Rubén Villalba nació y vive en Benamejí, un pequeño pueblo del sur de la provincia de Córdoba. Es comandante de la Guardia Civil y era, hasta hace dos años, uno de los principales responsables de la lucha antiterrorista de España. Hasta hace dos años. Fue entonces cuando sus propios compañeros del instituto armado lo detuvieron, acusado de formar parte del entramado del empresario Víctor de Aldama destapado en el famoso caso Koldo que ha acabado salpicando a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.

Villalba, que fue arrestado cuando se dirigía a coger un avión a Caracas (Venezuela), su nuevo destino como guardia civil, aparece también en la causa de la Audiencia Nacional que este miércoles derivó en el registro de la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz, el conocido como caso Leire. Pero Villalba no aparece como uno de los implicados en la trama, sino al contrario, como víctima.

Según consta en el auto firmado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, el testimonio y el trabajo de Villalba es clave para tratar de desentrañar el objetivo de la trama supuestamente auspiciada desde Ferraz para desacreditar todas las causas policiales y judiciales contra el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El magistrado sostiene en su escrito que en marzo de 2025, Leire Díaz y Rubén Villalba mantuvieron dos encuentros. De hecho, el diario El Mundo llegó a publicar fotografías de los mismos. Tras las reuniones, el propio comandante redactó dos actas de la reunión dejando constancia de su contenido, documentos que actualmente obran en el procedimiento judicial. En estos encuentros, la organización investigada, a través de Leire, le habría realizado diversos ofrecimientos con una evidente trascendencia económica. En concreto, le propusieron eximirle del pago de su nueva defensa, garantizar que recuperaría su trayectoria profesional previa y asegurarle puestos de máxima responsabilidad tras una supuesta “purga” que planeaban ejecutar.

A cambio de estos beneficios, el auto del juez Pedraz afirma el objetivo de la organización era, en palabras que el propio comandante anotó, “intentar desmontar a la Guardia Civil”. Según consta en las actas redactadas por este agente, Leire Díez le solicitó aportar toda la información de la que dispusiera sobre el fiscal José Grinda, datos sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil (especialmente de los tenientes coroneles Balas y Bonilas) y de la Jefatura de Información, incluyendo al actual Director Adjunto Operativo (DAO) y al teniente coronel Basilio Luis Sánchez Portillo.

El magistrado también sostiene que Leire le pidió declarar como testigo protegido ante el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y que acusara en la misma a la Guardia Civil, a la UCO, a sus mandos, al coronel Corbi y al teniente coronel Basileo.

Finalmente, para avanzar en la investigación de estos hechos, el juez instructor ha ordenado requerir al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) la entrega del registro de accesos y visitas a su sede en la calle Ferraz correspondientes a Rubén Villalba, abarcando el periodo desde el año 2025 hasta la actualidad. Este mismo miércoles, la propia UCO que investiga este caso acabó entrando en la Dirección General de la Guardia Civil, para investigar también todos estos asuntos.

La operación lanzada este miércoles por la Audiencia Nacional otorga una nueva dimensión al caso de las maniobras presuntamente urdidas por la exmilitante socialista Leire Díez para buscar material contra fiscales y mandos policiales. El auto del juez Santiago Pedraz atribuye por primera vez a Santos Cerdán el liderazgo de ese grupo que buscaba “desestabilizar” las causas judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE y apunta al propio partido como financiador de esas maniobras. Agentes de la Guardia Civil permanecieron durante 12 horas recabando documentación del caso en la sede de la formación, en la calle Ferraz de Madrid. 

Con la frase de “Frank Nitti y sus muchachos”, expresada con acento hispanoamericano, se presentaba al grupo de mafiosos de Chicago que se enfrentaba en los pasados años veinte a los famosos intocables de Eliot Ness en una popular serie de la televisión en blanco y negro. Hoy, tras la publicación del informe de la Unidad Central Operativa –UCO- de la Guardia Civil, es actualidad otra trama delictiva en la que se encuentran implicados dos secretarios de Organización de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE –José Luis Ábalos y Santos Cerdán- y el hombre de confianza de ambos, Koldo García. O sea, la trama de “Koldo y sus muchachos.

Esta trama corrupta ha abierto una crisis de impredecibles consecuencias no solo en el partido que sustenta mayoritariamente al Gobierno sino también en toda la democracia española. No es el primer caso de una trama corrupta vinculada a un partido político del que depende la gobernabilidad de España. El PSOE y el PP se han visto en circunstancias parecidas, lo mismo que otros partidos minoritarios como la antigua Convergencia i Unió, hoy transmutada en Junts per Catalunya, No es cosa de recordar estos tristes casos en la reciente historia de la democracia española que, pese a las promesas regeneradoras con que se han intentado combatir, se siguen repitiendo. Parece como si una maldición flotara por encima de la vida política que permite reproducir acciones delictivas que, como mínimo, generan la desafección de muchos ciudadanos y la ganancia en esos ríos revueltos de los partidos y movimientos populistas que amenazan la propia existencia de la democracia.

Al escribir estas líneas ha quedado manifiestamente clara la implicación en la mugre de la corrupción de al menos tres personas vinculadas a las máximas instancias del Partido Socialista, uno de ellos también ex ministro. Ojalá, tanto por el bien del partido del Gobierno como por la propia salud democrática de España, toda esa trama corrupta se circunscriba exclusivamente a ellos. Pero incluso en este caso es evidente que, alguna responsabilidad debe recaer en quien les dio la confianza de ostentar tal altas responsabilidades en el Gobierno y en la organización socialista. Peor sería si la corrupción salpicara a más personas relevantes y, sobre todo, si afectara a la financiación irregular del Partido Socialista y a la limpieza y credibilidad del Gobierno. En este caso sus consecuencias serían mayúsculas.

Si nos ponemos en el primer caso, la responsabilidad de Pedro Sánchez como máximo mandatario socialista y presidente del Gobierno de España quedaría en la derivada de la falta de vigilancia sobre otras personas que han causado un daño y que se resume con la locución latina de “in vigilando”. Esta responsabilidad es lo suficientemente grave para no soslayarla. En este caso, ¿qué debería hacer Pedro Sánchez? Pues algo tan sencillo como poner sus cargos a disposición de quienes lo eligieron. Como dirigente de un partido, tendría que dimitir y aceptar la constitución de una Comisión Gestora hasta que se convoque un Congreso para elegir una nueva dirección. Como presidente del Gobierno estaría obligado a someterse a una cuestión de confianza en el mismo Congreso de los Diputados que lo invistió- Pero una cuestión de confianza en la que se obligue a poner en marcha unas medidas urgentes de regeneración democrática para no volver a incidir en los mismos errores, hacer una investigación seria y contundente sobre las mordidas, presentar una remodelación de su Gobierno y anunciar en un plazo no superior a un año la convocatoria de unas elecciones generales, unas elecciones generales en las que no podría presentarse.

Si estuviéramos en el segundo caso y la red corrupta fuera más allá de los tres “muchachos” señalados en el informe de la UCO y salpicara al propio presidente y a su partido, estaríamos en un caso similar a lo que provocó la moción de censura que expulsó del Gobierno a Mariano Rajoy. Es verdad que en este caso hubo una sentencia judicial que condenada expresamente al Partido Popular. Pero antes de que otra sentencia llegara a la misma conclusión sobre el Partido Socialista, los españoles son quienes deben tener la última palabra como ocurre en cualquier democracia: acudiendo a las urnas. En ese supuesto que, insisto, aún no hay evidencia de que se haya producido en el momento de escribir este artículo, no es suficiente la cuestión de confianza y de un paréntesis para poner en práctica la regeneración. La convocatoria de unas elecciones generales debe ser inmediata.

La democracia se basa en algo tan sencillo como que debe gobernar quien tiene la confianza de la ciudadanía. ¿Puede esa ciudadanía tener confianza en quien no ha sido capaz de vigilar a los corruptos que le rodeaban? ¿Y qué decir si trama de sobornos y comisiones afecta a la propia estructura del partido que sustenta mayoritariamente al Gobierno? A veces hay que dejar de lado los manuales de resistencia cuando lo que se juega es la propia credibilidad del sistema democrático que con tanto esfuerzo se consolidó en España y que hoy se pone en cuestión por los extremismos que tenemos dentro y fuera de nuestras fronteras.

La soberanía

Es el pueblo soberano quien tiene la última palabra en una democracia. Si no existieran esas tramas que el informe de la UCO ha desvelado, y que es mucho más que la opinión sesgada de ciertos medios desestabilizadores y enemigos de lo que significa el progreso económico, social y democrático de España, admitiría el empecinamiento del presidente del Gobierno en culminar la legislatura. Es mucho lo que se ha conseguido en ella con el apoyo de las fuerzas que permitieron la coalición que nos gobierna desde la moción de censura de 2018. Las cifras del crecimiento económico son incontestables. Los avances sociales son hoy un ejemplo en nuestro entorno. España es un puntal decisivo en la actual Unión Europea. Nos hemos enfrentado con éxito a crisis de gran envergadura como la del COVID. Nuestro país es escuchado con respeto en los foros internacionales y es capaz de tomar partido sin hipotecas ante hechos tan terribles como las atrocidades perpetradas en Ucrania y Gaza. Se han superado satisfactoriamente las tensiones territoriales derivadas del propósito secesionista de Cataluña y España está hoy más cohesionada que nunca.. Estos éxitos forman parte del haber de los sucesivos Gobiernos de coalición, aunque todavía haya nubarrones como la falta de iniciativas que se ofrece a buena parte de la juventud española –pese a las inmensas ayudas recibidas para su formación- u otras cuestiones cuyas responsabilidades hay que repartirlas también con las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular, como la sanidad, la educación y la vivienda.

La labor de los últimos Gobiernos de España ha sido titánica, más aún por la falta de colaboración y obstruccionismo de una oposición que solo tiene como programa el no por el no y recuperar un poder que cree que le corresponde, aunque las urnas y la composición parlamentaria digan lo contrario. Pero todo ello puede quedar olvidado por lo que el pueblo nunca perdona: la corrupción y las mentiras. Fue lo que le pasó a Felipe González en sus últimas legislaturas. Lo que se llevó por delante a José María Aznar cuando su mezquindad y soberbia le impidió reconocer sus errores en las armas de destrucción masiva y en los atentados del 11-M. Fue lo que acabó con un M. Rajoy que actuaba como un Don Tancredo político viendo venir las cosas, aunque ello supusiera no afrontar el reto de la secesión catalanista, al tiempo que permitía la corrupción sistémica de su partido. La historia de España está llena de ejemplos de corruptelas y el pueblo español puede perdonar los errores pero no que le roben en sus narices.

Los antecedentes

Para terminar y como ejemplo histórico quiero referir un episodio que ocurrió en el Reino Unido en 1867. Ese año se aprobó la segunda gran reforma electoral impulsada por el conservador Benjamín Disraeli. Gracias a ella se amplió el derecho al voto a los varones que ocuparan una casa como propietarios o arrendatarios. Esto permitió que más del 40 % de los varones británicos pudieran ejercer su derecho al voto. La reforma de Disraeli contó con el apoyo de los liberales de William Gladstone más que el de su propio partido. A resultas de esta reforma los conservadores perdieron las elecciones del año siguiente y Gladstone se convirtió en el nuevo Primer Ministro. Cuando los correligionarios de Disraeli le echaron en cara la derrota electoral de su partido, el inteligente político británico de ascendencia judía les dijo que valía la pena perder unas elecciones si con ello el sistema político británico se consolidaba. Llevaba razón. Unas reformas electorales hechas a tiempo en 1832 y después en 1884/85 hicieron posible el afianzamiento del liberalismo británico que acabó derivando hasta la plena democracia. Esa evolución evitó al Reino Unido el rosario de revoluciones que afectó al resto de Europa en el siglo XIX.

El ejemplo de Benjamín Disraeli tiene su vigencia en nuestros días. Hay que correr el riesgo de poder perder unas elecciones si con ello evitamos que la democracia se encuentre en un callejón sin salida y a merced de los populismos que la amenazan.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que investiga el caso Koldo ha incorporado unas grabaciones a la causa que ya ha remitido al Tribunal Supremo. La cinta fue grabada en el mes de abril del año 2019 y aunque los agentes de la Guardia Civil no lo afirman parece tratarse del despacho de José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes del Gobierno de España.

En el audio se escucha como su asesor, Koldo García, le pone al día con una infinidad de gestiones en las que presuntamente media para obtener adjudicaciones a empresas concretas que posteriormente les reparte mordidas. No obstante, en un momento, la conversación deriva sobre la agenda del ministro, y dónde iba a pasar el fin de semana. Ábalos y Koldo García discuten sobre cómo estar en diferentes ciudades del sureste de la Península (Murcia, Almería, Elche, Alicante), y cómo viajar entre ellas. Y en un momento dado citan a la ciudad de Córdoba.

La transcripción (K: es Koldo García y A: es José Luis Ábalos):

K: Ahora lo miro ¿vale? Y te digo, relájate un poco ahí ya está.

A: Claro, es nada, si vinieran de Córdoba, es nada, es ese trocito, pero si vienen estas, claro. Hay que buscar un sitio.

K: Mira, si vienen aquí, ya sabes quién va a venir, eso lo tengo claro. Si viene aquí, tienes a la AINARA ¿Cómo es?

A: (Murmura algo ininteligible).

K: A la ARIATNA (fonético), que está bien, que está recién, está bien, esta perfecta.

A: Y la colombiana.

K: Y la colombiana nueva. A: Y la otra (ininteligible).

K: No, si yo quiero la otra también, pero era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más ARIATNA (fonético).

A: No, sé, la CARLOTA (fonético), se enrolla que te cagas.

K: Pues, la que tú quieras. O ARIATNA y CARLOTA, y a tomar por culo. A: No, era por conocer.

El informe sobre la transcripción no juzga este intercambio en el que parece sugerir cómo tanto Koldo García como José Luis Ábalos esperarían la llegada de mujeres procedentes de Córdoba. Cuando dejan de hablar de otras mujeres, por sus nombres, siguen poniéndose al día sobre más contratos públicos.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha ofrecido declarar voluntariamente como investigado a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, al hallar “consistentes indicios” contra él en un informe de la UCO aportado a la causa. Ese informe apunta a la “posible participación” del 'número tres' de los socialistas en la “adjudicación indebida” de obra pública en “connivencia” con el exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor Koldo García. Estos hechos llevan al juez a considerar que el ‘número tres’ del PSOE pudo cometer delitos de organización criminal y cohecho.

“Nos estamos jugando mucho en Andalucía y Cristian lo está jodiendo en Córdoba”. El mensaje lo envió el ya exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos y principal sospechoso de ser el mediador entre varias tramas de corrupción y estos dos socialistas. Estos whatsapps forman parte de la investigación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha enviado al Tribunal Supremo y en el que sospecha de conductas presuntamente corruptas de Santos Cerdán.

En el informe, al que ha tenido acceso este periódico, los agentes de la Guardia Civil reproducen una conversación entre Santos Cerdán y Koldo García del 26 de abril de 2021 de “especial relevancia”, ya que a su juicio demostraría primero la buena relación que mantenían los dos y en segundo lugar que el propio Koldo García le decía al primero que lo tenía “todo pagado gracias a él, por traerle a Madrid y haberle dado la oportunidad”.

La conversación la arranca Santos Cerdán. “Sé que eres amigo de Cristian pero que no se equivoque, que tenga cuidado (sic) lo que habla de mí”, escribe. Cerdán se refiere, según la Guardia Civil, a Cristian Corvillo, implicado también en el caso Koldo y un exmilitante del PSOE de Córdoba que era muy próximo al exministro José Luis Ábalos. Corvillo aparece en el inicio de la investigación como un posible contacto entre Víctor de Aldama y el propio Koldo García, e incluso la posibilidad de haber actuado de intermediario para la compra de un chalet. Corvillo acudió al Congreso de los Diputados en una comisión de investigación, pero finalmente no respondió a ninguna pregunta.

“No me creo que se meta contigo”, responde Koldo a Cerdán. “Yo le dije mil veces lo que eres para mí y la verdad estoy un poco cansado. Yo creo que es buena persona pero todo el mundo me jode”, continúa Koldo, que en la conversación aprovecha para asegurar que “mañana solo me hablarán los de siempre y entre ellos estarás tú”, en referencia a Cerdán. “Si se mete contigo está cometiendo un grave error, se está metiendo conmigo”, continúa Koldo en otro mensaje. “No se te olvide que lo tengo todo pagado gracias a ti”, agrega en otro whatsapp más.

“Pues lo está haciendo. Además, diciendo que Ábalos y yo estamos en guerra, y que él representa a Ábalos en Córdoba”, insiste Santos Cerdán en otro mensaje enviado minutos después a Koldo. “No hace falta que me lo agradezcas, te lo has ganado”, insiste, algo que sirve a la UCO para señalar cómo Cerdán mantenía una relación muy estrecha con Koldo García.

“Nos estamos jugando mucho en Andalucía y Cristian lo está jodiendo en Córdoba”, continúa Santos Cerdán. A esto, Koldo responde, tajante: “Pues se le parte la cara y solucionado”. LA conversación concluye con un último mensaje de Cerdán: “Y le está haciendo mucho pero mucho daño a José Luis”.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha ofrecido declarar voluntariamente como investigado a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, al hallar “consistentes indicios” contra él en un informe de la UCO aportado a la causa. Ese informe apunta a la “posible participación” del 'número tres' de los socialistas en la “adjudicación indebida” de obra pública en “connivencia” con el exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor Koldo García. Estos hechos llevan al juez a considerar que el ‘número tres’ del PSOE pudo cometer delitos de organización criminal y cohecho.

El empresario Cristian Corvillo, afiliado al PSOE en Peñarroya-Pueblonuevo y que el PP sitúa como chófer de Pedro Sánchez en unas primarias para liderar el PSOE, ha evitado responder este miércoles en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', alegando que desconoce “la posición exacta” que le dan los investigadores en la presunta trama de corrupción.

Corvillo ha tomado la palabra únicamente para reconocer que aparece en “algún informe” de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que ha decidido, por ello, “no contestar a ninguna de las preguntas”.

“Entiendo que, como no soy consciente todavía de qué es lo que está sucediendo, deben entender ustedes, y sé que tienen ganas de que yo les cuente cosas, que como no sé la posición exacta que tengo, pues no lo puedo o no lo debo hacer”, ha justificado el empresario, uno de los citados por lo que el PP denomina la “trama andaluza” del 'caso Koldo'.

El presidente de la comisión, Eloy Suárez (PP), ha asegurado que respeta su derecho al silencio, pero ha instado a los futuros comparecientes a especificar el motivo por el que no quieren hablar, “porque luego se pueden ver con una desagradable sorpresa, que la mesa ejerza algún tipo de acción”.

La mayoría absoluta del PP en el Senado le llamó a comparecer por haber sido “el chófer” de Sánchez en unas primarias del PSOE y porque la UCO le “vincula” en la trama de mascarillas y en la de hidrocarburos, así como por ser “amigo de Aldama” y hacer “negocios con él”.

En octubre de este año, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil desarticularon una trama dedicada a la comisión de presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos y el posterior blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos. En la cúspide se hallaba el empresario Víctor de Aldama, dueño del Zamora y nacionalmente famoso por ser el presunto corruptor del caso Koldo que implica al exministro José Luis Ábalos. Esta trama, diferente a la del caso Koldo que investiga el pago de comisiones por contratos millonarios para importar material sanitario en España durante la pandemia, también tiene conexiones cordobesas.

En el caso Ábalos, por ejemplo, Víctor de Aldama tenía a sueldo a un comandante de la Guardia Civil nacido y residente en Benamejí. También usó para sus negocios a un militante del PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo, Cristian Corvillo, a su vez el hombre de Ábalos en la provincia de Córdoba. Pero en la red que investiga un fraude de unos 133 millones de euros se sospecha de que De Aldama usó a dos presuntos testaferros en Córdoba, que controlaban una comercializadora de combustible y una inmobiliaria.

Este caso, enmarcado en la lucha contra el fraude que se comete de manera recurrente en este sector estratégico, está dirigido por el Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Fue el pasado mes de octubre cuando el juez Pedraz acordó prisión provisional tanto para De Aldama como para su socio Claudio Rivas por su presunta participación en un fraude a la Hacienda Pública de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. El magistrado acordó la puesta en libertad del primero después de su declaración voluntaria en el 'caso Koldo', pero Rivas todavía se encuentra en la cárcel.

El juez investiga en esta causa --que permanece secreta-- a ambos como responsables de la organización criminal, como subdirectora a María Luisa Rivas, así como a otros cooperadores y una serie de testaferros situados en los órganos de administración de las sociedades suministradoras.

En la instrucción, adelantada por El Confidencial, los investigadores sostienen que Aldama usó a un par de testaferros cordobeses. El primero creó una sociedad, hoy en disolución, llamada Salamanca Fuel, con la que presuntamente se adquiría combustible a bajo precio. El segundo, una empresa inmobiliaria llamada Proyectos Prados de Alderete SL. En este extremo se sospecha que la entidad pudo haber sido usada para cometer algún ilícito penal.

El presunto fraude estribaba en que se había creado un conglomerado de empresas. Estas compraban el combustible y lo vendían rápidamente a un precio inferior al de la competencia. Las entidades obtenían el beneficio a través de unos impuestos que sí que repercutían en sus clientes pero que nunca ingresaban en las arcas de la Agencia Tributaria. En principio, se aplazaba su pago y las empresas rápidamente entraban en liquidación.

La sede de la sociedad de combustible estaba en un edificio de oficinas del polígono industrial de la Torrecilla. La de la promotora inmobiliaria en la céntrica calle Morería.

Este mismo lunes declaró Aldama en los juzgados, a la vez que la UCO de la Guardia Civil desarrollaba un nuevo operativo por toda España.

Rubén V. no era un comandante de la Guardia Civil cualquiera. Hasta su detención el 3 de marzo por parte de sus propios compañeros del instituto armado, este agente de Benamejí (Córdoba) trabajaba en el Servicio de Información de la Guardia Civil, en tareas antiterroristas, de donde tiene experiencia. La Unidad Central Operativa (UCO) especializada en Delincuencia Económica le arrestó después de tener sospechas de que era un hombre clave de la presunta trama de corrupción del conocido como caso Koldo, un fraude en la compra de material sanitario que ha llegado a salpicar al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, pero que tenía en el epicentro al empresario Víctor de Aldama, actualmente en prisión.

Los investigadores sitúan a Rubén V. en el epicentro de una trama necesitada de protección. Por un lado, Aldama necesitaba protección. Por otro, saber si estaba siendo investigado. E incluso conocer si la Guardia Civil tenía fichados a determinados empresarios con los que hacía negocios. Según consta en las investigaciones de la UCO, a las que ha tenido acceso este periódico, Rubén V. les proporcionaría todos estos servicios a cambio, supuestamente, de percibir 2.000 euros en efectivo que iba ingresando en la cuenta que compartía con su mujer, una funcionaria del Ayuntamiento de Benamejí.

La investigación ha hecho saltar por los aires la relación entre el grupo del Servicio de Información y la unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil, ya que según se desprende de la investigación Rubén V. habría dado de alta a Aldama en el registro de informantes. De esta forma, le habría facilitado teléfonos móviles indetectables para los investigadores de forma mensual, a cambio, supuestamente, de recibir información, que no consta por ninguna parte en el sumario del caso Koldo.

Este lunes, de hecho, Rubén V. acudió citado al Congreso de los Diputados, a la comisión de investigación del caso Koldo. A puerta cerrada, optó por no declarar a preguntas de los diputados. “Actualmente me encuentro inmerso en una investigación judicial. Por lo tanto, en su día no declaré ante su señoría de la Audiencia Nacional número 2 y, por tal motivo, tampoco lo haré en esta sala. Me acojo a mi derecho a no declarar, no contestaré a ninguna pregunta”, leyó en su primera intervención.

La comparecencia ante la comisión de investigación se ha celebrado a puerta cerrada, sin presencia de la prensa en la sala Clara Campoamor de la Cámara Alta, con la reproducción sólo de audio y parcialmente de los portavoces para preservar por razones de seguridad la imagen del comandante, ya que forma parte de los Servicios de Información aunque en situación de activo sin destino.

Pero tal y como ha desvelado elDiario.es, la detención de Rubén V. y las escuchas que ya aparecen en el sumario han levantado bastantes suspicacias en uno de los servicios más delicados de la Guardia Civil, aquel que investiga el terrorismo. La clave está en unas conversaciones grabadas por el propio Rubén con su superior, un coronel, histórico de la lucha contra ETA, en la que le da cuenta del estado de la investigación contra Aldama.

Los agentes se incautaron de dos grabaciones de una conversación entre Rubén y su jefe, el coronel al mando de la Unidad Central Especial número 2, uno de los tres coroneles que tiene por debajo el general al frente del Servicio de Información. La grabación es del 27 de febrero, seis días después de que fueran detenidos Koldo García y Víctor de Aldama. En ella queda de manifiesto que el coronel conoce la relación profesional de Rubén con el empresario y su supuesta condición de fuente.

Por otra parte, los agentes sospechan, aunque no se lo han imputado aún, que el comandante cordobés de la Guardia Civil fue el responsable del chivatazo a Koldo García. 

El arresto

El agente fue detenido el pasado tres de marzo en el aeropuerto de Madrid cuando se disponía a subir a un avión con destino Caracas, destinado en la embajada española de Venezuela recientemente tras pasar por la estructura antiterrorista de la Guardia Civil. Los investigadores llegaron hasta él después de analizar el contenido de unos grupos de WhatsApp de los investigados y sus conversaciones: referencias de pagos en efectivo a alguien apodado “R”.

“Se han localizado indicios de pagos en metálico de manera mensual a esta persona”. El empresario Víctor Aldama, quien según los investigadores tenía una relación cercana con este agente, se refiere a estos pagos en varias ocasiones: “Lo de R 2 lo de todos los meses”. Los investigadores entienden que, además, reuniones de este agente con Aldama coinciden con las supuestas órdenes de pago.

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha pedido este lunes al PSOE provincial “asumir responsabilidades” porque “la corrupción” llega a la provincia después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionara la compra de un chalet en La Línea de la Concepción (Cádiz) del que pudo “disponer” el exministro José Luis Ábalos presuntamente con la trama de hidrocarburos a través de Cristian Corvillo, del PSOE cordobés y que estaría, según los agentes, muy próximo al empresario Víctor de Aldama, el exasesor del exministro Koldo García y el propio Ábalos.

En una atención a los medios con motivo de la reunión de la Interparlamentaria del partido en la provincia, Molina ha advertido de que “la UCO implica a un cargo del PSOE de Córdoba por la compra del chalet a Ábalos”, de modo que “ya tenemos también la corrupción del PSOE en Córdoba”, de ahí que haya reclamado a los socialistas que “den la cara ante los españoles, los andaluces y los cordobeses”, a la vez que considera que “antes o después el Gobierno de Pedro Sánchez lo vamos a ver cayendo por casos de corrupción”.

Al respecto, “con todo el respeto a la labor que se tiene que hacer en la investigación y la justicia”, Molina cree que “habrá que dar explicaciones de estos casos, que ya están saliendo en los medios de comunicación y que salpican a todos los niveles al PSOE”.

Según el informe de la UCO, al que ha tenido acceso Europa Press, Aldama, quien fue el “verdadero responsable y organizador de la compra del inmueble”, maniobró “a través de terceras personas que negociarían las condiciones de compra, el pago de la señal o la firma del contrato de arras”.

“Aquellos pormenores que podrían resultar del interés de Ábalos, como el destino a dar al mobiliario existente en la casa, Aldama se los comunicaba a Koldo, quien hacía llegar la respuesta del exministro nuevamente a Aldama”, explica la UCO.

En un inicio, Aldama le manifestó a Corvillo que la compra de la casa la realizaría “un tal Henrique”, un ciudadano venezolano “vinculado a Suelopetrol”. Éste llegó a firmar un contrato de arras, pero Aldama decidió prescindir de él. Fue en ese punto cuando el empresario pidió a Corvillo que contactase con Claudio Rivas, su socio, y que estaba “vinculado a Villafuel”, señala la UCO.

Las indagaciones de los agentes revelan que el chalet de 'La Alcaidesa' supuestamente usado por Ábalos fue pagado en gran parte por la mercantil Have Got Time. La titular de esa empresa, señalan, es la hija de Carmen Pano, una de las personas que acudió al encuentro con el director de Gabinete de Industria.

La Guardia Civil constata que, pese a ello, esa compañía “es controlada de manera real” por Claudio Rivas, el socio de Aldama. “Consumada la compra del inmueble por parte de Aldama, existen múltiples evidencias que confirmarían el uso real del mismo por parte de Ábalos”, destaca.

Unos meses después de que Ábalos dejase el Ministerio de Transportes, esa empresa remitió un burofax al exministro en el que le reclamaba el pago de cuatro mensualidades del chalet. Koldo contactó con Aldama para pedirle explicaciones por esa comunicación. “Esto ya es la hostia”, se quejó el exasesor. “Ni te preocupes, acuérdate que te dije que eso llegaría, se tiene que cubrir pero es solo por eso nada más, tranquilo”, zanjó el empresario.

“La gravedad de los hechos”

Entretanto, Molina ha justificado la convocatoria de esta Interparlamentaria ante “la gravedad de los hechos que se ven en el Gobierno de España”, con “uno de los momentos más delicados de la democracia”, porque “está imputada la mujer del presidente, el hermano y el fiscal general del Estado”, algo que “no había ocurrido nunca en la historia del país”.

Por eso, ha vuelto a exigir que “dimita el fiscal general del Estado, que ha sido el ministro número 23 de Sánchez”, de manera que, a su juicio, “esto no puede seguir así, porque lo único digno que puede hacer por la democracia es respetar a la justicia independiente que tenemos que tener en España”. Así, ha remarcado que “la única salida que tiene el fiscal general del Estado, tras su imputación, es su dimisión”.

Ante esto, el popular ha lamentado que “Sánchez, como siempre, en vez de respetar la separación de poderes, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados que no haga, lo que hace es atacar a los jueces que investigan a su familia y a su Gobierno”. Frente a ello, le ha pedido que “actúe como un demócrata, si tiene algo de demócrata dentro, y defienda la Constitución en lugar de atrincherarse en La Moncloa para proteger a su círculo”. Y es que, ha agregado, “estamos viendo casos todos los días de una corrupción que va acechando al presidente”.

Además, ha avisado del “caos en cuestiones como los trenes”, con “un ministro que lo único que se preocupa es del insulto” y que “no está preocupado de gestionar”, de manera que “este fin de semana ha llegado ya a un límite inasumible por la incapacidad del Ejecutivo para gestionar infraestructuras claves que demuestran también el abandono a los ciudadanos”, ha apostillado.

Asimismo, Molina ha mostrado su “preocupación” por “la infrafinanciación que sufre Andalucía, con 1.500 millones de euros de los que se nos privan a los andaluces por un sistema de financiación que pactó el PSOE con ERC y que hace que no podamos atender muchas cuestiones”, citando algunas que “lastran el futuro de los cordobeses”, como “la falta de capacidad eléctrica” en el norte de la provincia, la Variante Oeste y la conversión en autovía de la N-432.

Al hilo, el popular ha reprochado “la desfachatez” de la secretaria general del PSOE cordobés, Rafi Crespín, sobre la Autovía del Olivar que “efectivamente la pone encima de la mesa el PSOE en el año 1996 y 40 años de socialismo después exigen lo que no han sido capaces de hacer en 40 años”. Por eso, cree que “deberían elegir mejor los ejemplos, puesto que la Autovía del Olivar es un ejemplo de la falta de gestión, del abandono y el engaño al que ha sometido el PSOE a Córdoba durante tanto tiempo”.

Por otra parte, el presidente del PP provincial ha comentado que en la Interparlamentaria van a abordar “los problemas” de vivienda, “que es una preocupación que está encima de la mesa”, así como de la conciliación de la vida familiar y laboral.

Y tras la manifestación de este domingo de “muchos ciudadanos pidiendo un cambio y que este Gobierno tiene que salir ya de La Moncloa”, ha dicho que “cada vez más gente lo tiene claro”, subrayando que “el único que puede liderar ese cambio y que puede ser una alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez es el PP con un modelo de transparencia, de justicia y de progreso”, porque “nos enfrentamos a un Gobierno que abusa de las instituciones, que persigue a los jueces y que está inmerso en la corrupción”, ha declarado.

17 de octubre de 2023. 14:25. Un comandante de la Guardia Civil es fotografiado a las puertas del restaurante La Chalana por otros compañeros del instituto armado, adscritos a la Unidad Central Operativa (UCO). Están siguiendo a Koldo García, considerado como la piedra angular de una trama por la venta fraudulenta de mascarillas a diferentes administraciones públicas. Y lo están haciendo por orden del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional.

En esa imagen, el agente de la Guardia Civil, natural y residente en Benamejí (Córdoba), lleva un portadocumentos. A su espalda está Koldo García que habla con una tercera persona. A las 16:04, el comandante de la Guardia Civil, que viste de paisano, sale del restaurante La Chalana, en el que Koldo suele reunirse con diferentes personas, muchas de ellas asociadas a una presunta trama que ha impactado contra el Gobierno y especialmente contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, suspendido de militancia del PSOE. El agente lleva varios documentos en la mano.

Estas imágenes y esta cita son capitales para los investigadores de la UCO, que llevan meses siguiendo a Koldo García, a sus socios y también a diferentes personas que podrían formar parte de su íntimo círculo y que le podrían haber ayudado, de alguna u otra manera, a cometer los presuntos delitos investigados: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Los agentes sospechan, aunque no se lo han imputado aún, que el comandante cordobés de la Guardia Civil fue el responsable del chivatazo a Koldo García. Antes de la comida en La Chalana, el propio Koldo habla con su hermano Joseba, al que informa que sabe que le están investigando y que el lunes siguiente se reuniría con cuatro guardias civiles para saber el estado de la investigación. Este es el motivo principal por el que el lunes de la pasada semana, la UCO de la Guardia Civil detuvo a este comandante de la Guardia Civil y registró su casa de Benamejí, donde tiene fijada su residencia aunque había sido designado para ocupar el puesto de agregado del Ministerio del Interior en la embajada de España en Venezuela.

A partir de ese momento, tanto Koldo, como su hermano, como sus socios, habrían iniciado un proceso para tratar de dificultar a los investigadores dar con las presuntas dádivas cobradas de forma irregular, o la titularidad del patrimonio amasado gracias a comisiones por la venta de mascarillas que no habrían sido declaradas a la Hacienda Pública.

En el informe, al que ha tenido acceso este periódico, se trata de demostrar cómo el comandante de la Guardia Civil formaría parte del entramado y tendría una importante conexión con Víctor de Aldama, uno de los principales empresarios implicados en la investigación. De Aldama es el presidente del Zamora Club de Fútbol y estuvo muy cerca de comprar el Córdoba Club de Fútbol.

Así, se documenta a través de escuchas cómo al parecer el agente de la Guardia Civil podría haber recibido pagos de hasta 2.000 euros mensuales en efectivo, según consta en un análisis de los mensajes de diferentes chats de las personas implicadas en el asunto. También se relaciona al comandante con De Aldama, con quien se cruzaría mensajes y fotografías que lo identifican, como una enviada desde un camino del sur de la provincia de Córdoba en un día festivo. O cuando De Aldama le felicita por su paternidad. Los agentes han comprobado que efectivamente en la fecha señalada por la felicitación el comandante fue padre.

El arresto

El agente fue detenido el pasado tres de marzo en el aeropuerto de Madrid cuando se disponía a subir a un avión con destino Caracas, destinado en la embajada española de Venezuela recientemente tras pasar por la estructura antiterrorista de la Guardia Civil. Los investigadores llegaron hasta él después de analizar el contenido de unos grupos de WhatsApp de los investigados y sus conversaciones: referencias de pagos en efectivo a alguien apodado “R”.

“Se han localizado indicios de pagos en metálico de manera mensual a esta persona”. El empresario Víctor Aldama, quien según los investigadores tenía una relación cercana con este agente, se refiere a estos pagos en varias ocasiones: “Lo de R 2 lo de todos los meses”. Los investigadores entienden que, además, reuniones de este agente con Aldama coinciden con las supuestas órdenes de pago.

Una de las acusaciones que pesa sobre este guardia civil es hacer favores a la trama usando su puesto de agente. “Habría realizado gestiones en beneficio de Aldama en el ejercicio de su condición de Guardia Civil. En particular, habría facilitado una línea de comunicación segura a Aldama”. El informe no especifica más detalles. El término “línea segura” se suele utilizar para métodos de comunicación, como líneas telefónicas o sistemas de mensajería, que no pueden ser detectados por investigaciones como la que estaba entonces en marcha contra la trama.

No hay nada más español que arrimar la sardina al ascua que más calienta. En los movimientos pendulares de la política española, los partidos de moda se llenan de arribistas, esos personajes sin escrúpulos que lo único que buscan es su propio beneficio.

El arribismo es transversal. El partido que más lo sufrió fue precisamente la Falange, con aquella disputa de los camisas viejas con los que de repente se habían leído todos los libros de José Antonio y que llegaron a controlar el país tras la Guerra Civil. Y el segundo puesto es, sin duda, para el PSOE de Felipe González, el partido que más se parecía a los españoles de los años setenta y ochenta, y que más se pobló de todo tipo de personajes carentes de toda ideología pero que iban a usar al partido de moda para prosperar en la vida, a cualquier precio.

Cualquiera que conozca mínimamente cómo funciona un partido político conoce esos ciclos de la vida en la que un día estás muy arriba y el teléfono no para de sonar, y otro estás tocando fondo. En la cresta de la ola suele haber cola para afiliarse. En el momento valle toca hacer EREs y cerrar sedes. Por el camino, si el partido aguanta, se acaba poblando de seres resistentes, como dicen que hacen las cucarachas ante un ataque nuclear, que sobreviven.

Muchos partidos se han protegido ante la llegada de este tipo de advenedizos, pero no es fácil. Cuando hacen falta manos para remar siempre se acaba tirando del que se ofrece, no del más pulcro, el más ideologizado o incluso el que sabes que es más honesto. Cuando vienen duras, a veces los que aguantan son esos arribistas que esperan un momento mejor, pacientemente. Ya llegará su turno.

El caso Koldo no ha podido sorprender a muchos de los más cercanos a este asesor de José Luis Ábalos. Entiendo que ni al propio presidente del Gobierno ni por supuesto a medio Ferraz. Hay arribistas a los que es fácil reconocer, a los que se ve desde lejos, pero que en ocasiones se decide mirar para otro lado porque hacen falta. Hasta que se convierten en una bomba.

Quiero entender que no hay ninguna ideología democrática que sea corrupta por naturaleza. No lo debería ser un conservador o un progresista al que le importe el bien común por encima del particular. Pero la política se está convirtiendo en los últimos años en un lugar que expulsa más que atrae en el que al final lo que queda es la resistencia, en el peor sentido de todos: aquellos que aguantan lo que le echen, que se agarran a lo que sea porque ya vendrán tiempos mejores, en los que por encima de la disputa ideológica está la puñalada trapera y donde se suele hablar bastante poco de los problemas reales de la gente. Cuando hasta hace bien poco, tras el interesante 15M, no era así.

Es normal que nadie en su sano juicio quiera formar parte de una centrifugadora que arrasa reputaciones, vidas y salud mental, y que esos huecos que se dejan sean ocupados por los Koldos de la vida, muy listos a la hora de prosperar pero muy torpes para robar. Me he leído gran parte del sumario de este caso y si algo eran los protagonistas de esta trama era torpes y muy cutres. Y es que hasta para robar, y que no te pillen, hay que saber.

El pasado lunes, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desembarcaron en la provincia de Córdoba. Su objetivo en esta ocasión era un compañero del instituto armado, y no uno cualquiera, sino un comandante. Los agentes tenían el objetivo de arrestar a Rubén V. C., comandante del instituto armado, condecorado por la Asociación Nacional del Santo Ángel Custodio de España, veterano de la lucha antiterrorista y actual agregado de Interior en la embajada de España en Venezuela. El motivo: ser el responsable del presunto chivatazo a Koldo García en el marco de la investigación contra la presunta organización criminal de la operación Delorme, según han avanzado a elDiario.es fuentes próximas a la investigación.

El agente es cordobés, natural de Benamejí, aunque nunca ha ejercido en la provincia. No obstante, en la provincia vive su familia. La Guardia Civil le arrestó el lunes, registró su vivienda cordobesa en busca de pruebas y documentación, y le dejó en libertad, con el compromiso de que compareciera este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que es el encargado de la investigación del conocido como caso Koldo. Según la información de elDiario.es, Ismael Moreno le ha tomado declaración como investigado y ha decretado su libertad tras requisarle el pasaporte y prohibirle la salida de España. Está imputado por organización criminal y cohecho.

El guardia civil tiene rango de comandante y actual destino en Venezuela, aunque en estos momentos se encontraba en España. Su mujer, incluso, habría solicitado una excedencia en su actual puesto de trabajo para acompañarle al otro lado del Atlántico. Sus compañeros del instituto armado le acusan de haber tejido una estrecha relación con Koldo García, muy relacionado también con la Guardia Civil por su papel en la lucha antiterrorista en el País Vasco y Navarra. R.V.C llegó a Euskadi tras jurar como teniente, concretamente al puesto de Durango, en Bizkaia, donde permaneció unos meses. De ahí pasó al Servicio de Información de la provincia, periodo en el que ascendió a capitán. A partir de ahí, en 2013, fue destinado a las mismas tareas pero en servicios centrales. Entre 2013 y 2018, estando destinado en la Unidad Central Especial (UCE) 1 de la Guardia Civil estableció contacto con Koldo García, colaborador de distintos servicios y vinculado al Partido Socialista de Navarra.

En 2017 fue juzgado junto a otros tres guardias civiles más tras ser acusado por una detenida de Ekin por torturas. Tras el juicio, fue absuelto y trasladado al servicio de información de la Guardia Civil, pero en funciones contra el terrorismo de corte islamista. Pero los investigadores señalan que en todo este tiempo mantuvo un estrecho contacto con Koldo García y lo sitúan como uno de los responsables de un presunto aviso policial al antiguo asesor de José Luis Ábalos. De hecho, la trama investigada sabía por la inspección fiscal que estaban siendo investigados al menos desde el año 2022 y ya en 2023 que había otra investigación policial en su contra en marcha.

Es más, una de las apariciones de otros cordobeses en escena, los hermanos Cristian y Rubén Corvillo, afiliados socialistas, se produce precisamente cuando el empresario Víctor de Aldama, presuntamente, trata de despatrimonializarse y cambiar de titularidad los bienes supuestamente adquiridos con las comisiones logradas por la venta de las mascarillas. De Aldama tenía relaciones con los hermanos Corvillo a través de varias de sus sociedades. La Guardia Civil trata de investigar si también llegó a transmitirle la titularidad de un chalet en la exclusiva urbanización de La Moraleja a uno de ellos.