El Ayuntamiento de Hornachuelos rechaza que se pueda ampliar El Cabril sin su autorización

El Ayuntamiento de Hornachuelos ha expresado este miércoles su oposición a la enmienda presentada en el Congreso de los Diputados por PSOE y Unidas Podemos a la Ley sobre Gestión de Residuos Radioactivos, pues ello conllevaría que se pueda ampliar el almacén de residuos radioactivos de El Cabril, que está ubicado en el término municipal de Hornachuelos, pero sin contar con el control y autorización del Consistorio de la localidad.

A este respecto y en un comunicado, el Ayuntamiento, gobernado por el Grupo Independiente de Hornachuelos (GIH), ha asegurado que los grupos de PSOE y Unidas Podemos en el Congreso “se proponen añadir una nueva disposición final” a la citada Ley.

En concreto, la propuesta indica que “las obras de construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación, desmantelamiento o cualesquiera otras que, en ejecución del Plan General de Residuos Radiactivos aprobado por el Gobierno y con cargo al Fondo para su financiación, Enresa, por sí misma o a través de terceros, deba llevar a cabo para la prestación del servicio público esencial que tiene encomendado, constituyen obras públicas de interés general, que no están sometidas a ningún acto de control preventivo municipal a los que se refiere el artículo 84.1 b) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local”.

El Ayuntamiento de Hornachuelos “se opone frontalmente” a esta propuesta, que intenta, “a través de la declaración de interés general, excluir al Ayuntamiento de cualquier tipo de control preventivo municipal (urbanístico) sobre las obras de construcción, ampliación, reparación, etcétera, que se lleven a cabo por parte de Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) en nuestro municipio”.

Desde el Consistorio se ha aclarado que, “si finalmente se aprobase la declaración de interés general de las obras de Enresa, esto implicaría que la empresa tendría vía libre para realizar cualquier tipo de construcción sin tener que solicitar licencia de obra al Ayuntamiento y además significaría también que se vería liberada de abonar al municipio las tasas por licencia y el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO)”.

Ante esa posibilidad, “se han emprendido acciones por parte de esta Corporación a través de la AMAC (Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares), entre las que se encuentra el encargo de un informe jurídico y el contacto con diferentes grupos políticos, para intentar detener” lo que el Consistorio de Hornachuelos considera “una injerencia en las competencias municipales por la vía de la imposición”.

Junto a ello, se han reiterado, “como se ha hecho cada vez que esta corporación ha tenido oportunidad, una serie de reivindicaciones, algunas de ellas históricas, que tiene el municipio con respecto a las compensaciones que considera que le corresponden por albergar en su término municipal estas instalaciones”.

Se da la circunstancia, según el relato del Ayuntamiento de Hornachuelos, que a finales del pasado año, Enresa se puso en contacto con el Consistorio para comunicarle “que se está tramitando el borrador del 7º Plan General de Residuos Radiactivos, para ser aprobado por el Gobierno, y que en el mismo se fija la estrategia para la gestión de los residuos radiactivos que se generan en España y en este caso también la hoja de ruta del desmantelamiento de las centrales nucleares de España”.

Igualmente, comunicó al Ayuntamiento “que en ese plan se señalan las instalaciones de El Cabril como destino de esos residuos, lo que implicaría una ampliación de las instalaciones actuales, en caso de ser aprobado ese borrador, con la cual quedarían cubiertas las necesidades de almacenamiento definitivas del país”.

Posteriormente, Enresa le pidió al Ayuntamiento que le informase sobre el procedimiento que tendría que seguir, desde el punto de vista urbanístico, para el caso de que el Gobierno aprobara finalmente el Plan General de Residuos y la empresa pública tuviese que ampliar sus instalaciones en el municipio.

El Ayuntamiento comunicó a Enresa que, “según marca la Ley, el procedimiento que tendría que superar a nivel urbanístico sería el del 'Plan Especial', cuya tramitación está regulada por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía”.

Sin embargo, “en su última comunicación, Enresa ha informado al Ayuntamiento” sobre la presentación de la referida enmienda a la Ley de Energía Nuclear, para añadir una nueva disposición final, con las consecuencias ya descritas y a las que se opone el Consistorio.