La Junta realiza un llamamiento a las empresas para que el tránsito a la economía circular avance

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha realizado un llamamiento a las empresas de la comunidad autónoma para que Andalucía “avance sin freno” hacia el modelo de economía circular que abogue por “cerrar el ciclo de los residuos incorporándolos de nuevo al mercado como un nuevo recurso, dándoles una segunda vida y avanzando hacia el desarrollo sostenible”.

Así se ha pronunciado el titular andaluz de Medio Ambiente en la clausura de la jornada informativa titulada 'Oportunidades de la economía circular en Andalucía. La economía de lo evitable', impulsada por el Grupo Consentino y Europa Press, tras la presentación por parte de la empresa almeriense de su nueva planta de gestión integral de residuos en su sede central en el municipio de Cantoria.

Fiscal ha realizado en su intervención un recorrido por las distintas acciones que desarrolla la Consejería en materia de residuos y en torno a la transición a la economía circular, según los parámetros marcados por la Unión Europea, y ha recordado que su departamento “ha comenzado a trabajar en un nuevo plan integral de residuos de Andalucía para el logro de la transición a una economía circular”.

El titular de Medio Ambiente de la Junta ha explicado que la gestión de los residuos en Andalucía ha mejorado considerablemente en los últimos años, gracias a la aplicación de la normativa, el incremento de las infraestructuras de tratamiento, la mayor concienciación de las administraciones, los ciudadanos y los sectores afectados, y la consolidación de un sector especializado en la gestión de residuos.

En este sentido, se ha centrado en las políticas dirigidas a fomentar la prevención de la generación de residuos, su reutilización y, cuando eso no sea posible, su reciclado y otras formas de valorización, “siempre con la más estricta vigilancia para una mayor protección del medio ambiente y la salud humana”, ha apostillado.

El consejero se ha referido a los dos planes de residuos que la Consejería ha impulsado en los últimos años: El Plan Director Territorial de Residuos no Peligrosos de Andalucía para el periodo 2010-2019 y el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía para el periodo 2012-2020.

Sobre el primero, ha expuesto que puesto que está llegando a su final, casi el 90 por ciento de las medidas previstas en el mismo están ejecutadas o ejecutándose. Se han construido más 70 puntos limpios que suponen una inversión de 25 millones de euros aproximadamente. El último el punto limpio construido ha sido el de Luque, en la provincia de Córdoba, que se inauguró la semana pasada.

A este respecto, también ha subrayado que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está elaborando un nuevo Plan Integral de Residuos de Andalucía que formará parte de la hoja de ruta de las políticas de la Junta de Andalucía para el logro de la transición hacia una economía circular. En dicho plan, se incorporarán las directrices del Plan Estatal Marco de Residuos y, en la medida que concierna al ámbito de la Planificación de la Junta de Andalucía, del paquete de medidas para la economía circular de la Comisión Europea.

Fiscal también se ha referido a la economía circular del agua, vinculada a la obtención del recurso a través de fuentes alternativas como la desalación y de reutilización, de tratar las aguas residuales y regenerarlas para darles un nuevo uso. Sobre esta cuestión ha señalado que es una materia de vital importancia en una provincia como Almería con déficit estructural del recurso, pero que ha apostado desde finales de los 90 por el desarrollado de esta tecnología.

Para Fiscal, “los recursos resultantes de las aguas regeneradas, bien planificados y gestionados, pueden complementar las medidas principales de gestión de la demanda”. El consejero ha reconocido que poner en marcha estos procesos requiere un “enorme esfuerzo tanto a nivel técnico como de inversión, pero son necesarios para aliviar la presión que los distintos usos ejercen sobre los ecosistemas hídricos y sobre el estado ecológico de ríos, acuíferos y ecosistemas costeros”.