El fin del comercio de armas con Israel y el plan de desconexión tecnológica de su poderosa industria militar anunciado por el Gobierno español ha sido una mera cortina de humo para neutralizar la presión social aunque sin efectos prácticos verificables. Esa es la contundente conclusión de un nuevo informe emitido por el prestigioso Centro Delàs de Estudios por la Paz publicado la semana pasada bajo el título de Opacidad y desinformación en las relaciones armamentísticas entre España e Israel.

El dosier, de 31 páginas, analiza detalladamente la aplicación del real decreto ley 10/2025 de “medidas urgentes contra el genocidio de Gaza”, que cumple ahora seis meses desde su promulgación. El exhaustivo trabajo, firmado por el profesor Eduardo Melero Alonso, examina con detenimiento la situación del Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad, conocido por sus siglas SILAM, que se fabrica en Córdoba en el Parque Tecnológico de Rabanales tras la firma de un contrato en diciembre de 2023 entre el Ministerio de Defensa y un consorcio formado por Escribano M&E y Rheinmetall Expal.

Los lanzacohetes SILAM incorporan tecnología militar israelí suministrada por el gigante armamentístico Elbit Systems, cuya eficiencia mortífera está “probada en combate” en Gaza y los territorios palestinos ocupados ilegalmente desde 1967. Ante la creciente presión social y política, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció en septiembre de 2025 el inicio de un embargo de armas a Israel y un plan de desconexión tecnológica que afectaba de lleno al proyecto de Córdoba.

El informe del Centro Delàs niega que la desconexión de la patente israelí se haya producido realmente y sostiene que el Ministerio de Defensa “engañó a la opinión pública” al hacer creer que se había anulado el contrato con Escribano para buscar una alternativa a la tecnología aportada por Elbit Systems. Minutos después de que el Consejo de Ministros aprobara la suspensión del comercio de armas con Israel el 9 de septiembre pasado, el contrato de SILAM era formalmente anulado, según quedó reflejado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El Centro Delàs asegura que la rescisión del contrato no se produjo de forma efectiva ni tuvo consecuencias jurídicas de ningún tipo. “Lo que se anuló fue la publicación del anuncio de adjudicación”, indica el informe del investigador Melero, de tal forma que el lanzacohetes SILAM ha seguido su proceso de fabricación con la inclusión de la tecnología israelí pactada con Elbit Systems. “Jurídicamente”, explica el documento de Delàs, “para anular la adjudicación de un contrato se tiene que acordar el desistimiento (…) o su resolución”.

En ese caso, el Gobierno tenía que haber iniciado un “procedimiento administrativo en el que, entre otros trámites, debe darse audiencia a la empresa adjudicataria del contrato”. La anulación de la publicación del anuncio, por tanto, “no implica ni desistimiento ni resolución de contratos”, afirma el Centro Delàs. Y añade: “La Plataforma de Contratación del Sector Público no recoge ningún acuerdo por el que se desiste del contrato o se resuelve, a pesar de que es obligatorio que se hagan públicos, según el artículo 8.1a) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre” de transparencia.

Todo ello pone de manifiesto, en opinión del observatorio de estudios por la paz, que el objetivo del Ministerio de Defensa era “desinformar a la opinión pública española”. Delàs también pone en duda la veracidad del plan alternativo presentado públicamente por Escribano y Rheinmetall en diciembre pasado para descartar la tecnología israelí de los lanzacohetes que se fabrican en Córdoba. “Resulta llamativo cuando en septiembre de 2025 se planeaba realizar ensayos en el mar de la munición utilizada por el SILAM”, según denuncia el dosier del Centro Delàs, en consonancia con la información publicada por Cordópolis en octubre pasado. Este periódico ya reveló entonces que Escribano había entregado al Ejército un prototipo del SILAM en diciembre de 2024, lo que arrojaba serias dudas sobre la presunta desconexión militar israelí.

El Ministerio de Defensa anuló la publicidad de los contratos del SILAM pero mantuvo los ensayos en el mar que perseguían calificar los cohetes Accular, Extra y Hawk Predator, además del sistema lanzador. “Todos estos cohetes se encuentran bajo patente de la empresa israelí Elbit Systems”, según indica Delàs en su informe.

El centro de investigaciones antimilitaristas cree además que la alternativa a Elbit Systems que baraja Defensa y las empresas concesionarias puede provenir de un programa armamentístico alemán, donde se produce y comercializa el sistema EuroPULS, una variante del modelo israelí resultado de la cooperación tecnológica entre Elbit Systems y KNDS Alemania. Esa sería la manera de “burlar” las restricciones del embargo español, toda vez que el real decreto ley no prohíbe las operaciones en el interior de la UE. La firma armamentística israelí, además, cuenta con una filial en Alemania: Elbit Systems Deutschland GmbH. El Gobierno alemán es un fiel aliado del régimen de Tel Aviv y uno de sus principales proveedores de armas incluso en los meses más mortíferos del genocidio de Gaza.

El dosier de Delàs acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de haber mantenido una “política activa” de “opacidad” y “desinformación” sobre las relaciones armamentísticas entre España e Israel, pese al embargo decretado hace seis meses. Todas las cuestiones planteadas a Defensa sobre el lanzacohetes SILAM han sido contestadas en términos “vagos” y “generales” cuando no con “información engañosa”. Y agrega: “La secretaria de Defensa mintió en sede parlamentaria al afirmar que se habían anulado los contratos adjudicados”.

El demoledor informe denuncia la ausencia de “voluntad política” para imponer un “embargo integral” de armas a Israel y asegura que mantener este tipo de relaciones con Tel Aviv implica colaborar con la industria de seguridad y defensa de un “Estado genocida” que aplica desde hace décadas contra los palestinos un “régimen de apartheid”.

No, no son maniobras. Muchos conductores cordobeses se han extrañado en la mañana de este jueves cuando trataban de circular por la avenida de Carlos III. Los cuatro carriles centrales estaban totalmente cortados al tráfico por el Ejército. Y la mayoría se preguntaba que a qué se debía tal despliegue.

La respuesta es fácil: los militares de la brigada de Cerro Muriano están instalando la salida y la meta de la mítica prueba ciclista Guzmán El Bueno. La avenida estaba totalmente cortada al tránsito desde Cinco Caballeros hasta la popular Cuesta de Fátima.

La prueba, que atraerá a miles de ciclistas, arrancará el sábado a las 9:00 de la mañana. Recorrerán la avenida para comenzar una ruta que desde el canal del Guadalmellato alcanzará Alcolea para volver por la Campiñuela y subir por los populares “escalones” hasta la base militar de Cerro Muriano. La meta será, de nuevo, en Carlos III. En las últimas ediciones, tanto la salida como la meta estaba en el interior de la propia base militar. Este viernes, los corredores podrán acudir a la zona a recoger sus dorsales y a disfrutar de la feria del ciclista.

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número tres de Madrid ha anulado el cese en destino y la suspensión de funciones del comandante Velasco, que fue inicialmente procesado en el caso Cerro Muriano y que finalmente no tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados. El caso Cerro Muriano juzga la muerte de un soldado y un cabo durante una instrucción militar en este campo de maniobras de la provincia de Córdoba.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, acordó la suspensión de funciones y cese en destino del comandante Velasco, respondiendo, en parte, a las peticiones de las familias de los militares fallecidos durante un ejercicio. El comandante tenía destino en el Regimiento de Infantería La Reina número 2, ubicada en la base de Cerro Muriano, donde ocurrieron los hechos.

Finalmente, solo se sentarán en el banquillo de los acusados un capitán y un teniente. La instrucción llegó a procesar a seis militares, pero al principio de la investigación desimputó a un coronel y a un sargento; en diciembre, el Ministerio Fiscal Militar consideró que tampoco son culpables un teniente coronel y un comandante.

El comandante Velasco acudió a los tribunales y litigó contra la resolución de la ministra de Defensa por la que acordó su suspensión de funciones y cese en el destino, consecuencia del caso Cerro Muriano. En ella, el órgano judicial entiende que la decisión adoptada con respecto al comandante Velasco es contraria al ordenamiento jurídico, y que como tal debe ser anulada.

En concreto, la sentencia estima que en la adopción de la medida no se ha observado la necesaria proporcionalidad, y el respeto a los derechos fundamentales del comandante, como el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, en contextos de suspensiones cautelares.

De esta manera, el fallo viene a reconocer que “la medida complementaria de cese en el destino resulta desproporcionada, y, en todo caso, carente de legitimación en aras de salvaguardar el interés general. No se colige que la continuidad en el destino hubiese supuesto esa sensación de impunidad, que alega la Administración, sino que, justo lo contrario. En opinión de su superior directo, y, por ello, con mayor conocimiento de las vicisitudes del Regimiento, su cese en el destino justo viene a resentir el interés del servicio”.

Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa la resolución por la que, cumpliendo con la sentencia, se ordena a favor del comandante Velasco el reconocimiento como tiempo de servicios del periodo en que estuvo en la situación administrativa de suspensión de funciones, anulando la resolución por la que se le suspendió, y con derecho a retornar a su anterior destino y mismo puesto que venía ocupando. La representación letrada que ha llevado la dirección jurídica del procedimiento, Nazaret Calzado, de Empresa y Ley.

Más de 300 estudiantes de educación secundaria y Bachillerato han llenado este jueves el Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) para conectarse en directo por videoconferencia con la misión española militar en la Antártica. Los trece mil kilómetros que separan ambos puntos no han sido impedimento para que el capitán Pablo Vázquez, responsable de telecomunicaciones de la base Gabriel de Castilla en la Isla Decepción, haya explicado al alumnado los objetivos científicos y militares de llamada Campaña Antártica.

Según ha informado la UCO en una nota, esta actividad formativa está organizada por la Subdelegación de Defensa en Córdoba, en colaboración con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y la propia universidad.

El subdelegado de Defensa en Córdoba, José María Ortega, ha dado la bienvenida a los estudiantes y docentes de los IES Luis de Góngora, Zoco, López Neyra, Medina Azahara y CDP Santa Victoria. El subdelegado ha explicado que la Campaña Antártica, que se realiza en colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innovación, ya ha alcanzado su trigésima novena edición.

La campaña nació con el objetivo de mantener la presencia española en el Polo Sur en cumplimiento de los tratados del Ártico, y, por otra parte, en colaboración con el Ministerio de Universidad e Innovación, apoyar a los proyectos científicos y proyectos de investigación que soliciten realizarlo en esta zona del mundo por sus especiales características.

“Para las Fuerzas Armadas y el Ejército de Tierra es una campaña a la que le tenemos mucho cariño por los años que tiene, y también por las peculiaridades que supone estar desplegados en el Polo Sur, a 13.000 kilómetros de España. Sostener logísticamente esta misión, para nosotros, es un desafío y un reto”, ha comentado.

El general Fernando Ruiz Gómez, jefe de la Brigada 'Guzmán el Bueno', quien en su día estuvo también destinado en la base Gabriel de Castilla, ha explicado que los proyectos de investigación que se llevan a cabo en la Isla Decepción durante el verano austral tienen también un interés militar, y se centran en las áreas de biología, vulcanología y telecomunicaciones, entre otras.

Para sorpresa de muchos de los asistentes, ha recordado que fue un cordobés, Francisco de Hoces, quién en 1526 navegó por primera vez el Estrecho de Magallanes y, durante la travesía, una tormenta lo arrastró, convirtiéndose en el primer europeo en avistar el mar o paso que se conoce con su nombre en España. En 1603, Gabriel de Castilla, quien da nombre a la base militar en la Antártida, fue el primero en avistar tierra.

Desde la Antártida, el capitán Pablo López ha explicado que la presencia militar española se remonta a 1988, lo que convierte a esta campaña en la más veterana del Ejército de Tierra en el exterior. Ha destacado la rica diversidad biológica de la Isla Decepción, que pertenece al archipiélago de las Shetland del Sur, en la que destaca una gran presencia de pingüinos, lobos marinos, foca de Wedell, elefantes marinos, aves y un rico fondo marino.

Los estudiantes se han interesado por las condiciones de vida del personal investigador y militar desplegado en la Antártida, así por las vías para poder optar a una plaza en la Campaña Antártica.

Durante la videoconferencia, han acompañado a los representantes militares el vicerrector de Transformación Digital y Gestión de Datos de la UCO, Sebastián Ventura, y el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta, Diego Ángel Copé.

La Universidad de Córdoba (UCO) impartirá un nuevo programa de Doctorado en Ingeniería de la Defensa, Seguridad y Protección de Infraestructuras gracias a un convenio de colaboración firmado con el Ministerio de Defensa, que permitirá financiar el desarrollo de esta especialidad durante los próximos tres años.

El acuerdo, suscrito entre el Ministerio de Defensa y la UCO y publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece la creación de un doctorado interuniversitario que será desarrollado de forma conjunta por la Escuela Politécnica Superior del Ejército de Tierra (ESPOL) y la propia Universidad de Córdoba. El programa conducirá a la obtención de un título oficial conjunto de doctor, expedido por ambas instituciones.

Este nuevo doctorado tiene como objetivo principal formar investigadores de alto nivel en ámbitos tecnológicos estratégicos relacionados con la defensa, la seguridad y la protección de infraestructuras críticas, integrando capacidades académicas universitarias y conocimiento especializado del ámbito militar. El programa está orientado tanto a personal del Ejército de Tierra como a investigadores, profesorado universitario y profesionales del sector productivo vinculados a estas áreas.

El Ministerio de Defensa se compromete a aportar hasta 140.000 euros para el desarrollo del programa, destinados a financiar actividades de investigación, ensayos y estudios técnicos, publicaciones científicas de alto impacto y matrículas de doctorado. Estas aportaciones se distribuirán a lo largo de varios ejercicios presupuestarios, garantizando la viabilidad económica del programa durante sus primeros años de implantación.

Por su parte, la Universidad de Córdoba contribuirá con sus recursos humanos y académicos, sin que el acuerdo suponga un incremento de su presupuesto ordinario, integrando el doctorado en la estrategia general de investigación y formación doctoral de la institución.

Investigación, innovación y colaboración

El convenio contempla una estrecha colaboración en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i), incluyendo la realización de proyectos conjuntos, la codirección de tesis doctorales, el intercambio de personal investigador y la publicación compartida de resultados científicos. Asimismo, se facilitará el acceso del alumnado y del personal investigador a instalaciones, laboratorios y recursos docentes tanto universitarios como militares, siempre conforme a la normativa de seguridad vigente.

La coordinación académica del programa se realizará a través de una Comisión Académica paritaria, mientras que una Comisión Mixta de seguimiento velará por el cumplimiento del convenio, la mejora continua del doctorado y la correcta ejecución de las actividades previstas.

Desde la Universidad de Córdoba se destaca que este doctorado refuerza su apuesta por la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento, además de fomentar la cultura de seguridad y defensa en el ámbito universitario. Para el Ministerio de Defensa, el acuerdo se enmarca en su estrategia de colaboración con universidades para impulsar la formación avanzada y la excelencia investigadora en áreas clave para la Defensa Nacional.

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga, y garantiza que los doctorandos podrán finalizar sus estudios incluso en el caso de extinción del acuerdo.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a dos años de prisión a un hombre por un delito de lesiones graves tras agredir a dos jóvenes en la entrada de un local de ocio en Puente Genil. El acusado, que ejercía funciones de seguridad en el establecimiento, propinó un puñetazo a una de las víctimas que le provocó la pérdida funcional del ojo izquierdo. Según la sentencia, la víctima era militar y, tras esta grave secuela, ha resultado incapacitado para ejercer su profesión.

El suceso se produjo durante la madrugada del 15 de abril de 2022 en un local de ocio ubicado en la Avenida Manuel Reina de Puente Genil. Según los hechos probados, el acusado inició una discusión con dos usuarios, quienes intentaban acceder al local. En el transcurso del altercado, el acusado empujó a uno de ellos, haciéndole perder el equilibrio, y le propinó una patada una vez en el suelo. Acto seguido, dirigió un puñetazo directo a la cara de la víctima, causándole un estallido ocular con pérdida de volumen y fractura del suelo orbitario.

A consecuencia de la agresión, este joven ha tenido que someterse a varias intervenciones quirúrgicas de urgencia. Pese a los esfuerzos médicos, la sentencia recoge que el joven ha perdido la visión del ojo izquierdo, manteniendo actualmente una agudeza visual de apenas “cuenta dedos” sin posibilidad de mejora. Esta secuela le ha provocado una incapacidad para realizar su actividad laboral habitual como militar, además de un perjuicio estético moderado y una pérdida de calidad de vida.

La condena se ha alcanzado tras un acuerdo de conformidad entre la acusación particular, el Ministerio Fiscal y la defensa. Así, ha sido condenado a dos años de cárcel al aplicársele tres atenuantes: dilaciones indebidas (el procedimiento se demoró más de tres años y medio por causas ajenas al acusado), reparación del daño (el procesado ha consignado en el juzgado 6.000 euros antes del juicio y se ha comprometido a pagar el resto de la indemnización) y Anomalía psíquica (en el momento de los hechos, el agresor sufría un trastorno asociado al consumo abusivo de estupefacientes).

Además de los dos años de prisión por el delito de lesiones graves, el acusado ha sido condenado al pago de una multa por un delito leve de lesiones cometido contra el segundo joven. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la víctima principal con 10.000 euros y al otro joven agredido, con 160 euros. Cabe destacar que la víctima renunció a reclamar una indemnización mayor en este proceso (que inicialmente ascendía a 200.000 euros) para dirimirla extrajudicialmente con la compañía aseguradora del local.

Finalmente, el tribunal ha concedido la suspensión de la ejecución de la pena de prisión por un periodo de tres años, condicionada a que el condenado no vuelva a delinquir y cumpla estrictamente con el calendario de pagos acordado.

La OTAN ha suspendido todos sus contratos militares con la mayor empresa de armas israelíes Elbit Systems, objeto de una macroinvestigación por presuntamente amañar contratos armamentísticos con la Alianza Atlántica. El escándalo fue destapado el pasado diciembre por cuatro publicaciones europeas (La Lettre, Le Soir, Knack y Follow The Money) y afecta a cinco empleados de la agencia NSPA, con sede en Luxemburgo, que ha gastado solo en el año 2025 casi 10.000 millones de euros en material bélico para la OTAN.

La fiscalía federal de Bélgica dictó una orden de búsqueda contra un consultor sospechoso de actuar en nombre de Elbit Systems, que logró numerosos contratos presuntamente manipulados. Según la investigación en curso, empleados de la agencia NSPA son objeto de indagaciones judiciales por supuestamente aceptar sobornos millonarios para favorecer a diversos proveedores.

La propia agencia de la OTAN admitió en una nota oficial que se han suspendido a “contratistas sospechosos de participar en actividades fraudulentas” relacionadas con operaciones mercantiles efectuadas con la organización militar de la Alianza Atlántica. La nota oficial no cita expresamente a Elbit Systems ni a ninguna otra compañía, pero admite que los casos de presunto fraude y corrupción descubiertos afectan a “empresas de países miembros y no miembros de la OTAN”.

“La NSPA está firmemente comprometida con la lucha contra el fraude y la corrupción y se mantendrá proactiva, colaborando estrechamente con las autoridades nacionales y suspendiendo la licitación de nuevos contratos para empresas sospechosas de conducta sancionable”, indica el comunicado de la agencia militar. Según la publicación francesa La Lettre, el consultor investigado “permitió a Elbit Systems obtener numerosos contratos” de manera irregular. Trece de los 15 contratos suspendidos por la OTAN fueron adjudicados a la compañía israelí y su filial Orion Advanced Systems. Se trata de acuerdos para el suministro de espoletas, bengalas para aeronaves y proyectiles de 155 mm para las fuerzas armadas de la Alianza Atlántica.

Trece de los 15 contratos suspendidos por la OTAN fueron adjudicados a la compañía israelí

Elbit Systems es el mayor fabricante de armas de Israel y uno de los más importantes del mundo. Y también es el proveedor de la patente de los lanzacohetes Silam que se producen en Córdoba. La compañía israelí se embolsó 150 millones de euros por la transferencia tecnológica en un acuerdo firmado en diciembre de 2023 con la empresa española Escribano M&E y la alemana Rheinmetall para suministrar al Ejército español 12 dispositivos por casi 700 millones de euros.

El contrato fue suscrito dos meses después de los atentados de Hamás del 7 de octubre de ese año y tras la operación militar de castigo contra Gaza que ha costado más de 70.000 muertos, la mayoría mujeres y niños, y la demolición del 80% de las viviendas, los hospitales y la infraestructura civil. La Corte Penal Internacional dictó una orden de detención contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa por presuntos crímenes de guerra y genocidio.

La participación de Elbit Systems en el proyecto de lanzacohetes Silam levantó severas críticas por parte de organizaciones sociales y políticas, toda vez que la tecnología israelí usada en Córdoba fue probada en combate bajo el modelo PULS contra los territorios palestinos ocupados. Un informe de Amnistía Internacional de septiembre de 2025 señaló además a Elbit Systems como una de las 15 empresas en todo el mundo “cómplices con el genocidio”.

La creciente presión ciudadana y de los socios de Gobierno obligó a Pedro Sánchez a anunciar la cancelación de toda colaboración militar con Israel. Y el 9 de septiembre de 2025, el Ministerio de Defensa anuló la publicación de la adjudicación del contrato de Silam suscrito dos años atrás, aunque algunos expertos dudan de la suspensión efectiva de la transferencia tecnológica israelí.

La israelí Elbit Systems es una de las 15 empresas "cómplices con el genocidio" de Gaza, según Amnistía Internacional

Según informó el periódico La Lettre, muchos de los antiguos empleados de la agencia NSPA se han reconvertido en consultores de las empresas armamentísticas ávidas por captar los multimillonarios contratos de la OTAN justo en medio de la fiebre belicista que está empujando a la mayoría de los países europeos a disparar su gasto en defensa.

Elbit Systems es una de las industrias militares más activas en la venta de armamento de alta tecnología a países miembros de la OTAN. La Lettre cita varios contratos adjudicados a la compañía israelí, tales como el sistema de autoprotección para 12 helicópteros Airbus Caracal H225M encargados por el Ejército neerlandés, así como dispositivos electrónicos para aviones de transporte C-390 entregados a las fuerzas armadas austriacas, o el equipamiento de aviones cisterna Airbus MRTT de Alemania, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca.

El diario belga Le Soir también confirma la prohibición para la compañía israelí de licitar nuevos contratos con la agencia de adquisiciones de la OTAN “dadas las graves acusaciones que indican que Elbit y su filial probablemente han incurrido en prácticas punibles”. La publicación Debug Lies News asegura que la suspensión afecta a contratos de munición para obuses, artillería de cohetes, sistemas de defensa para aeronaves y helicópteros, así como detonadores explosivos. La decisión podría interrumpir el suministro a varios ejércitos de la OTAN, asegura el diario.

Elbit Systems afirma haber colaborado en la investigación de la OTAN y dice prestar “toda la asistencia necesaria” para el esclarecimiento del escándalo, según Le Soir. Escribano y Rheinmetall presentaron a final de año un plan alternativo para prescindir de la tecnología israelí en la fabricación de los lanzacohetes Silam.

El general jefe de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, Fernando Ruiz, ha participado en la Conferencia Anual de Vehículos Blindados 2026 IAVC (International Armored Vehicle Conference, por sus siglas en inglés), la conferencia más importante del mundo para la comunidad de vehículos blindados, que ha celebrado su 26ª edición, del 20 al 22 de enero, en el Centro Internacional de Exposiciones de Farnborough (Reino Unido).

Según ha informado el Ejército de Tierra en su web, consultada por Europa Press, “como cada año, más de 1.500 profesionales cualificados relacionados con el sector, procedentes de más de 60 países”, se reúnen en este foro, y con una asistencia que “abarca todo el ecosistema que rodea a estos materiales”.

Así, representantes de las fuerzas armadas y gobiernos se reúnen con los principales proveedores industriales, tanto de los fabricantes de vehículos como de aquellas empresas que participan en la cadena de suministro, involucradas en el desarrollo y producción de tecnologías de vanguardia, para asegurar que los vehículos puedan satisfacer las necesidades, con el fin de abordar una pregunta clave, ¿cómo lucharemos en el futuro?“.

Estos tres días han supuesto “el principal punto de encuentro para la comunidad 'blindada', mediante una combinación de exposiciones, tanto técnicas, como operativas, en las que los usuarios aportan una visión del empleo de estos medios y de las necesidades a corto y medio plazo, para su empleo en combate, junto con otras exposiciones de las empresas en las que aportan la visión del entramado industrial en el apoyo al desarrollo de nuevas capacidades. Todo esto complementado con numerosos grupos de trabajo con los que avanzar, mediante el pensamiento creativo y el aporte de ideas, para llegar a las soluciones necesarias en el campo de batalla”.

El general jefe de la BRI X, con base en Cerro Muriano (Córdoba), “ha tenido una participación destacada, no solo encabezando la delegación española para la obtención de numerosas lecciones, sino como parte del panel de conferenciantes, impartiendo una conferencia durante el primer día sobre las capacidades acorazadas en el Ejército de Tierra español y en especial sobre las capacidades de la brigada 'Guzmán el Bueno' X”. Además, ha explicado a los asistentes el plan de modernización nacional de las plataformas acorazadas y mecanizadas, tanto a corto, como a medio plazo.

Esta participación ha ofrecido “un mejor entendimiento de los retos actuales y de futuro, permitiendo conocer las líneas que están siguiendo las organizaciones que trabajan en este campo mediante la adquisición de capacidades, I+D y establecimiento de requisitos asumibles para las empresas. Toda una oportunidad para conocer de primera mano las últimas tendencias y adquirir ideas nuevas que aporten valor a la instrucción y el adiestramiento del día a día”.

Una vez más, Cerro Muriano estará ubicado en el mapa de la estrategia militar internacional durante el primer mes del año 2026. El general de brigada Fernando Ruiz Gómez, jefe de la Brigada Guzmán el Bueno X, ha sido designado como ponente clave en la 26ª edición de la International Armoured Vehicles Conference, el encuentro más importante del mundo para la comunidad de vehículos blindados. El evento, que se celebrará en Farnborough (Reino Unido) entre el 20 y el 22 de enero, reunirá a altos mandos de más de 60 países, incluyendo jefes de Estado Mayor de naciones de la OTAN, Italia, Finlandia y Estados Unidos. En este escenario de máximo nivel, el general destaca como el único representante oficial de España en el cartel de conferenciantes.

La intervención del representante del ejército español tendrá lugar durante la jornada inaugural del 20 de enero, en un bloque dedicado al 'Contexto actual y panorama de amenazas'. Bajo el título 'El blindaje pesado en las operaciones en España', Ruiz expondrá a las 14:45 la experiencia y capacidades de las unidades acorazadas que comanda desde Córdoba. Cabe recordar que la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X es una de las unidades más potentes y tecnificadas del Ejército de Tierra. Entre sus filas cuenta con el Regimiento Acorazado ‘Córdoba’ nº 10 y el Regimiento de Infantería ‘La Reina’ nº 2, operando vehículos de vanguardia como los carros de combate Leopardo 2E y los vehículos de combate de infantería 'Pizarro'.

El futuro de la Brigada: el programa 8x8

La presencia de la brigada cordobesa en esta cumbre no es casual, ya que el foro abordará temas críticos para el futuro de Cerro Muriano, como la incorporación del Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 ‘Dragón’. Este programa, esencial para sustituir a los antiguos blindados BMR, ha sido objeto de debate en ediciones anteriores del Congreso debido a los retrasos en las entregas por parte del consorcio fabricante. De hecho, Defensa licitó durante el pasado martes la obra del segundo escalón para la llegada de estos vehículos, pero, sin embargo, la anuló horas después.

Junto al general Ruiz, también intervendrá en el foro otro español, el coronel retirado Miguel Ángel de Díez Jiménez, quien acude como asesor de la empresa Indra para hablar sobre soluciones tecnológicas y conciencia situacional aplicadas precisamente al desarrollo del ‘Dragón’ 8x8.

Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y la filial española de la alemana Rheinmetall han presentado al Ministerio de Defensa una alternativa nacional a la tecnología militar israelí para el contrato del sistema lanzacohetes de alta movilidad (Silam), una licitación de 2023 valorada en casi 700 millones de euros y que el Gobierno canceló el pasado septiembre debido a que la propuesta de ambas empresas para el programa incluía tecnología del país hebreo.

Cabe recordar que la adjudicación de la licitación del Silam a la unión temporal de empresas (UTE) entre Escribano y Rheinmetall data de 2023, es decir, antes de que España decidiese vetar el comercio de armas con Israel en el marco de la política estatal contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, una decisión que está en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 23 de septiembre.

“Con el objetivo de definir una solución española viable en el menor tiempo posible, la UTE formada por ambas compañías ha mantenido un intenso y continuado trabajo de coordinación con la Dirección General de Armamento y Material de la Secretaría de Estado de Defensa.

Esta labor conjunta ha permitido analizar en profundidad las necesidades operativas para este programa y las capacidades existentes, sentando las bases de un sistema plenamente alineado con los intereses estratégicos del Estado“, han subrayado ambas compañías en un comunicado conjunto.

De este modo, han presentado una propuesta estructurada por fases para el desarrollo de un sistema de artillería lanzacohetes que está concebido desde su origen “como un programa íntegramente nacional” y que contempla la entrega de lanzadores operativos y de pruebas, así como de vehículos de municionamiento, reconocimiento y puesto de mando, junto con el desarrollo y la calificación de cohetes de entrenamiento y guiados.

“Este planteamiento permitirá avanzar de forma progresiva hacia la plena madurez tecnológica del sistema, asegurando su adecuación a los requisitos operativos y su sostenibilidad a largo plazo”, han agregado.

En esa línea, han subrayado que el programa Silam se integra en el 'Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa' elaborado por el Gobierno y a través del cual se están estructurando los programas de modernización militar del país.

En este contexto, las dos compañías han recalcado que el proyecto responde a los requerimientos operativos de las Fuerzas Armadas, contribuye al desarrollo de las capacidades de defensa de la Unión Europea y de la OTAN y refuerza capacidades industriales “clave”, las cadenas de suministro nacionales y la innovación tecnológica.

“El desarrollo de este sistema supone un avance significativo en el liderazgo de la industria española de defensa, al situarla en un ámbito tecnológico altamente especializado que actualmente dominan muy pocos países. La iniciativa consolida a la industria nacional como un socio estratégico fiable y capacitado para abordar programas complejos, incrementando su competitividad y proyección futura”, han añadido.

Escribano y Rheinmetall también han puesto en valor que el programa permitirá adquirir de forma autónoma la capacitación nacional para el diseño, desarrollo y fabricación de cohetes guiados, algo que, desde su punto de vista, garantiza el “control soberano del conocimiento crítico y del ciclo de vida completo del sistema”.

El 21 de diciembre de 2023, sobre las 8:30 de la mañana, el agua de un lago artificial en el campo militar de maniobras de Cerro Muriano (Córdoba) estaba próxima a la congelación. Fuera también hacía frío. La temperatura no pasaba de los 4,3 ºC. Aquella mañana de niebla intensa hacía mucho frío en el corazón de Sierra Morena. Pero los aspirantes a militares que estaban completando su instrucción en la base se dirigían a completar el que iba a ser su último ejercicio: una prueba que consistía en cruzar un lago en el que no se hacía pie, cargados de equipamiento (e incluso con peso supletorio). Fuera no había ambulancias. Dentro, una línea de vida floja atada a un árbol y en absoluto homologada. El desastre, según apuntan todos los testigos, era más que previsible.

Han pasado dos años desde aquella fría mañana en la que iban a perder la vida el soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla), y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz (Córdoba), de la Brigada Guzmán El Bueno X. Lo que allí ocurrió está descrito por los jueces del Tribunal Togado Militar Central que han instruido la investigación de este caso, después de tomar testimonio a medio centenar de testigos y a los propios protagonistas de aquella triste mañana, más propia de la guerra que de una instrucción militar:

“Cuando (los efectivos de la tropa) llegaron a las proximidades del pantano Casa Mata, se quitaron el chaleco anti fragmentos, y alguna ropa de abrigo, además de los elementos electrónicos, gafas de visión nocturna y los tubos de simulación de lanzagranadas, aligerando así el equipo y dejando estos elementos en el camión de transporte. Sin embargo, la sección mandada por el teniente Tato, continuó portando dentro de la mochila, la mina de instrucción que se les había asignado, cuyo peso es superior a tres kilos, debido a que se habían retrasado al hacer las mochilas”, detallan.

El capitán y el teniente (los únicos a los que la Fiscalía Militar ha decidido procesar), según el auto, “explicaron el ejercicio a realizar a toda la compañía, indicando verbalmente cómo tenían que cruzar el lago por su zona central, con casco y botas, y cómo se portaba la mochila y el fusil”, exponiendo “que la cuerda era un elemento a utilizar en caso de extrema necesidad, pero que deberían progresar por sus medios”, así como “que la mochila servía como elemento de flotabilidad”.

“El grupo comenzó animándose con gritos de apoyo para sobrellevar el frío extremo de la temperatura del agua, pero a los pocos minutos se produjo una situación desordenada”, con los efectivos moviéndose “de una forma anárquica tropezándose y adelantándose”; pues “los soldados, en cuanto llevaban unos minutos en el agua, se sentían superados por la situación”, relatan los jueces militares, destacando que las mochilas “no servían” como ayuda para la flotabilidad, toda vez que el “frío extremo ”les dificultaba incluso la respiración“.

“Pánico y desesperación”

Fruto de ello, según el relato judicial, los militares cayeron “en un estado de pánico al temer seriamente por su vida; comenzaron a pedir socorro, a decir que se ahogaban, agarrarse a la cuerda y a pedir ayuda de forma desesperada”. “La situación generada fue de auténtico caos, sobre todo porque la cuerda, al recibir el peso de varias personas, se hundió completamente y no les auxiliaba”, indica el auto; agregando que “los soldados que fueron rescatados presentaban síntomas de hipotermia” y que “el capitán ordenó soltar la cuerda, lo que se realizó en una de las orillas del pantano y se utilizó como elemento de arrastre de alguno de los soldados que estaban en la zona profunda y no eran capaces de alcanzar la orilla”.

El capitán, según el relato judicial, “daba gritos e instrucciones acerca pero sus indicaciones resultaban ininteligibles y contradictorias, ya que les gritaba, que se soltasen de la cuerda, que nadasen, que usasen la mochila, que socorriesen a los compañeros, y también que se soltase la cuerda”, toda vez que este mando “únicamente se introdujo en el agua cuando tuvo conocimiento de que el cabo Jiménez había desaparecido, realizando una búsqueda infructuosa, cuando prácticamente ya no quedaba nadie en el agua.

“Fue después de un buen tiempo, cuando se había realizado el recuento de novedades en el vivac, cuando se percataron de que también había desaparecido el soldado Carlos León Rico”, añade el auto, exponiendo que el cabo Jiménez y el soldado León Rico fallecieron por “síndrome anóxico por sumersión”; mientras otros dos efectivos necesitaron asistencia sanitaria por síntomas de hipotermia.

Dos años después y tan solo dos presuntos culpables para la Fiscalía

El Fiscal Jurídico Militar ha pedido penas de ocho años de prisión para el capitán Zúñiga y cinco años de cárcel para el teniente Tato. Y lo ha hecho después de una instrucción de casi dos años en la que ha habido más mandos procesados. La Fiscalía señala que “no se aprecia responsabilidad penal” en la conducta de un teniente coronel y un comandante que fueron procesados en el caso, para quienes considera que “procede la libre absolución”, con “todos los pronunciamientos a su favor”. En la instrucción se llegó a procesar a un coronel y a un sargento. Pero durante el proceso se les desimputó, con la oposición de las acusaciones particulares, que representan a los dos militares fallecidos.

Ahora, las dos acusaciones tampoco están de acuerdo con que la Fiscalía haya decidido no calificar a un teniente coronel y a un comandante como responsables, aunque no directos, de los hechos. Sí que está previsto que lo hagan cuando presenten sus escritos. El plazo finaliza el próximo 12 de enero. Después, con todos los escritos en su poder, las defensas harán lo propio y decidirán si recurren, o esperan a que se fije un inicio para el juicio oral. Es probable, por tanto, que la vista arranque en la primera mitad del 2026.

Durante la instrucción, los magistrados consideraban probable la responsabilidad de los dos mandos a los que la Fiscalía ahora no acusa. Según los jueces militares, que lo dejaron escrito en el auto de procesamiento, el teniente coronel Zanfaño “examinó el programa elaborado por el Capitán, pero no valoró las condiciones de ejecución de las actividades desarrolladas en el mismo ni supervisó la actividad de cruce táctico de río, pese a ser el jefe de plana del regimiento”.

El comandante Velasco, de su lado, habría al capitán “toda la documentación referente al plan básico de instrucción y examinó la misma y su respeto a la normativa”, pero “no le pidió ningún tipo de explicación acerca de la ejecución de los ejercicios a realizar porque consideraba que es responsabilidad del capitán al mando”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato para la construcción de la primera fase de las obras de la nueva Base Logística del Ejército de Tierra 'General de Ejército Javier Varela' en Córdoba.

Según recoge el acuerdo, el citado contrato incluye las obras de todos los edificios que conforman la nueva base logística, así como la urbanización e instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento, consideradas imprescindibles para la entrada en servicio de la base.

En este sentido, el contrato tendrá un valor estimado de 391.587.000 euros y tendrá una duración de 36 meses para el lote 1 y de 19 meses para el lote 2, contados, en ambos casos, desde el día siguiente a la formalización del contrato.

85 hectáreas y un complejo logístico sin precedentes

La futura Base Logística ocupará 85 hectáreas y combinará grandes infraestructuras logísticas —almacenes automatizados, talleres de mantenimiento, naves de alta capacidad— con edificaciones convencionales: alojamientos, oficinas, áreas de servicios y hasta un museo dedicado a la historia y evolución del sostenimiento militar.

La delegación cordobesa que visita Asturias para captar inversiones vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) ha aprovechado la jornada para presentar, ante empresarios y entidades asturianas, las últimas novedades del proyecto de ejecución de la gran infraestructura militar que se levantará en el polígono de La Rinconada, en Córdoba.

El general de Brigada Enrique Ruiz Alonso y el subdirector general de Proyectos y Obras del Ministerio de Defensa, el coronel Joaquín Loste Verona, han sido los encargados de detallar el estado actual del plan, que encara ya su recta final antes del arranque de las obras.

El general Ruiz Alonso recordó que la BLET es “un proyecto de Estado” y explicó ante el empresariado asturiano en qué consistirá la futura base logística, concebida como uno de los complejos de mantenimiento militar más avanzados de Europa. Subrayó que el Ejército se encuentra inmerso en “un proceso complejo” de transición desde el modelo logístico actual a uno futuro basado en digitalización, mantenimiento predictivo y automatización.

“Hemos ido probando tecnologías para decidir cuáles adquirimos, y también vamos a poner en marcha proyectos piloto”, señaló. El Ejército pretende que la base funcione como “un campo de pruebas fundamental” donde testar sistemas, procesos y herramientas que después se extenderán al conjunto de las Fuerzas Armadas.

Ruiz Alonso remarcó que es esencial que Defensa explique sus necesidades tecnológicas e industriales “para que las empresas puedan invertir en lo que realmente hace falta”. Además, defendió que el diseño de la base es “un modelo exportable”, tanto en lo constructivo como en lo operativo, lo que abre nuevas oportunidades al tejido empresarial.

Urbanización completada y proyecto listo para licitar

El coronel Loste Verona detalló el avance técnico del proyecto: “Hace un año, cuando lo presentamos en Zaragoza, todavía se estaba urbanizando el suelo. Esa fase ya ha terminado. Desde mayo está ejecutada al completo la urbanización de La Rinconada y el proyecto de construcción está ya supervisado”.

El Ministerio de Defensa espera que el próximo Consejo de Ministros apruebe el gasto, lo que permitirá iniciar la tramitación formal. “La licitación podría publicarse antes de final de año”, afirmó el coronel, quien recordó que se trata de un procedimiento “más largo de lo habitual” debido a la enorme magnitud técnica: 7.500 planos, 150.000 páginas de documentación y más de 250 modelos en tecnología BIM.

Loste Verona detalló que la redacción del proyecto ha costado 4,5 millones de euros y que hasta ahora “se han cumplido todos los plazos previstos”. La ejecución se organizará en dos fases: La primera fase, que saldrá a licitación por 395 millones de euros y una segunda hasta completar los 535 millones de inversión total.

“Si cumplimos los plazos previstos, para mediados de 2026 tendremos adjudicatario y podremos empezar las obras”, adelantó. El plazo total de ejecución será de 36 meses. Quedan aún por licitar servicios clave: la dirección facultativa de obra, el apoyo a la contratación y el project manager.

85 hectáreas y un complejo logístico sin precedentes

La futura Base Logística ocupará 85 hectáreas y combinará grandes infraestructuras logísticas —almacenes automatizados, talleres de mantenimiento, naves de alta capacidad— con edificaciones convencionales: alojamientos, oficinas, áreas de servicios y hasta un museo dedicado a la historia y evolución del sostenimiento militar.

Loste recalcó que Córdoba “tiene capacidad para asumir estas obras” y recordó que ya se ha ejecutado el nuevo vallado perimetral, una actuación de 25 millones de euros realizada en gran parte con empresas cordobesas. No obstante, animó a las firmas asturianas a concurrir a los concursos públicos: “Si alguien tiene interés en licitar desde Asturias, encontrará empresas en Córdoba con las que colaborar”.

Un mensaje a los inversores del norte

La presentación formó parte de la agenda de la delegación cordobesa desplazada a Oviedo en el marco de la estrategia para atraer inversión exterior vinculada a la BLET. El objetivo es que territorios como Asturias, con fuerte tradición industrial y logística, se sumen a las oportunidades que generará este proyecto considerado uno de los más relevantes para la defensa española en el siglo XXI.

La cuenta atrás para su construcción definitiva ya ha comenzado. Si el Consejo de Ministros da luz verde en los próximos días, Córdoba se encaminará a convertirse en el gran nodo logístico del Ejército de Tierra en España. El teniente coronel destacó que la construcción de la Base Logística en Córdoba es el mayor proyecto de infraestructura desarrollado en su historia por el Ministerio de Defensa.

Sobre el papel, el contrato con la unión temporal de empresas formada por Escribano M&E y Expal para la fabricación de 12 lanzacohetes SILAM con tecnología israelí se encuentra cancelado desde el pasado martes a las 16.12 horas. Así lo indica la anulación del anuncio de adjudicación publicada en la Plataforma de Contratación del Estado hace apenas una semana. La notificación oficial no motiva la presunta suspensión de un contrato que asciende a 697 millones de euros y se proponía dotar al Ejército de Tierra de un equipamiento militar decisivo para su potencia artillera, según coinciden todos los analistas.

Tampoco aclara si la licencia tecnológica israelí, supuesto escollo del programa militar suprimido, va a ser sustituida por una opción alternativa factible ni qué consecuencias mercantiles se derivan de la presunta ruptura de un contrato con implicaciones geopolíticas y en materia de seguridad y defensa.

Expertos consultados por Cordópolis creen que el contrato sigue vigente, pese al anuncio oficial de suspensión, y el programa SILAM, incluida la patente de Elbit Systems, se mantiene activo en la factoría de Escribano M&E en Córdoba. En opinión de estos analistas, la transferencia tecnológica israelí ya se ha ejecutado, ha sido pagada a su proveedor y dar marcha atrás al proyecto tendría consecuencias enormemente gravosas.

Hay dudas legítimas de organizaciones humanitarias sobre el cumplimiento estricto de la prohibición

Enrique Santiago — Portavoz adjunto de Sumar en el Congreso

De hecho, el pasado 5 de septiembre, apenas cuatro días antes de la anulación del contrato, la dirección general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), adjudicó por casi 60.000 euros un proyecto para ejecutar “ensayos en mar dentro del marco del proyecto SILAM”. La memoria justificativa del contrato explica con detalle los pormenores de las pruebas a las que se someterán los primeros equipos. “Se hace necesario la realización de una serie de ensayos previos a los tiros de calificación, tanto en pantano como en el mar, donde se llevará a cabo el ejercicio real de tiro de cohetes”.

La empresa adjudicataria UTEK se encargará de gestionar los permisos y el alquiler de una embarcación para un plazo de diez días de ensayos que se realizarán en el pantano de San Juan, en Madrid. También incluye asistencia técnica para tres pruebas que tendrán lugar en Mazagón (Huelva) y en la Base Naval de Cartagena, todos ellos entre septiembre y noviembre de este año. “Se requiere embarcación no tripulada, neumática, semirrígida e hichable para el apuntamiento de coordenadas fijas”, señala el informe técnico. El documento justifica la adjudicación a la firma UTEK por su “experiencia acreditada en operaciones para la Armada y la OTAN”.

Los ensayos, que se realizarán en los próximos días o semanas, revelan que los prototipos ya se encuentran en una fase avanzada. Y todo hace suponer que incorporan las innovaciones tecnológicas israelíes desplegadas en el modelo PULS de la compañía Elbit Systems, sobre el que se han diseñado los lanzacohetes SILAM que fabrican Escribano y Expal para el Ejército de Tierra. El lanzador PULS es un arma mortífera usada profusamente por Israel en Gaza y Líbano, y la exportación de su patente le reporta pingües beneficios para mantener la maquinaria militar sobre los territorios ocupados ilegalmente desde 1967.

Hace poco más de tres meses, el Ministerio de Defensa anunció la “desconexión tecnológica” de las patentes israelíes, incluida la desarrollada en el lanzacohetes SILAM que se produce en Córdoba. Fuentes del departamento indicaron a Cordópolis el 16 de junio pasado que los técnicos estaban “analizando cada uno de los proyectos” y que se estudiaba con la industria de defensa las “soluciones más eficientes” que proponen las empresas. Una nueva respuesta del gabinete de comunicación de Defensa, cursada hoy martes, y citando palabras de la ministra Robles, insiste en que el “material tecnológico israelí” se va a “sustituir por la industra española”.

Esto es un apaño. El contrato no se ha cancelado y el lanzacohetes SILAM con tecnología israelí se va a fabricar en Córdoba

Analista en materia de defensa

El portal especializado Infodefensa apuntó tres opciones para sustituir al proveedor israelí en el caso de que el Gobierno decidiera finalmente revocar la licencia de los lanzacohetes PULS. Desde entonces, no existe ningún dato oficial que certifique el cambio de proveedor tecnológico en los dispositivos SILAM, cuyos ensayos se van a realizar de forma inminente.

“Aquí hay trampa”, sostiene un analista con más de veinte años de experiencia en el sector. El experto está convencido de que lo que el Gobierno ha cancelado ha sido el mero anuncio oficial “pero no el contrato”. Y asegura que estamos ante otra maniobra propagandística del Gobierno para hacer creer a la opinión pública que “actúa de forma responsable” frente al genocidio de Gaza y la vulneración del derecho humanitario. “Esto es un apaño. El contrato no se ha cancelado. No puede cancelarse. El dinero ya se ha gastado. ¿Cómo se va a revertir eso?”.

Según su línea argumental, si el contrato realmente se hubiera anulado, todo el expediente de contratación debería de reiniciarse y los adjudicatarios ya no tendrían ninguna relación sobre el proyecto. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ha garantizado públicamente la vigencia del programa y así lo confirmó días atrás al Diario Córdoba. Además, el departamento de Margarita Robles insiste en que las empresas trabajan en la búsqueda de un nuevo proveedor tecnológico. “Si eso fuera así, habría que negociarlo, adquirirlo, sustituirlo y formar a los soldados en el nuevo producto. ¿Qué hacemos con lo se ha hecho hasta ahora? ¿Se tira a la basura?”, se pregunta el especialista.

Lo cierto es que ni Escribano, ni Expal, ni Elbit, ni el propio Ejército ha expresado la más mínima queja por la presunta cancelación del contrato, pese a las previsibles y costosas consecuencias que comportaría. “El SILAM no va a dejar de producirse. Vale un pastón y el Ejército pondría el grito en el cielo. La parte israelí del programa ya está ejecutada y lo que se está haciendo ahora es maquillándolo para que continúe. A partir de ahora se dirá que no es un producto israelí”, argumenta.

Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y secretario general del PCE, es consciente de la enorme dificultad técnica que acarrea la sustitución de los componentes israelíes ya adquiridos por el Ministerio de Defensa. “Esto es una realidad que no ha impedido que exijamos contundentemente el cese inmediato de la compra y venta a Israel de cualquier material o sistema que pueda ser utilizado para perpetrar crímenes internacionales contra el pueblo palestino”, asegura a Cordópolis.

Santiago aduce que la propia Corte Internacional de Justicia ha instado hasta en cuatro ocasiones a suspender toda transacción militar con Israel y “España está obligada a cumplirlo”. Y cree que las instrucciones dadas por el Ministerio de Defensa “hacen ver que [el embargo] va a cumplirse” y que ya se están tomando las medidas para buscar en los mercados internacionales materiales de sustitución de los proveedores israelíes.

El portavoz adjunto admite que las reticencias en muchos organismos de la administración con contratos ya firmados eran muy fuertes ante las posibles “consecuencias indemnizadorias” de su revocación. “Pero ese riesgo merece la pena correrse para acabar con un genocidio”, subraya. “El mero anuncio de este acuerdo tiene un importante coste político, con amenazas vertidas por Estados Unidos e Israel”, así como la previsible presión de “intereses transnacionales y fondos de inversión” para que el acuerdo no se lleve adelante.

Enrique Santiago reconoce que “hay dudas legítimas” de organizaciones defensoras de los derechos humanos sobre la efectividad real de la anulación de los contratos del lanzacohetes SILAM. “Nadie puede garantizar que finalmente se cumpla estrictamente esta prohibición de compra venta de materiales militares y policiales con Israel, pero lo que sí se puede garantizar es que la anulación de todos los contratos seguirá siendo una prioridad para Izquierda Unida”, argumenta.

De hecho, el Consejo de Ministros ha vuelto a dejar sobre la mesa este martes el real decreto sobre el embargo de armas comprometido públicamente la semana pasada. La propia portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguró que la “complejidad” del decreto justifica la demora en su aprobación. “Las cosas hay que hacerlas bien”, declaró. “La voluntad es traerlo la semana que viene. Por favor, ninguna duda con este tema”, remachó.

A las 16.12 minutos del martes, el Ministerio de Defensa anuló formalmente el contrato del primer gran proyecto armamentístico que nace en Córdoba al calor de la Base Logística del Ejército de Tierra. El acuerdo de suministro del Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad (SILAM), cifrado en 697 millones de euros, quedó nominalmente suspendido sobre el papel, instantes después de que el Consejo de Ministros aprobara un paquete de medidas contra el “genocidio de Gaza” y en “apoyo a la población palestina”.

La primera de las nueve disposiciones gubernamentales anuncia la inminente promulgación de un real decreto para “consolidar jurídicamente” un embargo de armas a Israel, que, según el Ejecutivo, se aplica desde octubre de 2023, tras la invasión de Gaza en respuesta a los atentados de Hamás. La anulación del contrato del lanzacohetes SILAM no especifica las razones de la suspensión pero todo indica que se produce como consecuencia del bloqueo armamentístico decretado. También ha sido cancelado el contrato de suministro de 168 sistemas de misiles contra carro Spike LR2, valorado en 287 millones de euros.

Aunque el Ejecutivo sostiene que suspendió todas las transacciones militares con Israel desde la invasión de Gaza, los datos oficiales de la Secretaría de Comercio lo desmienten. Entre febrero y mayo de este mismo año, España fue el país de la UE que más armas y municiones importó desde el país hebreo, tal como publicó elDiario.es.

De hecho, los lanzacohetes SILAM están íntegramente basados en el modelo israelí PULS, un arma letal desarrollada por el gigante Elbit Systems y probada en combate contra los territorios ilegalmente ocupados en Gaza y Cisjordania, así como en Líbano. El contrato para la fabricación de 12 equipos lanzacohetes fue adjudicado por el Ministerio de Defensa a Escribano M&E y Expal dos meses después de la operación militar desplegada contra Gaza, que ha costado ya más de 63.000 muertos, la demolición del 85% de las viviendas y el desplazamiento forzado de casi dos millones de palestinos.

El acuerdo militar podría vulnerar los tratados internacionales de comercio de armas y las cláusulas éticas de la UE, que prohíben comprar o vender material bélico a países que violen gravemente los derechos humanos. También transgrede dos compromisos éticos suscritos en 2012 por el Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba contra las “transferencias militares” con países que atenten contra el derecho internacional y humanitario. La fábrica de lanzacohetes se levanta sobre una parcela de 23.000 metros cuadrados del Parque Tecnológico de Córdoba, cuyo consejo de administración está formado, entre otros socios, por la Universidad, el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía.

Pese a todas estas prescripciones, denunciadas por el Centro Delàs de Estudios por la Paz y el grupo parlamentario Sumar, el proyecto militar ha seguido su curso. Escribano M&E incluso ultimaba el pasado mayo la adquisición de otras cuatro parcelas municipales para ampliar en 16.300 metros cuadrados la factoría de lanzacohetes. No es la primera vez que gravita la amenaza de suspensión sobre el proyecto SILAM por la presión de los socios de Gobierno ante el avance del genocidio palestino. En octubre de 2024, la titular de Defensa ya anunció públicamente la cancelación de todas las transacciones militares con Israel y la búsqueda de una alternativa tecnológica. Un año después, Escribano y Expal mantienen activa su producción de lanzacohetes en Córdoba.

Tanto es así que el Ministerio de Defensa ultimaba los preparativos para probar los primeros equipos desarrollados por Escribano y Expal en Córdoba. Hace escasamente una semana el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) anunció la adjudicación de los “ensayos en mar dentro del marco del proyecto SILAM” a la empresa UTEK. “Se hace necesario la realización de una serie de ensayos previos a los tiros de calificación, tanto en pantano como en el mar, donde se llevará a cabo el ejercicio real de tiro de cohetes”, indica la memoria justificativa del contrato. La adjudicación revela que los primeros equipos militares con tecnología israelí se encuentran en avanzado estado de fabricación.

Defensa ya ultimaba los primeros ensayos del lanzacohetes SILAM

La empresa adjudicataria UTEK se encargará de gestionar los permisos y el alquiler de una embarcación para un plazo de diez días de ensayos que se realizarán en el pantano de San Juan, en Madrid. También incluye asistencia técnica para tres ensayos que tendrán lugar en Mazagón (Huelva) y en la Base Naval de Cartagena, todos ellos entre septiembre y noviembre de este año. “Se requiere embarcación no tripulada, neumática, semirrígida e hichable para el apuntamiento de coordenadas fijas”, señala el informe técnico. El documento justifica la adjudicación a la firma UTEK por su “experiencia acreditada en operaciones para la Armada y la OTAN”.

El calendario ya establecía que las primeras pruebas de fuego se iban a realizar a mediados de 2025 y la entrega de los grupos de artillería completos estaba prevista para dentro de dos años. El plazo de ejecución del contrato expira el 15 de diciembre de 2027, tal como figura en el acuerdo que ahora ha sido formalmente anulado por el Gobierno.

Ni Escribano M&E ni Expal han contestado a las cuestiones planteadas por Cordópolis a través de un correo electrónico. Tampoco la oficina de comunicación del Ministerio de Defensa ha concretado en qué se materializa la anulación del contrato del programa SILAM. Hace tres meses, las mismas fuentes afirmaron a este periódico que el departamento estaba analizando cada uno de los proyectos para buscar las “soluciones más eficientes” a la desconexión tecnológica de las licencias israelíes. Y hasta hoy no hay noticias de ello.

La Brigada 'Guzmán el Bueno' X ha llevado a cabo este viernes en la Base de Cerro Muriano (Córdoba) los actos de toma de mando y relevos de jefes de unidad en el Grupo de Artillería de Campaña X, en el Batallón de Infantería Mecanizada 'Lepanto', perteneciente al Regimiento de Infantería 'La Reina' 2, y en el Grupo Logístico X.

Según ha indicado la Brigada 'Guzmán el Bueno' X en una nota, este pasado jueves se efectuó en el Acuartelamiento Soyeche, en Munguía (Vizcaya), el relevo del jefe del Batallón de Infantería Motorizada 'Guipúzcoa', perteneciente al Regimiento de Infantería 'Garellano' 45.

En el mismo, el teniente coronel José Luis Peñín Hidalgo ha tomado el mando relevando al teniente coronel Julio Juan Fernández Álvarez de Sotomayor, quien lo ocupaba desde septiembre de 2021. Durante el acto, presidido por el general jefe de la Brigada X, Fernando Ruiz Gómez, el teniente coronel Peñín, se ha dirigido a los presentes agradeciendo la “confianza depositada en él” y ha remarcado el “orgullo que representa tomar el mando de una unidad que destaca por la calidad humana y el elevado grado de operatividad”.

La jornada de este viernes ha comenzado con el relevo del Grupo Logístico X entre el teniente coronel Emilio Carmona Díaz y el teniente coronel Jose María Sánchez González. El acto ha sido presidido por el general Ruiz Gómez. El teniente coronel Sánchez ha agradecido la confianza depositada en él, “por lo que asumo el reto con humildad e ilusión”, además ha afirmado que “me incorporo al Grupo para sumar y servir”.

El teniente coronel posee el curso Superior de Logística y ha estado destinado en el Batallón de Zapadores X, en el Batallón de Cuartel General X y la Brigada 'Almogávares' VI de Paracaidistas, entre otros destinos.

Seguidamente, se ha efectuado el relevo del Batallón 'Lepanto' entre el teniente coronel Andrés Rodríguez Capote quien lo ha recibido del teniente coronel Daniel Quintián Frade. El acto ha sido presidio por el coronel jefe del regimiento 'La Reina' 2, Manuel Navarro González. En su alocución, el teniente coronel Capote ha agradecido la designación para el mando del 'Lepanto' y ha expresado su empeño en la nueva empresa en la que no escatimará esfuerzo y compromiso para alcanzar las máximas cotas.

El teniente coronel es titulado Superior de Logística, comenzó su carrera en el Regimiento Acorazado 'Córdoba'10 y sus últimos destinos han sido la Agrupación de Transporte y el Cuartel General de Fuerza Terrestre.

A continuación, y para finalizar la jornada, ha tenido lugar la entrega y toma de mando del Grupo de Artillería de Campaña X, que ha presidido nuevamente el general jefe de la Brigada 'Guzmán el Bueno', en la que el teniente coronel Manuel Augusto Muñoz Núñez ha cedido el testigo al teniente coronel Andrés Moreno Guerra. El nuevo jefe del GACA X ha tenido palabras de agradecimiento por la confianza depositada en él y el apoyo recibido.

Además, ha reconocido la valía de los componentes del Grupo y el buen trabajo desarrollado hasta la fecha, en especial por el personal desplegado en Letonia. El teniente coronel Moreno es diplomado en Estado Mayor y entre sus destinos más destacados figuran el GACA X, la Academia de Artillería y el Cuartel General de la BRI X.

El sargento José Odero, perteneciente al Regimiento de Infantería La Reina n.º 2 con base en Cerro Muriano, ha resultado crucial a la hora de salvar la vida de una persona tras un grave accidente de tráfico ocurrido en la carretera A-471, que une Las Cabezas de San Juan con Lebrija.

Según informa el Ejército de Tierra, el militar no dudó en actuar cuando presenció que un vehículo siniestrado comenzaba a arder con el conductor atrapado en su interior. Así, conscientes del inminente riesgo de explosión, el sargento Odero y otro testigo que se encontraba en el lugar unieron fuerzas para rescatar al conductor herido y sacarlo del coche justo a tiempo, antes de que las llamas se extendieran por completo y provocaran una posible tragedia.

Los bomberos que acudieron al lugar destacaron que la intervención del militar fue clave para salvar la vida de la víctima. Según los equipos de emergencia, el rescate se produjo en una situación crítica, en la que cualquier demora habría tenido consecuencias fatales.

Desde las Fuerzas Armadas se ha reconocido la valentía del sargento Odero, subrayando el orgullo que supone contar con personas como él entre sus filas. Su actuación ejemplar es reflejo del compromiso, el valor y la preparación de los soldados españoles también fuera del campo de operaciones.

El Ministerio de Defensa ha confirmado este miércoles que las obras de construcción de la futura Base Logística del Ejército de Tierra, que se ubicará en Córdoba, se ejecutarán en dos fases diferenciadas. Así lo han detallado responsables militares durante una mesa redonda celebrada en el marco de las jornadas Un proyecto de país, desde Andalucía, desarrolladas en el Palacio de la Motilla de Sevilla, y orientadas a presentar la infraestructura a potenciales inversores del ámbito andaluz.

Durante la sesión, representantes del Ejército han reiterado que la inversión total prevista rozará los 600 millones de euros, consolidando este proyecto como una de las mayores apuestas del Gobierno en materia de infraestructura y modernización militar en los próximos años.

Según los detalles aportados, la primera fase de la construcción estará centrada en dotar al complejo de las capacidades necesarias para el inicio de su operatividad inicial, cuya fecha se mantiene fijada para diciembre de 2028. Esta etapa incluirá la urbanización del terreno, la edificación de instalaciones logísticas básicas, centros de mando y control, almacenes automatizados y sistemas tecnológicos avanzados.

La segunda fase, cuyo calendario se desplegará tras esa primera puesta en marcha, ampliará las capacidades operativas y tecnológicas de la base con nuevos edificios, plataformas logísticas especializadas, infraestructuras energéticas sostenibles y equipamientos dedicados a innovación e I+D+i en el ámbito militar.

Los responsables del Ejército de Tierra explicaron que esta división responde tanto a criterios técnicos como estratégicos, permitiendo acompasar el desarrollo de la base con las necesidades logísticas reales del Ejército y los avances tecnológicos que se vayan integrando en el proceso.

Un polo tecnológico y económico

La jornada celebrada en Sevilla ha reunido a empresarios, representantes institucionales y autoridades militares con el objetivo de acercar el proyecto a inversores andaluces, en especial del entorno sevillano, y fomentar su implicación en una infraestructura que se concibe como clave para la transformación logística de las Fuerzas Armadas.

Los intervinientes coincidieron en destacar que la futura base no solo tendrá un impacto en el ámbito militar, sino que también supondrá un potente tractor económico, tecnológico y laboral para Córdoba y toda Andalucía. “No estamos ante un proyecto local, sino ante un proyecto de país”, señaló el teniente general, Luis Cebrián, director general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa.

Además de su función logística, la base incorporará capacidades de innovación y digitalización punteras, alineadas con el concepto de “logística 5.0”, y se espera que funcione como núcleo de colaboración con el sector privado, universidades, centros tecnológicos y empresas del ecosistema de defensa y ciberseguridad.

Con este planteamiento, Defensa aspira a convertir la infraestructura en un referente internacional en sostenibilidad, automatización y eficiencia logística, con una gestión que integrará criterios medioambientales, energías limpias y tecnologías emergentes.

Córdoba, centro neurálgico de la nueva estrategia militar

La elección de Córdoba como sede de esta infraestructura se fundamenta en su posición geográfica estratégica, sus conexiones ferroviarias y logísticas, y su capacidad de generar un ecosistema propicio para la innovación.

La Base Logística General de Ejército Javier Varela tendrá una extensión de más de 85 hectáreas y centralizará servicios que actualmente están repartidos por distintos puntos del país. Con su puesta en marcha, el Ejército de Tierra espera ganar en eficiencia, sostenibilidad y capacidad de respuesta, en un entorno internacional cada vez más exigente y cambiante.

El Ministerio de Defensa ha cesado de sus funciones a los cuatro militares procesados por la muerte del soldado Carlos León y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, quienes perdieron la vida el 21 de diciembre de 2023 durante unas maniobras en el lago artificial de la Base Militar de Cerro Muriano (Córdoba).

Según ha informado en un comunicado Luis Romero Santos, abogado y doctor en Derecho Penal que ejerce la acusación particular en nombre de la familia del soldado León, los ceses responden a una solicitud directa presentada ante Defensa.

El Boletín Oficial de Defensa (BOD) recoge este jueves el último cese en funciones solicitado que quedaba, el del Teniente Coronel José Luis Zanfaño Hidalgo, con efectos desde el 9 de julio. Aunque pierde sus funciones actuales, Zanfaño mantiene su destino en el Estado Mayor del Ejército. Esta medida se adopta en virtud de una resolución de la Subsecretaría de Defensa, en aplicación del artículo 111 de la Ley 39/2007 de la Carrera Militar, y en relación con el Sumario 2/01/24 instruido por el Juzgado Togado Militar Central nº 2 de Madrid.

Además, el pasado 13 de junio ya fueron cesados en funciones y en sus respectivos destinos otros dos mandos: el Teniente Jaime Tato y el Comandante Luis Velasco. Anteriormente, en abril de 2024 (BOD de 11 de abril), se había producido también el cese del Capitán Ignacio Zúñiga.

Estos ceses suponen un nuevo paso al margen del procedimiento judicial que investiga las posibles responsabilidades penales y disciplinarias por el trágico accidente en Cerro Muriano, que costó la vida a dos militares durante unas maniobras acuáticas.

La acusación particular ha venido reclamando desde el inicio del proceso una depuración de responsabilidades, tanto en el ámbito judicial como en el administrativo.

El Ministerio de Defensa ha reafirmado este martes su compromiso con los plazos previstos para el desarrollo de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) que se ubicará en La Rinconada, en Córdoba. Lo ha hecho en un acto en el que ha participado la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y en el que se han recepcionado las obras iniciales de vallado y urbanización básica en todo el recinto.

Unas obras que, según se ha dicho este martes, se han licitado, adjudicado y construido a “ritmo récord”, dando como resultado que, 18 meses después de su inicio, el Polígono Industrial de La Rinconada ya es el esqueleto sobre el que se asentará el aparato tecnológico que va a definir al Ejército de Tierra durante la próxima década y que, si se toma como ejemplo la escrupulosidad con la que se han cumplido los plazos en la obra inicial, estará funcionando en el año 2029.

“El acto de hoy es muy significativo, no solo para el Ejército, sino también para Córdoba, Andalucía y toda España”, ha afirmado Valcarce, que ha remarcado que este avance es un “hito muy importante”, ya que consolida a Córdoba como un enclave estratégico de la defensa nacional. Además, destacó que la BLET es uno de los cuatro pilares fundamentales del programa de modernización del Ejército de Tierra 2025-2035.

Las obras de la primera fase

Por su parte, el director general de Infraestructura, el teniente general Luis Cebrián, valoró el esfuerzo conjunto de las distintas administraciones que ha hecho posible alcanzar este primer hito. “Desde septiembre de 2021 se ha recorrido un camino de cooperación interinstitucional que comenzó en plena pandemia, y que hoy culmina con la entrega de las primeras obras de urbanización y vallado en un tiempo récord de un año”, afirmó.

Las obras, ejecutadas por la UTE formada por Sorigué y Setisur, han supuesto una inversión de 27,5 millones de euros. Entre los detalles técnicos de esta primera fase se incluyen movimientos de tierra de gran envergadura, gracias a una cantera local que ha permitido desplazar 500.000 metros cúbicos de tierra.

Además, se ha hecho la instalación de ocho kilómetros de tuberías de abastecimiento, 200 kilómetros de redes de alumbrado y comunicaciones, un perímetro de seguridad de cuatro kilómetros con doble vallado, y 30.000 metros cuadrados de aceras. También se han habilitado zonas de aparcamiento tanto en el interior como en el exterior del recinto.

¿Qué toca ahora? Pues Cebrián ha comentando que Defensa ya estudia el proyecto técnico de la segunda fase, un tomo de más de 150.000 páginas y 12.000 planos que se finalizó en marzo y se encuentra en fase de supervisión. Está previsto que esta fase concluya en septiembre y que sea entonces cuando se abra la contratación de la obra civil por valor de 390 millones de euros, lo que permitirá avanzar hacia la finalización de la base completa en 2028.

La entrega oficial al Ejército de Tierra está prevista para el primer trimestre de 2029, momento en el que la instalación podrá comenzar a operar plenamente.

Participación institucional

Durante el acto, desde el Ministerio de Defensa se ha destacado el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, y que, en los próximos meses, se sumará también la Junta de Andalucía, que se ha comprometido a aportar 100 millones de euros al proyecto.

“Hemos alcanzado el final del principio. Ahora empieza la fase decisiva para hacer realidad la base logística más avanzada de Europa”, concluyó el teniente general Cebrián, que dio paso a la proyección de un vídeo 3D del diseño final de la base, una instalación que, según las autoridades presentes, marcará un antes y un después en la logística militar española

Un motor económico y tecnológico

Por su parte, Valcarce ha subrayado el impacto económico y tecnológico que ya está teniendo la instalación en la provincia. “El proyecto ha atraído a empresas clave del sector, como Escribano, con su proyecto SILAM, o la UTE liderada por Indra (TESS Defense), centrada en el sostenimiento de vehículos blindados 8x8”, explicó. En este sentido, adelantó que la propia Indra ya está trabajando en la creación de dos nuevos centros productivos en Córdoba, especializados en radares terrestres y espaciales, así como en sistemas antidron.

Estos centros, cuya actividad arrancará a partir de septiembre, supondrán una inversión de más de 25 millones de euros y la creación de 250 puestos de trabajo de alta cualificación, de los cuales al menos 100 serán de perfil ingeniero. “Queremos estrechar los lazos con el tejido universitario y empresarial de Córdoba, y fomentar un ecosistema de innovación alrededor de la base”, concluyó.