El 7 de marzo de 1984, el aparejador municipal envió un oficio al alcalde de Córdoba con número de entrada 9978. El técnico alertaba al regidor del “visible desplome” del monumento del Triunfo de San Rafael junto a la Mezquita Catedral y advirtió que podría “ser peligroso en caso de derrumbamiento”. El funcionario local proponía su inmediata reparación pero, antes de su intervención, sugería la conveniencia de elaborar un informe sobre su propiedad.

Ocho meses después, el 8 de noviembre de ese mismo año, el jefe de sección de Servicios Internos redactó un nuevo informe de tres páginas, que obra en poder de Cordópolis. El documento analiza el estado físico del Triunfo y en el punto tercero afirma: “El funcionario que informa estima que referido monumento es de propiedad municipal”. A continuación desgrana un hilo histórico con datos que corroboran su declaración.

La primera referencia que aporta data de enero de 1735, treinta años antes de que se acometiera la construcción del Triunfo de San Rafael por suscrpción popular. “La ciudad concedió al rector y Colegio de San Pelagio el sitio que pretende (…) sin perjuicio de tercero interesado, ni del común”, indica el documento histórico confeccionado por el funcionario.

Un siglo más tarde, en junio de 1850, otro acta municipal informa sobre un revelador acontecimiento que suministra nuevos datos sobre la titularidad de la parcela y el monumento a San Rafael. Según recoge el documento municipal, el guardia del recinto compareció ante el alcalde de Córdoba y reveló que tras cinco años custodiando el Triunfo “sin recibir ningún tipo de honorarios” decidió devolver las llaves a su propietario. Al parecer, se presentó ante el “señor mayordomo de palacio, señor provisor y señor gobernador” y los tres se “negaron consecutivamente a admitirlas” al argumentar que no tenían “dominio alguno” sobre el monumento y el solar.

Las llaves fueron entregadas al alcalde. Y el Ayuntamiento, en sesión del 19 de agosto de 1850, acordó hacerse cargo de la conservación del monumento “siempre y cuando el ilustrísimo señor obispo se desprendiera de cualquier derecho”. Según una nueva acta municipal fechada el 27 de agosto de 1850, el obispo “aplaude reparar y conservar el recinto del Triunfo” y asegura que no tiene “ninguna cosa que oponer ni reclamar” y, por lo tanto, aprueba que el Ayuntamiento “se haga cargo” del recinto.

Tres semanas después, el 3 de septiembre de 1850, “en orden a la posible transmisión de derechos”, señala el informe histórico, “el obispo manifestó que no tenía acción ni título alguno respecto al local y al monumento (…) y da su conformidad y aquiescencia” al dominio municipal del Triunfo de San Rafael.

Expuestos todos estos antecedentes históricos, basados en actas municipales de 1735 y 1850, el dictamen firmado por el jefe de sección de Servicios Internos en 1984 declaró lo siguiente: “Primero: que el solar pertenece al común de la ciudad. Segundo: según actas del cabildo, nunca se produjo una transmisión de dominio a favor del Obispado ni otro ente. Tercero: existe constancia de que el Obispado y el gobernador declararon su carencia de derechos del solar”. Y añade para finalizar: “En consecuencia, se estima que el solar y monumento son de propiedad municipal. Firmado jefe de sección. 8 de noviembre de 1984”.

El informe de Servicios Internos confirmó en 1984 que la Plaza del Triunfo "pertenece al común de la ciudad"

El informe de Servicios Internos fue sometido a la Comisión Informativa de Urbanismo y Patrimonio que validó su contenido, reafirmó la “propiedad municipal” de la plaza y el Triunfo, y acordó nuevamente informar al Obispado de todo el proceso “concediéndole un plazo de 10 días para que se manifieste”. Era el 13 de noviembre de 1984. Al día siguiente, el Ayuntamiento envió un nuevo oficio al Obispado sobre el “monumento de propiedad municipal erigido a San Rafael y ubicado en el solar también propio del Ayuntamiento”. El prelado no se pronunció y así lo certificó la Comisión de Urbanismo y Patrimonio el 18 de diciembre de ese mismo año.

El monumento y la plaza del Triunfo fueron inscritos formalmente en el inventario de bienes municipales. El Ayuntamiento era su propietario y ejercía sin oposición a título de dueño, al menos, desde 1735. Tanto es así que entre esa fecha y 1984 había intervenido hasta en 11 ocasiones en el solar para ejecutar labores de limpieza y restauración.

Hasta 2011. Ese año sucedieron dos eventos relevantes que alteraron notablemente el estatus jurídico del solar. El 8 de abril el obispo Demetrio Fernández se presentó ante el registrador de la propiedad privada e inscribió a su nombre la plaza y el Triunfo. Todo indica que el Ayuntamiento no fue informado del registro de un bien que figuraba en el inventario municipal. Un mes y medio después, el 22 de mayo, el PP ganó las elecciones locales y se hizo con el Ayuntamiento. Casualidades de la vida, la plaza del Triunfo y el monumento desaparecieron del inventario municipal ese mismo año.

Ni la inmatriculación episcopal ni la evaporación del solar del dominio municipal trascendieron. Hasta 2014. Fue en esa fecha cuando estalló el escándalo de la inmatriculación de la Mezquita Catedral de Córdoba y salieron a la luz decenas de inscripciones de monumentos, ermitas y plazas a nombre de la Iglesia. También del Triunfo de San Rafael. Ante el revuelo, el teniente de alcalde de Hacienda solicitó un informe a la asesoría jurídica municipal sobre la titularidad del solar y el monumento.

Y en un dictamen de 17 páginas fechado el 14 de octubre de 2014, el letrado titular del Ayuntamiento concluye que la entidad local “carece de título alguno que permita afirmar su dominio sobre el Triunfo de San Rafael”, al tiempo que constata que la Diócesis lo inmatriculó a su nombre en 2011 “utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria”, derogado en 2015 por José María Aznar debido a sus claros visos de inconstitucionalidad. Ocho días antes, la directora del Archivo Muncipal, también por indicación del teniente de alcalde de Hacienda, emitió otro dosier sobre la titularidad de la Plaza del Triunfo. En líneas generales, el documento de 12 páginas corroboraba punto por punto y amplía el hilo histórico anotado ya en el informe municipal de 1984.

Entre las novedades que añade la directora del Archivo Municipal, figura un dato significativo de 1735 no citado anteriormente. Según indica la funcionaria, en enero de ese año el director del Colegio San Pelagio, seminario menor de la Diócesis, solicitó un sitio contiguo para construir unas caballerizas. “El Ayuntamiento le concede el sitio para tal fin”, señala el informe. En 1736, agrega el documento, un “grupo de caballeros, vecinos y prebendados” pide al Ayuntamiento licencia para construir un monumento a San Rafael y le insta a que colabore en los gastos. “El Ayuntamiento accede y libra dinero y piedra para contribuir a su levantamiento”. A continuación, enumera por fechas las abundantes intervenciones del Ayuntamiento en el monumento, las actas capitulares y los años en que el Triunfo de San Rafael fue incluido en el inventario de bienes municipales desde 1984.

Hasta hace unos 15 años, el extinto Consorcio de Turismo, del Ayuntamiento de Córdoba, tenía las llaves de la reja del Triunfo de San Rafael junto a la Puerta del Puente y la Mezquita Catedral. Un trabajador era el encargado de abrir y cerrar la zona por la mañana y por las noches. El Consistorio también daba permisos de ocupación pública y cedía esas llaves a hermandades o la Federación de Peñas para que hiciesen en el interior del Triunfo de San Rafael diversas actividades, como encuentros de convivencia o cruces de mayo.

Pero el 8 de abril de 2011, el Obispado de Córdoba acudió al Registro de la Propiedad y aprovechando el resquicio que dejaba la Ley Hipotecaria reformada por el Gobierno de Aznar que daba poder a la iglesia para poner bienes a su nombre, decidió inscribir para sí mismo este espacio. En 2014, este periódico desveló que el Triunfo de San Rafael ya no era del Ayuntamiento, sino que la Iglesia lo había inmatriculado. A pesar de que se solicitaron informes municipales y se intentó pleitear, el Ayuntamiento no ha logrado volver a disponer de las llaves del Triunfo de San Rafael.

Ahora, la titularidad y la gestión de este espacio, situado entre la Mezquita y el Puente Romano, es del Cabildo Catedral de Córdoba. Tanto que es esta institución eclesiástica la encargada de abrir y cerrar el monumento. Este miércoles, a través de sus redes sociales, anunciaron el horario que tendrá el acceso a un espacio que siempre ha estado poblado de turistas e incluso residentes de la zona: de 9:00 de la mañana a 18:00. También ha anunciado una obra de restauración, financiada con fondos propios y unos 100.000 euros de coste.

Una obra financiada por suscripción popular

Este Triunfo de San Rafael fue construido en el siglo XVIII, entre los años 1765 y 1781. Las obras fueron encargadas por el Cabildo Catedralicio sobre el solar de un antiguo hospital. Por problemas presupuestarios las obras estuvieron varios años suspendidas hasta que se inició una suscripción popular que permitió acabarlas en 1781. El Cabildo Catedralicio de Córdoba no inmatriculó los 1.000 metros cuadrados hasta el pasado 8 de abril de 2011 y lo ha hecho aprovechando la reforma de la Ley Hipotecaria aprobada en el Gobierno de José María Aznar, según consta en la nota simple a la que ha accedido este periódico.

No obstante, el Ayuntamiento ha concedido hasta permisos municipales a la Federación de Peñas de Córdoba para la realización de distintas actividades en esos 1.000 metros cuadrados que según el Registro de la Propiedad son propiedad de la Iglesia. Además, y según han asegurado fuentes municipales a este periódico, las llaves del Triunfo están en poder del Consorcio de Turismo.

Además, el propio Ayuntamiento destinó fondos del Plan de Excelencia Turística a la restauración del monumento, según consta en la memoria del proyecto, a la que también ha accedido este medio. Así, a través de este Plan de Excelencia Turística, desarrollado hasta el año 2010 y financiado exclusivamente con fondos públicos (Gobierno, Junta y Ayuntamiento) se destinaron más de 150.000 euros a la restauración de bustos de la ciudad, entre los que se incluía el propio Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente.

Por otra parte, el Cabildo ha justificado, en su comunicación al Registro de la Propiedad, que el Triunfo de San Rafael está destinado “al culto católico, sagrado apostolado y ejercicio de la caridad”. Además, la nota simple asegura que la Iglesia está “exenta” del pago del Impuesto de Transmisiones tras la inscripción de este monumento.

Toda cosa sagrada, ó religiosa ó santa que es establecida á servicio de Dios non es en poder de ningunt home el señorío della, nin puede seer contada entre sus bienes: et manguer los clérigos las tengan en su poder, non han el señorío dellas, más tiénenlas, así como guardadores et servidores

Alfonso X

Esta cita literal de la Partida Tercera dentro del cuerpo normativo del reino con Alfonso X es uno de los documentos históricos recogidos y analizados para arrojar luz sobre la titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba en el nuevo libro del historiador medievalista Jesús Padilla, que acaba de publicar un análisis histórico pormenorizado de numerosas fuentes archivísticas, bibliográficas y documentales acerca de este asunto. Bajo el título La titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba se recoge así un compendio de documentos entre los siglos XIII y XVIII para ofrecer toda la información histórica disponible sobre el principal monumento de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad y envuelto desde hace años en la polémica de la inmatriculación que hizo la Iglesia de él.

“Este libro es un trabajo de investigación realizado a lo largo de tres años”, explica Padilla a Cordópolis sobre la tarea que ha supuesto desarrollar y publicar este trabajo, que ocupa más de 500 páginas y que estuvo “reposando” varios años “para alejarlo de polémicas”, en los tiempos en que la inmatriculación de la Mezquita Catedral estuvo más en el foco. Su objetivo no era evitar este tema sino, por el contrario, arrojar luz de una manera pausada y rigurosa con su aportación histórica como experto medievalista. Y sin agotar este tema y decantándose por “abordar las inmatriculaciones a nivel global” y no bien a bien, el autor sí espera con este libro ofrecer información precisa para comprender mejor el problema suscitado por la inmatriculación del monumento cordobés Patrimonio de la Humanidad.

Su estudio comprende el periodo que va desde la conquista de Córdoba por Fernando III y la consagración de la Mezquita aljama como iglesia por orden del monarca en 1236, hasta el traslado de los féretros de los reyes Fernando IV y Alfonso XI, enterrados en la Capilla Real de la Mezquita Catedral, a la Real Colegiata de San Hipólito en 1736. Y trata de analizar toda la información documental histórica disponible de este periodo para contrastar si existen documentos que avalen la propiedad del monumento.

“Yo me he centrado en una perspectiva de investigación y, aunque es un asunto (la inmatriculación de la Mezquita y su titularidad) que está muy presente, hay que tener una formación medieval y tener cuidado con juzgar la mentalidad medieval desde el siglo XXI”, advierte Padilla. “Me he alejado de la polémica para analizar desde la independencia y la libertad esta cuestión utilizando documentación de primera mano”.

Esa documentación de primera mano se dispone en el libro en tres grandes capítulos. El primero de ellos aborda la legislación medieval y lo que dice sobre la cuestión de la titularidad de la Mezquita Catedral. Y ahí entran documentos como el citado al inicio de esta información, Las Siete Partidas de Alfonso X, y otros como el Fuero Juzgo, el Fuero de Córdoba, el Fuero Real o las Ordenanzas Reales de Castilla, entre otros. Se trata así, de ofrecer “una panorámica legislativa general en la que se pudiera enmarcar jurídicamente el tema de la donación de la Mezquita aljama a la Iglesia Católica”, describe el autor.

Mientras, en un segundo capítulo del libro se analizan las crónicas originales de la época, como las crónicas fernandinas de Fernando III o las neoalfonsinas. En total, más de 40 crónicas y, en ellas, “he analizado los capítulos en relación a la conquista de Córdoba y la posesión de la Mezquita o la conversión de la Mezquita Aljama, primero, en iglesia y, posteriormente, en Mezquita Catedral”. En esas crónicas, el historiador advierte que “se encuentran distintas versiones” pero, en su trabajo, “analizo uno a uno los documentos, viéndolos literalmente” y certificando que “no se dice nada” concreto sobre la titularidad del monumento.

“El meollo de la cuestión”

El tercer capítulo de análisis se centra en hechos que a lo largo del periodo histórico que se ha estudiado “van a relacionar acontecimientos que vinculan la Mezquita Catedral con la Corona”. “Y ahí está el meollo de la cuestión”, asegura Padilla. Su análisis pasa por “ver si aparecen elementos que nos den idea de que hubo una donación de la Mezquita convertida en catedral a la Iglesia”, todo ello analizado desde la perspectiva medieval de la época para responder a la cuestión de si hubo algún documento, un privilegio real de donación del monumento.

Y para tener esa perspectiva, en sus conclusiones, el historiador recuerda que se trata de una época en la que “no había separación de poderes. En ese momento, la Iglesia y el Estado forman una diarquía, son dos poderes que, armoniosamente dirigen el mundo. Cada uno tiene sus funciones: el Estado, la Corona, defiende, protege… Fernando III tuvo su proyecto de conquistar territorios musulmanes y dar apoyo a la Iglesia, reconstruir diócesis y crear nuevas. Era el propio rey”, dice apuntando que la Corona y la Iglesia no estaban separadas. Y, dentro de ese apoyo, “el rey dota espléndidamente a la Mezquita Catedral” de Córdoba.

Una dotación económica que “a lo largo de la historia, la Corona y el Estado, como es su obligación, han mantenido para la Mezquita Catedral”, mientras “la Iglesia se encargaba del mantenimiento espiritual, de su misión religiosa”. Padilla apunta aquí una precisión sobre la propiedad: “Los textos medievales lo dicen claramente: lo que se da a Dios es de Dios, no hay hombre dueño de eso. La iglesia no tiene el señorío” sino que eran “servidores del templo”. Y sin separación entre Iglesia y Estado, sino una acción en paralelo, “no hubo documento” específico de donación de la propiedad de la Mezquita Catedral. Porque, en la época medieval, el templo era “propiedad de Dios y el clero eran los administradores y servidores”. 

“Pero, a lo largo de la historia, hay distintas percepciones de lo que es la propiedad. El concepto va variando”. El historiador pone como ejemplo cuando se quería hacer una gran capilla, la Capilla Real, en el monumento y “se reconoce al obispo como propietario, pero es un error, porque el obispo es el administrador y, a la vez, también se reconoce como legítimo propietario a la Corona de la Capilla Real”.

“Para los cordobeses, la Mezquita ha sido siempre de los cordobeses. Pero si me preguntas, ahora es otra cosa”, dice en alusión al uso y apropiación del monumento por parte de la Iglesia actualmente. “El problema”, dice Padilla, podría haber quedado resuelto en la elaboración de la actual Constitución: “Se tenía que haber definido la propiedad de los templos, de las cosas sagradas”.

Y advierte que “mantener en permanente conflicto” la titularidad de la Mezquita Catedral “no es bueno ni para la Mezquita, ni para Córdoba, ni para la Iglesia, ni para nadie”. Por eso, aboga porque se produzca “una concordia, un concordato”, como solución de un asunto que está por resolver. “Hay que llegar a un acuerdo”. Y, desde su opinión personal, defiende que la Mezquita Catedral “debe seguir siendo un lugar de culto, no un museo exclusivamente, sino un edificio vivo”, lejos de convertirse en una mera explotación privada de negocio turístico.

El libro La titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba, publicado por Torres Editores, se presenta en un acto público el próximo martes 10 de marzo a las 19:00 en la Biblioteca Grupo Cántico, con el autor y la presentación del profesor de Derecho y escritor Antonio Manuel Rodríguez y el historiador y catedrático de Geografía e Historia Manuel García Parody.

“La Mezquita de Córdoba inició su construcción en el año 785 por decisión del emir Abderramán I como edificio fundamental del Estado Omeya dotado de una indiscutible funcionalidad pública como epicentro religioso, político, jurídico y diplomático. Este dato es básico para entender la naturaleza institucional de un templo que durante casi trece siglos ha sido concebido como un servicio público para la comunidad”. Así arranca el capítulo I, dedicado íntegramente al monumento cordobés, del voluminoso estudio que el lunes 19 de enero sacará a la venta la editorial Akal bajo el título de El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia: la Mezquita de Córdoba y otros casos de libro.

La publicación es fruto de varios años de investigación sobre el polémico fenómeno de las inscripciones episcopales e incluye un capítulo centrado en el análisis jurídico y otro dedicado a las inmatriculaciones más relevantes que se han producido en España, tales como el tesoro mudéjar aragonés, la arquitectura prerrománica asturiana, los cementerios, las plazas o los miles de bienes comunales navarros, objeto en la actualidad de un riguroso estudio por parte del Gobierno foral, que está sacando a la luz cientos de fincas públicas privatizadas.

El capítulo sobre la Mezquita de Córdoba propone una nueva relectura del monumento entendido como edificio público desde su origen y rescata decenas de documentos históricos que acreditan, en opinión de los autores, su naturaleza demanial y comunitaria. El libro intenta demostrar que su construcción, rehabilitación y mantenimiento se ejecutaron a expensas del tesoro público, tanto en época islámica como cristiana, y así lo corroboran, por ejemplo, los 82 privilegios reales otorgados por el rey Fernando III para el sostén de la Mezquita Catedral justo después de la conquista de Córdoba.

El libro aporta abundante documentación histórica y propone una nueva relectura del monumento entendido como edificio público

El trabajo examina en profundidad algunos episodios ya conocidos, como el litigio que enfrentó al Ayuntamiento de Córdoba con el obispo por la demolición del corazón de la Mezquita para construir la Catedral en 1523, lo que verifica el decisivo papel municipal como custodio y de la monarquía como institución soberana del monumento. Y también desvela varios documentos inéditos del Archivo Municipal de Córdoba que atestiguan la corresponsabilidad de las administraciones en la tutela de un edificio que, en modo alguno, según los investigadores, podía ser privado.

“Desde el primer tercio del siglo XIX, y ya claramente con la declaración de Monumento Nacional en 1882, la Mezquita Catedral es un monumento bajo dominio absoluto del Estado, al menos en la gestión y administración de los aspectos patrimoniales”, asegura el libro. En ese momento, el edificio se encuentra en estado de semirruina y es el Gobierno quien toma plenamente las riendas del conjunto con la aportación de recursos económicos y la designación de un arquitecto conservador dependiente directamente del Ministerio de Fomento. De hecho, Ricardo Velázquez Bosco asume “con absoluta autonomía” la gestión patrimonial del tesoro omeya y desmantela buena parte de los aditamentos católicos sin contar con el Cabildo catedralicio.

Ya en 1858, el ministro de Gracia y Justicia pidió por escrito al Ayuntamiento la consignación de una partida anual para la conservación de la Mezquita. “No solo es una obligación nacional, sino también municipal y de muy alto grado”, afirma el responsable público en una misiva desvelada en la publicación. Algunas décadas después, en 1906, fue el Ayuntamiento quien se dirigió al Ministerio de Instrucción Pública para que instara al Cabildo Catedralicio a retirar una tarifa de dos pesetas por visitar la Mezquita. El Consistorio califica de “caprichoso” e “inexplicable” el impuesto aplicado por los canónigos “sin autorización superior” para contemplar un “edificio que pertenece a la nación”.

La alusión a la titularidad del monumento, a juicio de los autores, es clara y explícita. Y la firma precisamente el concejal Adolfo Muñoz Pérez, miembro del Partido Liberal, que años después se convirtió en el primer alcalde franquista tras el golpe militar de julio de 1936. “El papel del alcalde, como se ve en estos párrafos, es harto significativo en la custodia y vigilancia de un edificio que evidentemente no puede ser de propiedad privada”, sostienen los dos investigadores.

Cuatro años después, en 1910, se produce el primer incendio conocido de la Mezquita de Córdoba. El episodio revela algunos datos muy significativos que, bajo el prisma de los autores, evidencian la propiedad pública del monumento cordobés. El siniestro fue desencadenado por un rayo que impactó en el cimborrio del crucero y, aunque no provocó daños considerables, sí desató un intenso debate a cuenta de la ausencia de pararrayos en el edificio. El obispo de entonces, José Proceso Pozuelo, se desentendió de la polémica toda vez que la Mezquita “era incumbencia del Estado”, tal como declaró ese mismo día en una entrevista a Diario Córdoba. Y subrayó que el Palacio Episcopal y el Seminario, en cambio, sí estaban dotados de pararrayos porque “sí son de su incumbencia”. El incidente está recogido también en un amplio reportaje publicado el pasado agosto en Cordópolis.

En el archivo de Félix Hernández, arquitecto conservador de la Mezquita durante cuatro décadas, también figuran documentos poco conocidos que revelan su control absoluto sobre el conjunto documental, según refleja el libro de Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno. Decenas de certificaciones de obra y expedientes oficiales, firmados todos ellos por el arquitecto, evidencian que el principal responsable del conjunto monumental solo rendía cuentas ante el Estado. “Félix Hernández era empleado público y actuaba con absoluta independencia de los poderes eclesiásticos”, señala el texto.

“Las certificaciones estaban giradas por el Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Construcciones Civiles”, atestigua el trabajo de investigación. Y añade: “No existía convenio alguno de colaboración con el Cabildo ni el Obispado. En los documentos timbrados, figura la empresa promotora (”Estado Español“) y la naturaleza de la obra ejecutada (”Conservación de la Mezquita“). Es el Estado quien concede el crédito, paga las nóminas directamente a todos los trabajadores y formaliza las justificaciones. Se trata de un tipo de vinculación administrativa que sólo es válida para bienes patrimoniales del Estado”. Su autonomía era tal que fue el propio Hernández quien planificó la supresión de capillas y ornamentos católicos para secularizar la Mezquita y extraer la Catedral de su interior en aquel proyecto impulsado por la Dirección General de Arquitectura en 1972, que no se llegó a ejecutar. Los autores creen que, de haber sido un edificio propiedad de la Iglesia, jamás se hubiera planteado sacar la Catedral del corazón de la Mezquita.

El monumento cordobés ha vivido durante siglos en un "limbo jurídico

“Todas las decisiones capitales del monumento las toman los responsables públicos”, sostiene el libro. De hecho, fue el propio Ayuntamiento de Córdoba, dirigido por Antonio Alarcón, quien promovió de forma unilateral en 1972 la inclusión de la Mezquita como Monumento Internacional de la Unesco (más tarde Patrimonio Mundial) en una sesión plenaria del 17 de marzo. “Dadas las características de nuestra Mezquita”, argumentó Alarcón, “el alcalde que suscribe tiene el honor de proponer que se acuerde elevar petición” al organismo internacional.

Antonio Alarcón, último alcalde franquista de Córdoba, no solo quiere proponer a la Mezquita como Patrimonio Mundial de la Unesco, sino que también pretende devolver el edificio a su “pureza”. El regidor, junto con Rafael Castejón, responsable de la Real Academia de Córdoba, y, sobre todo, Rafael de la Hoz Arderius, director general de Arquitectura, impulsan un ambicioso y sorprendente proyecto para extraer el crucero del edificio y recuperar la Mezquita primitiva. “La excelentísima Corporación municipal ha mantenido a través de la Historia y con respecto a la Mezquita como singular monumento arquitectónico del mundo, una postura contraria a aquellas obras que intentaban atentar contra la integridad del monumento artístico”, proclama Alarcón en relación a la construcción de la Catedral en 1523.

Para los autores del libro, la frase entraña una “profunda significación”. “Primero porque defiende su derecho de tutela como administración soberana de Córdoba en la custodia de su patrimonio. Y, segundo, porque se reivindica como garante de la integridad del monumento frente a la intervención secular de la Iglesia”. El macroproyecto cuenta con el apoyo del jefe del Estado, según revela Alarcón ante el pleno municipal, lo que vuelve a certificar la “naturaleza pública del edificio”.

En una nueva sesión plenaria del 31 de julio de ese mismo año, Alarcón acelera el plan de secularización de la Mezquita, según recoge el acta. “Ha llegado el momento de que por el pleno de esta Corporación municipal sean adoptados los acuerdos que lleven una línea de continuidad en la actitud histórica de este Ayuntamiento con respecto a la conservación de la Mezquita en toda su pureza arquitectónica”. El alcalde reivindica el papel preeminente del Gobierno local como custodio del monumento y excusa la aceptación final de su predecesor en el siglo XVI, Luis de la Cerda, frente a la construcción de la Catedral “como consecuencia de la Orden Real como superior decisión de la Administración central”. Una prueba inequívoca, a ojos de los autores, de la titularidad de la Mezquita de Córdoba.

El conjunto monumental, sin embargo, ha vivido durante siglos en un “limbo jurídico” toda vez que la Iglesia ha sido desde la conquista cristiana una “especie de brazo administrativo” de un Estado oficialmente católico. En esa confusión institucional, según los autores, la jerarquía episcopal se aprovechó del subterfugio jurídico que le permitía inmatricular bienes a su nombre con una mera autocertificación que la acreditaba como autoridad pública. Y ese salvoconducto, que los investigadores consideran inconstitucional, les posibilitó inscribir más de 100.000 bienes en toda España, también la Mezquita Catedral de Córdoba.

Siempre he barruntado que la inscripción de la Mezquita-Catedral en el Registro de la Propiedad por parte de la Iglesia Católica, en marzo de 2006, debía estar íntimamente relacionada con el cese de Miguel Castillejo al frente de Cajasur. El canónigo Juan Moreno, al llegar a la dirección de esta institución bancaria en julio de 2005, debió aleccionar al Obispado sobre la ruina en ciernes de la entidad, de su incapacidad financiera para sobrevivir y del inminente final de toda cooperación.

El Obispado perdía un tentáculo económico que, entre otras cosas, le adelantaba la recaudación anual de las visitas a la Mezquita-Catedral y, teniendo en cuenta su apego por las cuestiones dinerarias, alguna inquietud surgiría en la sede de Osio. Los ingresos que generaba la Mezquita-Catedral siempre habían acabado en sus arcas, pero la volatilidad política podía cerrar el grifo en cualquier momento. La inscripción del monumento como bien propio garantizaría seguridad jurídica sobre ellos.

Presionar, por tanto, para que la titularidad de la Mezquita-Catedral revierta en favor del Estado, desempolva el fantasma de la pérdida de estos ingresos, que hace que la Diócesis de Córdoba sea una de las más venturosas, económicamente hablando, del país, y activa su numantismo. El miedo no es una táctica civilizada y, en una hipotética, dudosa, improbable y sin embargo razonablemente necesaria negociación que el Estado español emprendiera sobre el monumento, lo aconsejable podría ser garantizar al Obispado la percepción de estos beneficios económicos. Veintidós millones anuales de euros es una cifra respetable desde una perspectiva de economía doméstica, pero insignificante en el contexto de los Presupuestos Generales del Estado.

Pero la Iglesia Católica debería, a cambio, permitir que un patronato independiente, y formado por acreditadas personalidades del ámbito académico nacional, gestionara el monumento y lo dotara de prestigio y proyección internacional. La Mezquita de Córdoba tiene entidad histórica para ser considerada como museo nacional. Y esa entidad histórica no puede ser gestionada por la Iglesia Católica, que ha probado su incapacidad para entender y preservar su configuración a través del tiempo. Con un amplio número de miembros del clero con una chata formación académica y estética, la Iglesia Católica debería abandonar la soberbia que supone adueñarse de algo ajeno a su propia historia. Esas muestras de antagonismo religioso pertenecen al pasado, al de la Reconquista, y tienen difícil encaje en nuestros días. Porque soberbia significa empoderarse sobre un relato ajeno al de su particular credo. Muchas cosas contiene la Mezquita que nos hablan de esa divergencia histórica y una no menor es el conjunto de cúpulas realizadas en el siglo X, un tiempo en el que era imposible su construcción en Occidente por la ausencia de conocimientos matemáticos, que fueron extirpados por la Iglesia Católica.

En algún momento tanto la Iglesia Católica como el Estado español deberían reconocer que las doscientas mil firmas en favor del manifiesto emancipador logradas por la Plataforma que lucha por la titularidad pública del monumento, transmiten un innegable sentimiento de pérdida por una considerable parte de la ciudadanía. La Iglesia Católica, en su papel evangelizador y ejemplar, no debería desdeñar este sentimiento, pues desempeñar su labor bajo la sospecha continua de una usurpación no es fácil de gestionar. Y también el Estado español debería atender esta demanda civil, que trata sobre un patrimonio adscrito a nuestra personal historia colectiva, y empeñarse por encontrar una solución. Trabajar para solucionar los enconos sociales es una de las prioridades de la esfera pública, y la conformación de ese patronato independiente y prestigioso podría estar en la senda adecuada. Un patronato que nos garantizara la preservación de la parte islámica que lo conforma y cuya singularidad estructural de techos bajos y cubierta de madera, no hacen aconsejables los paseos de las cofradías por las naves de la Mezquita (denominadas erróneamente “naves catedralicias” por los comentaristas de televisiones locales). El riesgo de posibles nuevos incendios podría minimizarse con algo tan simple como instalar bajo la cúpula de la Puerta del Perdón el altar efímero al que prestan reverencia las cofradías.

Como ha indicado el concejal Torrico, el Ayuntamiento de Córdoba no tiene mucho margen para revertir la titularidad del monumento, pero tanto él como el concejal Hurtado podrían esforzarse un poco más y presionar al Estado para que asuma esas hipotéticas, dudosas, improbables y sin embargo razonablemente necesarias negociaciones, que de momento no parecen figurar en la agenda de Ernest Urtasun, al que no se le visto el pelo en esta chunga historieta provocada por la barredora eléctrica.

Habían pasado apenas 10 minutos de las 21:00 del viernes 8 de agosto. Un intenso humo negro había comenzado a ser visible desde varios puntos de la Ribera y el Casco Histórico. Las calles no estaban vacías, pero el calor de agosto hacía imposible repetir la estampa de bullicio turístico que suele ofrecer este enclave histórico de Córdoba diez u once meses al año. Así que la prensa local -y este periódico fue el primero- tardó algunos minutos más de la cuenta en identificar que aquella humareda oscura provenía de la Mezquita Catedral, un inmueble milenario por el que la ciudad es conocida en todo el mundo.

Así, para cuando este periódico avanzó que la Mezquita había comenzado a arder, poco antes de las 21:30, decenas de vídeos que mostraban la virulencia de las llamas sobre una de las cubiertas del monumento ya circulaban por las plataformas de mensajería. Y dos palabras comenzaron a parpadear en la cabeza y el corazón de los cordobeses: Notre Dame.

Los bomberos tardaron unos cinco minutos en llegar al templo, en cuyos alrededores ya comenzaban a reunirse curiosos -locales y turistas-. En apenas un suspiro, el personal de Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba, que conoce bien el monumento, comenzó las labores de extinción de un fuego que estaba localizado en la ampliación de Almanzor, en una zona en la que, según dijo el propio Cabildo pocos minutos después, se almacenaban sillas y barredoras de limpieza.

De hecho, desde los primeros minutos ya se apuntaba que una de estas máquinas pudiera estar en carga y un fallo eléctrico hubiera desatado el incendio más grave del monumento en el último siglo. Un incendio que no estuvo activo ni una hora. Se dio por controlado poco después de las 22:00, aunque los bomberos siguieron trabajando toda la noche refrescando la zona quemada y los puntos contiguos, por miedo a que se reavivara. De hecho, pasada la medianoche, el techo una de las dos capillas afectadas colapsó y se derrumbó.

En la extinción trabajaron oficialmente tres dotaciones de bomberos, aunque acudieron muchos más -muchos de ellos fuera de turno- a ayudar en el control de las llamas, que habían alcanzado inicialmente una altura de siete metros. Bien entrada la madrugada ya se sabía que había habido daños importantes, aunque no de la gravedad que muchos temieron durante las primeras horas, en las que la demanda de información tumbó los servidores de muchos periódicos locales.

Ese miedo, de hecho, se entremezcló en las redes sociales con el odio de quienes, en un alarde de tremenda ignorancia, se alegraban públicamente de que ardiera una mezquita, aunque ésta llevara siglos convertida en un templo de culto católico y hace más de medio siglo que en ella está prohibido el Salat.

A la mañana siguiente

Aquella madrugada se había rezado mucho, a decir verdad. Pero el sábado, lo terrenal se impuso a lo espiritual, aunque algunos dijeran que a la Mezquita la había salvado San Rafael (custodio de la ciudad). El Cabildo había convocado a los medios de comunicación para un primer balance de daños. Aunque la primera sorpresa llegó antes, cuando se supo que el monumento estaba abierto para los turistas y fieles, previo trabajo de acotación de la zona afectada, y con un intenso olor a quemado que supuraba en todas las crónicas periodísticas. El mensaje que estaba mandando la administración que gestiona la Mezquita era claro: el incendio no ha sido para tanto.

Y de viva voz lo ratificó el deán-presidente del Cabildo Catedralicio de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva Mezquita, ante los micrófonos, haciendo una llamada a la calma y asegurando que se podría reconstruir todo lo dañado. El balance de las llamas: daños en un techo que colapsó, afectando a la parte alta del retablo de La Anunciación, así como afectaciones en algunas esculturas y obras de arte (entre ellas el cuadro de la Virgen con el Arcángel del Ático del retablo de la Encarnación, de la O).

Con el parte en los labios, el deán sostuvo que el origen del incendio aún no estaba claro, pese a que el propio Cabildo localizó el fuego en el almacén y en la zona donde se cargaban las máquinas barredoras desde el primer minuto -todavía hoy, es la principal hipótesis, incluso para la institución eclesiástica-. Las explicaciones que dio el deán aquella mañana, sin embargo, fueron un tanto peregrinas: “Esas barredoras llevan muchos años y nunca había pasado nada, hasta ahora”, dijo sobre el presunto aparato que habría podido causar un estropicio valorado inicialmente por la Junta en un millón de euros.

En ese momento, el Cabildo había recibido el respaldo y el cariño del alcalde de Córdoba, José María Bellido -que llegó minutos después de que se iniciara el fuego la noche anterior-, y de la consejera de Cultura y Patrimonio, Patricia del Pozo, que acudió a primera hora de la mañana siguiente. No tardaría en hacerlo el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes. Todos ellos trasladaron públicamente su apoyo y su colaboración de cara a los trabajos de restauración de la zona dañada.

Del Gobierno de España no acudió nadie en las primeras horas, aunque el Ministerio de Cultura, en manos de Sumar, activó de forma inmediata el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural, mientras que la Unesco -cuya directora general, Audrey Azoulay, elogió la rápida actuación para frenar el fuego-, tampoco se personó en el lugar, y solicitó ya por la tarde un informe pormenorizado de lo ocurrido.

Primeras críticas

Casi 48 horas después, la Plataforma Mezquita Catedral, una asociación civil que lleva años pidiendo una gestión compartida del monumento, recordó que ellos llevaban años denunciando “el almacenaje de mobiliario y estructuras en el interior del templo”. Sin embargo, el deán, o hizo oídos sordos o prefirió echar balones fuera con esa cuestión, y el lunes, en una entrevista, dijo “nunca se nos había dado ningún tipo de advertencia sobre esta capilla” cuando se le preguntó qué hacía un aparato eléctrico junto una pila de sillas y una cortina de tela en un espacio Patrimonio de la Humanidad.

24 horas después de la entrevista, de hecho, se demostró que esa afirmación era falsa. Lo certificó el presidente del Consejo de Monumentos y Sitios (Icomos), quien, tras visitar la Mezquita, comentó ante la prensa que la pasada primavera, en una reunión con el Cabildo, ya se habló de que había que trasladar ese almacén fuera del monumento, y que, de hecho, la institución eclesiástica, tenía ya un proyecto para hacerse con dos locales cercanos. Pero es que, además, según contó este periódico, la propia Unesco emitió en 2024 una guía contra incendios que desaconsejaba esta práctica por el riesgo que suponía para este tipo de espacios.

Aunque, antes de que Icomos rectificara públicamente al deán, la polémica (corta, aunque intensa) estuvo en quién iba a hacerse cargo del coste de la reconstrucción, que había empezado ese mismo lunes, gracias a un acuerdo urgente para autorizar los trabajos (de hecho, estos empezaron sin que la Policía Científica hubiera recogido muestras de la zona, lo que va a retrasar el informe policial).

Mientras los operarios desescombraban y trabajaban a destajo en el Templo, el Cabildo Catedralicio quiso zanjar cualquier especulación sobre la financiación y comunicó que será la propia institución eclesiástica -que la semana pasada hacía balance de los 22 millones de euros que había ingresado en 2024 por las visitas al monumento- la que se haría cargo del desembolso que supondrá devolver a su estado original la zona afectada por las llamas.

No obstante, ya era tarde, porque, pese a que la sincronía de apoyos que había entre las administraciones andaluzas con el Cabildo era total, las voces y colectivos críticos ya habían comenzado a moverse.

La otra reconstrucción

Así, desde el PSOE pidiendo “luz y taquígrafos” a IU, acusando de “negligencia” al Cabildo, pasando por Podemos, exigiendo que no saliera dinero público para la restauración, los partidos políticos de izquierda, sumados a un buen número de catedráticos, antropólogos y arquitectos o historiadores, han criticado abiertamente tanto la gestión del incendio, como la “apropiación” de la Mezquita que se fraguó en el año 2006, cuando la Iglesia la inmatriculó a su nombre.

Porque lo cierto es que este debate nunca se ha apagado en una ciudad histórica cuyos habitantes sienten la Mezquita como algo propio, aunque, en realidad, no tengan apenas capacidad de decisión en nada de lo que en ella se hace. De hecho, es bastante probable que, de todas las graves consecuencias que va a tener el incendio del pasado viernes, la más peligrosa para el Cabildo sea que el humo haya podido generar una sombra de sospecha entre muchos ciudadanos y que, con ello, se pueda reavivar la idea de una gestión compartida del monumento justo cuando quedan unos meses para que se cumplan 20 años de la inmatriculación.

En esa otra reconstrucción, la de la imagen de quien gestiona el monumento, también se tendrá que trabajar mientras se trata de recuperar todo aquello que se llevó un fuego que ya ha pasado a la historia como uno de los más graves de este bien Patrimonio de la Humanidad.

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba y exdiputado socialista en el Congreso, Antonio Hurtado, ha propuesto al alcalde, José María Bellido (PP) que trate de “recuperar la propiedad de la Mezquita-Catedral como bien de dominio público”.

En un post en redes sociales, el que fuera candidato socialista en las últimas elecciones municipales (en las que el PP ganó por mayoría absoluta y el PSOE fue segunda fuerza), ha propuesto incluso una manera que, a su juicio, permitiría disputar la inmatriculación que hizo el Cabildo del monumento en el año 2006, al amparo de una modificación de la Ley Hipotecaria que hizo el Gobierno de José María Aznar en el año 1998.

“Podría tratar de registrarla como propiedad municipal y, al estar ya inmatriculada por la Iglesia, la doble inmatriculación debería resolverse en los tribunales de Justicia”, ha indicado el portavoz socialista, que asegura que, de ser él alcalde, lo haría “sin duda alguna”.

Un informe de expertos desaconsejaba esa vía

Hurtado no menciona, eso sí, que en el Ayuntamiento de Córdoba ya hubo una alcaldesa socialista, Isabel Ambrosio -hoy parlamentaria andaluza-, que encargó un informe para determinar la titularidad pública o no de la Mezquita Catedral de Córdoba, y que los expertos dictaminaron que, aunque el Consistorio “tiene legitimidad para actuar en contra de la inmatriculación”, no podría “pretender el registro del bien como propiedad municipal ya que, al igual que ocurre con la Iglesia Católica, tampoco la institución municipal tiene posibilidades de demostrar dicha propiedad”.

De hecho, el mismo informe señalaba que, de haber una administración que pudiera reclamar la propiedad, sería el Estado español (hoy, goberando por su partido) y sugería que lo más apropiado sería “recabar los apoyos parlamentarios necesarios para el planteamiento de un Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con el objetivo final de anular la inscripción”.

Esto ocurrió en el año 2018, cuando Antonio Hurtado, precisamente, era diputado nacional del PSOE. De hecho, Hurtado fue el diputado que defendió en el año 2017 en la Comisión de Justicia del Congreso una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista que pedía al Gobierno de Mariano Rajoy que aportara la relación de bienes inmatriculados por la Iglesia acogiéndose al artículo 206 de la Ley Hipotecaria que fue modificado en 1998, y que permitió a la Iglesia inmatricular la Mezquita. El listado definitivo se publicó en el año 2021, con el PSOE ya en el Gobierno de la nación.

Ocurrió en enero de 2015. El año arrancó con una alerta por atentado en la Mezquita-Catedral de Córdoba. En realidad, solo eran unos turistas cataríes despistados que dejaron el coche en una zona prohibida y muy cerca del principal monumento de la ciudad. Aunque fue una falsa alarma, que quedó en un susto considerable, el desalojo y los cortes de calles provocaron que muy rápidamente se reactivara el debate sobre la titularidad de la Mezquita, que un año antes había saltado a los medios cuando trascendió de forma masiva a la opinión pública que el Cabildo la había inmatriculado a su nombre en el año 2006.

Eran los días en los que la Junta batallaba en relativo silencio para que se volviera a usar el nombre Mezquita-Catedral en los folletos informativos y soportes publicitarios, dado que, desde una década antes, se había ido sibilinamente intentando retirar la referencia al templo árabe. Las aguas del debate público estaban revueltas, por tanto, cuando aquellos dos turistas árabes aparcaron por error su coche a unos metros, de hecho, de la zona que salió ardiendo el viernes pasado.

El desalojo fue sonoro. El entonces alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto (PP), reconoció que aquel había sido el peor día de su mandato. Y no tanto por el miedo que se vivió, sino porque la polémica sobre la gestión del templo volvió a estar sobre la mesa en un momento que él consideraba reservado a atender la emergencia.

Diez años después, el guion parece repetirse: una incidencia en el monumento —esta vez un grave incendio en las naves de Almanzor— ha vuelto a encender la discusión sobre quién cómo se administra uno de los bienes patrimoniales más importantes de España. Y, sobre todo, sobre quién debe pagar la reparación.

El Cabildo asume el coste, pero no acalla las críticas

Han pasado poco más de 72 horas desde que los bomberos dieran por extinguido el fuego del pasado viernes, pero el Cabildo Catedralicio, responsable de la gestión del monumento, ha querido zanjar cualquier especulación sobre la financiación: será la propia institución eclesiástica, que la semana pasada comunicaba que había ingresado 22 millones de euros en 2024 por las visitas al monumento-, la que se haga cargo del desembolso que supondrá devolver a su estado original la zona afectada por las llamas.

El portavoz, José Juan Jiménez Güeto, ha agradecido las muestras de solidaridad y apoyo de administraciones y entidades privadas, pero ha insistido en que cuentan con un “fondo de contingencia” para cubrir este tipo de incidencias. En declaraciones a Europa Press, subrayaba que se sienten “tremendamente agradecidos” por el ofrecimiento de la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, quien anunció que se aprobaría un plan de intervención de emergencia en las áreas dañadas.

Del Pozo, de hecho, había puesto cifras a la restauración: un millón de euros según la “estimación inicial”. Advertía la consejera de que la cantidad aún es provisional, pero dejaba claro que el Cabildo “no tendrá problema” en afrontar los costes. “La Mezquita es un monumento financieramente muy aseado, con más de dos millones de visitas cada año”, señala la consejera en los micrófonos de Onda Cero, para sorpresa de algunos sectores.

El ofrecimiento inicial

Todo porque el mismo sábado la propia consejera puso a disposición del Cabildo Catedralicio de Córdoba el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) para colaborar en la evaluación de daños y las intervenciones que haya que llevar a cabo para restaurar. Lo hizo después de que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, hablara públicamente de una restauración conjunta: “La Mezquita se ha salvado gracias a unos pocos. Ahora ha de ser rehabilitada con la colaboración de todos”, dijo el regidor.

Unas horas después, fue el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, el que puso a la institución provincial a disposición del Cabildo para ayudar en las tareas de rehabilitación y restauración que se tengan que acometer para devolver a la normalidad al templo, Patrimonio de la Humanidad. Hubo una respuesta inmediata por parte de las instituciones locales, regionales y provinciales (todas ellas en manos del PP) de aportar lo que hiciera falta para reconstruir el monumento. El Ministerio de Cultura, en manos de Sumar, no hizo declaraciones, aunque activó el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural, centrado en la coordinación de actuaciones para garantizar la protección, conservación y recuperación del monumento.

Es decir, de inicio, ninguna voz institucional, ni siquiera el Ministerio de Cultura, se ha manifestado sobre la gestión del monumento, a pesar de los daños y de que, según informó el propio Cabildo, el origen del incendio podría estar en una de sus barredoras eléctricas, en función de recarga en una zona que, aunque histórica, se usaba como almacén.

La oposición exige responsabilidades

Fuera del marco institucional, por supuesto, las críticas no han tardado en calentar el debate sobre la gestión que hace del monumento el Cabildo, cuya titularidad lleva ya más de 15 años siendo objeto de debate. Y, en este sentido, la decisión del Cabildo de financiar en solitario la restauración no ha frenado las críticas políticas. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado, fue especialmente contundente en redes sociales este mismo domingo: “¿Por qué tenemos que pagar entre todos una negligencia? Lo deben pagar los responsables. Los ciudadanos no debemos pagar los errores y desaguisados de terceros. ¿No tiene ningún seguro el Cabildo?”.

Hurtado, que nunca ha ocultado su preferencia por que la gestión del templo pase a manos públicas, cuestiona que se destine dinero público a reparar lo que considera responsabilidad exclusiva de la institución eclesiástica. Por su parte, la secretaria general del PSOE en Córdoba, Rafi Crespín, ha pedido “luz y taquígrafos” para esclarecer lo sucedido, exigiendo transparencia y un relato pormenorizado de todas las actuaciones desde el inicio del incendio.

Ya el lunes, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha hablado abiertamente de “negligencia” por permitir la entrada de materiales eléctricos en un espacio Patrimonio de la Humanidad y ha apostado por revertir la inmatriculación del templo para que pase a manos del Estado.

En la misma línea se ha situado el grupo municipal Hacemos Córdoba, cuyo portavoz Juan Hidalgo, ha dicho que es el momento de abrir una reflexión “profunda” sobre el futuro del monumento. “Este incendio debe hacernos replantear el modelo de gestión de la Mezquita, de forma que se preserve su presente y su futuro mediante una gestión pública coordinada entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento, a través de un Patronato Público en el que también estén representados el Cabildo y los órganos de participación ciudadana”, ha sugerido.

Veinte años de debate público

La polémica sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral lleva casi 20 años sobrevolando la vida política y cultural de Córdoba. La inmatriculación del templo por parte del Cabildo en 2006 abrió una batalla ideológica y jurídica que sigue movilizando a colectivos ciudadanos y partidos, aunque nunca ha llegado a traducirse en cambios legales sobre la propiedad (y, en este tiempo, ha habido partidos de izquierda tanto en el Ayuntamiento como en la Junta y el Gobierno central).

Para los defensores de la gestión pública, el incendio y sus consecuencias son la enésima prueba de que un bien declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debe estar protegido y gestionado directamente por instituciones estatales. Para el Cabildo y sus defensores, el actual modelo garantiza la conservación y proyección internacional del monumento, como prueban los datos de visitantes y el estado de conservación general del edificio.

Mientras, las llamas ahora son solo un mal recuerdo y los técnicos comienzan a trabajar en el plan de restauración, a la espera del informe policial que permita -o no- reclamar a la compañía de seguros que se haga cargo del coste de restauración. Hasta ese momento, el debate va a volver a estar sobre la mesa, justo cuando faltan unos meses para que se cumplan dos décadas -el 2 de marzo de 2026- desde que la Diócesis de Córdoba inscribiera a su nombre en el Registro de la Propiedad la Mezquita-Catedral.

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha criticado este lunes lo que considera como una “negligencia” por parte del Cabildo de la Mezquita de Córdoba al permitir la entrada de materiales eléctricos en un espacio declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es por ello que ha apostado por revertir la inmatriculación del templo para que su gestión pase a manos del Estado.

Así se ha pronunciado en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, en la que ha criticado las declaraciones del deán de la Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, que señaló, un día después del incendio, que el daño había sido “muy pequeño”.

En opinión de líder de IU, se trata de “un accidente” en el que ha habido “una negligencia evidente del Cabildo”. “Las declaraciones del deán, con todo mi respeto, rozan la mentira, y eso sabe el deán perfectamente que es pecado”, ha subrayado.

Maíllo ha cargado contra el hecho de que se permitiera colocar una barredora eléctrica cerca de un “retablo del siglo XIX” de “cierto valor artístico”.

“Ahora dicen que utilizan esa barredora porque aquello es muy grande y necesitan un almacén. Mire usted, pues se pone un almacén en las zonas anexas a un patrimonio de la humanidad, que tiene que ser cuidado de manera profesional”, ha manifestado.

A renglón seguido, el líder de Izquierda Unida ha puesto de manifiesto que a la Iglesia “le costó 30 euros hacerse con la Mezquita” a costas de “una inmatriculación”, que era “un registro en la propiedad de un bien que no estaba matriculado, porque es de la ciudad de Córdoba, de los cordobeses y de las cordobesas”.

“Es evidente que la incompetencia del Cabildo ha sido tremenda”, ha dicho el líder de IU, que ha insistido en que no tiene que provocarse “un incendio” para ser consciente de que si “metes material” como una barredora eléctrica al lado de obras de arte, pueden ocurrir “desgracias” como las de pasado viernes.

La Fundación Colegio de Doncellas de Santa Victoria, gestionado por el Instituto de Hijas de María Religiosas de las Escuelas Pías, y tutelado por la Diócesis de Córdoba, ha iniciado un expediente de dominio del Colegio Santa Victoria.

Se trata de un inmueble ubicado en la calle Santa Victoria, con una superficie construida de 11.461 metros cuadrados, sobre una parcela de 6.282 metros cuadrados. Está distribuido en tres plantas. Es un centro educativo concertado, que cuenta con el ejemplo más importante de arquitectura neoclásica de la ciudad de Córdoba.

Se trata de la monumental fachada de la iglesia de Santa Victoria, con su pórtico de columnas y frontón triangular rigurosamente clásico, y su planta circular. De hecho, desde 1983, está declarado Bien de Interés Cultural.

El Colegio Santa Victoria es, además, la primera institución benéfico-docente que nació para la enseñanza de la mujer en Córdoba, como parte de la inquietud del obispo Francisco Pacheco Fernández.

A diferencia de lo ocurrido con todo el proceso de inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia anteriormente, este registro se ha llevado a cabo al amparo de la nueva ley, que obliga a la institución eclesiástica a dar publicidad de todo el trámite.

Es por ello por lo que la inmatriculación, que aún no es firme, ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los interesados tienen ahora un plazo de un mes para presentar, en caso de que lo estimen, las correspondientes alegaciones en la notaría de Rafael Díaz-Vieito Piélagos.

Expertos en patrimonio histórico y organizaciones ciudadanas han exigido este lunes en el Congreso de los Diputados considerar una “cuestión de Estado” la nulidad de las inmatriculaciones eclesiásticas y declarar dominio público “el legado arquitectónico cultural apropiado irregularmente por los obispos a través de un privilegio registral”.

Representantes de una treintena de asociaciones patrimonialistas, integradas en la coordinadora Recuperando, entre las que se encontraba la plataforma Mezquita Catedral (Córdoba), han rechazado el “cierre en falso del expolio patrimonial decretado por el Gobierno en la legislatura pasada y piden la adopción de medidas concretas para revertir el proceso inmatriculador y garantizar una gestión profesional y rigurosa del excepcional patrimonio cultural de carácter religioso en manos de la Iglesia católica”.

Bajo el epígrafe de Inmatriculaciones y patrimonio cultural: una cuestión de Estado, ocho ponentes han examinado en dos mesas de debate el controvertido asunto de las inscripciones eclesiásticas a la luz de cientos de casos concretos producidos en todas las comunidades autónomas. En la primera mesa, han participado Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba; Cristina Contreras, portavoz de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro; Asunción Villaverde, de Europa Laica; y Nahuel González, diputado de Sumar.

Antonio Manuel Rodríguez explicó la complejidad del proceso inmatriculador pero apeló en la sede del Parlamento al “deber democrático” de buscar soluciones legislativas para restituir el “patrimonio público privatizado por la Iglesia en virtud de un privilegio inconstitucional”. El profesor de Derecho Civil pidió que el Gobierno facilite un listado completo de las inscripciones eclesiásticas desde 1946, a la vez que defina claramente por ley la naturaleza de los bienes de dominio público para evitar que los obispos se apropien del legado cultural que es “propiedad de todas y todos”.

La segunda mesa, centrada en la gestión democrática del patrimonio cultural, ha contado con la intervención de los profesores de Historia del Arte Belén Boloqui y José Castillo; el portavoz de la Plataforma Mezquita Catedral, Miguel Santiago; y la diputada de Sumar Julia Boada. El representante del colectivo cordobés denunció el “control ideológico” y la “usurpación cultural” de la Mezquita protagonizado por la Iglesia católica para “borrar el legado andalusí”.

“Quieren cristianizar hasta el muro de la Quibla”, protestó, en relación la colonización de iconografía católica en un monumento del Patrimonio Mundial reconocido por la Unesco por sus valores artísticos, culturales y patrimoniales de un “ejemplo de la arquitectura islámica”.

Organizado por Sumar

El acto ha sido organizado por el Grupo Parlamentario Sumar, en colaboración con Recuperando. El diputado Enrique Santiago y el presidente de la coordinadora ciudadana, José María Rosell, han presentado la jornada, mientras que Íñigo Errejón, portavoz parlamentario de Sumar, la ha clausurado al filo de las 20.00.

El portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, se comprometió ante las organizaciones patrimonialistas a convertir en ley la “restitución de bienes apropiados de manera ilegítima por la Iglesia católica”. Errejón recordó que ya Pedro Sánchez anunció en el discurso de investidura del anterior periodo parlamentario “medidas legislativas” para revertir la inscripción de miles de bienes.

Por su parte, Enrique Santiago, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Sumar, admitió que las inmatriculaciones eclesiásticas siguen siendo una “cuestión pendiente” y aunque reconoció avances en la pasada legislatura todavía “quedan muchos pasos que dar”. Sumar, que forma parte del Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez, anunció que está dispuesto a reactivar la cuestión de las inmatriculaciones a través de “leyes específicas” o “modificaciones de las normas ya existentes”.

“La contestación del Ministerio de Presidencia no nos satisface”, afirmó Enrique Santiago. “No es correcto decir que las obligaciones del Gobierno hayan cesado ya con la publicación del listado de bienes inscritos por la Iglesia en 2021. Y añadió: ”Nuestro compromiso es seguir reclamando“.

Las organizaciones patrimonialistas han entregado un manifiesto con una quincena de peticiones concretas dirigidas al Congreso de los Diputados para que sean debatidas y contribuyan a desbloquear una asignatura pendiente de la democracia. Entre las reclamaciones planteadas por Recuperando, figuran la declaración de nulidad de todas las inmatriculaciones practicadas con certificación eclesiástica por “inconstitucionalidad sobrevenida” y considerar de dominio público aquellos bienes de carácter religioso por su “extraordinario valor histórico y cultural”.

Los colectivos ciudadanos también reclaman la modificación de la normativa sobre patrimonio histórico para que se impida la enajenación de bienes culturales protegidos en posesión de la Iglesia; la gestión compartida de los bienes de interés mundial (BIM); un marco que garantice la interpretación científica y profesional de los monumentos de carácter religioso; y el control público de los planes directores de los bienes de interés cultural (BIC).

Una jornada en el Congreso tratará la reversión de las inmatriculaciones de la Iglesia como la de la Mezquita-Catedral de Córdoba. La cita está organizada por el grupo parlamentario de Sumar este lunes 8 de abril para abordar la necesidad de revertir las inmatriculaciones de bienes inmuebles realizadas por la Iglesia. Y, en ella, participarán, entre otros, integrantes de la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba Patrimonio de Todos.

La jornada contará con la intervención del portavoz adjunto del grupo y dirigente de IU, Enrique Santiago, y del portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, además de sus compañeros de bancada Nahuel González (IU) y Julia Boada ('comunes'). Junto a los parlamentarios de Sumar también desfilarán representantes de la sociedad civil y colectivos para la recuperación del patrimonio de Navarra, Andalucía o Aragón.

Así, participarán en el foro Asunción Villaverde (Europa Laica), Miguel Santiago (Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba y plataforma en defensa del patrimonio de Andalucía), Cristina Contreras (Plataforma en Defensa del Patrimonio de Navarra) o Belén Boloqui (APUDEPA Aragón), entre otros ponentes. El evento terminará con la lectura de un manifiesto final sobre el asunto de las matriculaciones.

Restitución de la Mezquita al dominio público

A finales del año pasado Sumar, a través de los diputados de IU Enrique Santiago y Toni Valero, impulsó una iniciativa parlamentaria en el Congreso para que el Ejecutivo aclarara las irregularidades detectadas en el proceso de “miles” de inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica.

En este sentido, solicitaban al Gobierno qué planes tenía para declarar nulas dichas inmatriculaciones, dada la “inconstitucionalidad” de ese procedimiento en virtud de la Ley Hipotecaria. Concretamente, y sobre el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba, planteaban por ejemplo cuándo se preveía su restitución al dominio público.

En diciembre de 2023, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró que desde que enviaron a los municipios españoles el listado de 1.000 bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia católica, no han recibido “prácticamente ninguna reclamación”.

El Gobierno ha respondido al portavoz de Sumar en el Congreso, el diputado por Córdoba Enrique Santiago, que ya no tiene más obligaciones en el asunto de las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia Católica. Santiago preguntó al Ejecutivo a finales de diciembre por si había una “fecha prevista para publicar el listado completo de inmatriculaciones de la Iglesia Católica que abarca el periodo de 1945-1998” y para “declarar nulas de pleno derecho las inmatriculaciones al amparo de la Ley Hipotecaria”, además de una reclamación sobre la titularidad de la Mezquita de Córdoba.

En su respuesta, el Ejecutivo sostiene que después de la Proposición No de Ley aprobada el 4 de abril de 2017 elaboró y remitió al Congreso de los Diputados el “listado completo” de las inmatriculaciones de la Iglesia en el “espacio temporal” que se acotó entonces. Así que considera que ya no queda “pendiente obligación alguna al respecto”, según consta en el documento.

“Por otro lado, cabe recordar que la inconstitucionalidad de las normas debe producirse con arreglo a los procedimientos que establece el ordenamiento jurídico”, describe el Ejecutivo. En este sentido, el Gobierno señala que 2ni el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 206 y concordantes de la Ley Hipotecaria, respecto de la inmatriculación de bienes mediante certificación eclesiástica, ni se planteó cuestión al respecto por parte de alguno de los tribunales que conoció de causas en la que se aplicó dicha norma“.

“La inmatriculación en virtud de certificación eclesiástica fue derogada por la Ley 13/2015”, según evoca el Ejecutivo al portavoz parlamentario de Sumar. Aquella ley fue anulada por el Gobierno de Mariano Rajoy, con Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia, en plena polémica por las inmatriculaciones de la Iglesia.

Por último, y aunque no es preguntado por ello, el Gobierno precisa que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en su sentencia de 20 de diciembre de 2016, dictaminó la satisfacción equitativa para la Sociedad Anónima del Ucieza, que había obtenido pronunciamiento a su favor” por una inmatriculación en una sentencia de noviembre de 2014 previa a la derogación de la norma.  

Izquierda Unida (IU) ha impulsado a través de su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, y del coordinador general de IU Andalucía y diputado, Toni Valero, una iniciativa en el Congreso para “aclarar” las “aún vigentes irregularidades cometidas en el proceso de las miles de inmatriculaciones de bienes inmuebles realizadas por la Iglesia católica”. Para ello, firman un texto registrado en el Congreso donde, entre otras cuestiones, reclaman al Gobierno que especifique que, dada la “inconstitucionalidad del procedimiento de inmatriculaciones al amparo de la Ley Hipotecaria, cuándo piensa declarar nulas de pleno derecho estas inmatriculaciones”.

La iniciativa que firman Santiago y Valero, parlamentarios andaluces por Córdoba y Málaga, respectivamente, dedica un apartado “especial” a todo lo concerniente a la Mezquita-Catedral de Córdoba, sobre la que plantean el interrogante de cuándo se va a “restituir la legalidad conculcada, devolviéndola a dominio público” y “qué previsiones tiene el Gobierno para aprobar la modificación de la Ley de Patrimonio, que incluye especial protección y gestión a la categoría de Bien de Interés Cultural Mundial”, como ocurre en este caso, tal como ha informado Sumar en una nota de prensa.

Las “sombras que rodean a esta oscura trama” de inmatriculaciones de bienes se deben, a juicio de IU, a las modificaciones legales que impuso el Partido Popular en 1998, durante la etapa de Gobierno de José María Aznar. Entonces, se amplió la potestad legal que ya arrastraba la Iglesia católica, a la que se dio vía libre además para registrar a su nombre templos de culto, lo que “conllevó un incremento sustancial de inmatriculaciones a través de diversas entidades jurídicas asociadas”.

Así, fueron inmatriculados “miles de bienes” al amparo del artículo 205 de la Ley Hipotecaria. Esta previsión de autocertificación, “sin presentar título de propiedad”, se anuló con la entrada en vigor de la ley de 2015 que “reconoce la inconstitucionalidad de la norma anterior”. Desde entonces, se exige a la Iglesia la misma carga documental ante el Registro de Propiedad que a cualquier otra entidad física o jurídica.

La iniciativa que ahora impulsa IU dentro del Grupo Sumar tiene “muy en cuenta la exigencia ciudadana del derecho al conocimiento del estado de las inmatriculaciones, algo que demandan colectivos ciudadanos como Recuperando o, en el caso cordobés, la Plataforma Mezquita-Catedral”.

En este sentido, el anterior Gobierno de coalición publicó en febrero de 2021 un informe sobre los bienes inmatriculados de 1998-2015, pero que “obvió” el periodo desde la entrada en vigor de ley franquista de 1946 hasta 1998. Según este informe, se efectuaron un total de 34.961 inmatriculaciones en nombre de la Iglesia católica desde 1998 hasta 2015. De ahí que la pregunta parlamentaria escrita plantee también la cuestión de “cuándo piensa el Gobierno publicar el listado completo de inmatriculaciones que abarca también el periodo de 1945-1998”.

En enero de 2022, el Gobierno y la Conferencia Episcopal dieron a conocer en un comunicado que la Iglesia “reconocía el carácter irregular de las inmatriculaciones s*ólo en 1.027 casos, con disposición a devolver exclusivamente estos bienes”. En septiembre de ese mismo año, la Comisión Constitucional aprobó una proposición no de ley que insta al Gobierno a “seguir clarificando la situación jurídica de los bienes inmatriculados en posesión de la Iglesia, con el objetivo de remover los obstáculos existentes para su recuperación por sus legítimos propietarios”.

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, en una sentencia de diciembre de 2016, declaró 'arbitrario' el procedimiento de la inmatriculación de una iglesia cisterciense por el Obispado de Palencia al otorgar privilegios a la Iglesia católica. La sentencia establece jurisprudencia sobre las inmatriculaciones en general, ya que el procedimiento al amparo del artículo 205 de la Ley Hipotecaria constituye una flagrante violación de los derechos garantizados por la Convención Europea de los Derechos Humanos. Dicha sentencia condena al Estado español a una elevada indemnización, al considerarlo el responsable de la inmatriculación contraria al derecho europeo, al otorgar la autoridad fedataria indebidamente a la Iglesia católica.

En lo que atañe a la Mezquita-Catedral de Córdoba, considerada Patrimonio de la Humanidad desde 1984, la Iglesia decidió apropiarse en exclusiva este monumento de singular valor en 2006, a través de la inscripción realizada por el obispo cordobés Juan José Asenjo a nombre de la Diócesis de Córdoba. En marzo del 2016, un informe del secretario del Ayuntamiento de Córdoba concluyó que “nadie puede adquirir su propiedad ni registrar su titularidad” al ser un monumento fuera del alcance del comercio humano.

En septiembre de 2018, este mismo Ayuntamiento hizo público un informe de expertos encargado por la institución a una comisión de expertos bajo el liderazgo de Federico Mayor Zaragoza, trabajo que de manera contundente constata que la Mezquita-Catedral nunca fue propiedad de la Iglesia e insta al Gobierno a actuar en consecuencia.

En los primeros días de noviembre de 1971, nada más sentarse en su despacho de la Dirección General de Arquitectura, Rafael de la Hoz Arderius puso en marcha uno de los proyectos más sorprendentes de la historia del patrimonio histórico español. El arquitecto madrileño, afincado en Córdoba, soñaba con devolver la gran Mezquita de Al Andalus al estado original en que había sido concebida. El reto era colosal. Estratosférico. Y requería una operación de cirugía arquitectónica sin precedentes. Lo que el insigne experto proponía era desmontar piedra por piedra la Catedral cristiana que fue incrustada en el corazón de la Mezquita en el siglo XVI.

Para su insólito desafío contaba con el apoyo de piezas claves en la maquinaria administrativa del Estado franquista. Primero, el Ayuntamiento de Córdoba. Después, el director de la Real Academia de la ciudad. Y, finalmente, el arquitecto conservador del universal monumento. Pero, sobre todo, el excelentísimo jefe del Estado. De la Hoz era consciente de las enormes dificultades que afrontaba el proyecto. No solo desafíos técnicos mayúsculos. También una resistencia tenaz en el seno de la administración, que podría dar al traste con un plan extremadamente aventurado. Y, en efecto, eso fue lo que pasó. En abril de 1973, hace medio siglo, una reunión extraordinaria de Icomos en Córdoba, que congregó a expertos de medio mundo, acabó por dar la puntilla a una iniciativa audaz y controvertida.

Pero vayamos al principio. La de Rafael de la Hoz no fue la primera idea conocida para extraer la Catedral del interior de la Mezquita de Córdoba. Ya en el año 1931 los parlamentarios Luis Codina y Manuel Padrós propusieron al Ministerio de Instrucción Pública desmontar el templo católico, que quebró en 1523 la coherencia espacial del oratorio islámico. “Que la Mezquita de Córdoba se traslade, con todo el cuidado necesario, para construir con sus elementos la Catedral reproduciendo exactamente la actual, y que se restaure la Mezquita, dejándola como en su forma primitiva, que podría quedar convertida en museo y, posiblemente, abierta al culto musulmán”, rezaba la iniciativa presentada ante la Comisión de Peticiones.

La actitud del Cabildo es de positiva colaboración en todo lo que sea la mejora artística", asegura por carta la Iglesia a De la Hoz en relación a la gran reforma de la Mezquita Catedral

Meses después, el 8 de noviembre del mismo año, otra propuesta es presentada ante las Cortes. Es mucho menos ambiciosa. No propone el traslado de la Catedral sino la conversión al culto islámico. Y es formulada por el diputado melillense Antonio Acuña Carballar. Casi cinco años después será ya un parlamentario cordobés, el historiador Antonio Jaén Morente, quien lanzara una nueva iniciativa en el Congreso de los Diputados. No sugiere ni desmantelar la Catedral ni convertirla al culto islámico. Lo que el diputado andaluz plantea es transformar la Mezquita de Córdoba en un “gran museo-biblioteca islámico hispana del mundo”. La iniciativa la dirige al ministro de Cultura y dice así: “No intentamos quitar de la iglesia cordobesa ni una cruz ni un altar, sino que se quede como ejemplo y como manifestación de dos magníficas civilizaciones que durante siglos y siglos han convivido, han luchado y han contribuido a formar la historia de una gran ciudad”.

Las tres propuestas anteriores se presentan formalmente en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional. No se dirigen al Cabildo catedralicio, el órgano eclesiástico que administra la liturgia de la Catedral de Córdoba. Y el dato no es menor. Nos da pistas muy evidentes sobre el estatus jurídico y administrativo que un Monumento Nacional como la Mezquita de Córdoba tenía hace apenas ochenta años.

Pero sigamos. La siguiente parada de nuestro relato tiene lugar el 4 de noviembre de 1971. España es un régimen nacionalcatólico dirigido con puño de hierro por un militar beato llamado Francisco Franco. Y es su firma la que figura en el BOE del nombramiento como director general de Arquitectura de uno de los más acreditados profesionales del momento. Rafael de la Hoz tenía una idea entre ceja y ceja. Tanto que nada más tomar posesión de su cargo, coge el teléfono y se pone en contacto con el delegado provincial de la Vivienda en Córdoba para que realice discretas gestiones entre la jerarquía católica local.

El 17 de noviembre, solo 13 días después del nombramiento, ya recibe un oficio del delegado provincial. Juan J. De Rueda Serrano le informa de una larga reunión con un sacerdote “muy afecto a Palacio” y “vinculado a la administración de los bienes del Obispado”. El cura es cristalino: “El Cabildo Catedral no haría ascos al cierre del culto, siempre que ello no mermara sus ingresos”. Es evidente que el director general de Arquitectura ya tiene bien avanzado su plan y quiere pulsar la opinión de la Iglesia cordobesa. Pero hay más. Rafael de la Hoz baraja una sede alternativa para la Catedral una vez que empiecen los trabajos de desmantelamiento. ¿Qué sede? La Iglesia de San Pablo, ubicada en Capitulares, justo en frente del Ayuntamiento.

Así se lo transmite Rueda Serrano a su interlocutor, el sacerdote cercano al Obispado. La propuesta, sin embargo, afronta serios problemas. “No podría pensarse en San Pablo como sede de una futura Catedral, porque esta iglesia está cedida a los Misioneros del Corazón de María en usufructo a perpetuidad”, le dice el cura al representante gubernamental. Y, a cambio, el sacerdote le propone un nuevo emplazamiento: la Iglesia de la Compañía. La reunión con el clérigo revela que el director de Arquitectura planeaba no únicamente sacar la Catedral del edificio. También quería retirar las capillas adosadas a la fachada del Patio de los Naranjos para recuperar la luz horizontal que define a la Mezquita originaria. Y dice el delegado al respecto: “No solo le pareció bien, sino necesario, dada la escasa entidad artística de que están dotadas”.

El problema depende de tres entidades: el Ayuntamiento de la ciudad (el pueblo), el Gobierno de Madrid (el centralismo) y el obispo de la ciudad (la Iglesia). Todos están conformes”, asegura por escrito De la Hoz en 1971

El tanteo inicial con un sacerdote de confianza del Obispado da sus frutos. Meses después, el director general de Arquitectura se reúne personalmente con el obispo de la Diócesis, José María Cirarda. De la reunión tenemos noticia por una carta enviada el 26 de julio de 1972 por el secretario del Cabildo catedralicio a Rafael de la Hoz, conservada hoy en el archivo familiar. “Sobre las reformas proyectadas en la Santa Iglesia Catedral se estimó conveniente formar una comisión especial para que en la realización del proyecto estuviera en contacto directo con la dirección general que usted preside”, señala la misiva. Y añade: “La actitud del Cabildo es de positiva colaboración en todo lo que sea la mejora artística” del Monumento Nacional.

Parece evidente que se trata de un proyecto estatal, que cuenta con las bendiciones de Franco, y cuyo desarrollo técnico y administrativo se materializa de forma exclusiva en el seno de la estructura ministerial. La Iglesia católica es informada. Punto. No toma decisiones ni parece oponer resistencia. Podríamos decir que es un brazo administrativo de un Estado confesional con ocho siglos de existencia. Su misión es guiar las almas y gestionar la liturgia. Lo demás es competencia del Gobierno. También la custodia, administración y dominio sobre un monumento excepcional llamado Mezquita de Córdoba.

De la Hoz está convencido de la misión histórica que le ha tocado. Como alto cargo del Gobierno español, se propone desmontar los aditamentos católicos del edifico más trascendental de la arquitectura islámica del medievo europeo. Y es absolutamente consciente del complejo puzzle que tiene que armar para alcanzar sus objetivos. Otro documento del archivo familiar lo explica con exactitud: “La Catedral no es una expresión de la época sino un error de la época que no ha prescrito. El problema depende de tres entidades: el Ayuntamiento de la ciudad (el pueblo), el Gobierno de Madrid (el centralismo) y el obispo de la ciudad (la Iglesia). Todos están conformes”.

El alcalde Antonio Alarcón anuncia en un pleno del 17 de julio de 1972 su adhesión al plan del Gobierno para "devolver la Mezquita a su pureza"

Así lo revela literalmente De la Hoz. Todas las autoridades, incluida la jerarquía católica, han dado su aprobación a una operación singularmente complicada, asegura el director general de Arquitectura. Y él es la palanca que mueve las piezas. Aunque hay un factor nuevo, que acaba de incorporarse al tablero. “Hoy aparece un cuarto elemento, que es la opinión mundial o la Unesco. Se propone a la Unesco, primero, declarar la Mezquita Monumento Internacional, dado que es el mayor recinto árabe, único en composición y el mayor templo de Europa; segundo, la Unesco recomienda a las autoridades españolas la restauración total del espacio mágico original de la Mezquita”.

Todo cuadra en la cabeza del arquitecto cordobés. Por el momento. Lo primero es implicar a la Unesco y otorgar a la Mezquita la mayor consideración patrimonial del planeta. Lo segundo, convencer al organismo internacional de la importancia decisiva de recuperar su “pureza” originaria. A mediados de 1972, el Ayuntamiento de Córdoba organiza un acto en la Sala de los Mosaicos del Alcázar. El director de Arquitectura da un paso al frente y presenta públicamente, por primera vez, su gran proyecto de “purificación” de la Mezquita de Córdoba. En la sala, está presente el alcalde, Antonio Alarcón; el conservador del monumento, Félix Hernández; y numerosos miembros de la Real Academia de Córdoba, entre ellos, Rafael Castejón, uno de sus máximos apoyos, según recuerda el arquitecto Sebastián Herrero en su tesis doctoral, publicada en 2015.

De la Hoz toma la palabra. Hay una gran expectación en el solemne recinto. Y, en medio de un pulcro silencio, desgrana su plan para abrir los arcos del Patio de los Naranjos y trasladar piedra por piedra la Catedral fuera de la Mezquita de Córdoba. “La sorpresa fue general”, asegura Sebastián Herrero, arquitecto ayudante durante años de los conservadores del monumento, Gabriel Rebollo y Gabriel Ruiz Cabrero. Un arquitecto ayudante, por cierto, recientemente apartado de las labores de protección del monumento por razones que no han trascendido.

Una carta de la Real Academia de Bellas Artes a Félix Hernández califica de "verdadero desatino" sacar la Catedral de la Mezquita

El director general de Arquitectura tiene aliados poderosos para ejecutar su plan. El más importante de todos ellos es el mismísimo Franco. Pero no solo. Cuenta con otro socio capital. El Ayuntamiento de Córdoba. El 17 de marzo de 1972, Antonio Alarcón convoca un pleno municipal. El regidor anuncia que va a presentar la Mezquita de Córdoba como candidata a Monumento Internacional de la Unesco. “Dadas las características de nuestra Mezquita”, recogen las actas consistoriales, “el alcalde que suscribe tiene el honor de proponer que se acuerde elevar petición” al organismo internacional. Y para ello designa una comisión especial al objeto de elaborar un informe que justifique la excepcionalidad de esta “joya única del arte árabe” y el “edificio más trascendental entre todos los españoles”.

Llama la atención dos hechos notorios. El primero es que es el Ayuntamiento, y no la Iglesia, quien pone en marcha y lidera todo el procedimiento administrativo. Nada indica que estemos ante un edificio privado. El alcalde habla en nombre de Córdoba en relación a “nuestra Mezquita”. Y, en segundo lugar, destaca sus valores patrimoniales como “joya única del arte árabe”, lo que hoy, 50 años después, sería considerado como una herejía merecedora de la excomunión.

Un nuevo pleno tiene lugar el 31 de julio de 1972. Y el alcalde se muestra ya explícito y sin circunloquios. “La excelentísima Corporación municipal ha mantenido a través de la historia y con respecto a la Mezquita como singular monumento arquitectónico del mundo, una postura contraria a aquellas obras que intentaban atentar contra la integridad del monumento artístico”. Alarcón, un alcalde franquista de un Estado nacionalcatólico, reprocha a la Iglesia haber desfigurado gravemente un edificio único.

Y se proclama heredero del legado de Luis de la Cerda, el corregidor municipal que en 1523 se enfrentó al obispo Alonso Manrique para evitar que demoliera las naves centrales de la Mezquita en su obsesión por levantar una Catedral católica en su corazón. “En el transcurso del tiempo ha sido inalterable la postura del Cabildo municipal de Córdoba en cuanto a la intangibilidad de la Mezquita como monumento artístico”, proclama Alarcón, en una alocución histórica que hoy sería impensable escuchar en nuestros munícipes.

El proyecto estatal para separar la Catedral de la Mezquita se desvanece y la reunión internacional de Icomos en abril de 1973 certifica el abandono de la propuesta

El alcalde atribuye al Ayuntamiento un papel clave como custodio de la Mezquita de Córdoba, por encima de la arbitrariedad de los obispos y las profundas alteraciones que han provocado en el monumento a través de los siglos. Si la Catedral se construyó en el eje del oratorio omeya en el siglo XVI, argumenta Alarcón, fue “como consecuencia de la orden real como superior decisión de la Administración Central”. Más claro agua. La Mezquita de Córdoba, sostiene el alcalde franquista, es un edificio público cuyo soberano y último responsable es el Estado.

Fue entonces cuando Alarcón anuncia su apoyo al plan de desmontaje de la Catedral, en coordinación con Rafael de la Hoz, y convoca en octubre de 1972 una reunión de la organización internacional asesora de la Unesco en Córdoba “al objeto de llevar a cabo sobre el terreno todos los estudios encaminados a la conservación en toda su pureza de la Mezquita como monumento internacional”. Eran, desde luego, otros tiempos. Las autoridades se empeñaban tenazmente en la defensa de los valores islámicos del monumento y estaban dispuestas a extirpar la prótesis católica. Todo lo contrario de lo que sucede en estos días.

El acta municipal da cuenta de las gestiones que el propio alcalde ya ha formalizado con algunos jefes de Gobierno árabes, que muestran su apoyo para que la Mezquita “vuelva en lo posible a su primitivo estado”. Y desvela que Franco le pidió personalmente en una de sus recientes visitas a Córdoba que “se prestase [a la Mezquita Catedral] la atención máxima en su conservación como monumento único”.

Todas las piezas parecían estar encajando. Todas no. Una voz discordante comienza a poner reparos en el plan del director general. Y no era una voz cualquiera. Nada menos que la Real Academia de Bellas Artes. Su secretario general, Federico Sopeña, se dirige por carta a Félix Hernández el 10 de octubre de 1972. Su tono es desabrido. Hostil. Y en la misiva califica de “verdadero desatino” el proyecto de desmantelamiento de la Catedral. No es una carta personal. Es un oficio institucional. La opinión formal de una institución prestigiosa como la Real Academia de Bellas Artes. Y lo que es peor. Le afea duramente que, ante un proyecto transformador de esta envergadura, la institución cultural no haya sido informada.

El clima se enturbia drásticamente. La Real Academia de Bellas Artes entra en acción y exige, con cajas destempladas, ser consultada antes de que se mueva una sola piedra de la gran joya andalusí de Al Andalus. Una nueva carta del académico Camón Aznar llega a manos de Félix Hernández ocho días después. En ella revela que acaba de contactar con Rafael de la Hoz y advierte que “las tareas de esa dirección general en relación a la Mezquita de Córdoba, se limitan al estudio y documentación gráfica, sin que ello lleve anejo el propósito de traslado o desaparición de arte cristiano, que actualmente figura en esa Mezquita”. Cualquier obra de restauración o alteración del edificio, agrega Camón Aznar, “se consultaría previamente con las academias de Bellas Artes y de la Historia”.

Una realidad parece incuestionable. El futuro de la Mezquita de Córdoba se dirime en sede ministerial. El papel de la Iglesia católica es, a todas luces, subsidiario. Y, en el mejor de los casos, consultivo. Quien toma las decisiones es el Estado. Y, si finalmente se desacraliza el edificio y se extrae la Catedral de su interior, no parece razonable que la Mezquita de Córdoba, ya devuelta a su estado primitivo, pueda convertirse en un monumento privado en manos de la jerarquía católica.

Pero esa opción empieza a desvanecerse como un castillo de naipes. La tensión se eleva por momentos. Tanto que la reunión de Icomos prevista para octubre en Córdoba es suspendida. En los meses siguientes, el formidable proyecto que preveía separar la Mezquita y la Catedral como dos hermanos siameses encalla en los pasillos del Gobierno. Destacados expertos sostienen que desmontar el crucero católico es violentar la historia del monumento y traicionar su singular complejidad, mestiza y diversa.

La reunión de Icomos acaba celebrándose en abril de 1973. Para entonces, el audaz plan de Rafael de la Hoz es ya una quimera herida de muerte. Y el sueño de la “purificación” del oratorio omeya termina definitivamente archivado en un cajón del Ministerio como otra página más de un soberbio palimpsesto llamado Mezquita de Córdoba. 

Decenas de personas han participado en la tarde de este jueves frente a la Mezquita Catedral de Córdoba en un acto ciudadano para exigir al Gobierno de coalición que “cumpla con su promesa de revertir las inmatriculaciones de la Iglesia católica”. La protesta, convocada por la Plataforma Mezquita Catedral y Córdoba Laica, integradas ambas en la coordinadora Recuperando, forma parte de una jornada de denuncia organizada en una veintena de ciudades de 12 comunidades autónomas de toda España.

Bajo el lema “Recuperando nuestro patrimonio público”, los convocantes han destacado el valor “emblemático” de la Mezquita de Córdoba en el conjunto de los miles de bienes inmatriculados por la jerarquía católica al amparo de una ley “claramente inconstitucional”. En un texto leído en la Puerta del Puente, los colectivos ciudadanos han repasado la lista “de ataques episcopales a la integridad del monumento universal en clara vulneración de los valores protegidos por la Unesco tras su declaración de Patrimonio Mundial en 1984”.

Justamente la semana pasada, la Plataforma Mezquita Catedral desveló públicamente el proyecto del centro de interpretación sobre el monumento omeya que “el Obispado planea abrir en el Palacio Episcopal” para frenar el “reduccionismo islámico” de Córdoba. En el plan museístico, el actual administrador del Conjunto Monumental Mezquita Catedral “anuncia sin rodeos su objetivo de minimizar la importancia de la gran joya andalusí en beneficio de la ”herencia cristiana“ de la ciudad”, señalan. “Como ciudadanos de un país social y democrático de derecho, aunque critiquemos a la jerarquía católica que tan lejos está de su Dios”, señala el manifiesto, “tenemos que poner el acento en exigirles a las administraciones públicas que cumplan con sus deberes y obligaciones. ¿Dónde mira el Gobierno de España ante tanto abuso patrimonial por una institución privada como es la Iglesia?”. 

Además de Córdoba, las concentraciones han tenido lugar en Alicante, Badajoz, Bilbao, Barcelona, Cáceres, Donosti-San Sebastián, Gijón, Jerez, León, Madrid, Murcia, Pamplona-Iruña, Santander, Sevilla y Zaragoza. En todas ellas se ha leído otro manifiesto conjunto de Recuperando en denuncia del “monumental escándalo patrimonial” protagonizado por los obispos en virtud de un privilegio registral que les permite inscribir bienes sin aportar título escrito de dominio.

Las organizaciones patrimonialistas presentaron en febrero de 2017 ante el Congreso de los Diputados dos iniciativas parlamentarias para conocer el listado completo de inmatriculaciones episcopales y promover las iniciativas legislativas tendentes a la nulidad de las inscripciones. Cuatro años más tarde, en febrero de 2021, el Gobierno elevó a las Cortes un listado con 34.961 inmatriculaciones. Recuperando consideró el logro ciudadano un “éxito sin paliativos”, aunque lamentó que el inventario solo comprendiera las inscripciones eclesiásticas realizadas entre los años 1998 y 2015, cuando gran parte de ellas se realizaron con anterioridad a esa fecha. 

Recuperando propone la declaración de nulidad de las inscripciones para que la Iglesia vuelva a registrar aquellos bienes cuya propiedad pueda demostrar por el procedimiento ordinario y sin privilegios registrales. Al mismo tiempo, solicita “una reforma legislativa para identificar con precisión qué bienes son de dominio público y, por tanto, deben quedar fuera del tráfico mercantil”. 

“Es un problema de Estado que requiere una solución global de Estado”, reclama el manifiesto de Recuperando. “La coordinadora Recuperando y las organizaciones que agrupa seguiremos luchando hasta conocer los datos del expolio y lograr que estos bienes sean devueltos”, concluye el documento de las asociaciones patrimonialistas.  

“La Mezquita es del pueblo. La Mezquita es patrimonio público”. Mensajes como estos son los que se han podido escuchar en una concentración ante el emblemático monumento de Córdoba -uno de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica en España-, en un acto de protesta organizado por la Plataforma Mezquita Patrimonio de Todxs para reclamar que el Gobierno cumpla con su promesa de recuperar para el estado estos bienes.

La protesta, que se ha realizado de manera similar este jueves en una veintena de ciudades de todo el país impulsada por la Coordinadora Recuperando, ha reunido a integrantes de la plataforma convocante y de colectivos como Córdoba Laica, junto a ciudadanos que han querido mostrar su oposición a la inmatriculación por parte de la Iglesia de un bien cultural, Patrimonio de la Humanidad, como la Mezquita, entre los miles de bienes registrados a su nombre.

La Iglesia católica inmatriculó gracias a una ley impulsada por José María Aznar en 1998 miles de bienes al permitirle esta norma registrar a su nombre edificios, viviendas, fincas y otros bienes con tan solo una certificación eclesiástica y sin título de propiedad sobre ellos. Entre esos bienes, se encuentra la Mezquita de Córdoba, entre otros cientos de bienes registrados en la provincia de Córdoba a nombre de la Iglesia gracias a aquella ley.

Este jueves, en un manifiesto leído en la concentración junto a la Mezquita, los promotores de la protesta han recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura se comprometió a realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados por la jerarquía católica. Además, ese era el texto recogido en el punto 5.11 del Acuerdo de Gobierno de coalición PSOE–Unidas Podemos que ostenta el Ejecutivo actualmente. Esto, a su juicio, “representaba un claro reconocimiento del intenso trabajo impulsado por colectivos ciudadanos en defensa del patrimonio público. Parecía que algo podía cambiar. Pero simultáneamente los contactos opacos entre el Gobierno y la jerarquía (de la Iglesia) avanzaban en sentido contrario. Se retenía la información sobre los bienes inmatriculados”, han denunciado.

En febrero de 2021, el Consejo de Gobierno remitía el inventario de bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015. Para la Coordinadora Recuperando esto “es un éxito sin paliativos de las organizaciones que se agrupaban en Recuperando; pero era un listado parcial (no incluye los bienes inmatriculados desde 1946 a 1998), no ofrece las notas simples, imprescindibles para identificar y conocer lo inmatriculado”.

Carpetazo del Gobierno

Por ello, critican con las protestas de este jueves que “el Gobierno de coalición ha dado carpetazo a este monumental escándalo patrimonial en quebranto manifiesto de su compromiso electoral y programático con la ciudadanía. El Ejecutivo no parece dispuesto a anular las inmatriculaciones y abandona a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales. Esta renuncia gubernamental solo se puede explicar desde la cobardía histórica para frenar los seculares privilegios de la jerarquía católica”.

Quienes reclaman la devolución al estado de los bienes inmatriculados por la Iglesia que son públicos, señalan que “lejos de cumplir su promesa electoral, el Gobierno ha negociado en la más absoluta opacidad con los obispos la salida en falso de un problema de Estado que afecta gravemente a la legalidad constitucional y representa una amnistía registral para decenas de miles de fincas, plazas, cementerios, ermitas, viviendas, huertos y monumentos, que seguirán en manos de la Iglesia pese a no haber aportado pruebas documentales de propiedad”.

Advierten que “las inmatriculaciones son nulas de pleno derecho por contravenir la Constitución española. El Gobierno debe declarar la nulidad de todas aquellas inmatriculaciones realizadas al amparo del artículo 206 con una simple autocertificación eclesiástica. A partir de ahí, los obispos podrían inscribir, ya sin ventajas registrales, los bienes cuya pertenencia acrediten fehacientemente. Además, los bienes de especial relevancia cultural, como la Mezquita de Córdoba, el tesoro mudéjar de Aragón o el arte prerrománico de Asturias, deben ser adscritos al dominio público por pertenecer a toda la ciudadanía”.

La Coordinadora Recuperando y todas las organizaciones que la integran advierten que seguirán manteniendo convocatorias de movilización para denunciar esta situación, para emplazar a las fuerzas políticas y al Gobierno a que cumplan con sus compromisos adquiridos, con protestas como las que han realizado en esta jornada en las siguientes ciudades: Albacete, Alicante, Badajoz, Bilbao, Barcelona, Cáceres, Córdoba, Donosti, Granada, Jérez, León, Madrid, Murcia, Oviedo, Pamplona, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza.

El Gobierno mantiene la Mezquita Catedral en manos de la Iglesia. Ésta y todas las inmatriculaciones realizadas por la institución desde 1978 son las que han pedido revertir desde la Plataforma Mezquita Catedral y Córdoba Laica este miércoles, en una protesta secundada por una treintena de personas.

Celebrada frente a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba bajo el lema Recuperemos nuestro patrimonio público, la concentración ha sido convocada por la plataforma estatal Recuperando de manera simultánea en varias comunidades españolas para denunciar las miles de inmatriculaciones que la Iglesia ha realizado y que no tienen justificación según ha expuesto, Miguel Santiago Losada, portavoz de la Plataforma Mezquita Catedral.

Desde las distintas asociaciones buscan “una ley que permita ubicar estos bienes como de dominio público, ya que ni siquiera son de la administración pública, sino del pueblo”. Santiago ha contabilizado los bienes más importantes que se han inmatriculado en Córdoba, entre los que están, además de la Mezquita Catedral, la iglesia de la Magdalena, que en 2005 “se restauró con la finalidad de centro desacralizado”; terrenos del Parque Figueroa; la fuente del Patio de los Naranjos, la imagen de San Rafael; la ermita del Socorro; las iglesias de San Pedro, San Andrés, Santa Marina, San Agustín, San Francisco o San Lorenzo.

Miguel Santiago ha denunciado la inmatriculación de bienes públicos por parte de la Iglesia es algo que “no se puede permitir” y “un escándalo inmobiliario incompresible en cualquier país de Europa”.

En cuanto a la Mezquita, el portavoz ha expuesto que “no hay ningún escrito” en el que se recoja la donación por parte del Rey a la Iglesia. “Por tanto, es un bien de dominio público”, ha indicado el portavoz, que cree que se está entregando su titularidad a la Iglesia.

Según ha expuesto, en 2017 el Ayuntamiento ofreció una lista pedida por la asociación con 147 bienes inmatriculados en la ciudad frente a los 37 que aparecían recogidos en la lista del Gobierno, es decir, una quinta parte. Por ello ha estimado que en la provincia “los 400 ofrecidos por el Gobierno serán unos 2.000”.

Por su parte, el portavoz de Córdoba Laica José Antonio Naz, ha explicado que se han dirigido a siete ministros para hacerle llegar sus propuestas y “ninguno ha tenido interés en conocerla”. Además, ha expuesto que Recuperando ha solicitado una reunión con el presidente del Gobierno, y ha asegurado que continuarán luchando “hasta conseguir una regulación que defienda el patrimonio de dominio público”.

Unidas Podemos Córdoba ha exigido en un comunicado este martes que la Iglesia devuelva la Mezquita a la ciudadanía. Exponen que la Iglesia Católica multiplicó por 7 su patrimonio entre el año 1998 y 2015, pasó de tener 4.500 a 35.000 gracias al Reglamento Hipotecario decretado por el Gobierno de Aznar. Muchos años después, admite que 965 bienes (de esos 35.000) se inmatricularon indebidamente, entre los que no se encuentra la Mezquita Catedral de Córdoba. A Unidas Podemos Córdoba le parecen insuficientes y lamenta que la Iglesia siga apropiándose de algo que le pertenece a todos los cordobeses y cordobesas como es la Mezquita. Desde Unidas Podemos Córdoba aseguran que este debate no se considera cerrado ya que “estamos hablando de una cantidad enormemente inferior a la que se apropiaron” e instan a la iglesia a cumplir con el derecho y “devolver lo que literalmente ha quitado a la ciudadanía”.

Martina Velarde, diputada por Córdoba en el Congreso y coordinadora general de Podemos Andalucía, ha manifestado este martes que desde su formación “no vamos a descansar hasta que la Mezquita de Córdoba y todos los bienes registrados de forma indebida por la Iglesia Católica pasen a ser de nuevo de titularidad pública o de sus legítimos dueños”. En este sentido, la líder morada ha indicado que “es un insulto a la ciudadanía que la Iglesia reconozca sólo 1.000 edificios inmatriculados cuando en todo el país estamos hablando de que la Iglesia ha podido inmatricular alrededor de 35.000 bienes, según el Registro de la Propiedad y el inventario que publicó el Gobierno de España en 2021, bienes que nunca fueron de su propiedad”.

Velarde ha señalado que “estamos hablando de garajes, casas, fincas, huertos, parques infantiles, plazas, catedrales, torres, campanarios, casas parroquiales, plazas de aparcamiento e incluso hasta colegios rurales”. “El Obispado tiene que rendirle cuentas a Dios en el cielo, pero en la tierra tiene que rendir cuentas con la Justicia y devolver todos los bienes que han sido robados a la ciudadanía, porque robar es un pecado y un delito”, ha subrayado Martina Velarde, diputada por Córdoba en el Congreso y secretaria general de Podemos Andalucía.

Por su parte, el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha querido valorar la negociación entre Iglesia y Estado para revertir a lo público miles de bienes inmatriculados, señalando que supone un reconocimiento “claro y explicito” por parte de la iglesia católica de que se había apropiado de bienes que “no eran suyos”, que en este caso cifran en 1.000.

“Todos y todas sabíamos que durante el gobierno de Aznar la Iglesia Católica había inmatriculado patrimonio y bienes públicos. Entendemos que esto es una primera fase y que en ningún momento es un proceso cerrado. Por ello, vamos a plantear diferentes acciones e iniciativas para que se devuelvan a lo público y al Estado no sólo esos mil sino todos y cada uno de los bienes inmatriculados, cifrados en unos 35.000, entre los que se encuentra la Mezquita de Córdoba” ha asegurado el coordinador provincial de IU.

De los 399 bienes inmatriculados por la Diócesis en Córdoba, la Conferencia Episcopal Española solo reconoce a uno que está a nombre de la Diócesis pero que no es suyo: un solar en Pedro Abad. El resto, ni la Mezquita, ni el Pocito, ni el Triunfo de San Rafael, es de su propiedad, según el listado de bienes inmatriculados que divulgó a última hora del lunes la Conferencia Episcopal y que se puede consultar aquí.

En la provincia de Córdoba, la Iglesia solo ve discrepancias en diez bienes. De esos, sostiene que solo uno es de otra persona, un solar en Pedro Abad. La Iglesia detalla que los otros nueve han llegado a sus manos por donaciones o por normas de inmatriculación diferente a la reforma de la Ley Hipotecaria que se hizo durante el mandato de José María Aznar y que estuvo en vigor hasta su derogación.

Siete de esos bienes no tenían títulos de propiedad previos y la iglesia los inmatriculó. Aparecen ahí tres parcelas de olivares en Aguilar de la Frontera (Jolina, Atalaya y Las Minas) y una finca rústica en Espiel. La Iglesia sostiene que pese a que no había títulos previos de propiedad los inmatriculó y ahora son suyos. También señala la compraventa previa que hubo en viviendas en Montemayor o Montalbán. O la donación que recibió para construir un templo en Peñarroya-Pueblonuevo.

También sobre donaciones justifica la titularidad de una casa convento en Pedroche o de la ermita de Santiago en Pedro Abad. El resto de bienes inmatriculados insiste en que son de su propiedad y no admite discusión.