La Junta impulsa dos servicios de atención psicológica a mujeres con problemas

La delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Ángeles Luna, y la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Córdoba, Ana Díaz, han presentado recientemente dos nuevos servicios de atención psicológica a mujeres con problemas de dependencia emocional que va a poner en marcha el IAM.

Según ha explicado Luna, la Junta ha constatado durante años que muchas mujeres llegan con problemáticas relacionadas con el género, con su socialización de género, que les ha llevado a una pérdida de autonomía personal, de autoestima, precisando de un apoyo psicológico continuado. “Son mujeres que podrían estar sufriendo otras formas de violencia estructural de género”, ha añadido.

Además, la delegada ha señalado que en Andalucía se van a reconocer estas nuevas formas de violencia machista precisamente con la reforma de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Violencia de Género que amplía el concepto a todas las formas de violencia contra las mujeres. Pero como avance al desarrollo normativo de esta ley, el Instituto Andaluz de la Mujer ha querido empezar a trabajar en este ámbito con los talleres gratuitos de empoderamiento y autonomía a las mujeres que lo necesiten.

También se ha detectado la demanda de atención psicológica por parte de mujeres que no son víctimas de Violencia de Género, pero sufren una grave crisis motivada por la ruptura con su pareja y la dependencia emocional, careciendo además de recursos para recurrir a apoyo psicológico. Por ello, incluyen “talleres para situaciones de ruptura y dependencia emocional”, ha indicado Luna.

Por su parte, la coordinadora del IAM en Córdoba, Ana Díaz, ha explicado que “se van a desarrollar durante todo el año, con un total de 24 talleres por provincia, 12 de autonomía y empoderamiento y 12 para situaciones de ruptura”.

Cada taller durará dos meses, con una sesión de dos horas por semana, y serán de carácter grupal, con 20 participantes que deberán ser usuarias del IAM. Además, ha señalado que para facilitar la conciliación se establecerán seis talleres en horario de mañana y otros tantos de tarde.

Para Díaz, con estos servicios se amplía la atención a mujeres víctimas de violencia de género, ya que La Ley Integral solo reconoce como víctimas a las mujeres que han sufrido violencia de género si han tenido una relación sentimental con el agresor y aunque se está reformando la ley, con esta medida nos adelantamos dando atención todas las víctimas de violencia de género.

PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO

Con esta iniciativa el Gobierno andaluz realiza “un avance más frente a la desigualdad”, ha afirmado Luna, sumándose esta medida a la inversión de más de 45,5 millones de euros que se va a realizar este año en la lucha por la igualdad, a los avances en la legislación con la reforma prevista de la Ley Andaluza de Igualdad y con la atención diaria a las mujeres que ha supuesto en Córdoba en 2016: por parte del IAM la atención a 2.405 mujeres, con 3.337 consultas y 913 por violencia de género, y en los Centros de Información Municipales con 14.740 mujeres atendidas, con 26.999 consultas y 2.796 sobre violencia de género.

Además, el servicio de atención psicológica provincial ha iniciado 17 itinerarios y ha atendido a 221 mujeres, 83 menores y a 18 mujeres adolescentes víctimas de violencia de género. El servicio de atención psicológica de los Centros Municipales de Información ha iniciado 44 itinerarios y ha atendido a 207 mujeres.

Por último, la delegada ha insistido en que “este es un trabajo de toda la sociedad, ya que solo así se mantendrán los logros conseguidos y se avanzará hacia la erradicación de la violencia de género”.

Por ello, Luna ha indicado la propuesta del Pacto de Estado frente a la violencia machista e instar al Congreso de los Diputados a trabajar de manera urgente para sacarlo adelante, “incluyendo la propuesta andaluza, que propone medidas como la adecuación de la normativa estatal al Convenio de Estambul”.

Así, se busca ampliar el concepto de violencia de género; el mantenimiento de la red de atención directa a las víctimas de violencia machista en todos los niveles territoriales; la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre dispensa de la obligación de declarar contra el cónyuge o pareja; la suspensión del régimen de visitas para los maltratadores; la formación obligatoria de jueces, fuerzas de seguridad y profesionales que trabajan con víctimas o el cumplimiento íntegro de las penas, entre otras.