ENTREVISTA

Vivir como diana del Ejército colombiano: “El miedo era un motor hasta que te tienes que tragar las palabras”

Entrevista a Germán Romero, abogado colombiano protegido por Amnistía Internacional

Germán Romero ha tenido que acostumbrarse a vivir con miedo. Miedo a poner un pie en la calle. Miedo a descolgar el teléfono. Miedo a abrir la bandeja de correo electrónico. Este abogado colombiano está en España, exiliado de su país gracias al Programa de Protección Temporal de Defensores en riesgo de Amnistía Internacional, y después de que la escalada de amenazas contra su integridad personal se volviera inasumible para él y para su familia, que se había acostumbrado a que los siguieran y los llamaran en plena noche para advertirles de que no les esperaba otro futuro que la muerte.

Todo ello ocurría mientras se procesaba al comandante Mario Montoya por más de un centenar de muertes de civiles, y mientras Romero ejercía de representante de las víctimas de los falsos positivos, los miles de jóvenes colombianos inocentes que fueron asesinados presuntamente por las fuerzas militares y que se incorporaron a las estadísticas como miembros de bandas o guerrillas entre los años 2002 y 2008, en el marco de la guerra entre el Gobierno de Álvaro Uribe contra las FARC.

Un proceso judicial que, por el momento, según indica Romero en una entrevista con Cordópolis, no ha conducido “a nada”. Más allá de a ponerle una diana a su cabeza y tener que exiliarse de su país, perseguido por las fuerzas del Estado. El abogado colombiano ha visitado Córdoba y ha podido contar de viva voz cómo es el día a día de alguien que vive “con el agua al cuello” y perseguido por las fuerzas a las que la sociedad le encomienda precisamente el papel de defensa de los derechos y las libertades.

“Si yo estoy en España exiliado es porque la lucha por la justicia me ha enseñado a entender el aparato militar. Eso significó un salto cualitativo en el trabajo de investigación y eso me puso en un blanco por parte de la inteligencia militar”, afirma Romero, quien reconoce que, durante todo su ejercicio profesional, había aprendido a vivir “con este nivel de riesgo”. Hasta que las amenazas le llevaron al exilio. “Creo que es un poco enfermo aprender a vivir la vida así. Creo que haber estado en España este tiempo me ha enseñado que eso no se puede normalizar, que es lo que nos pasa a muchas personas en Colombia. Que hay que seguir insistiendo en la transformación social justamente para que nadie más viva más este tipo de situaciones”, reconoce.

El proceso judicial a Mario Montoya

Germán Romero puede decir que lo ha intentado. En nombre de la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y junto con los abogados Fernando Rodríguez Kekhan, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; Sebastián Felipe Escobar Uribe, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, logró iniciar un proceso contra Mario Montoya, que fue comandante del Ejército de Colombia durante la presidencia de Álvaro Uribe, y más concretamente, durante cuatro años en el periodo 2002 y 2008, en los que han documentado más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales. En Colombia se les llama falsos positivos, y, según el letrado, es fruto de un sistema militar perverso que inflaba las estadísticas de víctimas durante el conflicto armado para dar la sensación de que el Gobierno estaba ganado la guerra.

Pero además, los integrantes de las unidades militares conseguían permisos y vacaciones, así como pagas extra, por incrementar el número de bajas. “A nivel operativo, se convirtió en un problema de beneficios horribles y fútiles. Y Montoya era el comandante de este ejército”, explica Romero, que añade que “la forma en que él ejercía el mando e intervenía en las operaciones” hacían que estas ejecuciones fueran aumentando. “Es más, él pedía que hubiera ríos de sangre, que era lo único que le servía. No le servían las detenciones, no le servían las incautaciones, sólo le servían los muertos”, apostilla el abogado, que asegura que, durante toda su carrera militar, el comandante procesado “siempre estuvo allí donde había violaciones de derechos humanos”.

La justicia no es un ejercicio neutro. La administración de justicia nunca lo ha sido y nunca lo será. Y la reivindicación por la justicia tampoco lo es

Sin embargo, a pesar del trabajo hecho para sentarlo en el banquillo, Mario Montoya solicitó acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un programa de Justicia Transicional que se creó en Colombia con el acuerdo de paz de 2016, y que, en la práctica, lo ha sacado de la justicia convencional “para garantizar su inmunidad”. De manera que, a pesar de que el comandante llegó a declarar ante el tribunal, a día de hoy sigue en libertad y sin imputación. Y las víctimas, aclara Romero, siguen esperando “la verdad y la justicia”.

“Él ha llegado a excusarse, ha llegado a decir que, si ocurrieron falsos positivos era porque los soldados eran pobres y que eso los llevó a asesinar a muchachos inocentes y que él no tenía nada que ver con eso, que era un problema de abajo. Ese negacionismo resultó ofensivo para las víctimas”, señala el letrado, que recuerda que “Montoya era la cabeza más visible del proceso que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) llevaba contra Colombia por el caso de falsos positivos”. Lamentablemente, según Romero, este caso también se ha venido abajo y la Fiscalía de la CPI ha acabado cerrando el proceso “sin consultar a las víctimas y sin analizar las evidencias”.

Un acuerdo de paz coyuntural

Romero apunta, además, que, a la vista de las pruebas presentadas, tanto Juan Manuel Santos, que era el ministro de Defensa, como el expresidente Álvaro Uribe, conocían esta política y esta práctica. “Uribe, como presidente en Colombia, era el jefe de las fuerzas militares. El plan de Campaña no lo decide un general solo en la intimidad, sino que se discute con su plana mayor, con el ministro de Defensa y el presidente de la República, y se acuerda cuál es el objetivo del Ejército. Y, en ese momento, el objetivo del Ejército era mostrar muertos. Es decir, que Juan Manuel Santos, que era el ministro de Defensa, y Álvaro Uribe, conocían esta política y esta práctica”, asegura.

Más allá de que Romero entiende que Uribe tiene una responsabilidad jurídica clara, también apunta a la responsabilidad política, que tampoco ha aceptado, y que hasta el momento, tampoco, se le ha reclamado, en parte porque cuenta a su favor con un acuerdo de paz que, a su juicio, “vendió una impunidad” para él y para su ministro de Defensa. “Yo estoy a favor del acuerdo de paz. Lo respaldé e hice campaña a favor del Sí, y seguimos tratando de implementarlo. Pero, quienes discutieron el acuerdo de paz, que era el Estado, el poder político y la insurgencia, acordaron que los presidentes y expresidentes, no podían ser juzgados. Y adicionalmente, la responsabilidad de los militares no fue discutida en la mesa de negociaciones. Lo que hizo el Gobierno Colombiano fue dejar fuera de la negociación el papel de los militares, pero incorporarlo al acuerdo de paz”, recuerda el abogado.

Juan Manuel Santos, que era el ministro de Defensa, y Álvaro Uribe, conocían esta política y esta práctica

Según sus cálculos, por lo menos dos o tres generaciones de militares tendrían que rendir cuentas en juicios penales ordinarios por los falsos positivos, ya que ocurrieron durante décadas en todo el país. Evidentemente, indica, si esto ocurriera, el Ejército Nacional, quedaría descabezado y se demostraría que ha actuado como “una organización criminal”. De este modo, entiende que el acuerdo de paz “se convirtió en una tabla de salvación” para los militares. “A esto en Colombia se le llama tragarse sapos, que no es otra cosa que colar impunidades”, lamenta el letrado, que apuesta, no sólo por procesar a los responsables, sino por “depurar las instituciones” como la únicas manera para evitar que este tipo de prácticas sigan ocurriendo.

Porque sigue ocurriendo, se atreve a decir, antes rememorar la represión policial a las protestas de 2021, en las que, a su juicio, se vio el delgado hilo que hay entre la violencia paramilitar y la violencia parapolicial. “Aquí el Ejército asesinaba, el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) asesinaba, el F2 (una parte de la policía secreta y judicial de Colombia) antes asesinaba... Y nunca nadie respondió. Entonces, la Policía en las protestas asesina, porque sabe que, en el fondo, va a haber un escenario de protección y ocultamiento de sus responsabilidades”, apunta el letrado, que resume que “esta impunidad” va a complicar “salir de la espiral de violencia en la que está metida la fuerza pública en Colombia”.

Lo dice alguien que es, al mismo tiempo, abogado de las víctimas de la fuerza pública y víctima de su represión y violencia. Esta doble condición le permite saber, probablemente con exactitud, qué características definen a los represaliados por la maquinaria de la seguridad del estado. “Yo siempre estoy en la trinchera de los marginados, de los nadies, de los desposeídos. Esa es la apuesta. Yo mismo soy uno de ellos. Uno de estos marginados que pone al servicio su fuerza de trabajo”, dice al principio de la entrevista.

PREGUNTA. ¿Qué diferencia a una víctima de las que tú defiendes del resto de víctimas de la violencia?

RESPUESTA. La violencia ejercida por el Estado no sólo asesina, sino que estigmatiza a la víctima y a las familias, que se encuentran a todo un estado tratando de ocultar el crimen. Ser víctima de un crimen de estado hace que sea mucho más difícil sobrevivir a eso, en el caso de los familiares, perseguir justicia, pero fundamentalmente, desbaratar las razones que llevaron a ese crimen. Eso en Colombia, si no lo vamos a seguir atacando, va a seguir ocurriendo.

P. El acuerdo de paz parece haber olvidado una parte esencial, que es la reparación.

R. Yo creo que el acuerdo de paz no alcanza a llegar al punto de soltar el nudo de la violencia ejercida desde el Estado. Eso no significa que sea un mal acuerdo de paz, sino uno coyuntural. Pero hay que construir las herramientas para soltar ese nudo. La aspiración es que rindan cuentas de forma seria, frente a la sociedad, de manera pública. Nuestro ejército nacional tiene unas doctrinas y unos manuales que permiten paramilitarismo, el uso de civiles, guerra sucia o violaciones de derechos humanos. Si eso no se depura, va a seguir ocurriendo, así hagas mil acuerdos de paz.

P. ¿Tiene sentido hablar de justicia entonces?

R. La justicia no es un ejercicio neutro. La administración de justicia nunca lo ha sido y nunca lo será. Y la reivindicación por la justicia tampoco lo es. Creo que hay un sofisma de creer que la justicia es aséptica o neutral. Y no lo es. Y yo hago un ejercicio de lucha por la justicia porque creo que allí hay un tema de igualdad, de defensa de equidades y de lucha por la vida. Que yo venga de familia humilde, campesina, excluida, desplazada forzadamente, eso me nutre y me pone en una clase socialpopular que me lleva ejercer este rol dentro de los teatros de la justicia.

Un exilio, nuevos escenarios

Y de los teatros de la justicia colombianos, Romero ha pasado a los pasillos de la Oficina de Extranjería en España. Germán Romero reconoce que el exilio forzoso le ha dado una oportunidad de “tener un respiro”, mientras que a su familia le ha permitido “ver que existen otros escenarios” distintos al de vivir bajo el yugo de la violencia en Colombia y con el miedo como motor. Y ahí es cuando Romero resopla y se quiebra.

“Yo creí toda la vida que el miedo era un motor. Hasta que tienes que tragarte las palabras. Y obviamente, hay días donde no puedes más. Pero pasa. La noche pasa, llega al alba, y con el alba nuevas ideas y nuevas ganas”, confiesa aguantando el abismo en la garganta. Romero reconocerá que, a pesar de toda la solidaridad que ha recibido, del trato que le ha dispensado Amnistía Internacional, el exilio español no es “un jardín de rosas”.

“Hemos tenido dificultades como migrantes, como migrantes latinos y como migrantes latinos morenitos (se ríe). Pero definitivamente, hay una enseñanza: que hay espacios donde las libertades y los derechos se cuidan. Y creo que me llevo eso como algo muy valioso”, resume el abogado, que añade que los españoles tienen “un legítimo interés solidario y de hermandad con los pueblos de América Latina”.

Ello a pesar de que, a nivel estatal y oficial, “la visión sobre Latinoamérica es paternalista. ”Creo que está ahí, aunque digan que no. Sí, sigue siendo: 'Nosotros les vamos a enseñar esto y les vamos a enseñar cómo es esto y cómo es lo otro'. Cuando yo creo que América Latina es la esperanza del mundo. Yo todavía me la juego por eso. Aunque reconozco que puede ser una visión muy chauvinista y regionalista“, reflexiona el abogado.

Esto no es un jardín de rosas. Hemos tenido dificultades como migrantes, como migrantes latinos y como migrantes latinos morenitos

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