesos de transformación social que fomentan la sostenibilidad social y medioambiental, contribuyendo a la construcción colectiva y participativa de una sociedad plural y justa, y solidaridad.

El activista camerunés asentado en Córdoba Salomón Beyo ha sido nominado como figura inspiradora en la primera edición de los Premios Clevenard Media 2025, una celebración internacional que reconoce la excelencia en el entretenimiento, la innovación, el emprendimiento y el empoderamiento comunitario.

La gala de entrega tendrá lugar el próximo viernes 21 de noviembre en Palma de Mallorca, y reunirá a líderes sociales, creadores culturales y agentes de cambio de todo el mundo.

Desde Clevenard han destacado la figura de este activista camerunés-español y presidente de la ONG EL MAT – El Mundo y África Trabajan, quien ha sido seleccionado en la categoría Desarrollo Comunitario e Impacto en la Diáspora, en reconocimiento a su labor por la justicia social, la cooperación internacional y la inclusión.

Desde Córdoba, ciudad en la que reside, Salomón Beyo ha dedicado más de una década a conectar comunidades africanas y europeas a través de programas de educación, salud, agricultura e infraestructuras, tanto en España como en países como Camerún y la República Democrática del Congo. A través de EL MAT y su organización hermana LE MAT, su trabajo ha impactado positivamente en zonas rurales mediante soluciones sostenibles y centradas en el liderazgo local.

Además de su labor internacional, Beyo lidera acciones comunitarias y educativas en España, como el emblemático evento La Noche Negra, un homenaje anual a las vidas migrantes perdidas, que utiliza el arte y la memoria para denunciar la esclavitud moderna y promover el diálogo intercultural.

Desde 2019, coordina proyectos de inclusión y mediación intercultural en FECONS Córdoba, y ha colaborado con instituciones como ACCEM, la APDH y la Policía Nacional, actuando como formador, traductor y mediador cultural. También es coautor del libro Salomón, de Camerún a Tarifa, un relato autobiográfico sobre los desafíos de la migración.

En 2019, fue distinguido con la Medalla de Plata de la Campiña Sur Cordobesa por su impacto en el tejido social. Actualmente, forma parte de redes europeas de lucha contra el hambre y la pobreza, impulsando estrategias de desarrollo sostenible y participación comunitaria en varios países del continente africano.

Los delitos de odio investigados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Córdoba disminuyeron en el último año, según el 'Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2024’, divulgado este viernes, que también muestra un aumento en el número de casos esclarecidos y en el de personas investigadas o detenidas.

Concretamente, en la estadística difundida por el Ministerio del Interior consta que en Córdoba se conocieron el año pasado un total de 17 casos de delitos de odio. Son diez menos que los 27 de 2023, y dos más que los 15 que se denunciaron en 2022.

En total, hubo 16 víctimas relacionadas con estos hechos. Por ellos, se detuvo o investigó (la estadística no lo clarifica) a 10 personas. Es el número más alto del último trienio. En 2023 se investigó o detuvo a ocho personas, en 2022 fueron cuatro.

De todos los detenidos, cinco fueron arrestado por la discriminación por sexo o género u orientación sexual, mientras que dos fueron investigados por delitos ideológicos y tres por racismo y xenofobia.

Este último delito copa, junto la discriminación por orientación sexual, la mayoría de los hechos investigados. Hubo seis casos de racismo/xenofobia y otros seis de Lgtbifobia sobre la mesa de los diferentes cuerpos de seguridad en Córdoba durante el año pasado. Los agentes también investigaron cuatro delitos de odio referentes a la ideología y uno por discriminación sexual.

De los 17 hechos conocidos, 16 acabaron siendo esclarecidos por las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Eso explica que haya 16 víctimas reconocidas.

Datos nacionales

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron en 2024 un total de 1.955 infracciones penales e incidentes de odio en España, lo que supone una reducción del 13,8% respecto a 2023, según recoge el 'Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2024'.

Los delitos de odio por racismo y xenofobia, con 804 hechos, son los más numerosos, aunque han descendido un 6% respecto al año anterior. Le siguen los delitos de odio cometidos en los ámbitos de la orientación sexual e identidad de género (528 hechos), mientras que en tercer lugar se sitúan los delitos de discriminación por razón de sexo/género (181 hechos).

Como novedad, el informe recoge por primera vez los delitos de odio por islamofobia (13), de acuerdo con las recomendaciones de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA).

En cuanto a la variación interanual, los ámbitos que han registrado un mayor aumento son el antisemitismo, con un 60,9% de incremento, y la aporofobia, con una variación del 33,3%. Por el contrario, los delitos de odio relacionados con ideología y antigitanismo han sufrido un descenso de un 58,2 y un 51,3%, respectivamente.

En lo que se refiere a la tipología delictiva de estos hechos de odio, destacan en primer lugar las lesiones (385) y las amenazas (358), seguidas por la promoción a la discriminación (217), el trato degradante (107) y las injurias (106).

Por comunidades autónomas, Navarra registra la mayor tasa de delitos, infracciones e incidentes odio por cada 100.000 habitantes (14), por delante de País Vasco (10,8) y las ciudades autónomas de Ceuta (8,4) y Melilla (8,1).

Perfiles de víctimas e investigados y detenidos

El informe señala que las Fuerzas de Seguridad del Estado esclarecieron en 2024 el 71,9% de los hechos, cuatro puntos más que en 2023, y detuvieron o investigaron a 905 personas, en su mayoría de sexo masculino (81,9%) y de edad comprendida entre 26 y 40 años, que representan el 28,1% del total.

Los principales afectados por este tipo de delitos son personas del sexo masculino (59,9%), mientras que el grupo de edad más afectado es el comprendido entre los 26 y los 40 años (34,7%). Los menores de edad constituyen el 12,8% del total de victimizaciones.

En cuanto a la distribución de las víctimas según su nacionalidad, el primer lugar lo ocupan las españolas, con el 60,1% del total de victimizaciones registradas. Dentro del conjunto de las víctimas de nacionalidad extranjera, las procedentes de Marruecos registran el número más elevado (8,8%), por delante de Colombia (5,3%).

Me lo preguntó un amigo. Iba medio en broma, lo que equivale a ir totalmente en serio: “¿Te queda algún amigo que no se haya vuelto facho?”

Es argentino. Y hablábamos de Torre Pacheco. Pero también de un arquetipo que, según me cuenta, crece como las setas en el sitio donde trabaja: currito blanco y pobre que se siente superior a los migrantes. No me lo dijo, pero intuyo que, en esas charlas, se colará eso de que quien no se adapte, fuera.

Lo intuyo porque es lo mismo que ha dicho el líder del partido más votado de España, un señor que se adapta tan bien a los cambios culturales que se hizo amigo de un narco en Galicia y, en cuanto puso un pie en Madrid, dejó de hablar en gallego.

En cualquier caso, la pregunta estos días es quién querría adaptarse culturalmente a la forma de vida de un país que ha llenado periódicos, radios y televisiones de machos que apalean menores y revientan negocios en manada. ¿Esas son las señas culturales del país que los migrantes deben asimilar?

Hemos difundido al mundo que somos un país en el que hordas de españoles deciden deliberadamente ignorar el Código Penal y al sistema. En otras circunstancias, se les podría incluso llamar a ellos inadaptados. No es el caso. Son nazis. Y su odio está perfectamente organizando. ¿Y consentido? Si es así, insisto: ¿Tienen los migrantes que asimilar que ser español hoy consiste en aplicar el ojo por ojo?

Es probable que España no sea Torre Pacheco. Pero sí que demasiada gente en España ha intentado entender e incluso justificar lo que allí ocurría. Y, más allá del caso puntual, no tengo ninguna duda de que, en el lobulo frontal de la inmensa mayoría de los españoles, hay un implante cerebral a extirpar. Nuestro sistema oporativo viene con un poco de racismo instalado. Habita en nuestro interior una forma de mirar que se manifiesta en distintos grados. A veces es un racismo blandito que se disfraza de paternalismo.

Estos días, el racismo blandito más evidente ha sido defender que no se tenía que apalear a los pobres migrantes porque desempeñan los trabajos que no quieren desempeñar los pobres murcianos. Es un racismo grado cero, ya que ningún ser humano, sea de dónde sea y trabaje en lo que trabaje, merece ser el objetivo de una turba nazi (que es racismo grado 10).

Al final, lo único que me llevo de estos días tan tristes, que sin duda tendré que explicarle a mi hija cuando crezca, es que ya se puede aplicar a la inversa la excusa barata del cuñao-facho español cuando le acusan de racista/homófobo.

Es sencillo: si alguien te acusa de ser buenista, de woke o progre, la discusión se acaba cuando uno dice: “Cómo voy a ser yo eso, si tengo amigos fachos”.

Como sólo me da susto en esta vida que un árbitro pite al Real Madrid en el Bernabeu o que Café Quijano grabe otro disco, no le di mucha importancia a lo que dijo el otro día una señora que se anunciaba como portavoz o representante del partido político Vox (los fascistas, vamos). Pero tiene su cosa.

La señora en cuestión, con un apellido como de Flandes o algo así, dijo que su partido (el de los fascistas, vamos) pretende expulsar de España a siete u ocho millones de extranjeros e hijos de extranjeros, así, calculados un poco a voleo.

“Porque no se adaptan a nuestras costumbres como pueblo”, justificó la cosa esa señora.

Pensé yo que esos millones de invasores no se adaptaban a correr delante de vacas, a tirar cabras desde un campanario, a pegarse tomatazos, a rectificarle el sofrito a un cuñado, a romper escaparates porque su equipo de fútbol ha ascendido de categoría, a destrozar la fachada de una tienda porque el mismo equipo de fútbol ha descendido de categoría, en fin, a mear entre coches, a depositar residuos alrededor de la papelera para que la papelera se distinga y alcance su valor como mobiliario público, a tirar la ceniza al suelo mientras limpian muy bien el cenicero (esto último es un verso que homenajea a otro verso; deténganse un poquillo en él).

En fin, nuestras costumbres.

Señora, disculpe: ¿No se adaptaron y se adaptan a nuestras costumbres como pueblo los iberos, los fenicios, los púnicos, los griegos, los celtas, los romanos, los vándalos, visigodos, bárbaros todos, luego árabes, después esclavos negros y coloniales ultramarinos, y ahora la dominicana que limpia el culete de tu madre, el magrebí que te enchufa un kebab llena tripas o el ecuatoriano que te sirve el más castizo vermú con tapa de callos...? Por no hablar del polaco que me instaló el ventilador de techo en el dormitorio. Mas santo que Wojtyla.

Señora de Vox de nombre extranjero: es usted racista, clasista y fascista.

Y gilipollas.

Elija qué poner primero en su tarjeta de visita (si todavía hay de eso).

Al igual que en Murcia y en el resto del territorio nacional, el partido de derecha radical Vox también ha tratado de vincular en la provincia de Córdoba dos cuestiones que no son causa-efecto: migración y criminalidad. Es la estrategia con la que el partido de Santiago Abascal se siente más fuerte en estos momentos en España, apoyados en la laxitud del Código Penal y en el silencio cómplice de grandes sectores del PP.

Estas políticas racistas, como las llama el periodista Antonio Maestre, también Vox las ha querido llevar a cabo en Córdoba casi desde que comenzaron a hacerse fuertes, tras su entrada en el Parlamento Andaluz en el año 2018. Porque en 2019, la formación centró parte de su campaña de crecimiento en apuntar hacia un proyecto que planteaba la construcción de un centro de menores tutelados en la localidad de Lucena, la segunda ciudad en importancia de Córdoba.

Al principio, un poco tímidamente, desvinculándose de las primeras manifestaciones que hubo y que se convocaron de “forma anónima” a través de redes y plataformas de mensajería. Sin embargo, cuando Vox triunfó electoralmente, su entonces líder provincial, Alejandro Hernández, que hoy aún es parlamentario andaluz, llegó a sacar pecho, diciendo: “Hace poco tuvimos un acto en Lucena donde pusimos sobre la mesa el problema del centro de Menas (Sic), nos criticaron porque había poca gente, bueno, pues las urnas han hablado”, dijo entonces.

En retrospectiva, lo cierto es que el Centro de Menores Tutelados de Los Ángeles abrió poco después de aquel golpe de pecho. Y que, en estos cinco años, no solo ha acogido a menores (extranjeros y españoles), sino a los temporeros que han acudido a la localidad y a la comarca a trabajar en el campo. Tampoco debe sacar mucho pecho hoy el partido de Abascal, ya que, tras lograr efectivamente dos concejales en 2019, en las últimas municipales, no pudo aumentar ni en ediles ni en votos, y en las generales de ese mismo año, su porcentaje de voto pasó del 31 al 18% en comparación con los comicios de 2019 en los que fueron la fuerza más votada, como remarcaba entonces su portavoz.

El caso de Puente Genil

No obstante, más de cinco años después de aquellas primeras campañas que buscaban generar un enemigo en las personas más débiles de la sociedad (los menores), este mismo año, Vox a vuelto a poner la diana del odio en otro centro para niños tutelados. Ha sido en Puente Genil, donde, el pasado mes de marzo, Vox apoyó una concentración contra la reconversión del antiguo edificio de las Madres Filipenses en centro de acogida para menores migrantes.

“No vamos a permitir que impongan un centro que ponga en riesgo la seguridad de nuestros vecinos”, declaró la concejala Toñi Gallardo, que, sin aportar dato alguno, dijo lo siguiente: “Sabemos que este tipo de centros trae consigo un aumento de robos e inseguridad”.

Sin embargo, los casi seis años de diferencia entre el caso de Lucena y el de Puente Genil, sí han cambiado la forma en la que los gobiernos reaccionan ante este tipo de movimientos. La prueba está en que el alcalde de la localidad, Sergio Velasco (PP), acabó interviniendo y zanjando el asunto al rechazar que en dicho espacio se pudiera instalar un centro de menores.

Campaña contra los migrantes en Palma del Río

Más o menos por esa época, Vox ya había llevado su última campaña de criminalización de las personas migrantes a varios pueblos de la provincia. En la localidad de Palma del Río, una de las más importantes de Córdoba y con grandes explotaciones de naranja que recogen personas migrantes, comenzó a empapelar algunos barrios con carteles que alertaban: “Extreme la precaución en esta zona”, acompañados de frases como “zona con alta presencia de inmigrantes ilegales”.

Al igual que ha ocurrido en Torre Pacheco, Vox difundió entonces un vídeo de un episodio protagonizado por una persona migrante armado con un cuchillo por las calles del municipio y que, según explicaron desde el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno, estaba totalmente descontextualizado para azuzar el odio.

En la localidad de la Vega del Guadalquivir, no obstante, llegó a haber una concentración a raíz de la campaña. La reacción fue convocar una reunión conjunta entre la Subdelegación del Gobierno, del PSOE, y el Ayuntamiento de Palma del Río, del PP, para escenificar un frente común y lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos.

La denuncia archivada en la Fiscalía

Aquella misma campaña, aquellos mismos carteles, también decoraban por entonces las paredes de la capital cordobesa. Vox los había pegado en varios puntos de la ciudad, especialmente en barrios humildes como Ciudad Jardín, donde vive una porción importante de la población migrante.

La reacción, en este caso, fue de toda la oposición municipal, liderada por el PSOE y la coalición Hacemos Córdoba, que denunció la campaña ante la Fiscalía al considerarla un delito de odio. No obstante, en abril la Fiscalía decidió archivar el caso, considerando que el mensaje, aunque polémico, no superaba el umbral penal.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, por su parte, criticó públicamente la campaña, aunque no entró en la denuncia penal. “A mí la campaña no me gusta nada. Desde luego no nos gusta ni la respaldamos”, afirmó el alcalde, que se negó a darle más difusión hablando de ella.

Pese a la intensidad de estas campañas, no se ha registrado ninguna sanción judicial contra Vox en Córdoba por estos discursos. Ni en Lucena ni en Puente Genil se han presentado denuncias formales, y la única acción elevada a Fiscalía —la de los carteles en Córdoba capital— fue archivada. En Vox lo saben, y por eso insisten en ello.

Esa insistencia, sin embargo, también sitúa a la sociedad cordobesa en frente. La prueba es que la última campaña del partido de Abascal fue la chispa que prendió la creación en Córdoba de la primera Asamblea Antirracista, que marchó por las calles de la capital gritando que, frente a los discursos que buscan dividir y criminalizar a las personas migrantes, era el momento de defender la solidaridad, el respeto y los derechos humanos“.

A la espera de que el Ministerio del Interior publique su estadística anual de delito de odio, este año se ha publicado la Encuesta sobre Delitos de Odio (2024): Víctimas y Testigos, que ofrece una visión detallada sobre la experiencia de las víctimas y, por primera vez de forma específica, de testigos de este tipo de incidentes en España. Así, aunque las cifras nacionales están fuertemente concentradas en Madrid, un análisis de los datos muestra a Córdoba como una de las provincias donde más testigos relatan haber presenciado delitos de odio.

El informe ha sido elaborado por la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD) del Ministerio del Interior, y recoge el resultado de una encuesta anónima y voluntaria en formato web y papel que contó con la participación de 1.025 personas, en la que se definieron dos grupos principales: por un lado las víctimas, un total de 602 personas que reportaron haber sufrido al menos un delito de odio entre 2019 y 2024; y testigos, 778 personas que presenciaron al menos un delito de odio en el mismo periodo. En este último grupo, un número importante, 558, fueron tanto víctimas como testigos.

Al desglosar los datos para Andalucía, se observa que la comunidad autónoma, en general, presenta números significativamente menores en comparación con la provincia de Madrid, que concentra la mayor parte de las residencias de víctimas. En el caso de Córdoba, del total de víctimas, cuatro residen en la provincia, que sitúa en mitad de la tabla, por encima de Jaén (1), Almería (3) y Cádiz (3), y por debajo de Huelva (5), Málaga (8) y Sevilla (9). A su vez, Córdoba fue la provincia en la que se registraron dos de los incidentes de odio reconocidos en la encuesta.

No obstante, la singularidad de Córdoba en este informe reside en el grupo de Solo Testigos, que son aquellas personas que presenciaron delitos de odio pero no fueron víctimas directas. Así, de las 199 personas identificadas con este rol a nivel nacional, 11 personas (un notable 5,5%) residen en la provincia de Córdoba. A nivel andaluz, solo Sevilla supera este dato, con una población que triplica a la de Córdoba.

Además, el informe destaca que la mayoría de los testigos de este grupo en Córdoba, como en el resto de la muestra, reside en un ámbito urbano (92%). Del informe se infiere que, el hecho de que Córdoba tenga una proporción relativamente alta de personas que actúan como “solo testigos” podría indicar una mayor sensibilización ciudadana o una mayor disposición a observar y participar en la visibilización de estos fenómenos.

En la última estadística de delitos de odio, publicada en agosto de 2024, consta que en Córdoba se conocieron en 2023 un total de 27 casos de delitos de odio (por los 15 del 2022), se detuvo a ocho personas (el año anterior fueron cuatro) y se atendió a 26 víctimas.

El informe

El informe destaca, a nivel general, que tanto víctimas como testigos perciben un aumento significativo de los delitos de odio (91% de las víctimas y 83.4% de los testigos) y el discurso de odio (91.5% de las víctimas y 85.9% de los testigos) en los últimos 5 años. La mayoría de las víctimas (83.1%) y testigos (95%) saben que los delitos de odio están castigados en el Código Penal. Sin embargo, un gran número de ellos iidentifican erróneamente las características físicas como motivo de delito de odio, y las víctimas también mencionan la profesión.

Asimismo, la encuesta revela que existe un bajo conocimiento de los recursos disponibles: la mayoría de las víctimas no conoce la aplicación AlertCops, la ONDOD, ni las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, lo que es extensible a los testigos.

Además, la mayoría de personas que han sido objeto de un delito de odio han sufrido más de uno y, de hecho, el 59.1% ha sufrido 10 o más delitos de esta naturaleza. Las motivaciones discriminatorias más frecuentes identificadas por las víctimas son la orientación sexual/identidad de género (68.6%) y el racismo/xenofobia (60.1%). Por su parte, las conductas delictivas más frecuentes sufridas por las víctimas son los comentarios o gestos ofensivos en persona (68.1% los sufrieron cinco o más veces) y las ofensas o amenazas por redes sociales o internet (67.4% las sufrieron 5 o más veces)

Por otro lado, el lugar más común donde ocurren los delitos de odio es la vía pública (41.9%) y, aunque nueve de cada diez víctimas cuenta que había testigos, la mayoría, el 40%, percibió que estos no hicieron nada.

La Feria de Córdoba debe ser un lugar para el disfrute, la alegría y el encuentro. Sin embargo, la Feria se ha convertido, en demasiadas ocasiones, en un lugar que da cabida a la aporofobia, el racismo y el rechazo. Ocurrió el año pasado con aquella incursión policial sin sentido en la caseta “Los Lunares”, donde disfrutaban de la fiesta en su mayoría personas de etnia gitana. Sin duda, esto nunca habría ocurrido en otro tipo de caseta. A nuestros vecinos y vecinas de etnia romaní se les asocia injustamente con la ilegalidad y se toman medidas contra ellos de manera desorbitada y desigual. Esto es racismo.

Llama especialmente la atención la contradicción con la que se vive la cultura gitana: se celebra su música, su vestimenta y su arte como parte del folclore andaluz, pero al mismo tiempo se criminaliza y margina a quienes forman parte de esa cultura. Esta apropiación cultural superficial convive con actitudes discriminatorias que niegan a las personas gitanas su derecho a estar, disfrutar y formar parte plena del espacio público sin prejuicios. Reconocer esta realidad es un primer paso para construir una Feria verdaderamente inclusiva y libre de racismo.

Igualmente en diferentes ocasiones se han prohibido la mendicidad y la venta ambulante de pequeñas mercancías por parte de personas vulnerables (especialmente inmigrantes), acosandolas no sólo con sanciones si no requisándoles sus pobres mercancías. Fue histórica la ocasión en que se intentó prohibir desde el consistorio la venta ambulante de claveles y la requisa de los mismos y una gran movilización social lo impidió. Sin duda estás actuaciones no son sólo racistas si no de control y penalización hacia las personas que se encuentran en una situación de extrema precariedad.

El racismo en la Feria de Córdoba se manifiesta de formas sutiles pero constantes: desde miradas de sospecha hacia personas racializadas hasta identificaciones policiales selectivas, pasando por comentarios despectivos normalizados en el ambiente festivo o a la prohibición de entrada a determinadas casetas. 

Desde la Asamblea Antirracista rechazamos totalmente estas actitudes y exigimos al consistorio y a las fuerzas de seguridad que dejen de juzgar a las personas por su aspecto, origen o etnia. Exigimos una feria humana e inclusiva en la que quepamos todas las personas.

Solicitamos también que, al igual que se han creado los puntos violeta en la feria, los cuales son esenciales, en previsión de posibles actos machistas, se creen también unos puntos donde se pueda denunciar los actos racistas y arbitrarios. Estos espacios servirían para visibilizar y actuar frente a actitudes y agresiones racistas que, aunque muchas veces normalizadas, siguen presentes en espacios festivos.

Además servirían para acompañar durante estos momentos tan violentos donde muchas personas ven como la barrera del idioma les impide poder compartir lo vivido o sentir que están siendo comprendidos realmente. Incorporarlos no solo protegería a personas racializadas, como la comunidad gitana o migrante, sino que enviaría un mensaje claro: la convivencia y el disfrute solo son posibles desde el respeto y la igualdad. Una feria segura debe serlo para todas las personas.

Finalmente queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía cordobesa y a las personas que nos visitan a tener en la Feria de Córdoba un espacio de encuentro, disfrute y respeto para todas las personas que en ella estén y una actitud de vigilancia ante este tipo de acciones para que la Feria de Córdoba sea un espacio para TODAS y TODOS.

 Ana Rueda, activista antirracista

Los grupos municipales del PSOE y de Hacemos Córdoba han formalizado este jueves una denuncia ante la Fiscalía Provincial contra Vox por las manifestaciones realizadas tras la celebración del Ramadán que la comunidad musulmana llevó a cabo el pasado 30 de marzo en Las Setas. Ambos grupos políticos han puesto en conocimiento del Ministerio Público los comentarios realizados por los de Santiago Abascal por si pudieran constituir un delito de odio que pueda ser investigado en la vía penal o en la administrativa.

En una rueda de prensa previa a la entrega de la denuncia, el portavoz del PSOE -Antonio Hurtado- ha recordado que el acto contaba con la autorización de la Subdelegación del Gobierno y transcurrió con normalidad. Pese a ello, la portavoz municipal de Vox, Paula Badanelli, “hizo manifestaciones en un comunicado y en una comparecencia donde, además de mencionar una supuesta preocupación vecinal -que a nosotros no nos consta-, aprovechó para cargar contra el colectivo para hablar de ilegales, de delincuentes y de religiones que no se quieren integrar”; palabras que han sido calificadas por el socialista como un “auténtico despropósito”

Por su parte, la concejala de Hacemos Córdoba, Irene Ruiz, ha manifestado el rechazo absoluto y de lleno a las declaraciones vertidas por Badanelli y su partido, que, “una vez más, incitan al odio y a que se rompa la pacífica y la normal convivencia”. En esa línea, ha recordado que la libertad religiosa está amparada en la Constitución, por lo que “vincular la práctica de una religión a delincuencia o terrorismo es falso e irresponsable tanto por parte de una organización política como por un cargo público como el que ocupa Badanelli”.

En la denuncia, PSOE y Hacemos Córdoba han aportado dos documentos: uno recoge las manifestaciones de la portavoz municipal de Vox y el segundo contiene publicaciones en redes sociales de representantes de Vox que, a colación de las declaraciones de Badanelli, “abundan en el mismo mensaje xenófobo, racista y contra la religión musulmana, tratándolos de ilegales y de terroristas”. Tal y como ha explicado Hurtado, este segundo documento incluye comentarios de Vox al colectivo musulmán que tachan de “animales que no son integrables en nuestra sociedad”.

Por último, tanto el portavoz del PSOE como Ruiz han criticado la ausencia del alcalde de Córdoba, José María Bellido, y su pasividad dado que el regidor “ni se manifiesta ni evidentemente denuncia. Por tanto, es cómplice de estos despropósitos que Vox está llevando a cabo”.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha afirmado que las recientes denuncias interpuestas contra su formación en la Fiscalía no les van “a silenciar”, y ha rechazado las acusaciones de odio procedentes de ambos partidos y de la comunidad musulmana, por lo que ha asegurado que “lo que ellos llaman odio, nosotros le llamamos respeto a la legalidad”.

Gavira ha atendido a los periodistas tras conocerse que el promotor del rezo musulmán legal y pacífico realizado en Las Setas el pasado domingo con motivo del fin del Ramadán estudia emprender acciones legales ante el uso xenófobo que Vox ha realizado del acto, un anuncio que llega después de que el pasado mes de febrero el PSOE, el Grupo Municipal Hacemos y las organizaciones El Mundo y África Trabajan y Córdoba Solidaria, hayan presentado una denuncia ante la Fiscalía contra una campaña impulsada por Vox centrada en la inmigración.

Sin embargo, para el parlamentario andaluz, “lo que ellos llaman odio en Vox lo llamamos cumplir legalidad”, y ha insistido en que Andalucía está inmersa en un “proceso de islamización” que ha atribuido a “las políticas de fronteras abiertas de populares y socialistas”.

“El problema es que ”estamos hablando de culturas que son incompatibles con la nuestra, que no respetan a la mujer, que la dejan en un plano secundario y culturas que ni siquiera respetan a los homosexuales“, afirma la formación, que advierte de que ”sus amenazas de querellas no nos van a afectar“ y ”no nos van a callar ni a silenciar“.

Un juzgado de Sevilla ha planteado la posibilidad de elevar al Tribunal Supremo la causa judicial abierta contra el eurodiputado Alvise Pérez por implicar a personas de etnia gitana en la muerte del joven cordobés Álvaro Prieto. Esta decisión se considera debido a la condición de aforado de Pérez como miembro del Parlamento Europeo.

Tal y como ha informado la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, Kamira, los hechos se remontan a octubre de 2023, cuando se produjo la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo sin vida de Álvaro Prieto, quien falleció por electrocución al entrar en contacto con una catenaria ferroviaria en la estación de Sevilla. Durante los primeros días de la búsqueda, diversas teorías comenzaron a circular en redes sociales sobre las circunstancias de su muerte.

En este contexto, Pérez difundió en su canal de Telegram un bulo que vinculaba la muerte del joven con una supuesta trifulca con “un grupo de gitanos” de los que Prieto habría huido tras un enfrentamiento. Estas afirmaciones se propagaron rápidamente entre sus seguidores, generando mensajes de odio e insultos hacia la comunidad romaní. Pérez llegó a asegurar que “cogen peso las pruebas del posible homicidio de Álvaro Prieto a manos de un grupo de gitanos” y añadió la especulación de que el joven huía de unos gitanos tras haber tenido “algún tipo de intimidad con la posible novia de uno de ellos”, incluso adjuntando un audio donde supuestamente se escuchaba al joven y “una voz de una gitana”.

Sin embargo, la investigación oficial y la autopsia desmintieron rotundamente estos bulos, determinando que la causa de la muerte fue el contacto con la catenaria. Por ello, la Federación Kamira denunció los hechos ante la Fiscalía de Delitos de Odio, que investigó las falsas especulaciones y elevó sus conclusiones al juzgado, abriéndose una causa por un posible delito de incitación al odio.

Ahora, el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha planteado a la Fiscalía la posibilidad de enviar la causa al Alto Tribunal, dado que Alvise Pérez, como eurodiputado, goza de aforamiento y solo el Supremo puede solicitar su declaración. A pesar de la apertura de la causa judicial, Pérez no fue citado a declarar debido a su condición de aforado. La decisión del juez marca un nuevo paso en el proceso legal contra el fundador de Se Acabó la Fiesta.

Diez entidades sociales de la provincia de Córdoba se han unido para formar la Red Pro Migrantes, que ha sido presentada oficialmente este viernes, coincidiendo con el Día Mundial contra la Discriminación Racial, y que busca fortalecer la cooperación entre organizaciones y administraciones públicas en la defensa de los derechos de las personas migrantes y en la promoción de su inclusión social y laboral.

Aunque se constituyó formalmente en noviembre de 2024 y lleva trabajando de manera oficiosa desde 2019, esta red se ha presentado oficialmente en un acto celebrado en la Casa Árabe. Está formada por las siguientes organizaciones: Accem, la Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba (APIC), Cáritas Diocesana de Córdoba, Córdoba Acoge, Cruz Roja en Córdoba, Fundación Cruz Blanca, Fundación Don Bosco Salesianos Social, Fundación SAMU, Comunidad Adoratrices de Córdoba y Fundación Prolibertas.

Todas ellas trabajan directa o indirectamente con la población migrante en Córdoba, una provincia en la que el número de ciudadanos extranjeros ha crecido un 32% en la última década. Así, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Córdoba residente un total de 28.190 personas de origen extranjero, lo que supone el 3,5% de la población.

En este sentido, la creación de esta Red permite compartir recursos, experiencias y estrategias, multiplicando el impacto y la mejora de vida de las personas migrantes en Córdoba. El mayor reto es conseguir que la Red Pro Migrantes sea un espacio de referencia para la defensa de los derechos de las personas migrantes en Córdoba, y que su voz sea escuchada en todos los ámbitos de la sociedad.

La nueva red sigue el ejemplo de otras iniciativas ya consolidadas en la ciudad, como Córdoba Solidaria, Córdoba Social Lab, Co-Habita, EAPN o la Mesa de Empleo. La coordinación entre entidades permitirá promocionar actividades conjuntas y optimizar recursos. También se marcan como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad de las personas migrantes y defender y reivindicar sus derechos ante las instituciones, facilitando así su inclusión social y laboral en la provincia.

Para lograr estos retos, la Red se organiza en tres grupos de trabajo especializados en diferentes áreas: la socio-sanitaria (para abordar temas como el acceso a la salud y el empadronamiento), la jurídica (para trámites administrativos y defensa legal) y el ámbito de la sensibilización (para erradicar estereotipos y discursos de odio).

En este sentido, desde la red han adelantado que el grupo socio-sanitario ya se ha reunido con los Servicios Sociales del Ayuntamiento para abordar la cuestión del empadronamiento, mientras que el grupo jurídico se ha reunido con jefa de servicio de la Oficina de Extranjería para aclarar algunas dudas sobre la nueva normativa -que aglutina la mayor parte de las consultas del colectivo-. En cuanto al grupo de sensibilización, se han organizado campañas para acabar con los discrusos de odio con centros educativos y público general, tanto en la calle como en las redes sociales.

Y es que, según han reconocido los responsables de la red, la proliferación de los discursos de odio es uno de los motores de la organización de varios colectivos que luchan contra la xenofobia en la ciudad de Córdoba, donde en los últimos meses se ha constituido una Asamblea Antirracista, que convocó a la ciudadanía a una manifestación el pasado fin de semana.

Además de luchar contra los dicursos de odio, la red coordina el trabajo de las diferentes entidades que históricamente trabajan en la inclusión de las personas migrantes. En este ámbito, han indicado que es un colectivo que sufre especialmente la precariedad laboral, la falta de acceso a recursos básicos y la exclusión social, que se suman, en muchos casos, a los problemas que traen consigo algunas de estas personas, como aquellas que huyen de conflictos bélicos y la persecución política o por motivos de sexo, género, religión u orientación sexual.

Para finalizar el acto, se ha proyectado un vídeo que recoge testimonios y la labor de las entidades que conforman la Red, y que será utilizado en redes sociales y campañas de sensibilización. Además, se ha leído un manifiesto conjunto “frente a las diferentes muestras de odio que se están dando en la sociedad y que atacan directamente a las personas migrantes, y por tanto, contra los Derechos Humanos”.