Córdoba pierde 5.000 empleos públicos desde 2010

Aula de un colegio.

Córdoba y su provincia han perdido alrededor de 5.000 empleos públicos en lo que va de esta década, con la consecuente “bajada de la calidad del servicio y el empeoramiento de las condiciones de los trabajadores”. Este es uno de los datos que han presentado este miércoles CCOO y UGT para argumentar las movilizaciones que van a iniciar para exigir la recuperación del empleo público, de los derechos de los trabajadores y del poder adquisitivo que han perdido en estos años desde el inicio de la crisis económica.

La bajada del número de empleos públicos se ha dado “en el conjunto de las administraciones”, en todos los sectores desde educación a sanidad, con la comunidad autónoma y los ayuntamientos afectados por la ley estatal que imposibilita a las administraciones contratar, para cumplir con la estabilidad presupuestaria, según han explicado los sindicatos.

Así, la primera movilización, convocada por CCOO y UGT, será este viernes 24 de noviembre frente a la Subdelegación del Gobierno, coincidiendo con una jornada de protesta en toda España. “Ahora, salarios, empleo público y derechos” es el lema de esta movilización que recuerda que los empleados públicos, con la crisis, “han perdido derechos, han visto recortados sus salarios y han sido utilizados por el Gobierno para ajustar sus cuentas y equilibrar el déficit público”, denuncian los sindicatos.

Sobre la mesa, la pérdida de “hasta un 25% de poder adquisitivo” desde el año 2010 hasta ahora que han sufrido los trabajadores de las administraciones, con congelaciones salariales, subidas por debajo del IPC o eliminación de pagas. “Ahora no hay excusa para que los empleados públicos recuperen lo que han perdido”, esgrimen los representantes de los trabajadores.

Además, estas movilizaciones pedirán recuperar “la negociación colectiva real” con todas las administraciones, quitar la tasa de reposición, establecer las 35 horas de trabajo semanales y eliminar la precariedad en la contratación pública. “Más de un tercio y a veces casi la mitad de la plantilla de determinados sectores de empleados públicos tienen contratos temporales”, denuncian CCOO y UGT.

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