Abierto el plazo para que unas 6.700 empresas afectadas por ERTE en Córdoba soliciten ayudas al empleo

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), adscrito a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Adalucia, tiene abierto el plazo para que las empresas andaluzas afectadas por un ERTE durante la pandemia soliciten las nuevas ayudas al mantenimiento del empleo, independientemente de la actividad económica a la que se dediquen, lo que en la provincia de Córdoba afecta a más de 6.700 empresas.

Así lo han dado a conocer este viernes en rueda de prensa el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Repullo, y el delegado de Empleo de la Junta en Córdoba, Ángel Herrador, al presentar esta nueva convocatoria, dotada con 165 millones de euros y que sucede a una anterior aprobada en el mes de abril, que ha dejado en Córdoba 8,7 millones de euros y ha beneficiado a 2.453 empresas, que representan el 80% de las solicitudes recibidas.

Junto a ello, Repullo y Herrador han aprovechado también esta cita para recordar las ayudas a la solvencia empresarial, en vigor en la actualidad, y dotadas con 1.109 millones de euros. En referencia a éstas últimas, Repullo ha expresado su malestar, “porque las modificaciones introducidas por el Gobierno de Sánchez llegan tarde, a pesar de las peticiones de la Junta de Andalucía, que ya aviso del problema la primera vez en abril de este año”.

Según ha explicado Repullo, “estas modificaciones eran necesarias porque las condiciones leoninas de las subvenciones dejaban a muchos empresarios fuera de las mismas y penalizando a quienes hubieran pagado sus deudas”, de forma que “se ha causado mucho daño al tejido productivo por no escuchar y no hacer bien las cosas”.

Repullo ha querido destacar también el “enorme esfuerzo que está realizando la Junta de Andalucía para tramitar estas ayudas de forma ágil, para que lleguen lo antes posible a quien de verdad lo necesita, empresas y autónomos”, y “el ejemplo lo tenemos con la anterior convocatoria de ayudas al mantenimiento del empleo, donde el 85 por ciento de las solicitudes favorables fueron notificadas a los dos meses, un mes antes de lo que establece la norma”.

Por su parte, Ángel Herrador ha detallado la casuística de estas ayudas, anunciando que las dirigidas al mantenimiento del empleo prevén beneficiar en Córdoba a 6.753 empresas, destacando “que la primera convocatoria benefició a más de 2.400 y a casi 11.000 trabajadores”.

El responsable de Empleo ha recordado que están gestionadas a través del SAE, y pueden presentarse todas las empresas, independientemente de la actividad económica a la que se dediquen, siendo “ésta la principal novedad de esta segunda convocatoria”, detallando Herrador que, “a finales de septiembre había en Córdoba 2.539 trabajadores en ERTE, una situación en la que llegaron a estar más de 30.000 personas en mayo del pasado año en la provincia”.

Mantenimiento del empleo

La segunda convocatoria de ayudas al mantenimiento del empleo, se abrió el pasado 5 de octubre, y flexibiliza los requisitos para las entidades solicitantes, de cara a facilitar la participación del mayor número de empresas y trabajadores autónomos y garantizar el sostenimiento del empleo vinculado a las mismas.

La principal modificación es la supresión de la relación de actividades económicas subvencionables, estando abierta a todas las empresas independientemente de la actividad económica que desarrollan.

Se reduce también de tres a un año de referencia para la comprobación del requisito que se refiere al número de personas trabajadoras en alta en la Seguridad Social (dato necesario para calcular el incentivo).

Pueden acogerse al incentivo las empresas con una plantilla media de hasta 20 trabajadores en el último año, que estén o hayan estado en ERTE desde el pasado 14 de marzo de 2020 por motivos relacionados con la pandemia. Como empresas, se incluye a toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica, incluidas autónomos y entidades sin ánimo de lucro. Estas empresas han de tener, al menos, un trabajador en alta por cuenta ajena, independientemente del porcentaje de jornada.

La subvención está ligada a un indicador llamado Factor de Actividad, y en la práctica supondrá una cuantía de 505 euros al mes por empleo subvencionado durante un máximo de cuatro meses. El tope máximo de la ayuda alcanza los 30.300 euros.

Las empresas beneficiarias deberán mantener el 100 por 100 del nivel de empleo subvencionado, al menos cuatro meses, y la ayuda será compatible con otras de cualquier administración para la misma finalidad, siempre que no supere el coste total de la actividad subvencionada.

En cuanto a la solicitud, debe presentarse por vía telemática, a través de un formulario disponible en web del SAE (https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/) que incluye, entre otros aspectos, una declaración responsable de cumplimiento de los requisitos, y la cuenta bancaria. No se requiere que, junto a la solicitud, se presente documentación adicional. El plazo de presentación será de 15 días hábiles, hasta el próximo 26 de octubre, y el período para resolver se fija en tres meses.

Solvencia empresarial

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado, igualmente, un Decreto Ley para aplicar en Andalucía los cambios que introdujo el Gobierno de la Nación con el propósito de “corregir la deficiente regulación de las ayudas a la solvencia para empresas y autónomos”. De este modo se amplia el acceso a la subvención, “solventando las graves dificultades que muchos solicitantes tenían para cumplir con los requisitos establecidos por la normativa estatal inicial”.

Las ayudas a la solvencia empresarial están dotadas con 1.109 millones de euros y se dirigen a 433 actividades. El plazo de solicitud de las mismas se ha prorrogado hasta el próximo 20 de octubre.

Tras los cambios incluidos, hay tres conceptos a los que se podrán acoger las empresas para solicitar la subvención: deudas y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros pendientes de pago; compensar los costes fijos ya pagados incurridos, y pérdidas generadas entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.

En los costes fijos incurridos están los suministros como luz, agua, teléfono e Internet, gas y otros combustibles, como el gasóleo, en el caso de los taxistas, además de alquileres, renting, mantenimiento de equipos y vehículos, tasas y licencias municipales, seguros relacionados con la actividad económica, gastos de gestoría o servicios de limpieza, vigilancia, mantenimiento de servicios informáticos, etcétera.

La cuantía de la subvención se mantiene en la horquilla de 3.000 a 200.000 euros, dependiendo de distintas variables, como la disminución de las operaciones en 2020, el número de empleados o el régimen de tributación.

Los autónomos en régimen de módulos no deben acreditar la reducción de actividad ni las pérdidas en 2019, de manera que tan solo deben presentar copia de las facturas de los costes fijos incurridos en el periodo delimitado.

Estas ayudas deben pagarse antes del 31 de diciembre, y para ello la Consejería de Empleo ya puso en marcha una oficina técnica dedicada los siete días de la semana a instruir, gestionar y atender las consultas que llegan sobre la tramitación de las ayudas, dispositivo que cuenta con 105 empleados públicos de cuerpos de gestión, 15 de ellos informáticos.

Además, se han introducido procesos de robotización, “dentro de los escasos márgenes que permite el Real Decreto estatal”, con sistemas masivos de automatización en la tramitación.