La Fiscalía Provincial de Córdoba ha formalizado una denuncia ante el Juzgado Decano contra los titulares de la cuenta de la red social X de VOX Parlamento de Andalucía (perfil oficial del Grupo Parlamentario de la formación de Santiago Abascal), tras hallar en algunos de sus mensajes indicios de un presunto delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, motivado por el racismo y la xenofobia.

Todo parte de una investigación liderada por la fiscal Lucía Chacón a partir de una denuncia de los grupos PSOE y Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba. La querella original se dirigía contra la formación política Vox y contra Paula Badanelli, portavoz municipal del partido en la capital cordobesa, motivada tras un acto religioso celebrado el 30 de marzo en el Parque de las Setas de Córdoba. En él, diferentes colectivos musulmanes realizaron un rezo conjunto para conmemorar el fin del Ramadán, contando con el permiso de la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento, y desarrollándose sin incidentes.

La investigación sobre ese asunto concreto, sin embargo, no arrojó resultados, si bien, el 2 de abril de 2025, la cuenta @AndaluciaVox publicó el siguiente mensaje en la red social X: “Inseguridad y delincuencia: el resultado de las políticas de fronteras abiertas que PP y PSOE llevan décadas fomentando y amparando. Animales que no vienen a integrarse y a los que el bipartidismo premia con la pulsera del todo incluido. Con VOX, solo tendrían billete de vuelta”.

Así, la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Córdoba analizó el perfil de la cuenta, confirmando que el mensaje se difundió con “vocación de perpetuidad” en una plataforma con más de 10 millones de usuarios en España. El decreto fiscal destaca que el buscador de la red social no permitió retroceder en las publicaciones más allá de septiembre de 2025 debido a la “ingente cantidad” de contenido compartido por dicha cuenta.

La “gravedad del contenido”

Aunque la policía no ha podido identificar de forma individualizada a la persona física que redactó el post, la Fiscalía ha decidido actuar contra los titulares del perfil por la gravedad del contenido. En este ámbito, el Ministerio Público subraya que la publicación vincula directamente la inmigración con la criminalidad y deshumaniza a las personas al calificarlas como “animales que no vienen a integrarse”.

La Fiscal fundamenta su decisión en el artículo 510.2 a) del Código Penal, que castiga las conductas que lesionen la dignidad de las personas mediante la humillación o el desprecio por motivos racistas o religiosos. El decreto sostiene que la actuación de Vox reviste indiciariamente los caracteres de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales.

Así, el decreto, fechado el 12 de enero de 2026 y remitido formalmente en febrero de 2026, acuerda el archivo de las diligencias fiscales para dar paso a la denuncia ante los juzgados de instrucción de Córdoba, que será ahora el que tenga que determinar si investiga o no el presunto delito de odio.

La Asamblea Antirracista de Córdoba ha alertado de su preocupación por “el aumento de los actos de odio que se esparcen por las redes y en hechos cotidianos en nuestra ciudad”. Ha puesto como ejemplo lo que pasó hace unos días en la calle Antonio Maura en Córdoba capital. “Que una simple discusión de tráfico, acabe en insultos racistas y violencia física, nos da la medida real de cómo personas racistas se sienten envalentonadas, y además salen impunes de sus actos. Cuanto más, con los estímulos que reciben por las redes, defendiendo al racista y con comentarios llenos de odio y racismo brutal”, señalan desde el colectivo. 

Recuerdan que, en Córdoba, donde la población migrante es “la más baja de España”, que pasen estas cosas “es detestable”. “Pero nada de ésto sorprende dada la virulencia de odio que algunas organizaciones, partidos políticos y medios de comunicación sin vergüenza ni sanciones, actúan. Es repugnante que para arrancar unos votos, tantas personas políticas se dediquen a expandir bulos, donde culpabilizan a las personas migrantes de problemas de delincuencia, de violencia de género, de vivir de subvenciones, de cobro de pagas, de quedarse con los pisos, de vivir en hoteles de 5 estrellas o de cualquier ocurrencia, creando odio hacia el colectivo más vulnerable, usándolo como chivo expiatorio y culpabilizandolo de los problemas que sufren otros. Son consignas que calan en demasiadas personas. No necesitan demostrar nada, ni nadie les pide que lo hagan, sólo los escuchan y los creen. El racismo, después del colonialismo, la esclavitud y el Holocausto nazi, se ejercía a escondidas. Hoy, lo defienden con orgullo”, afirman. 

A su juicio, esas personas dedicadas a la política “quieren acabar con los derechos de la ciudadanía, con la protección social, con el estado de bienestar que queda, para dárselo a sus amos, a los Trump, Miley, Elon Musk, Zuckerberg etc. O para repartirselo entre ellos, como Alvise o la juventud de Vox, con el dinero recogido para la Dana. Quieren hacer creer a la gente, que ellas son los que los van a ayudar y proteger”.

Por ello, creen imprescindible que toda la sociedad y organismos públicos, contesten y sancionen estos discursos burdos y les pongan freno, antes de que vuelvan a ocurrir atrocidades como lo de este verano en Torre Pacheco, o lo de el Ejido en el año 2.000. 

Asimismo, advierten de que “la dinámica que está siguiendo el PP por exigencia de Vox con leyes racistas, puede convertir en rutina lo que pasó el pasado 4 de diciembre en el barrio de Ciudad Jardín”. “No lo podemos permitir. Debemos presionar todas, desde cualquier espacio, al gobierno y fuerzas de seguridad para que trabajen contra el odio y el racismo. Nada de todo esto puede quedar impune”, concluyen.

La Asamblea Antirracista de Córdoba ha alertado del “creciente discurso de odio” y del “aumento de agresiones motivadas por el racismo”, coincidiendo con el 77º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El colectivo ha convocado a los medios frente al antiguo Ayuntamiento de Córdoba en el Bulevar, un edificio declarado “territorio libre de fronteras”, para denunciar que, lejos de cumplirse el espíritu de aquel documento aprobado por la ONU en 1948, “los derechos humanos se vulneran cada día de manera más flagrante”.

La portavoz de la asamblea, Ana Rueda, ha recordado a este periódico que la declaración nació tras el horror de la Segunda Guerra Mundial y del exterminio nazi, con la intención de evitar que algo similar pudiera repetirse. “Setenta y siete años después, en vez de haber superado ese escenario, asistimos a cacerías de personas migrantes en Estados Unidos y en Europa, a políticas de control fronterizo que generan muerte y violencia, y a un discurso deshumanizador que vuelve a señalar a colectivos vulnerables”, afirmó.

Rueda denunció que la Unión Europea destina “miles de millones” a reforzar fronteras externas, financiar países que no garantizan derechos humanos —como Libia, Mauritania o Marruecos— y dificultar la llegada de solicitantes de asilo. “Son campos de concentración camuflados”, afirmó, en referencia a los centros abiertos recientemente en Mauritania para frenar los flujos migratorios hacia Europa.

El colectivo también mostró preocupación por la normalización social del discurso racista. “Cada día escuchamos más odio hacia migrantes, mujeres o activistas medioambientales. Ese discurso nos puede hacer retroceder a los años treinta, y sabemos perfectamente a qué condujo entonces”, advirtió.

La agresión de Ciudad Jardín: “Puede ser un delito de odio”

En este contexto, la Asamblea Antirracista ha mostrado inquietud por la agresión ocurrida en la calle Antonio Maura, en el barrio de Ciudad Jardín, donde una discusión de tráfico derivó en una violenta agresión xenófoba que fue grabada y difundida por los servicios de mensajería y las redes sociales, y que la Policía Nacional aún no ha investigado pese a tener conocimiento de los hechos.

Según confirmó el colectivo, no conocen aún a la víctima ni han tenido contacto con otras organizaciones que puedan identificarla, pero analizarán el caso en su reunión interna. Sobre el hecho de que no exista denuncia, la Asamblea lamenta que es algo habitual: “Muchos migrantes no denuncian por miedo a represalias o a problemas administrativos. Si no tiene papeles, es probable que tenga miedo a que lo deporten”, señalaron.

La asamblea alertó además del “reinicio de la campaña de propaganda xenófoba de Vox”, tras detectarse de nuevo la distribución de panfletos en coches y calles de Córdoba. En ellos, el partido acusa a PP y PSOE de “descargar inmigrantes” y utiliza imágenes y mensajes que, según el colectivo, “alimentan el miedo y el odio hacia las personas migrantes”. “Son folletos rojos, idénticos a los de campañas anteriores, que buscan criminalizar a quienes llegan a España. Es un racismo brutal”, denunció Rueda.

Una discusión de tráfico que acaba en una pelea, trufada de insultos xenófobos y en un intento de atropello por parte de uno de los intervinientes. Los hechos fueron grabados por unos residentes del lugar, aunque no hay denuncia y, por el momento, tampoco investigación policial, pese a la dureza de las imágenes.

Según fuentes oficiales, la Policía Nacional tiene conocimiento de los hechos, que tuvieron lugar el pasado jueves 4 de diciembre a las 14:50 en las inmediaciones del Parque Juan Carlos I en Córdoba, aunque no llegaron a actuar ni los agentes del Cuerpo Nacional de Policía ni la Policía Local, que sí que acudieron a la zona cuando los dos implicados se habían marchado.

También acudieron al lugar efectivos sanitarios, aunque tampoco llegaron a actuar por la marcha del principal afectado, un joven migrante que conducía el ciclomotor y que sangraba por la nariz, según indicaron los testigos al Centro Coordinador de Emergencias 112 Andalucía.

El vídeo con las imágenes lleva desde ese día difundiéndose y la Policía sí que tiene conocimiento de todos los hechos a través de él, si bien aseguran que, al no haber denuncia oficial, no tiene capacidad para investigarlo, pues se desconoce el alcance de las lesiones. Dos días después, ni el principal afectado ha presentado formalmente denuncia, ni tampoco lo han hecho organizaciones o colectivos antirracistas.

Y este matiz es importante, dado que en el vídeo se escucha como el conductor del turismo llama “moro de mierda” en varias ocasiones al del ciclomotor antes y durante los hechos, que arrancan tras una discusión de tráfico entre ambos.

Una discusión que se inicia cuando el conductor del turismo le pide al de la moto que la aparte de la vía insultándole. “Tonto lava, quieres quitar la puta moto de aquí subnormal”, le espeta. El joven se baja de la moto y se acerca al coche, y en ese momento, el conductor del turismo le empuja, a lo que el conductor del ciclomotor responde pateando la puerta del turismo.

Es en ese instante cuando, según se ve en las imágenes, el conductor del coche le llama por primera vez “moro de mierda”, y, tras un primer enganchón, tira la moto al suelo. En ese momento interviene un viandante que parece frenar la trifulca. Sin embargo, de nuevo vuelven a pelearse, porque el conductor del ciclomotor se niega a quitar la moto de la vía. Es en ese momento cuando el conductor del turismo arranca el vehículo y golpea y tira el ciclomotor. El joven parece librarse del intento de atropello, aunque levanta las manos y se tumba en el suelo, delante del coche, negándose a quitarse de la vía.

En ese momento, el conductor del turismo sale de su vehículo y, al grito de “moro mierda” patea en la cabeza al joven (que en todo momento lleva el casco puesto), mientras está tirado en el suelo. Varias personas intervienen para parar la golpiza, a los que el conductor del turismo les dice: “Está interrumpiendo el tráfico el moro mierda”. A continuación, lo agarra y lo aparta de la carretera, mientras varias personas los separan. El vídeo termina con el joven del ciclomotor levantándose y reclamando a toda la gente que ha sido testigo de la trifulca. “Todos lo habéis visto”, espeta.

En una temporada donde el ruido en la grada está costando caro, el Ayuntamiento de Córdoba ha decidido mover ficha en los despachos. El Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) ha oficializado su incorporación a la Red de Ciudades contra el Odio en el Deporte, un paso “decisivo” para trabajar conjuntamente contra el racismo, la xenofobia y el acoso. La adhesión se ha materializado en Madrid, durante la II Jornada de Trabajo con Ayuntamientos organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y LaLiga.

La presidenta del Imdeco, Marián Aguilar, ha liderado la representación cordobesa en este encuentro, destacando el “carácter transformador” de esta alianza. Aguilar ha subrayado que la colaboración entre el Consistorio, LaLiga y el propio Córdoba CF “puede marcar un antes y un después”, haciendo un llamamiento a “unir fuerzas para educar en valores y construir, a través del deporte, una sociedad más respetuosa”.

Por su parte, el gerente del organismo municipal, Sebastián del Rey, también presente en la jornada, ha valorado esta integración como una “oportunidad para trabajar con todo el tejido deportivo cordobés”, con el objetivo de fomentar una cultura de convivencia en la ciudad. Desde LaLiga, su representante José Antonio Montero ha incidido en que la suma de municipios como Córdoba “refuerza esta red” y acerca el futuro de un deporte “libre de cualquier forma de discriminación”.

El contraste: la realidad de los expedientes

Este movimiento institucional en busca de “entornos deportivos más seguros y respetuosos” llega en un momento de máxima tensión disciplinaria para el Córdoba CF. La realidad competitiva choca con los propósitos de la Red: el club blanquiverde acaba de sumar un nuevo expediente sancionador -el séptimo en apenas 15 jornadas de Liga- tras el derbi andaluz contra el Granada CF en el Nuevo Los Cármenes.

LaLiga ha denunciado cánticos ofensivos de la afición visitante en Granada, recogiendo insultos al árbitro y a un rival, que se suman a la larga lista de incidencias acumuladas este curso, especialmente tras la polémica arbitral de Moreno Aragón ante el Deportivo de a Coruña. Mientras el Ayuntamiento busca activar programas de “sensibilización, formación y prevención” desde los despachos, la grada blanquiverde sigue bajo la lupa semanal de la Comisión Antiviolencia, evidenciando el largo camino que aún queda por recorrer para alinear la pasión con el respeto que ahora se busca promover institucionalmente.

La Fiscalía ha archivado la denuncia presentada en marzo pasado por el PSOE, Hacemos Córdoba y colectivos LGTBI por la que pedían que se investigara un posible delito de odio en una campaña que señalaba a las personas trans a través de mensajes instalados en las marquesinas municipales de Córdoba.

La campaña en cuestión era de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y se puso en las marquesinas poco antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En ellas, cuestionaba si “¿La mujer nace o se hace?”, y señalaba que “la mayoría lo tiene claro, aunque en los tiempos que corren algunos tienen miedo a hablar”, todo ello junto al hastag #LaMujerNace.

Ante este mensaje, partidos como el PSOE y Hacemos Córdoba, además de colectivos LGTBI llevaron su denuncia a la Fiscalía. Ahora, y tras haberse trasladado el asunto a la Fiscalía de Madrid, se ha conocido el archivo de dicha denuncia, que se interponía por lo que consideraban un señalamiento y un posible delito de odio contra las personas trans.

La campaña se enmarcaba deliberadamente en el contexto de la celebración del Día Internacional de la Mujer, utilizaba el color morado del movimiento feminista y se pudo ver en varias de las marquesinas publicitarias que gestiona el Ayuntamiento de Córdoba, que se desvinculó de la campaña.

La caseta de IU en la Feria de Montalbán ha sido vandalizada, según denuncia el partido. Durante la madrugada del lunes al martes, los presuntos autores del ataque lanzaron aceite a la fachada, arrancaron la bandera LGTBI y también destrozaron otras banderas.

Todo ello en una localidad gobernada por un alcalde de IU, Miguel Ruz, y en pleno inicio de las fiestas de esta localidad de la Campiña cordobesa. IU ha denunciado el ataque en redes, indicando que “no es casual”.

“Es el reflejo de una escalada de odio alimentada por una derecha y una ultraderecha que, 50 años después, siguen sin entender lo que significa la democracia”, han señalado en un post en Facebook.

En el mismo, advierten de que este tipo de agresiones no les van a frenar. “Al contrario: nos reafirman en nuestras convicciones. Más banderas, más hoces y martillos, más lucha. ¡No pasarán! Fascismo nunca más. Orgullo, unidad y antifascismo en cada pueblo”, indican.

Los delitos de odio investigados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Córdoba disminuyeron en el último año, según el 'Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2024’, divulgado este viernes, que también muestra un aumento en el número de casos esclarecidos y en el de personas investigadas o detenidas.

Concretamente, en la estadística difundida por el Ministerio del Interior consta que en Córdoba se conocieron el año pasado un total de 17 casos de delitos de odio. Son diez menos que los 27 de 2023, y dos más que los 15 que se denunciaron en 2022.

En total, hubo 16 víctimas relacionadas con estos hechos. Por ellos, se detuvo o investigó (la estadística no lo clarifica) a 10 personas. Es el número más alto del último trienio. En 2023 se investigó o detuvo a ocho personas, en 2022 fueron cuatro.

De todos los detenidos, cinco fueron arrestado por la discriminación por sexo o género u orientación sexual, mientras que dos fueron investigados por delitos ideológicos y tres por racismo y xenofobia.

Este último delito copa, junto la discriminación por orientación sexual, la mayoría de los hechos investigados. Hubo seis casos de racismo/xenofobia y otros seis de Lgtbifobia sobre la mesa de los diferentes cuerpos de seguridad en Córdoba durante el año pasado. Los agentes también investigaron cuatro delitos de odio referentes a la ideología y uno por discriminación sexual.

De los 17 hechos conocidos, 16 acabaron siendo esclarecidos por las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Eso explica que haya 16 víctimas reconocidas.

Datos nacionales

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron en 2024 un total de 1.955 infracciones penales e incidentes de odio en España, lo que supone una reducción del 13,8% respecto a 2023, según recoge el 'Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2024'.

Los delitos de odio por racismo y xenofobia, con 804 hechos, son los más numerosos, aunque han descendido un 6% respecto al año anterior. Le siguen los delitos de odio cometidos en los ámbitos de la orientación sexual e identidad de género (528 hechos), mientras que en tercer lugar se sitúan los delitos de discriminación por razón de sexo/género (181 hechos).

Como novedad, el informe recoge por primera vez los delitos de odio por islamofobia (13), de acuerdo con las recomendaciones de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA).

En cuanto a la variación interanual, los ámbitos que han registrado un mayor aumento son el antisemitismo, con un 60,9% de incremento, y la aporofobia, con una variación del 33,3%. Por el contrario, los delitos de odio relacionados con ideología y antigitanismo han sufrido un descenso de un 58,2 y un 51,3%, respectivamente.

En lo que se refiere a la tipología delictiva de estos hechos de odio, destacan en primer lugar las lesiones (385) y las amenazas (358), seguidas por la promoción a la discriminación (217), el trato degradante (107) y las injurias (106).

Por comunidades autónomas, Navarra registra la mayor tasa de delitos, infracciones e incidentes odio por cada 100.000 habitantes (14), por delante de País Vasco (10,8) y las ciudades autónomas de Ceuta (8,4) y Melilla (8,1).

Perfiles de víctimas e investigados y detenidos

El informe señala que las Fuerzas de Seguridad del Estado esclarecieron en 2024 el 71,9% de los hechos, cuatro puntos más que en 2023, y detuvieron o investigaron a 905 personas, en su mayoría de sexo masculino (81,9%) y de edad comprendida entre 26 y 40 años, que representan el 28,1% del total.

Los principales afectados por este tipo de delitos son personas del sexo masculino (59,9%), mientras que el grupo de edad más afectado es el comprendido entre los 26 y los 40 años (34,7%). Los menores de edad constituyen el 12,8% del total de victimizaciones.

En cuanto a la distribución de las víctimas según su nacionalidad, el primer lugar lo ocupan las españolas, con el 60,1% del total de victimizaciones registradas. Dentro del conjunto de las víctimas de nacionalidad extranjera, las procedentes de Marruecos registran el número más elevado (8,8%), por delante de Colombia (5,3%).

Me lo preguntó un amigo. Iba medio en broma, lo que equivale a ir totalmente en serio: “¿Te queda algún amigo que no se haya vuelto facho?”

Es argentino. Y hablábamos de Torre Pacheco. Pero también de un arquetipo que, según me cuenta, crece como las setas en el sitio donde trabaja: currito blanco y pobre que se siente superior a los migrantes. No me lo dijo, pero intuyo que, en esas charlas, se colará eso de que quien no se adapte, fuera.

Lo intuyo porque es lo mismo que ha dicho el líder del partido más votado de España, un señor que se adapta tan bien a los cambios culturales que se hizo amigo de un narco en Galicia y, en cuanto puso un pie en Madrid, dejó de hablar en gallego.

En cualquier caso, la pregunta estos días es quién querría adaptarse culturalmente a la forma de vida de un país que ha llenado periódicos, radios y televisiones de machos que apalean menores y revientan negocios en manada. ¿Esas son las señas culturales del país que los migrantes deben asimilar?

Hemos difundido al mundo que somos un país en el que hordas de españoles deciden deliberadamente ignorar el Código Penal y al sistema. En otras circunstancias, se les podría incluso llamar a ellos inadaptados. No es el caso. Son nazis. Y su odio está perfectamente organizando. ¿Y consentido? Si es así, insisto: ¿Tienen los migrantes que asimilar que ser español hoy consiste en aplicar el ojo por ojo?

Es probable que España no sea Torre Pacheco. Pero sí que demasiada gente en España ha intentado entender e incluso justificar lo que allí ocurría. Y, más allá del caso puntual, no tengo ninguna duda de que, en el lobulo frontal de la inmensa mayoría de los españoles, hay un implante cerebral a extirpar. Nuestro sistema oporativo viene con un poco de racismo instalado. Habita en nuestro interior una forma de mirar que se manifiesta en distintos grados. A veces es un racismo blandito que se disfraza de paternalismo.

Estos días, el racismo blandito más evidente ha sido defender que no se tenía que apalear a los pobres migrantes porque desempeñan los trabajos que no quieren desempeñar los pobres murcianos. Es un racismo grado cero, ya que ningún ser humano, sea de dónde sea y trabaje en lo que trabaje, merece ser el objetivo de una turba nazi (que es racismo grado 10).

Al final, lo único que me llevo de estos días tan tristes, que sin duda tendré que explicarle a mi hija cuando crezca, es que ya se puede aplicar a la inversa la excusa barata del cuñao-facho español cuando le acusan de racista/homófobo.

Es sencillo: si alguien te acusa de ser buenista, de woke o progre, la discusión se acaba cuando uno dice: “Cómo voy a ser yo eso, si tengo amigos fachos”.

Al igual que en Murcia y en el resto del territorio nacional, el partido de derecha radical Vox también ha tratado de vincular en la provincia de Córdoba dos cuestiones que no son causa-efecto: migración y criminalidad. Es la estrategia con la que el partido de Santiago Abascal se siente más fuerte en estos momentos en España, apoyados en la laxitud del Código Penal y en el silencio cómplice de grandes sectores del PP.

Estas políticas racistas, como las llama el periodista Antonio Maestre, también Vox las ha querido llevar a cabo en Córdoba casi desde que comenzaron a hacerse fuertes, tras su entrada en el Parlamento Andaluz en el año 2018. Porque en 2019, la formación centró parte de su campaña de crecimiento en apuntar hacia un proyecto que planteaba la construcción de un centro de menores tutelados en la localidad de Lucena, la segunda ciudad en importancia de Córdoba.

Al principio, un poco tímidamente, desvinculándose de las primeras manifestaciones que hubo y que se convocaron de “forma anónima” a través de redes y plataformas de mensajería. Sin embargo, cuando Vox triunfó electoralmente, su entonces líder provincial, Alejandro Hernández, que hoy aún es parlamentario andaluz, llegó a sacar pecho, diciendo: “Hace poco tuvimos un acto en Lucena donde pusimos sobre la mesa el problema del centro de Menas (Sic), nos criticaron porque había poca gente, bueno, pues las urnas han hablado”, dijo entonces.

En retrospectiva, lo cierto es que el Centro de Menores Tutelados de Los Ángeles abrió poco después de aquel golpe de pecho. Y que, en estos cinco años, no solo ha acogido a menores (extranjeros y españoles), sino a los temporeros que han acudido a la localidad y a la comarca a trabajar en el campo. Tampoco debe sacar mucho pecho hoy el partido de Abascal, ya que, tras lograr efectivamente dos concejales en 2019, en las últimas municipales, no pudo aumentar ni en ediles ni en votos, y en las generales de ese mismo año, su porcentaje de voto pasó del 31 al 18% en comparación con los comicios de 2019 en los que fueron la fuerza más votada, como remarcaba entonces su portavoz.

El caso de Puente Genil

No obstante, más de cinco años después de aquellas primeras campañas que buscaban generar un enemigo en las personas más débiles de la sociedad (los menores), este mismo año, Vox a vuelto a poner la diana del odio en otro centro para niños tutelados. Ha sido en Puente Genil, donde, el pasado mes de marzo, Vox apoyó una concentración contra la reconversión del antiguo edificio de las Madres Filipenses en centro de acogida para menores migrantes.

“No vamos a permitir que impongan un centro que ponga en riesgo la seguridad de nuestros vecinos”, declaró la concejala Toñi Gallardo, que, sin aportar dato alguno, dijo lo siguiente: “Sabemos que este tipo de centros trae consigo un aumento de robos e inseguridad”.

Sin embargo, los casi seis años de diferencia entre el caso de Lucena y el de Puente Genil, sí han cambiado la forma en la que los gobiernos reaccionan ante este tipo de movimientos. La prueba está en que el alcalde de la localidad, Sergio Velasco (PP), acabó interviniendo y zanjando el asunto al rechazar que en dicho espacio se pudiera instalar un centro de menores.

Campaña contra los migrantes en Palma del Río

Más o menos por esa época, Vox ya había llevado su última campaña de criminalización de las personas migrantes a varios pueblos de la provincia. En la localidad de Palma del Río, una de las más importantes de Córdoba y con grandes explotaciones de naranja que recogen personas migrantes, comenzó a empapelar algunos barrios con carteles que alertaban: “Extreme la precaución en esta zona”, acompañados de frases como “zona con alta presencia de inmigrantes ilegales”.

Al igual que ha ocurrido en Torre Pacheco, Vox difundió entonces un vídeo de un episodio protagonizado por una persona migrante armado con un cuchillo por las calles del municipio y que, según explicaron desde el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno, estaba totalmente descontextualizado para azuzar el odio.

En la localidad de la Vega del Guadalquivir, no obstante, llegó a haber una concentración a raíz de la campaña. La reacción fue convocar una reunión conjunta entre la Subdelegación del Gobierno, del PSOE, y el Ayuntamiento de Palma del Río, del PP, para escenificar un frente común y lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos.

La denuncia archivada en la Fiscalía

Aquella misma campaña, aquellos mismos carteles, también decoraban por entonces las paredes de la capital cordobesa. Vox los había pegado en varios puntos de la ciudad, especialmente en barrios humildes como Ciudad Jardín, donde vive una porción importante de la población migrante.

La reacción, en este caso, fue de toda la oposición municipal, liderada por el PSOE y la coalición Hacemos Córdoba, que denunció la campaña ante la Fiscalía al considerarla un delito de odio. No obstante, en abril la Fiscalía decidió archivar el caso, considerando que el mensaje, aunque polémico, no superaba el umbral penal.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, por su parte, criticó públicamente la campaña, aunque no entró en la denuncia penal. “A mí la campaña no me gusta nada. Desde luego no nos gusta ni la respaldamos”, afirmó el alcalde, que se negó a darle más difusión hablando de ella.

Pese a la intensidad de estas campañas, no se ha registrado ninguna sanción judicial contra Vox en Córdoba por estos discursos. Ni en Lucena ni en Puente Genil se han presentado denuncias formales, y la única acción elevada a Fiscalía —la de los carteles en Córdoba capital— fue archivada. En Vox lo saben, y por eso insisten en ello.

Esa insistencia, sin embargo, también sitúa a la sociedad cordobesa en frente. La prueba es que la última campaña del partido de Abascal fue la chispa que prendió la creación en Córdoba de la primera Asamblea Antirracista, que marchó por las calles de la capital gritando que, frente a los discursos que buscan dividir y criminalizar a las personas migrantes, era el momento de defender la solidaridad, el respeto y los derechos humanos“.