Más de 1.300 personas refugiadas pidieron asilo en Córdoba el pasado año

Más de 1.300 personas refugiadas pidieron asilo en la provincia de Córdoba durante el pasado año 2022. En concreto, según los datos aportados por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), los refugiados en Córdoba en ese año fueron un total de 1.329.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha cifrado en 11.722 los solicitantes de asilo en Andalucía durante el año pasado, lo que supone una concentración territorial de casi el 10% del país. Las solicitudes por provincias fueron repartidas entre Málaga, 3.418; Sevilla, 2.075; Almería, 1.634; Granada, 1.539; Córdoba, 1.329; Huelva, 781; Cádiz, 687, y Jaén, 259.

Asimismo, con la activación de la directiva 2001 de Protección Temporal tras el inicio de la guerra de Ucrania, las solicitudes de protección temporal ascendieron a 22.118 en Andalucía: Málaga, 13.404; Sevilla, 2.027; Almería, 1.766; Cádiz, 1.470; Granada, 1.459; Huelva, 865; Córdoba, 746, y Jaén, 381.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha reclamado un pacto social y político que blinde este derecho frente a “los continuos ataques que está sufriendo en los últimos años”. Así lo señaló esta semana durante la presentación de su 'XXI Informe Anual: La situación de las personas refugiadas en España y Europa' dentro de un paquete de 37 medidas que la organización hace a los partidos políticos de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio con el objetivo de mejorar la protección internacional y evitar que “la incertidumbre política e intereses electoralistas menoscaben al derecho humano que tiene toda persona a buscar refugio”.

En este sentido, señala que, entre las personas solicitantes, cientos se tuvieron que jugar la vida en el mar o en saltos de valla como los que desencadenaron la tragedia de Melilla. Por este motivo, CEAR pide a los partidos políticos que en sus agendas políticas den prioridad a garantizar el acceso al procedimiento de asilo de forma “legal y segura”, a través de embajadas y consulados, tal y como está recogido en el artículo 38 de la Ley de Asilo.

Además, propone otras medidas como la emisión de visados humanitarios, la aprobación de un programa “ambicioso y permanente” de reasentamiento y la flexibilización de los requisitos de reagrupación familiar para evitar que las personas refugiadas se vean obligadas a ponerse en manos de traficantes.

La organización reclama poner fin a las deficiencias del sistema de cita previa para solicitar asilo, que actualmente “condena a un limbo legal a miles de personas que esperan una media de seis u ocho meses para poder formalizar su solicitud de protección internacional”, señala la coordinadora de Intervención, Políticas y Campañas de CEAR en Andalucía Occidental, Lourdes Navarro.

Pese a ello, CEAR recuerda que 118.842 personas solicitaron asilo en España el año pasado, sin contabilizar las miles a las que “se invisibiliza” por no poder acceder a una cita. Fue un año más el

tercer país europeo con más peticiones, solo por detrás de Alemania y Francia, y el tercero por la cola en cuanto a resoluciones favorables con un 16,5%, solo por detrás de Malta y Chipre, quedando muy lejos de la media europea del 38%. Además, más de 122.000 expedientes siguen a la espera de resolución, “la mayoría durante meses e incluso años, incumpliendo los plazos legales”.

Refuerzo del sistema de asilo

CEAR en su informe incluye medidas basadas en reforzar el sistema de asilo y garantizar este derecho humano. Para ello considera necesaria la creación de una estructura administrativa dependiente de Presidencia con presupuesto suficiente para aglutinar todas las competencias en

materia de asilo.

Asimismo, reitera la necesidad de garantizar que los Centros de Recepción, Atención y Derivación (Creade) puedan transformarse en 'ventanillas únicas del asilo' para que todas los solicitantes de protección puedan registrarse, documentarse y acceder al procedimiento a través de estos recursos, con independencia de su lugar de procedencia.

Este refuerzo del sistema de asilo debe venir acompañado con medidas que garanticen el acceso a derechos fundamentales. Para ello es esencial que las administraciones les faciliten el empadronamiento para que puedan acceder a servicios sociales, a la educación o la sanidad; así como promover planes para acabar con la discriminación a la hora de encontrar una vivienda, entre otras cuestiones. Por otro lado, las entidades bancarias deben garantizar la apertura de cuentas de pago básicas, como establece la normativa vigente.

Respuesta a Ucrania y tragedia en Melilla

En su repaso a los acontecimientos del año, CEAR puso sobre la mesa la doble vara de medir en dos de los principales hitos que tuvieron lugar el año pasado. En la invasión rusa de Ucrania, los países europeos, incluido España, demostraron que con voluntad política se puede acoger y garantizar los derechos en tiempo récord.

Sin embargo, esa respuesta se vio empañada por la tragedia que tuvo

lugar en Melilla el pasado 24 de junio, en el que al menos 37 personas perdieron la vida, 77 están en paradero desconocido y 470 fueron devueltas ilegalmente, sin que de momento haya habido verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.

El próximo 1 de julio España asume la Presidencia del Consejo de la UE. Según CEAR, “una oportunidad histórica para que España lidere una política migratoria que ponga en el centro a los derechos y a las personas”.

CEAR apuesta por blindar la función de salvamento de vidas en el mar y garantizar, en todos los casos, el desembarco seguro de las personas rescatadas. Además, la presidencia española debe promover medidas para “combatir actitudes y narrativas xenófobas, racistas y de odio”.