El Defensor abre una queja ante la petición de homologar mascarillas transparentes para clases con personas sordas

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio interesándose por la homologación de las mascarillas transparentes para los docentes con discapacidad auditiva, ya que con las nuevas medidas frente al Covid-19, el uso obligatorio de mascarillas impide que este personal se pueda apoyar en la lectura labial, herramienta “fundamental” para que las personas sordas que imparten la docencia puedan entender al resto del profesorado y al alumnado.

En su queja, dirigida a la Consejería de Educación y Deporte y consultada por Europa Press, la Defensoría indica que ha conocido la situación que está afectando a estos docentes mediante noticias publicadas en medios de comunicación y un comunicado que les ha hecho llegar una entidad social de personas con discapacidad.

Apunta que según dichas informaciones, la Asociación Accesibilidad para Todos ha remitido un informe a la Administración educativa, en el que le traslada la situación que “desde hace años” viven los docentes con discapacidad auditiva y que “se ha incrementado” con las nuevas medidas implementadas en los centros educativos a raíz de la pandemia, medidas “absolutamente obligatorias para la protección de la salud de la comunidad educativa frente al virus”, subraya.

Así, según la queja, “se pone de manifiesto” que el uso obligatorio de mascarillas impide que este personal docente se pueda apoyar en la lectura labial, herramienta “fundamental” para que puedan entender al resto del profesorado y al alumnado, “imposibilitando la comunicación y aislando a este personal docente, al igual que sucede con el alumnado afectado por esta discapacidad sensorial”.

Por ello, destaca que “numerosos docentes de toda Andalucía piden recursos y medidas de adaptación del puesto de trabajo y la homologación de mascarillas transparentes para que se puedan llevar a cabo las clases con total y plena normalidad”, y añade que de esta forma, se permitiría a este personal docente “poder leer los labios tanto de alumnos como de profesores”, hecho este que “salvaría el principal obstáculo que limita su entendimiento”.

Asimismo, la Defensoría expone que estas informaciones destacan “problemas de accesibilidad” en los centros y en la modalidad de teletrabajo, lo que conlleva “la necesidad de facilitar formación en lengua de signos al amplio abanico de profesionales que pueden interactuar directamente con personas sordas como, por ejemplo, personal sanitario, trabajadores sociales, profesorado, o funcionariado”.

Y añade que a esto se suma la presencia de intérpretes de lengua de signos cualificados o de servicios de videointerpretación en los ámbitos que se requiera, y un acceso “sin barreras” en el ámbito educativo.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo andaluz incoa esta actuación de oficio para exponer a la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos esta problemática y solicitarle un informe al respecto “a la mayor brevedad”.