La Policía desarticula una red que estafaba a inmigrantes con falsos contratos

Los agentes arrestan a seis personas e imputan a cuatro más por crear empresas ficticias

Durante los meses de abril y mayo agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Provincial de Córdoba han procedido a la detención de seis personas y a la imputación de otras cuatro personas al integrar un grupo organizado dedicado a facilitar falsos contratos de trabajo a extranjeros en situación irregular en nuestro país con el fin de que estos pudieran regular su situación administrativa en España, llegando incluso a utilizarlos para solicitar la prestación por desempleo por los días que figuraban en los contratos que habían trabajado.

Fruto de una compleja investigación los agentes pudieron constatar como los ahora detenidos utilizaban dos métodos básicamente para conseguir sus fines delictivos. Por un lado, y con anuencia de empresarios y autónomos, creaban empresas ficticias con las que daban amparo de legalidad a los contratos que realizaban para los supuestos trabajadores extranjeros; o por otro lado, se apoderaban sin su consentimiento de datos de autónomos y empresarios reales, los cuales posteriormente utilizaron para confeccionar estos falsos contratos de trabajo.

Igualmente fruto de las gestiones practicadas los investigadores pudieron comprobar como una vez realizados los falsos contratos de trabajo, por los que se llegaba a pagar entre 500 y 1.200 euros aproximadamente, estos eran presentados por los extranjeros en situación irregular ante las autoridades administrativas correspondientes, con el fin de regularizar su situación en España. Si bien en alguno de los casos, no sólo eran utilizados los falsos documentos para la regularización, sino también para solicitar el cobro prestaciones fraudulentas por desempleo.

Por todo ello, se procedió a la detención de la seis personas como presuntas autoras de los delitos de Falsedad documental, Estafa y contra los Derechos de los Trabajadores, así como a la imputación de otras cuatro personas por falsedad documental, incautándose igualmente los actuantes de diversa documentación que acreditaba la ilicitud de los hechos, tal como falsos contratos de trabajos, falsas memorias descriptivas y de justificación de empleadores, solicitudes de autorización de residencia y trabajo en diferentes Subdelegaciones de Gobierno, certificados de empadronamientos, etc.