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El sumario de la Púnica revela contactos en Córdoba

Extracto del pinchazo telefónico realizado a Pedro García en la que se habla de sus contactos en Córdoba.

Redacción Cordópolis

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Los pinchazos telefónicos de la Guardia Civil a uno de los conseguidores de la trama exponen cómo se interesaron por el contrato del alumbrado público del Ayuntamiento y aseguraron que tenían prevista una reunión con el alcalde tras hablar con técnicos municipales | Fuentes del PP reconocen los contactos pero niegan que se firmara nada con la trama, y que en el pliego se interesaron y hubo reuniones con más de 20 empresas

Pedro García Pérez era el máximo responsable en España de la multinacional francesa Cofely. Fue detenido por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el lunes 27 de octubre de 2014, por orden del titular del Juzgado de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Fue arrestado y acusado de ser uno de los grandes conseguidores de contratos públicos de la que ha venido en llamarse trama Púnica, cuyo responsable más importante (y que dio nombre a la operación de la Guardia Civil) es el exsenador y exvicepresidente de la Comunidad de Madrid por el PP, Francisco Granados. Ese día, y según los pinchazos telefónicos de la Guardia Civil, que se acaban de conocer tras levantarse el secreto de sumario de la primera parte de la operación Púnica, Pedro García Pérez tenía pensado coger un AVE en Madrid y llegar a Córdoba a las 15:00 de la tarde.

En el sumario judicial, al que ha tenido acceso este periódico, aparecen transcritos los pinchazos telefónicos que la Guardia Civil realizó al móvil de Pedro García Pérez días antes de su detención. El viernes 24 de octubre, Pedro García realiza varias llamadas telefónicas. A las 9:00 de la mañana llama a un tal Manuel, según la transcripción policial. Pedro García y éste, que al parecer es un trabajador de Cofely en Sevilla, conciertan una cita en Córdoba para el lunes siguiente, el 27 de octubre. Hablan de verse en la cafetería Fénix, en la plaza de Las Tendillas, ya que posteriormente tenían una cita a las 18:30 en la ciudad. Es entonces cuando Manuel, el trabajador de Cofely en Sevilla, asegura que ya ha hablado con dos técnicos del Ayuntamiento de Córdoba sobre el contrato del alumbrado público que el Consistorio tiene previsto sacar a licitación “en noviembre”.

De esta manera, Manuel asegura a Pedro García que ya ha hablado con Rafael Ruiz (exdirector general de Infraestructuras) y con “Elena”. Según la transcripción del pinchazo telefónico (que se ha adjuntado al sumario de la operación Púnica), Manuel le asegura a Pedro García que según le han comentado estos dos técnicos municipales “el pliego está prácticamente terminado, que saldrá como modelo de concesión administrativa de 12 a 14 años, que es muy parecido al de Santander, que lo pretenden sacar para finales de noviembre y que serán como unos 14 millones de euros”. En ese momento, y según explica el agente de la Guardia Civil que escucha la conversación, “hablan sobre las características técnicas del pliego”.

A continuación, y tras hablar sobre el viaje que realizarán al lunes siguiente a Córdoba, Manuel le detalla a Pedro García Pérez que “espera no llevarlos de viaje para nada, que también se lo han dicho a la delegada, que no sabe si el alcalde [supuestamente se refieren a José Antonio Nieto] se lo habrá dicho a la delegada de Infraestructuras [en el mandato anterior era la popular Laura Ruiz], pero que es un momento propicio de ofrecérselo al alcalde y a su equipo”. En este momento, se interrumpe la llamada.

No obstante, hay una segunda conversación telefónica escuchada por la Guardia Civil. Ese mismo día, dos horas después, Pedro García habla con un tal Rodrigo, supuestamente compañero de Cofely. En la misma le confirma que el lunes 27 de octubre “está con el alcalde de Córdoba y que ya le contará”. Ahí se vuelve a interrumpir la conversación.

La Guardia Civil y el juez Eloy Velasco seguían los pasos de los responsables de la trama Púnica desde hacía meses. En principio, detectaron cómo estos llamados conseguidores consiguieron contratos millonarios en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, Murcia y hasta la Diputación de León. Los agentes y el juez vieron cómo poco a poco la trama iba extendiéndose por toda España. Así, y antes de que siguieran extendiendo sus redes, el juez, coordinado con la Guardia Civil, decidió actuar y precipitar la operación. El Ayuntamiento de Córdoba nunca contrató con la empresa Cofely. La reunión nunca se llegó a producir.

LA VERSIÓN DEL ANTERIOR EQUIPO DE GOBIERNO

El anterior equipo de gobierno ha reconocido los contactos con responsables de Cofely pero han negado cualquier tipo de connivencia o trato de favor. Este periódico habló ayer con diversas fuentes del anterior gobierno local, entre ellas la actual concejala Laura Ruiz, exresponsable del Área de Infraestructuras. Ruiz admitió reuniones aunque las encajó dentro de la normalidad administrativa de la gestión municipal. Así, señaló que en el pliego del alumbrado público hubo mucho interés no solo por parte de Cofely, sino de una veintena de empresas con las que también hubo contactos.

“Es normal que cuando se saca un pliego como este, de 14 millones de euros, muchas empresas se interesen y quieran reunirse no solo con la delegada, sino con el alcalde”, aseguró ayer en declaraciones a este medio. “En mis cuatro años de gestión me he reunido con cientos de empresas por este y otros pliegos”, destacó la concejala del PP, que restó gravedad a las escuchas reveladas en el sumario de la operación Púnica.

Al hilo de la conversación entre Pedro García y su trabajador Manuel reconoció que el pliego de Córdoba se iba a parecer al que sacó a licitación el Ayuntamiento de Santander, al que aluden estos dos durante la conversación intervenida. “Santander nos ha servido mucho de modelo porque tenían el pliego muy avanzado”, expresó la concejala popular.

Por otra parte, y según han confirmado a este periódico fuentes cercanas a la investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está pendiente de culminar el grueso de su trabajo en la comunidad de Madrid para cerciorarse de que no se cometieron irregularidades en otros ayuntamientos de España, entre ellos el de Córdoba.

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