Condenan al Gobierno a pagar 767.000 euros por la riada de 2010

Vista aérea de las inundaciones del Guadalquivir.
La Audiencia Nacional ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Ayuntamiento de Córdoba para el abono de facturas que están aún sin pagar por las inundaciones del Guadalquivir

Cuatro años después, las facturas por la limpieza de la riada del Guadalquivir que anegó centenares de viviendas en el término municipal de Córdoba aún están sin pagar. Entre febrero y marzo del año 2010, la ciudad vivió una auténtica situación de emergencia por la crecida del Guadalquivir. El Ayuntamiento de Córdoba afrontó prácticamente en solitario las tares de limpieza y atención de las zonas afectadas por la riada, principalmente parcelaciones construidas irregularmente. En total, incurrió en unos gastos extraordinarios de 1.456.060,60 euros. El Consistorio solicitó al Gobierno que le pagase esta cantidad, al considerar que la ciudad vivió una “situación de emergencia”. Sin embargo, la Subdelegación del Gobierno decidió pagar sólo un tercio de esta cantidad e incluso, siguiendo el consejo de su interventor, llevó el caso a los tribunales. Un juez abrió diligencias, imputó a un funcionario municipal e investigó si se había producido o no fraude. Tras su investigación, decidió archivar el asunto con una durísima sentencia contra el Ejecutivo.

Ahora, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado parcialmente el recurso que presentó el Ayuntamiento y ha condenado al Gobierno a pagar 767.508,22 euros por facturas que aún están sin abonar. De los 1,45 millones de euros, la Subdelegación, a finales del año 2010, decidió pagar 476.224 euros, pero no el resto, al considerar que los gastos de limpieza de la zona en los que había incurrido el Ayuntamiento no eran subvencionable. El Consistorio, desde luego, no estuvo de acuerdo y decidió acudir a los tribunales a reclamar. Sin embargo, la Audiencia Nacional decidió paralizar la reclamación hasta que los jueces de Córdoba no culminasen la instrucción del caso del presunto fraude. Una vez archivado, han retomado la reclamación.

Cuatro años después, la Audiencia Nacional ha estimado la mayor parte de las reclamaciones del Ayuntamiento. Sin embargo, considera que hay tres facturas que no le corresponde pagar al Gobierno. Estos importes, menores, eran demandados por las empresas municipales Sadeco y Aucorsa, y también por una firma con la que se contrató personal de apoyo para atender a los damnificados. La Audiencia estima que son gastos que corresponde afrontar al Consistorio.

Sin embargo, sí que ordena el pago de cinco facturas que aún estaban pendientes. La primera es a Cruz Roja por el trabajo que realizó durante los días de la riada y tiene un importe de 22.411 euros. También consta una pequeña factura de 113,68 a Supla y el grueso que se adeuda a la empresa Grúas Pérez Domínguez por los trabajos de limpieza que realizaron sus trabajadores. Así se estiman sus tres facturas de 71.279 euros, 165.587 euros y 508.116 euros. Esta firma ha sufrido, desde entonces, grandes problemas económicos.

La sentencia se hace eco a su vez de la emitida a finales de 2012 por el Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba dando validez a los trabajos contratados por el Ayuntamiento y destaca que “las facturas discutidas” fueron emitidas por la empresa para “hacer frente a las obras consistentes en la retirada de lodos, transporte de enseres y restos de obra a vertederos y arreglo de caminos. Dichas obras fueron realizadas como consecuencia de las inundaciones que tuvieron lugar en el año 2010 en esta ciudad”. El juez asegura que “sobre la magnitud de la catástrofe hay que apuntar que las obras duraron desde el 26 de febrero al 19 de abril de 2010, comprendieron cinco tajos con una separación de 30 kilómetros entre los puntos más extremos, se inundaron más de un millón de metros cuadrados, el agua sobrepasó los cuatro metros de altura en algunas urbanizaciones, el lodo alcanzó más de un metro de altura, hubo que desalojar unas 150 viviendas y a más de 700 personas”. Además, asegura que “se tuvieron que retirar cerca de 937.000 kilos de residuo de obra y unos 234.000 metros cúbicos de lodo”.

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