La Fiscalía solicita la prisión inmediata para el sacerdote condenado por abusos a cuatro alumnas

Fraile de la Orden Franciscana.

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha solicitado la prisión inmediata para el sacerdote de la Orden Franciscana condenado el pasado lunes a 20 años de prisión por abusar sexualmente de cuatro alumnas mientras ejercía en el colegio Santa María de Guadalupe de Córdoba y en la parroquia anexa al centro, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.

Esta petición ha sido solicitada por la Fiscalía ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, que tendrá que resolver esta cuestión en unos días. La medida llega, incluso, cuando todavía la sentencia no es firme y el condenado puede presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de la Junta de Andalucía. De hecho, esta es la decisión más que probable después del anuncio formulado por la congregación en el que trasladaba que toda persona tiene derecho “a una segunda instancia cuando la sentencia desfavorable aún no es firme”.

Si la Sección Tercera de la Audiencia no acordara la prisión inmediata del condenado, el Ministerio Fiscal ha pedido que se acuerde la medida subsidiaria de prohibición para ejercer cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto con menores de edad.

Además de los 20 años de prisión, el tribunal condenó al profesor a indemnizar con un total de 16.000 euros a las cuatro víctimas. Cabe recordar que el tribunal absolvió al investigado de un delito de abuso sexual puntual sobre una de sus alumnas y de otro delito de abuso sexual continuado sobre otra menor, ya que, según la Audiencia, en estos dos casos “no ha quedado acreditado tras la prueba practicada que realizara sobre ellas tocamientos de significación sexual”.

Este caso pudo judicializarse después de que una de las víctimas contara a unos agentes de Policía Local, de manera involuntaria, los abusos que había sufrido por parte de un profesor en su colegio. Los agentes dieron traslado de los hechos y Policía Nacional inició la investigación de oficio que ha acabado con la condena de este hombre. Ninguno de los progenitores de las seis víctimas se personaron en el juicio, cuya única acusación ha sido la ejercida por el Ministerio Fiscal.

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