Denunciados por la Junta por ocupar uno de sus locales para vivir

Saray, José y sus dos hijos de 2 años y de 7 meses, y Miguel y Rafi, embarazada de un bebé, comparten su vida desde hace unos ocho meses en un local que llevaba dos décadas cerrado y pertenece a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), organismo de la Junta. Sin apenas ingresos, cuentan que han solicitado una vivienda social desde hace años pero no han obtenido respuesta y, como solución, buscaron la manera de habilitar ese local como lugar para vivir. Ahora, la agencia de la Junta de Andalucía les ha denunciado y en un procedimiento rápido han tenido que sentarse en el banquillo por lo penal la pasada semana.

A la espera de sentencia -que además de obligarlos a abandonar la que ha sido su vivienda en este tiempo puede ir acompañada de una multa económica para los cuatro adultos-, ellos y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) denuncian que la solución que haya encontrado precisamente la Agencia de Vivienda de la Junta para su caso sea denunciarles “sin diálogo” previo. “No tienen otra alternativa y para no verse en la calle ellos y sus hijos, entraron a vivir en ese local”, relata el responsable de APDH-A en Córdoba, Carlos Arce. “La respuesta de la administración no puede ser sentarles en el banquillo. A una situación de emergencia social no se le puede dar una solución penal”.

Rafi cuenta cómo cuando entraron en el local “era un nido de bichos después de veinte años cerrado” y, con la ayuda de algunos vecinos, lo limpiaron y adecentaron para poder vivir allí. “¿Quién quiere vivir en un local? Nadie, pero no tenemos otro lugar. ¿QUieren que vivamos en un cajero automático?”, se pregunta. “Mi niño no va a nacer en la calle habiendo pisos vacíos”, dice para reclamar que se atienda su derecho a la vivienda “como a todos los españoles”. José relata, asimismo, que él y su pareja llevaban “mucho tiempo -unos 3 años- solicitando un piso” social, pero sin respuesta positiva “nos vimos obligados a vivir en el local”.

El pasado jueves, estas dos familias se sentaron en el banquillo tras la denuncia de AVRA que, según indica APDH-A “ha interpuesto más denuncias a otras personas por ocupar sus locales vacíos”. En ese sentido, critican que “la Junta de Andalucía a través de su agencia de vivienda y rehabilitación recurra a la forma de desahucio más expeditiva posible como respuesta ante las realidades de auténtica emergencia habitacional” como ésta. “Son acciones incompatibles con el discurso sostenido desde el Gobierno andaluz, en teoría contrario a los desahucios”, alertan.

“Nos parece especialmente grave que desde AVRA se haya considerado que la solución para esta situación era un desahucio por la vía penal, en vez de activar los recursos sociales necesarios para ofrecer una alternativa habitacional digna a estas familias”, dicen desde APDH-A que han mantenido contacto con los responsables de la agencia andaluza en Córdoba sin que obtuvieran una respuesta positiva a su solicitud de retirar la acción penal contra estas dos familias.