Las 35 denuncias por ruidos “sin que se tomara ninguna medida” que han acabado imputando a un alcalde

Vicente Tapia, alcalde de Nueva Carteya.

La Fiscalía ha pedido un total de seis años de cárcel para el alcalde de Nueva Carteya, Vicente Tapia (IU). El abogado de la acusación ha querido precisar que no se trata de “un conflicto entre vecinos”, como informó el Consistorio a través de una nota de prensa. Y que tampoco sea cierto que denunciara al alcalde. “Mi defendido se vio obligado a interponer 35 denuncias a lo largo de 10 años ante la Policía Local de Nueva Carteya por los insoportables, continuos y perjudiciales ruidos provocados por la celebración de eventos en una gran carpa, sin licencia, situada en una parcela anexa a un hotel-restaurante situado en el municipio”, señala.

Según el abogado, este hombre lo que hizo fue poner en conocimiento de las autoridades locales las molestias sufridas, “por cierto, sin que se adoptara ningún tipo de medida por parte del Ayuntamiento”. Ello originó que el Juzgado incoase diligencias sobre el asunto y que, tras tomarles declaración, “investigara (imputara) tanto al alcalde del municipio como al propietario del hotel-restaurante donde se celebraban los eventos”, señala el abogado en un comunicado.

Además, quiere precisar que el caso no obedece a un “conflicto entre vecinos en el que una de las dos partes finalmente ha decidido denunciar al considerarse perjudicada ante la supuesta emisión de ruidos generados por el desarrollo ocasional de la actividad de hostal-restaurante”.

Así, considera que el exceso de ruido ha sido constatado por la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, emitiendo un informe técnico sobre la afección acústica de las celebraciones desarrolladas en las carpas ilegales sobre la vivienda de los denunciantes, que concluye que “ninguno de los equipos de música utilizados tiene instalado un controlador- limitador acústico, arrojando un resultado superior para las áreas acústicas objeto de la prueba, según los términos del Real Decreto 1367/2007, siendo el resultado del informe de ensayo desfavorable”.

“Las 35 denuncias interpuestas evidencian que la actividad no ha sido ocasional, más aún cuando todas las celebraciones se comprendían en un corto período de tiempo, fundamentalmente, en los meses de primavera y verano”, señala.

“Es cierto que ha tenido lugar algún encuentro entre las partes”, admite el abogado, que asegura que “no lo es menos que ni han sido diversas ni han servido para nada, pues ninguna medida ha adoptado ni el propietario del hotel-restaurante ni el Ayuntamiento para evitar o minorar los graves perjuicios derivados de los acreditados y desproporcionados niveles de ruido. Mi representado ha intentado evitar la judicialización del problema, no habiendo sido posible alcanzar un acuerdo entre las partes. Lamentablemente, ni el propietario del hostal-restaurante, ni el alcalde, ni el Ayuntamiento han tomado cartas en el asunto hasta que el procedimiento judicial ha alcanzado un punto de difícil retorno”, concluye.

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