Reclaman medidas en la campaña de la aceituna para evitar contagios y accidentes laborales

Jornaleros marchando por un camino rural. | MADERO CUBERO

La Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía (Avaela) ha reclamado a administraciones públicas y empresarios agrícolas que, ante la recién iniciada campaña de recogida de la aceituna en Andalucía, se adopten medidas “urgentes” para evitar contagios del coronavirus covid-19 y accidentes laborales entre los jornaleros.

De hecho, según la información facilitada a Europa Press por Avaela, “ya tenemos accidentes en nuestro campo” en la presente campaña de la aceitura, “gracias a ritmos de trabajo muy altos y con mucha maquinaria peligrosa”, como son las vareadoras, 'quads' o barredoras.

A ello se suman “el hacinamiento en comedores y albergues, para los que la Junta de Andalucía ha reducido su presupuesto, provocando la no apertura de varios, y la falta de control en medidas de seguridad, que está provocando, seguramente, un gran número de contagios por covid-19”.

De este modo, “para detener esta sangría de la siniestralidad en el campo andaluz” Avaela entiende que “es urgente incrementar significativamente la inspección, para el cumplimiento de la normativa”, además de “potenciar la concienciación y formación del empresariado y de las personas trabajadoras”, lo que implicaría “distribuir materiales didácticos de formación y concienciación en los idiomas de origen” de los jornaleros.

También es preciso “evitar el abuso de productos químicos, para proteger la salud de quienes trabajan y al medio ambiente”, siendo también necesario un “asesoramiento eficaz que facilite la evaluación de riesgos”, si bien, según ha recordado Avaela, para todo ello “se necesita inversión y, sobre todo, voluntad política que ponga a la persona trabajadora por encima del bochornoso beneficio económico, pues se lo debemos a las víctimas y a sus familias”.

De hecho, el año pasado en el campo andaluz se produjeron “120 siniestros graves”, lo que supuso uno de cada 12 accidentes laborales, y también “nueve muertes”, dando lugar a “familias rotas porque uno de sus miembros salió a ganarse la vida y no volvió, o lo hizo en pésimas condiciones de salud”.

A juicio de Avaela, “los datos demuestran” que “el trabajo agrario es uno de los que sufren mayor siniestralidad laboral”, y las razones se encuentran en las características propias de esta actividad y también en las de la población trabajadora. En este último caso porque se trata de “una población algo más envejecida que la media”, porque “tiene un porcentaje de inmigrantes dos veces y medio mayor que en otros sectores”, y porque tiene “un porcentaje de autónomos mucho más alto que en otras actividades”.

Respecto a las características del trabajo en el campo, para Avaela hay que tener en cuenta “la diversidad y la elevada estacionalidad de las tareas, el trabajo con maquinaria pesada, en especial tractores; el uso de agentes químicos, origen de lesiones cutáneas y de otros tipos en cuadrillas completas; la dureza del trabajo (esfuerzo, cargas pesadas, frío/calor, aislamiento y estrés), y el escaso nivel de información y formación en materia de prevención laboral”.

A ello hay que añadir “la alta tasa de temporalidad, el elevado número de empresas, la mayoría familiares o muy pequeñas, que carecen de evaluación de riesgos y, por tanto, de medidas preventivas, y la dispersión de los centros de trabajo en lugares alejados o de difícil acceso”. Todo ello “genera un gran número de riesgos laborales, sin control, que soporta quien trabaja”.

La Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía, de ámbito andaluz y con sede en Córdoba, pretende “cubrir un hueco que se encuentra vacío en el campo de los movimientos sociales andaluces”, ya que está formada fundamentalmente por “personas afectadas por el problema de la siniestralidad laboral y la falta de salud en el trabajo”.

Sus objetivos son “ofrecer servicios de asistencia jurídica y psicológica a las víctimas de la siniestralidad y enfermedad laboral, servir de interlocutor válido entre el colectivo de las víctimas y las administraciones públicas, y denunciar y concienciar, en el ámbito andaluz, sobre esta sangrante situación”.

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