La Junta concede más de 360.000 euros a pymes y autónomos para mejorar su seguridad y salud laboral

La Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba ha aprobado incentivos por un valor total de 361.640 euros para que 43 pymes y autónomos de la provincia puedan realizar proyectos que mejoren su seguridad y salud laboral.

Estas ayudas, convocadas en régimen de concurrencia competitiva, apoyan una inversión empresarial superior a los 570.000 euros para avanzar en prevención de riesgos laborales. La resolución con el listado de ayudas concedidas está publicada en el tablón de anuncios de la página web de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

En declaraciones a Europa Press, el responsable territorial de la Junta, Manuel Carmona, ha destacado que este año se han beneficiado un 78 por ciento más de empresas que en 2017 y que el presupuesto que se ha dedicado a prevención también ha aumentado un 40 por ciento más, “pasando de los casi 259.000 euros del año pasado a los más de 360.000 de este año”.

El delegado de Empleo ha explicado que las subvenciones están diseñadas para propiciar que las pymes y los trabajadores autónomos mejoren sus condiciones de seguridad y salud en sus centros de trabajo, y que la mayoría de las pymes y autónomos apoyados “se encuadran en el sector agrario, con ayudas concedidas que van desde los 1.600 euros las de cuantía menor a los 15.000 euros de las mayores, llegando a cubrir en el 88% de los proyectos las tres cuartas partes de la inversión”.

Carmona ha informado de que estas subvenciones se destinarán principalmente a la adquisición de atomizadores y dispositivos de aviso antivuelco para maquinaria agrícola.

También en otros casos son para la adquisición de vibradores para olivos, barras de tratamiento herbicida de bajo volumen, control de riesgos derivados de la exposición a productos químicos peligrosos, prevención de riesgos para evitar atrapamientos o aplastamientos, elevadores hidráulicos, mejora de las condiciones de seguridad y salud en procesos de destilación referidos a trabajos con altas temperaturas entre otros muchos.

Las empresas tendrán entre seis y 12 meses para llevar a cabo las actuaciones, según ha puntualizado. La norma reguladora de estas ayudas establece como beneficiarios del programa los sectores de actividad con mayores índices de siniestralidad, como agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, construcción, servicios de alojamiento o servicios a edificios y actividades de jardinería.

Además, hay una línea específica para las pymes de la industria manufacturera y los servicios avanzados, enmarcada en el Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral.

Los incentivos, de entre 1.200 y 15.000 euros, podrán cubrir hasta el 75 por ciento de las inversiones que realicen las empresas e irán destinados a financiar, entre otras actuaciones, la compra y renovación de equipos de seguridad laboral. Entre los beneficiarios potenciales se incluyen los autónomos que tengan al menos un trabajador contratado durante el año anterior al inicio del plazo de presentación de solicitud.

Cada una de estas convocatorias ha contado con dos modalidades de ayudas, la primera modalidad, con ayudas de 1.500 a 15.000 euros, financiará inversiones para sustitución y adaptación de maquinaria y equipos de trabajo, instalaciones específicas de control de contaminantes y adquisición de sistemas de prevención para el trabajo en altura, entre otras.

La segunda modalidad, con incentivos de 1.200 a 12.000 euros, apoya iniciativas de integración de la prevención en las empresas, mejora del cumplimiento de la normativa y realización de proyectos innovadores y buenas prácticas preventivas. Se incluyen en este apartado planes de formación, estudios ergonómicos y psicosociales, proyectos de I+D+i dirigidos a la mejora de las condiciones de trabajo, diagnósticos preventivos sobre riesgos emergentes y primeras implantaciones de sistemas de gestión de seguridad y salud laboral.