No hay dos sin tres o, al menos, el dicho se ha cumplido en el caso de la licitación de un contrato por parte del Ayuntamiento de Córdoba para el suministro de contenedores para restos de poda. El concurso público ha vuelto a quedar desierto ahora, al no recibir ninguna oferta de empresas para hacerse con el contrato, como ya ocurrió en septiembre y en diciembre del año 2025.

El Ayuntamiento de Córdoba había vuelto a sacar a licitación por tercera vez este contrato en febrero, después de que en las dos ocasiones anteriores el concurso se quedara desierto. El contrato requiere el suministro de contenedores para los restos de poda y jardinería, dentro de una actuación para la implantación de la recogida separada de biorresiduos verdes.

Este proyecto, que se enmarca dentro del Plan de Apoyo a la Implementación de la Normativa de Residuos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fue licitado en primer lugar y declarado desierto el pasado 19 de septiembre del 2025, volviéndose a licitar y declarado desierto nuevamente en diciembre 2025, cuando se detectó un aumento de precios del acero. Por ello, en febrero de 2026 se licitó de nuevo con precios de mercado de adjudicaciones recientes, según se decía en el pliego de condiciones del contrato. Sin embargo, el proceso no ha recibido tampoco ahora ninguna oferta, según se ha publicado en la plataforma de Contratación del Estado, con la resolución del proceso administrativo.

El equipamiento solicitado es necesario para la ejecución de esta actuación de implantación de la recogida separada de biorresiduos verdes, -restos de poda-, consiste en el suministro de 20 contenedores de gancho de 20-25 m3. El valor estimado del contrato era de 158.480 euros.

El objeto de la actuación a desarrollar mediante este contrato es la ampliación de la infraestructura de recogida de poda mediante la realización de una nueva red de contenedores que permita al ciudadano depositar los residuos de poda de manera separada, con lo que se prevé incrementar la recogida de biorresiduos recogidos de manera selectiva en la ciudad de Córdoba, complementando el modelo de recogida actual con el fin de alcanzar los objetivos establecidos por la legislación europea.

Para ello, a través de este contrato se pretende mejorar la infraestructura de recogida biorresiduo verde en el ámbito municipal con la incorporación de estos contenedores, ampliando así los puntos de recogida de poda a disposición de los ciudadanos en las barriadas periurbanas.

La mejora en la recogida separada de biorresiduos requiere una participación del ciudadano, por lo que Sadeco propone una actuación paralela de educación y comunicación enfocada a concienciar a la población de la importancia de recuperar la fracción vegetal o biorresiduo verde mediante el uso del servicio de recogida de residuos verdes en la ciudad.

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, junto a los delegados de Contratación, Accesibilidad e Infraestructuras, Jesús Coca, Bernardo Jordano y Miguel Ruiz Madruga, respectivamente, han informado este martes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado el Plan de Contratación correspondiente al ejercicio 2026.

En una rueda de prensa, Coca ha detallado que se recogen “tres grandes líneas de actuación”, como son contar con más de 68 millones de euros de inversión para 119 contratos que se prevén licitar; el 80% de ellos serán de infraestructuras y servicios públicos, y habrá “una mayor planificación para determinar los tipos de contratos”.

En este sentido, el delegado ha apuntado que Infraestructuras tendrá casi 50 millones de euros; para los museos, 1,5 millones; para Policía, 3,5 millones, y para Bomberos, 3,9 millones, entre otras cifras, resaltando que se realiza “una apuesta decidida por el respeto y el cuidado al medio ambiente y por una mayor planificación, gestión de los fondos públicos y de los recursos de todos para afrontar este año”.

En otro orden de cosas, ha recibido el visto bueno el expediente de contratación por dos años del servicio de mantenimiento de puertas, persianas y barreras automáticas en edificios municipales y colegios públicos del Consistorio, con más de 81.000 euros.

La inclusión

Además, se ha aprobado la convocatoria y las bases reguladoras de las subvenciones para proyectos de mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad 'Córdoba Incluye 2026', pasando en este caso a “una modalidad de concurrencia competitiva”, ha comentado Jordano.

Ha indicado que se recogen 118.000 euros, con posibilidad de ampliación hasta 200.000 euros, para proyectos desarrollados en el término de la ciudad, “que se palpen” y no para campañas de marketing, ni gastos generales, que se ejecuten en este año y “dirigidos exclusivamente a personas con discapacidad residentes en Córdoba”.

Así, ha explicado que “cada proyecto podrá solicitar entre 9.000 y 12.000 euros, se financiará hasta el 100% del proyecto, no hay posibilidad de cofinanciación y entrarán en conceptos el personal, alquiler de espacios, transporte, material fungible, todo lo que necesiten” para los proyectos concretos para la discapacidad.

Igualmente, ha salido adelante un convenio de colaboración con la Fundación Futbolística Cordobesa, con una subvención de 10.200 euros, para el proyecto 'Aula Blanquiverde', con fines sociales a desarrollar con los centros educativos de la ciudad, para visitas a las instalaciones deportivas y la promoción de hábitos de vida saludables, valores de la deportividad y superación, entre otros aspectos.

El Ayuntamiento de Córdoba acaba de sacar a licitación un contrato con un valor estimado de 210.269,43 euros, por un año más posibilidad de prorrogar otra anualidad más, para la limpieza del centro de Convenciones de Exposiciones, Ferias y Convenciones de la capital.

Según el pliego de condiciones específicas del contrato para hacerse con este servicio, se establece la limpieza, aseo e higienización, incluida la desratización, desinfección y desinsectación, de este edificio municipal antes, durante y después de cada uno de los eventos consistentes en actividad ferial, congresual, cultural o de otro tipo que se desarrolle en el mismo.

Así, se contratará el servicio y las prestaciones que deben realizarse pasan por la limpieza de la totalidad del inmueble, sus diferentes dependencias, superficies y mobiliario y en general los trabajos necesarios de limpieza, barrido y fregado de pavimentos, mobiliario, puertas, ventanas, mecanismos de luz, cubiertas, fachadas, acerados exteriores y basuras generadas por la limpieza. Asimismo, se incluye el control de plagas: tratamientos preventivos y correctivos ante cualquier tipo de plagas; y trabajos de limpieza vertical de fachada, azoteas y cubiertas.

El adjudicatario se responsabilizará de la limpieza de la totalidad de las dependencias del edificio, que incluye todos los elementos interiores y exteriores tales como suelos, paredes, cristales, mobiliario, sanitarios, aparatos elevadores, marquesinas, enseres, accesorios, fachadas, cubiertas, etc. Para ello, se describe los medios materiales y humanos que la empresa adjudicataria debe presentar.

Y se precisa que el Centro de Convenciones tiene una construcción que presenta “materiales de gran calidad y de diversa composición, acero, vidrio, suelos de mortero con resina acrílica y pavimento de linóleo, entre otros, que han de tenerse en cuenta” para su limpiado específico, con productos y materiales que impidan su rayado y deslizamiento y aflore el brillo natural de los materiales y la traslucidez en el caso del cristal y vidrios. Además, en la zona central se sitúan las gradas telescópicas con sillones tapizados, que necesitan limpiado por aspiración y, si procede, limpieza profunda de manchas ocasionales, así como limpiado de las zonas de paso entre asientos y barandas, bien de forma manual o mediante aspiradoras y maquinaria de limpieza específica para tapizado.

El edificio constituye un espacio de 12.000 metros cuadrados aproximadamente, distribuido en planta baja (zona central del CEFC), entreplanta y primera planta, además de zona de aparcamiento situado en el sótano, siendo la planta baja la que presenta superficie en plano de mayor extensión, a la que hay que añadir la zona de entrada y mostradores de recepción, vestuarios y camerinos y Sala VIP; la entreplanta consta de pasillos y salas de reunión, dotadas de mesas y sillas, cuya utilidad estará dispuesta según la necesidad de las mismas por los congresistas y/o expositores; la primera planta la constituye una zona diáfana alrededor de la zona central; existen además zonas de baños en todas las plantas y ascensores y una zona de escaleras de acceso con suelo de acero cromado.

Las empresas interesadas en presentar su oferta para hacerse con este contrato tienen de plazo hasta el 11 de marzo.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Córdoba ha anulado la adjudicación de un contrato de asistencia técnica especializada para las actividades de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico, al considerar que la empresa a la que se concedió no tenía capacidad legal ni funcional para prestar el servicio.

La resolución, firmada el 23 de enero de 2026, estima el recurso especial presentado por la empresa cordobesa Manmaku Cultura Creativa, que impugnó el proceso, y deja sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el 14 de octubre de 2025, mediante el cual se adjudicó el contrato a la mercantil granadina Tesela, Asesoramiento e Innovación en Materiales Sostenibles, que en realidad rechazó prestar el servicio aunque había ganado el concurso.

El contrato anulado tenía un valor estimado de 108.000 euros y se tramitó mediante procedimiento abierto simplificado. La finalidad era dotar a la Delegación de una empresa que prestara apoyo técnico y operativo a la programación cultural municipal, con actuaciones repartidas por todo el término municipal de Córdoba. Entre las tareas previstas se encontraban el acondicionamiento de salas y espacios, la colocación de mobiliario, el control de accesos, así como la apertura, cierre y gestión básica de instalaciones durante la celebración de actos y eventos culturales. Tras el proceso de licitación, la Mesa de Contratación propuso la adjudicación a la empresa Tesela, propuesta que fue ratificada posteriormente por la Junta de Gobierno Local.

El recurso

Por su parte, Manmaku, que había participado como licitadora en el procedimiento, interpuso recurso especial en materia de contratación al considerar que la adjudicataria no cumplía los requisitos exigidos para ejecutar el contrato. En particular, alegó que la actividad de Tesela no guardaba relación con los servicios de carácter logístico y operativo que requería la Delegación de Cultura.

El Tribunal ha dado la razón a la recurrente tras analizar el objeto social de la empresa adjudicataria, centrado en investigación, desarrollo, innovación y asesoramiento técnico en materiales sostenibles, actividades de carácter científico y técnico que, según la resolución, no guardan relación directa ni indirecta con la asistencia técnica necesaria para eventos culturales.

En su resolución, el Tribunal subraya que la ley exige que las empresas que contratan con la Administración estén realmente capacitadas para ejecutar las prestaciones del contrato, y no solo de forma formal, sino material y funcional. La adjudicación a una empresa cuyo objeto social no ampara las tareas esenciales del contrato vulnera, según el fallo, los principios de igualdad entre licitadores, libre competencia y correcta ejecución del servicio público.

Aunque la normativa permite una interpretación amplia del objeto social de las empresas, el Tribunal considera que en este caso no es posible extenderlo hasta incluir labores logísticas y operativas propias de la organización de actividades culturales.

Como consecuencia de todo ello, el Tribunal estima el recurso presentado por Manmaku Cultura Creativa y anula la adjudicación del contrato, dejando sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local. El contrato, como hemos contado, no llegó a ejecutarse, ya que la empresa adjudicataria había comunicado previamente su desistimiento.

El Córdoba Club de Fútbol despide el año 2025 con la mirada puesta en el césped, pero con la calculadora echando humo en los despachos. Con el inicio del año 2026 ya aquí, la realidad contractual de la plantilla blanquiverde se presenta como uno de los grandes desafíos para la entidad. Y es que, desde este mismo 1 de enero, se abre la veda del mercado de fichajes: los futbolistas que terminan contrato el próximo 30 de junio son libres para negociar su futuro con otros clubes. En El Arcángel, la lista es extensa: 13 de los 25 jugadores de la primera plantilla entran en esta fase decisiva.

El escenario obliga a la comisión deportiva a moverse con agilidad en un mercado de invierno que se prevé frenético, no solo por las posibles llegadas -como la que parece más inminente, la de Diego Percan-, sino por la necesidad de gestionar un vestuario donde la mitad de los efectivos, e incluso el propio entrenador, no tiene rubricada -o al menos anunciada- su continuidad más allá del verano.

Los vínculos condicionados a objetivos

Dentro de la complejidad, hay situaciones que invitan a la calma. De hecho, el club se cubrió las espaldas con varios contratos que incluyen cláusulas de renovación automática por objetivos. En este primer grupo destacan dos nombres propios: Carlos Albarrán y Carlos Isaac. Ambos laterales firmaron ampliaciones con un “1+1” condicionado al rendimiento. En el caso del catalán, con 13 partidos disputados, la renovación parece un hecho a poco que transcurra con cierta normalidad la segunda vuelta. Situación idéntica vive Carlos Isaac, cuyo protagonismo (16 encuentros) avala la ejecución de ese año opcional. Son, sin duda, las carpetas más sencillas de cerrar para la dirección deportiva.

Sin embargo, no todas las variables son positivas. Juan María Alcedo y Sergi Guardiola también tienen opciones de ampliar su estancia, pero la realidad deportiva dice lo contrario. El lateral apenas ha contado para Iván Ania (apenas 8 partidos, condicionado por su lesión) y su renovación es una incógnita. Por su parte, el delantero manacorí, que llegó como gran apuesta, no está alcanzando las cifras necesarias para activar su continuidad automática (17 partidos, aunque solo 7 de titular y 1 gol), aunque su tanto en el último partido del año contra el Mirandés puede abrirle una ventana de actuación para tratar de volver a ganarse la confianza de Iván Ania.

Agentes libres y el “caso Jacobo”

Más allá de las cláusulas, existe un bloque de cinco jugadores que serán libres de negociar a partir de este 1 de enero, puesto que sus contratos finalizan el próximo 30 de junio. Aquí, la prioridad absoluta tiene nombre y apellido: Jacobo González. El mediapunta ha sido fundamental en el esquema ofensivo y el club ya ha iniciado los contactos con el futbolista para tratar de ampliar su estancia en El Arcángel, consciente de que es una pieza cotizada en la categoría. También Xavi Sintes ha hecho méritos para seguir, demostrando polivalencia y solvencia cuando se le ha requerido, ganándose además los elogios en más de una ocasión del propio míster, Iván Ania.

En el lado opuesto de la balanza se encuentra Obolskii, cuyo crédito parece agotado y apunta a ser una de las salidas de este mercado invernal para hacer hueco a los refuerzos. Por otra parte, las dudas se ciernen sobre Pedro Ortiz, muy irregular este curso, y especialmente sobre Théo Zidane. La lesión discal del centrocampista, que le tendrá tres meses fuera, añade una capa de incertidumbre más a su futuro en el club.

La incógnita de los cedidos

Finalmente, el Córdoba debe resolver la situación de los cuatro futbolistas que están a préstamo. Alberto del Moral y Dani Requena deberán volver en principio al Real Oviedo y al Villarreal CF respectivamente, al no existir opción de compra, si bien el rendimiento de Requena dejará un gran sabor de boca en El Arcángel. Diferente es el escenario para Jan Salas y Diego Bri, sobre los que el club sí tiene opción de compra. No obstante, el rendimiento de ambos ha sido discreto: Salas podría incluso salir ahora en enero ante la falta de minutos, mientras que Bri no ha tenido la continuidad deseada por culpa de las lesiones.

Lejos de El Arcángel, la dirección deportiva tampoco pierde de vista a los cinco futbolistas que tiene cedidos fuera y que permanecen bajo su control contractual. El portero Ramón Vila (en el Eldense), el central Mati Barboza (Atlético B) y el mediocentro Ntji Tounkara (Sanluqueño) tienen garantizado su regreso en junio con contrato en vigor hasta 2027. Más largo es el vínculo del extremo George Andrews, a préstamo en el Europa, a quien el club ató hasta 2028. El caso más inminente es el del ariete Mariano Carmona, cedido en el Alcorcón; su contrato expira este 2026, aunque la entidad blanquiverde se guardó una opción para retenerlo si su rendimiento convence.

Incertidumbre en los despachos

Pero la fecha del 30 de junio no solo marca el límite para los futbolistas. La incertidumbre contractual también escala a la zona noble, donde integrantes de la comisión deportiva como Juan Gutiérrez 'Juanito' y Raúl Cámara afrontan sus últimos meses de vinculación. Ambos, renovados en su día bajo la gestión anterior hasta 2026, se encuentran en una situación de stand by a la espera de movimientos. Con Antonio Fernández Monterrubio al frente y la figura de César Sánchez como asesor externo de máxima confianza ganando peso, el club deberá decidir si apuesta por la continuidad de la actual estructura técnica o si, por el contrario, el nuevo año trae consigo una remodelación en la parcela encargada de diseñar el futuro deportivo del Córdoba CF.

El Ayuntamiento de Fuente Palmera, en la provincia de Córdoba, ha sacado a licitación un contrato por el que ofrece dependencias municipales y se hace cargo del pago de la electricidad que necesiten los bancos para instalar cajeros automáticos en pedanías del municipio que no cuentan con este servicio bancario.

Así, el objeto del contrato que acaba de publicar en la plataforma de contratación es la prestación de servicios bancarios mediante la instalación y mantenimiento de cuatro cajeros automáticos en los núcleos de población de El Villar, Cañada del Rabadán, Los Silillos y La Ventilla, todos ellos pertenecientes al municipio de Fuente Palmera, dentro de instalaciones municipales que se desgranan en el pliego de condiciones técnicas de dicho contrato.

“AI instalarse los cajeros en instalaciones municipales, corresponde al Ayuntamiento de Fuente Palmera los gastos correspondientes al mantenimiento del local, al suministro de energía eléctrica y a la necesidad de acometida eléctrica y/o datos hasta el punto de conexión del cajero en la dependencia habilitada”, ofrece el Consistorio.

Mientras, por cuenta de los bancos que quieran ofrecer este servicio a los vecinos de estas cuatro pedanías corre el transporte, obra e instalación y puesta en marcha del cajero automático; el mantenimiento y gestión del cajero, así como los costes del seguro; y la retirada del cajero, debiendo dejar las instalaciones en su estado inicial.

Cajeros accesibles y 24 horas al día

Estos cajeros deberán ser accesibles, estar disponibles 24 horas al día los siete días de la semana y prestar servicio de retirada de efectivo con posibilidad de selección de billetes, además de otras funciones como lectura de libretas bancarias y actualización de las mismas, consulta de saldos y traspasos entre cuentas, para clientes, pago de tributos gestionados el Ayuntamiento de Fuente Palmera, mediante cualquier tarjeta bancaria, tanto para clientes como para no clientes.

También contempla la posibilidad de pago de impuestos de otras administraciones y el pago de multas, así como la posibilidad de realizar transferencias, recargas teléfonos móviles y recuperar tarjetas capturadas, que deberán ser remitidas a la oficina bancaria emisora de la tarjeta.

A través de este contrato, el Ayuntamiento de Fuente Palmera “pretende dar un servicio efectivo a los ciudadanos residentes en los núcleos de El Villar, Cañada del Rabadán, Los Silillos y La Ventilla (...) que tienen limitado el uso de dispositivos de retirada de efectivo en dichas pedanías”, facilitando el mayor número posible de servicios tanto a los vecinos como a los empresarios de dichas poblaciones.

El contrato publicado por el Ayuntamiento de Fuente Palmera para la instalación de cajeros en las citadas cuatro pedanías ha sido tramitado por vía urgente y tiene un valor estimado de 134.400 euros.

La empresa municipal de transporte urbano de Córdoba, Aucorsa, acaba de adjudicar el contrato para el servicio de distribución, venta y recarga de bonobús en una nueva red de 100 puntos distribuidos por la ciudad. La empresa Disashop S.L. se ha hecho con este contrato por un importe de 774.693,6 euros que, con impuestos, suman 937.379,26 euros.

Según el contrato establecido por Aucorsa, el adjudicatario deberá implantar una red mínima de cien establecimientos colaboradores, dotados de terminales de punto de venta (TPV), distribuidos de forma equilibrada por la ciudad y sus barriadas periféricas. Asimismo, habrá una red mínima de cinco terminales automáticos de autoservicio, dedicados exclusivamente a la recarga de tarjetas, instalados en centros cívicos, edificios públicos u otras ubicaciones estratégicas de alta afluencia.

El contrato tiene un plazo de duración de cinco años, comenzando su cómputo desde el fin de la fase de implantación y de prueba, la cual tendrá una duración máxima de cuatro meses desde la fecha de entrada en vigor, según se establece en el pliego de condiciones.

Los terminales deberán permitir la recarga del importe solicitado por el usuario, en múltiplos de 5 euros, con un importe mínimo de recarga de 5 euros y un máximo de 40 euros, de forma segura y conforme al procedimiento técnico validado por Aucorsa. Por cada operación de recarga realizada, el adjudicatario percibirá la comisión prevista en el contrato.

El servicio que debe prestar la empresa adjudicataria de la instalación de la red de puntos de recarga deberá incluir la gestión logística y distribución de tarjetas físicas a los establecimientos por parte del adjudicatario; la integración obligatoria con el servicio web del sistema central de billetaje ABT, que permitirá realizar operaciones de consulta y recarga, tanto para tarjetas en formato tradicional como para aquellas que hayan sido previamente vinculadas a una cuenta de usuario; la homologación técnica de los terminales antes de su puesta en marcha, en coordinación con Aucorsa; el mantenimiento preventivo y correctivo de toda la red de dispositivos durante la vigencia del contrato; y la formación, documentación técnica y asistencia operativa necesarias para garantizar la correcta prestación del servicio.

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente acaba de adjudicar la gran obra que servirá para ahorrar alrededor del 80% del coste de la electricidad a centenares de regantes del Guadalquivir. Se trata del proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo La Grulla, en el término municipal de Palma del Río (Córdoba), una planta solar que generará energía para el bombeo de agua al regadío de la zona.

La construcción de la planta ha sido adjudicada a Vilor Infraestructuras S.L e Infraestructuras y Servicios Servitria S.A, por un coste de 6.819.440 euros y se levantará en un suelo que es propiedad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir junto al propio Canal del Bajo Guadalquivir. Ese enorme canal nace en Palma del Río para regar una extensa vega de árboles frutales, especialmente cítricos, también en la provincia de Sevilla. En total, este canal, que se alimenta con el agua de los embalses de Sierra Morena, riega unas 5.000 hectáreas que son propiedad de casi 700 agricultores. El canal dispone de dos estaciones de bombeo que conducen el agua hacia cada una de las parcelas, un bombeo que se alimenta de electricidad.

Ahora, con esta obra, el objetivo futuro es que gran parte de los bombeos de agua para regadío en verano funcionen en horario diurno. Es decir, que la mayoría de las operaciones necesarias para suministrar el regadío se lleven a cabo mientras funcionen los paneles solares de esta futura instalación.

Actualmente, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene contratados 9.709 kilowatios en la tarifa 6.3 con el consiguiente gasto que esto supone, ya que el consumo eléctrico anual ronda los 12 millones de kilowatios a la hora. Para cubrir la demanda total de agua durante los meses de junio, julio y agosto, las estaciones de bombeo tienen que funcionar las 24 horas del día durante los fines de semana.

Con la nueva planta solar no se sustituirá completamente el suministro ordinario de la red eléctrica, pero sí que provocará significativos ahorros en la factura de la luz. De hecho, cuando no sea necesario aportar energía a las estaciones de bombeo, fuera de la temporada de riego, la planta podría seguir generando energía eléctrica que se vendería al mercado, lo que redundaría en beneficios para la comunidad de regantes.

Se trata de un proyecto asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que cuenta con fondos de la Unión Europea (UE).

Acciona, una de las grandes constructoras de España, investigada por presuntas mordidas en el caso Cerdán, opera en al menos dos contratos públicos en Córdoba. En el primero de ellos, firmado en julio de 2023, fue la adjudicataria para la renovación, mantenimiento y mejora de la red de abastecimiento de la ciudad, en un acuerdo suscrito con la empresa municipal Emacsa cifrado en 3,6 millones de euros. El contrato tiene, en principio, una duración de tres años, según datos proporcionados por la compañía.

No es el único contrato público firmado en Córdoba por la compañía presidida por José Manuel Entrecanales. La gran constructora española, que también cuenta con una división de aguas, dirige la gestión, evolución tecnológica y procesamiento de datos del Sistema Automático Integrado de Información Hidrológica, que le fue adjudicada en 2024 por la Confederación del Guadalquivir. Al igual que el anterior, el contrato tiene una duración de tres años, y estipula el mantenimiento de equipos repartidos por la cuenca del Guadalquivir para medir las precipitaciones meteorológicas.

Además de estos dos contratos públicos, Acciona pujó por la adjudicación del primer tramo de la Ronda Norte de Córdoba, que fue resuelta días atrás en favor de la UTE formada por las empresas AZVI y ACSA. La obra contaba con un presupuesto inicial de 34,5 millones de euros, rebajado a algo más de 30 millones. La firma de Entrecanales compitió con las principales constructoras del país, entre ellas ACS, Ferrovial, OHLA y San José. La primera fase incluye un tramo de 722 metros de vía más otros 900 metros de remodelación de la Ronda Oeste y tiene un plazo de ejecución de 36 meses. La Junta de Andalucía recibió hasta 21 ofertas de empresas interesadas en la adjudicación, según avanzó la consejera de Fomento, Rocío Díaz.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asigna un papel relevante a la empresa Acciona en la trama de mordidas descubierta en el marco del caso Ábalos-Cerdán a raíz de decenas de audios intervenidos a Koldo García, ayudante del ex ministro de Fomento. Un contundente informe de la UCO, con casi 500 folios, señala 13 contratos sospechosos por valor de 647 millones de euros, el 85% de los cuales fueron adjudicados a Acciona. La publicación del dosier implicó directamente a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, provocó el cese fulminante de Santos Cerdán y desencadenó una tormenta política de alto voltaje en el corazón del Gobierno de Pedro Sánchez.

Acciona gestiona en Córdoba el mantenimiento y mejora de la red de abastecimiento

La UCO sospecha que la relación entre Santos Cerdán y Acciona ya venía urdida desde Navarra, donde la constructora mantenía alianzas mercantiles con Servinabar 2000, el 45% de cuyas acciones pertenecían al ex secretario de Organización, según sostiene la Guardia Civil. Cerdán habría introducido años más tarde a Acciona en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, en cuyo departamento se produjeron la mayoría de las mordidas. El escándalo obligó a Entrecanales a entregar la cabeza de un alto directivo de la compañía, después de que su nombre apareciera comprometido en los audios de Koldo.

No es la primera vez que Acciona se asocia a un caso grave de corrupción. Ya fue una de las empresas que figuraban en los papeles de Bárcenas como donante de la caja B del PP. Casi todas las grandes constructoras españolas pasaron por ventanilla para inyectar dinero negro a cambio presuntamente de adjudicaciones públicas. De hecho, el Tribunal Supremo condenó al PP como responsable civil subsidiario por beneficiarse de la financiación irregular del partido. Punto y aparte ha sido el destino procesal de las grandes empresas. Pese a que se acreditó la naturaleza ilegal de las donaciones, no se dictaron condenas penales contra sus propietarios.

Pero hay más. La firma que preside Entrecanales tiene a nada menos que ocho empleados procesados en el conocido como caso Acuamed, una trama de manipulación de precios en contratos públicos vinculada a la desaladora de Torrevieja. Y fue investigada por la Fiscalía Anticorrupción por su implicación en sobornos al gigante brasileño Odebrecht. También resultó involucrada en el caso Plaza, donde tuvo que pagar 60 millones de euros al Gobierno de Aragón para zanjar su responsabilidad civil subsidiaria. O en el caso Azud de Valencia.

Aunque el asunto más llamativo de todos ellos fue la multa millonaria que recibió de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por haber constituido un cártel con las 5 constructoras más influyentes de España para repartirse contratos de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado durante nada menos que 25 años. La CNMC impuso una dura sanción de 203,6 millones de euros a Acciona, Sacyr, Ferrovial, Dragados y FCC por haber “alterado el proceso competitivo de las licitaciones de construcción e infraestructuras”.

Según acreditó la CNMC, las seis compañías se reunían semanalmente desde 1992 para analizar las licitaciones de obra pública, repartírselas de forma coordinada y adulterar las reglas de la libre competencia. El cártel cesó en su actividad ilícita en 2017. Es decir, un año antes de que José Luis Ábalos aterrizara en el Ministerio de Fomento. La sanción impuesta por la CNMC incluía además la prohibición de contratar con la administración pública. Acciona interpuso un recurso contencioso administrativo y la Audiencia Nacional lo inadmitió. Ahora será el Tribunal Supremo quien valide o anule el castigo de la CNMC contra una práctica que revela la manipulación sistemática de la contratación pública, que mueve cada año en España más de 160.000 millones, el 11,5 del PIB.

Pese a esta cascada de anomalías, la multinacional Acciona, al igual que las grandes constructoras del país, sigue contratando con la administración pública con plena normalidad. La laxitud de la ley, y en algunos casos la impunidad, han avivado estas semanas el debate sobre la responsabilidad de las empresas corruptoras, que muy a menudo esquivan la acción de la justicia. La dificultad de demostrar la conexión entre donación y adjudicación pública, así como el ejército de eficientes abogados que protegen a los influyentes directivos del IBEX, acaban librando a las multinacionales en gran parte de los procedimientos penales.

Algunas voces, sin embargo, insisten en estrechar las medidas legales y administrativas para eliminar las zonas de impunidad en que se mueven habitualmente las empresas corruptoras. Tanto Jueces para la Democracia como algunos socios del Gobierno solicitan reformas urgentes para limitar la contratación pública con firmas adjudicatarias que hayan adulterado las reglas de juego.

Acciona facturó en 2024 más de 19.000 millones de euros, un 12,7% más que el año anterior, y una cifra récord en el historial de la compañía. Su beneficio neto ascendió a 422 millones. La división de infraestructuras generó más de 8.000 millones de facturación, buena parte de ellos procedentes de negocios fuera de España. En los últimos cinco años, la constructora de la familia Entrecanales habría facturado más de 1.300 millones con administraciones del Estado, la mayoría con el Ministerio de Transportes. En Andalucía, mantiene una importante actividad mercantil en Jaén, Granada, Almería, Málaga y Sevilla, principalmente. El ciclo integral del agua, la alta velocidad, comunicaciones y energía son las áreas más dinámicas de Acciona en la comunidad autónoma.

La concejala de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa Irene Ruiz y la representante sindical de CTA en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), Mari Paz Ruiz, han denunciado públicamente este viernes la “grave” situación que atraviesan las trabajadoras de dicho servicio municipal, gestionado por la empresa Atende, y han exigido al gobierno local del PP “que actúe con responsabilidad y rescinda el contrato con la adjudicataria”, por “vulnerar” los derechos laborales de estas trabajadoras.

Según ha informado Hacemos Córdoba en una nota, Irene Ruiz ha lamentado que, “a pesar de las denuncias realizadas ya el año pasado” por parte de su grupo municipal y de las propias trabajadoras, la situación “no haya mejorado en absoluto”, ya que la empresa adjudicataria “continúa incumpliendo de forma reiterada el convenio colectivo que regula las condiciones laborales del personal, vulnerando derechos fundamentales y obligando a prestar un servicio esencial en condiciones indignas”.

“Volvemos a estar ante una vulneración sistemática y estructural de los derechos laborales”, según ha asegurado Ruiz, quien ha exigido al gobierno municipal del PP “que actúe con firmeza y deje de mirar hacia otro lado. El incumplimiento reiterado del convenio colectivo y de los derechos laborales es causa suficiente para resolver el contrato”.

Por su parte, la representante de CTA en el SAD, Mari Paz Ruiz, ha criticado la negativa de la empresa “a reconocer permisos retribuidos, la falta de respeto a la desconexión digital, jornadas laborales que superan con creces el máximo legal, con trabajadoras obligadas a realizar hasta once horas al día, y cuadrantes de trabajo que se notifican por teléfono o correo desde las 7,00 horas hasta bien entrada la noche”.

“La empresa no cumple el convenio, ni el pliego de condiciones, ni siquiera el Estatuto de los Trabajadores”, ha afirmado Mari Paz Ruiz, quien ha calificado de “dantesca” la situación laboral a la que se ven sometidas sus compañeras, y ha lamentado también “el boicot sistemático de la empresa a los procesos de mediación abiertos en el Sercla, acudiendo a las reuniones sin intención alguna de llegar a acuerdos, solo para poder irse cuanto antes e ir ganando tiempo hasta que se celebren los juicios”.

La representante de CTA ha criticado, igualmente, “la actitud del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento”, por “no asumir su responsabilidad como administración contratante”, cuando “el pliego obliga al Ayuntamiento a velar por el cumplimiento de todos los aspectos del contrato, también los laborales, pero se desentienden y miran para otro lado”, ha advertido Mari Paz Ruiz.

El Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) acaba de sacar a licitación un contrato para la digitalización de los soportes exteriores de comunicación y publicidad, mediante el que sustituirá los soportes de papel para la programación que hay en las fachadas de los teatros de Córdoba por pantallas digitales.

Según el pliego técnico de este contrato -consultado por este periódico-, el objeto del mismo incluye el suministro de pantallas digitales que sustituyan los actuales soportes en formato físicos en el Gran Teatro, Teatro Góngora y Teatro de La Axerquía de Córdoba, para “ser más eficientes, eficaces y hacer más accesibles las comunicaciones con los ciudadanos”.

El IMAE justifica la implantación de estas pantallas en la necesidad de dar difusión a la programación ordinaria y extraordinaria como el Festival de la Guitarra y el Concurso Nacional de Arte Flamenco en los teatros municipales, así como otro tipo de información de interés para la ciudadanía, de manera que “la población conozca la oferta y pueda tomar la decisión para la compra de entradas, así como garantizar la notoriedad y reputación de la actividad propia de la institución municipal”.

Posibilidad de incluir vídeos

Se destaca la ubicación de las instalaciones del IMAE y que “por la ubicación de sus instalaciones pasan miles de espectadores potenciales”, además de que las pantallas digitales dan “la posibilidad de ser más eficaces en las comunicaciones con los diferentes públicos al poder incluir vídeos, poder actualizar con mayor inmediatez tanto los espectáculos como incidencias propias de los teatros (cambios de horarios, organización de colar, etc.),”.

Para la sustitución de las diferentes carteleras ubicadas en los exteriores del Gran Teatro y el Teatro Góngora por pantallas digitales, se ha solicitado autorización a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Delegación Territorial en Córdoba, con informe favorable emitido ya en fecha 19 de julio de 2024 para ambos casos.

El precio del contrato consta de una inversión inicial en 2025 de 121.000 euros más IVA y un gasto para dos anualidades de mantenimiento y soporte técnico para el control y actualización de las pantallas en remoto, por otros 29.000 euros.

Soportes en cada teatro

En la fachada de la avenida Gran Capitán donde está el edificio del Gran Teatro existen actualmente tres soportes tradicionales en papel que se quieren reemplazar por soportes digitales. Asimismo, en la fachada de la Calle Jesús y María, donde está el edificio del Teatro Góngora, existe actualmente un soporte tradicional en papel que se quiere digitalizar también. Además de este soporte exterior, se proponen soportes digitales adecuados en la zona superior de las ventanillas de taquillas, situadas a uno y otro lado de la entrada al teatro.

Mientras, en el teatro de La Axerquía, situado en la Avenida Méndez Pidal, hay tres espacios donde instalar soportes digitales: la zona de taquillas, la fachada de entrada al teatro y un cristal en una fachada lateral del edificio.

El contrato para sustituir las carteleras en papel de las fachadas de los teatros municipales de Córdoba también tiene previsto el servicio de mantenimiento y el software que permitirá la gestión de las nuevas pantallas.

La campaña de verano activa la contratación laboral por este periodo y, según las estimaciones, Córdoba será la provincia andaluza donde se hagan un menor número de contratos para este periodo, en el que las zonas de costa y otras capitales de interior lideran el ranking. Así lo ponen de manifiesto los datos de la consultora de recursos humanos Randstad, que ha realizado un estudio con las estimaciones de contratos de trabajo temporal para el verano de 2025.

Entre junio y septiembre, Andalucía será una de las regiones que más empleo temporal genere durante la temporada estival por el peso del sector turístico, sobre todo en la costa en esta época. Se calcula que se firmarán casi 126.000 contratos en este periodo en Andalucía, lo que supone un incremento del 9,7% respecto a los 114.774 contratos del verano de 2024.

Por provincias, el menor número de contratos se prevé en Córdoba, con 7.450, aunque suponen un incremento del 9,3% respecto al año anterior. En orden ascendente, en número de contratos le sigue Jaén, con 7.600 previstos, Huelva, con 9.535 contratos, Almería, con 11.920 contratos, Granada, con 12.475 contratos, Cádiz, con 20.800 contratos, Sevilla con 24.200 contratos y Málaga, con 31.925.

Récord a nivel nacional y Andalucía líder

Según este estudio, la campaña de verano de 2025 marcará un récord de contratación a nivel nacional con cerca de 700.000 contratos, superando por segundo año (en 2024 fueron 638.311) los registros prepandemia de 2019 (621.736). Desde 2014, cuando se firmaron algo más de 383.000 contratos, la contratación estival ha mantenido una trayectoria creciente con especial impulso en el periodo 2015-2019.

Andalucía, Cataluña y Madrid lideran en volumen En términos territoriales, las comunidades autónomas con mayor peso en la contratación estival son Andalucía, que lidera el ranking con 125.910 contratos (el 18% del total nacional); seguida de Cataluña, con 108.975 contratos (15,6%); y la Comunidad de Madrid, con 88.630 contratos (12,7%). Estas regiones concentran más del 46% de la contratación total del país, gracias a su combinación de turismo, comercio y actividades logísticas de alta intensidad durante el verano.

También destacan la Comunidad Valenciana, con más de 72.000 contratos, y Galicia, con más de 44.000, ambas con una fuerte tradición turística y comercial en los meses estivales. Canarias e Islas Baleares superan los 43.000 y 31.000 contratos respectivamente, evidenciando su peso estratégico como destinos vacacionales internacionales. En cuanto al crecimiento interanual, lidera el ranking Castilla y León (+11,9%), seguida de la Región de Murcia (+11,3%) e Islas Baleares (+11%). Y les siguen de cerca Cataluña (+10,3%), Asturias (+10,1%) y Extremadura (+10%). 

Empleos en transporte y logística

El sector del transporte y la logística lidera con claridad la campaña, generando 300.300 contratos, lo que representa un 43% del total nacional. Esta actividad se consolida como uno de los motores fundamentales del empleo estacional en nuestro país, con un crecimiento del 14,5% respecto a 2024.

Le sigue el sector de la restauración, que acumulará 246.945 contrataciones, equivalentes al 35,4% del total, y un incremento del 7,6% interanual. Su peso lo convierte en el segundo gran dinamizador del empleo durante el verano, especialmente por el refuerzo de plantillas en bares, cafeterías y restaurantes coincidiendo con la temporada alta turística.

En tercer lugar, el sector del comercio aportará 133.015 contratos, lo que supone el 19,1% del total. Su crecimiento del 10,4% frente a la campaña anterior muestra también una recuperación sólida, impulsada por la apertura de tiendas en zonas turísticas, centros comerciales y grandes superficies durante los meses estivales.

Y, por último, el sector de ocio y entretenimiento se mantiene estable, con 18.080 contratos, un 2,6% del total, y una variación mínima del 0,3% respecto al ejercicio anterior.

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha sacado a licitación el contrato para trabajos preliminares sobre el 'Proyecto de mejora medioambiental y de accesibilidad de la avenida de Las Ollerías', el diseño para llevar a cabo los planes del gobierno municipal de reformar esta arteria vial de la capital.

La Plataforma de Contratación del Estado ha publicado este jueves la licitación de este contrato, que incluye también la dirección de ejecución, coordinación de seguridad y salud del proyecto.

El contrato licitado -por 14.000 euros- tiene como objeto encargar el proyecto de reforma de la avenida con su mejora medioambiental y de accesibilidad. Y tiene como objeto definir las actuaciones necesarias para la ejecución de la reforma, que afectaría a una extensión aproximada de unos 30.000 metros cuadrados, desde la Plaza del Moreno junto a la Torre de la Malmuerta, hasta la Glorieta de la Fuensantilla. La inversión máxima prevista para la ejecución de las obras es de alrededor de 2.159.850 euros.

La licitación del contrato para diseñar el proyecto de reforma incluye la elaboración del documento de mediciones y presupuesto del proyecto, la redacción del estudio de Seguridad y Salud y el Plan de Gestión de Residuos del proyecto y la dirección de la ejecución de obra.

Ya en la campaña electoral de las pasadas municipales, el alcalde, José María Bellido, anunció su compromiso para reformar la avenida de Ollerías. Entonces, la idea expuesta por Bellido pasaba por mejorar la movilidad en esta avenida con la redistribución de los cuatro carriles de circulación, además de ensanchar las aceras y mejorar el arbolado. Ya en este mandato, Urbanismo incluyó en su presupuesto para 2025 la reforma de Las Ollerías. Por otra parte, el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que el Ayuntamiento va a redactar en los próximos años incluía diseñar una profunda remodelación de la avenidas de Las Ollerías.

La Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba acaba de sacar a licitación un nuevo contrato para el servicio de jardinería del conjunto arqueológico Medina Azahara, después de que la administración autonómica rescindiera el anterior contrato con la empresa Mabraser por impagos a los trabajadores que realizaban las labores de mantenimiento de las zonas verdes del yacimiento.

El nuevo contrato -publicado en la plataforma de contratación-, con una duración de dos años y un presupuesto base de licitación de 226.469,42 euros, comienza ahora su licitación, mientras la Junta se comprometió a mantener la prestación del servicio de jardinería mediante un contrato menor que cubra el periodo actual y que subrogaría a los trabajadores que sufrieron los impagos de sus nóminas, pese a seguir realizando su labor en Medina Azahara.

El pasado 30 de abril, la Junta de Andalucía rescindía el contrato por impagos con la empresa Mabraser XI S.L., que primero dejó a más de un centenar de trabajadoras de la limpieza de institutos de Córdoba sin cobrar y, después, hizo lo mismo con los trabajadores del servicio de jardinería y mantenimiento de zonas verdes del conjunto arqueológico de Medina Azahara que tenía adjudicado.

Estos trabajadores -dos con jornada completa de lunes a viernes, otro de fin de semana y uno más está de baja actualmente-, comenzaron a tener problemas con la nómina en febrero, cuando Mabraser ya pagó tarde el salario correspondiente a ese mes. Luego, la empresa ya no les pagó la nómina de marzo y tampoco cobraron la de abril.

En ese tiempo, los trabajadores comunicaron su situación en todo momento a la dirección de Medina Azahara que, al producirse el primer impago en marzo por parte de Mabraser, contactó con la empresa para conocer qué ocurría. La compañía adjudicataria del servicio contestó señalando que no iba a pagar las nóminas porque tenía las cuentas embargadas, después de los impagos y los procesos abiertos contra ella en el caso de las limpiadoras de instituto.

Los trabajadores que sufrieron los impagos de sus salarios pese a prestar el servicio de jardinería del yacimiento arqueológico ya han comenzado el proceso para interponer las demandas de cantidad en los juzgados, para reclamar los pagos de los salarios que se les deben, de manera que por la vía judicial puedan recibir en un futuro el abono del dinero que no cobraron por su trabajo.

Los 31 institutos de Córdoba y provincia que estaban afectados por el impago de nóminas a sus trabajadoras por parte de la empresa que era adjudicataria del servicio -Mabraser XI S.L.- y que había dejado de prestar el servicio, lo recuperarán a partir del próximo lunes 21 de abril. Se harán cargo del servicio de limpieza tres nuevas empresas, a las que se subrogan las limpiadoras, que empezarán su tarea de nuevo en los centros educativos a la vuelta de la Semana Santa.

La Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Córdoba ha informado este miércoles de que ha rescindido los contratos correspondientes a tres lotes del servicio de limpieza que tenía adjudicados Mabraser. Lo ha hecho por incumplimiento de contrato, después de que haya dejado a deber varias nóminas a las empleadas y 'desapareciera', sin que la propia Junta pudiera establecer contacto con sus responsables.

Los tres lotes que tenía adjudicados dicha empresa han sido licitados por vía de urgencia ahora y adjudicados a tres compañías, una para cada lote. Son Lecos Multiservicios, Grupo Socel Servicios Generales y Aurum Servicios Integrales. Los distintos contratos por cada lote han sido adjudicados “a la empresa que ha ofrecido un mejor precio y ha cumplido con los requisitos de solvencia”, según ha explicado el delegado de Educación, Diego Copé.

La condición que tenían que cumplir las nuevas empresas era hacerse cargo de las trabajadoras que prestaban el servicio con Mabraser, afectadas por los impagos. Serán subrogadas para mantener su puesto de trabajo y empezarán a cobrar los salarios con las nuevas empresas a partir de su reincorporación en abril. Pero en estos nuevos contratos no se incluye que las empresas deban hacerse cargo de los salarios que se les deben a las trabajadoras. Eso, según Copé, se circunscribe a un “conflicto laboral entre una empresa y sus trabajadoras” y se deberá resolver en ese ámbito.

El delegado ha explicado que en ese conflicto el papel de la Junta “ha sido de mediación”. En paralelo, se ha tramitado esta licitación por vía de urgencia para los nuevos contratos y, además, ya se está trabajando en el nuevo contrato que deberá servir para prestar el servicio de todos los institutos a partir de 2026.

Copé ha mostrado su reconocimiento a “los centros educativos y equipos directivos que han sufrido esta situación” de falta de limpieza por los impagos a las trabajadoras del servicio, a quienes también ha querido enviar “un mensaje de empatía porque entendemos todo lo que han sufrido”.

El Sindicato Provincial de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC UGT Córdoba) ha informado que el contrato del servicio de limpieza de institutos de Córdoba que estaba adjudicado a Mabraser XI S.L -que dejó de pagar las nóminas a las trabajadoras- va a pasar a otras empresas y las limpiadoras podrán comenzar su servicio con estas a partir del próximo lunes.

De hecho, este miércoles, está previsto que el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Córdoba, Diego Copé, informe de la situación del contrato de limpieza que afecta a 31 centros de la provincia.

De momento, UGT ha emitido un comunicado en el que el secretario provincial de FeSMC UGT Córdoba, Juan Martínez, ha mostrado su satisfacción, ya que “el problema que estas trabajadoras vienen sufriendo desde finales del año pasado por fin esté en vías de solución. El próximo lunes, señaló, ”el servicio se desarrollará, por fin, con normalidad, al amparo de una empresa que gestione el mismo y, sobre todo, que pague a las personas trabajadoras por el trabajo que realizan“.

Martínez indicó que “aunque la adjudicación es provisional sólo para este año 2025, aporta el oxígeno necesario para que las trabajadoras afectadas puedan sobrevivir, garantizando la limpieza en los centros y el pago de las nóminas”.

El secretario provincial de UGT recordó que “ya en diciembre, se iniciaron las demandas por impago contra Mabraser, y a partir de febrero, tras la espantada de la empresa, desde la organización sindical continuamos demandando cada nómina no pagada, a la par que centramos nuestras reivindicaciones en la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, pidiendo que se gestionase de inmediato el cambio de empresa concesionaria manteniendo la interlocución permanente con la Administración. Según informó Martínez, ”UGT convocó un par de concentraciones a la puerta de la Delegación, solicitó el apoyo al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba y, por último, tras convocar una manifestación el pasado jueves a la que se sumó prácticamente toda la sociedad de nuestra ciudad, con especial mención de los estudiantes afectados por el problema, hoy, por fin, parece que se atisba el final del problema“.

Sin embargo, el máximo responsable provincial de UGT FeSMC aseguró que “aún hay que estar pendientes del proceso de cambio de empresa”, y señaló que “Mabraser se ha ido sin dejar ninguna información, de manera que el sindicato ha de estar más pendiente que nunca de que se realice la subrogación de las trabajadoras garantizando todos y cada uno de sus derechos”.

Para finalizar, Juan Martínez puso de manifiesto que, “además, a estas personas trabajadoras se les adeudan varias nóminas, que desde la UGT ya se han reclamado y que, de una u otra forma, acabarán cobrando, aunque se haya de llegar a los tribunales”. Asimismo, recordó que “todos los gastos judiciales derivados de estas demandas colectivas los asume la UGT, resultando gratuitos para afiliadas incluso las demandas individuales que pudiese ser necesario interponer”. 

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado este lunes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, entre ellos el Plan de Contratación del Consistorio correspondiente al ejercicio 2025, donde se recogen “la mayoría de los contratos que se renuevan anualmente” y llegan a 66.471.000 euros, con 152 nuevos expedientes, a la vez que “muchos de ellos son continuación de los que ya están tramitados en el año 2024”.

En una rueda de prensa, el concejal ha detallado que de la Delegación de Infraestructuras se contemplan 36.880.000 euros; la de Gestión, 9.300.000 euros; la de Inclusión, casi cinco millones, y la de Servicios Sociales, 4.044.000 euros.

Además, se han aprobado convenios dirigidos a “población en riesgo de exclusión o con problemas de vulnerabilidad social”, como con Cruz Roja, por un importe de 50.000 euros, para dar cobertura de necesidades básicas a personas en situación de extrema vulnerabilidad social, concretamente dirigido a 220 personas de la ciudad, con 88 hombres y 132 mujeres, y su objetivo es “contribuir en la mejora de la alimentación y de higiene de personas vulnerables”.

Igualmente, con la Fundación Secretariado Gitano para el proyecto 'Itinerarios integrados de inclusión socio-laboral para la población gitana', con 13.000 euros, con el objetivo de “búsqueda de empleo y formación” para 157 hombres y 193 mujeres, así como “la integración socioeconómica de una población gitana cada vez más heterogénea y con necesidades diversas” en “los barrios más pobres”, ha comentado el edil.

En el ámbito de la Delegación de Cultura, han salido adelante las bases de la convocatoria del XXXIII Premio de Poesía Ciudad de Córdoba Ricardo Molina, con la dotación habitual de 12.000 euros. Y en Movilidad, las bases de la convocatoria de ayudas para la mejora de la accesibilidad, la sostenibilidad, la renovación y modernización tecnológica de los vehículos con licencia de autotaxi 2025, con 244.000 euros para tres líneas específicas.

El Ayuntamiento de Fuente Obejuna acaba de sacar a licitación la concesión del servicio para la gestión y explotación del camping municipal de esta localidad, con un valor estimado del contrato de 1.096.000 euros.

Las obras de edificación y consolidación de las últimas instalaciones en el camping municipal terminaron en diciembre de 2023. Actualmente, el Ayuntamiento está obteniendo las pertinentes autorizaciones de los distintos organismos con el objeto de posibilitar la apertura al público en primavera-verano de 2025, asegura en el pliego de condiciones de este contrato -consultado por este periódico-.

El documento indica que la gestión y explotación del camping municipal de Fuente Obejuna incluye el control - recepción, bar - restaurante, dos vestuarios - servicios comunes, siete estudios turísticos estándar y un estudio turístico accesible, junto a las 60 parcelas, viarios y espacios libres. 

Ocupa un total de 15.069 m2, de los cuales 894,79 están ocupados por las edificaciones. La ocupación máxima del camping será de 312 personas.

La parcela donde se ubica el camping municipal, está situada en la parte más occidental del núcleo urbano de Fuente Obejuna, concretamente en una parcela contigua a la carretera de Badajoz a Granada, N-432, formando parte de una manzana constituida por las instalaciones deportivas del municipio, un centro de enseñanza y la piscina municipal.

“De esta forma, los usuarios del camping municipal tendrán muy próximas estas instalaciones municipales, para su uso y disfrute”, asegura el documento, que pormenoriza los servicios y las obligaciones que tendrá que atender la empresa que sea la adjudicataria de la concesión de estas instalaciones.

La Universidad de Córdoba ha adjudicado el contrato que sacó a licitación para la reforma y posterior explotación en régimen de concesión demanial del antiguo edificio del Colegio Mayor Lucio Anneo Séneca y parcela anexa. Según consta en la plataforma de contratación pública, este contrato se ha adjudicado a Centro Superior de Formación Europa Sur S.A., que ha presentado una oferta de 7.478.400 euros más impuestos.

Fue en el pasado mes de julio cuando la Universidad sacó a licitación este contrato para la explotación del antiguo colegio mayor. La UCO buscaba así una empresa para reformar y gestionar durante 40 años el Colegio Mayor Lucio Anneo Séneca, un edificio de seis plantas ubicado en la ciudad sanitaria.

El propósito del contrato es destinar el edificio a fines educativos, sanitarios o sociales, manteniendo ciertos espacios para uso universitario. Este acuerdo, que regulará la ocupación temporal y el uso privativo del bien, incluye dos fincas urbanas situadas en los pagos Naranjal de Almagro, la Salud y Fontanar de Cábano, en Córdoba. La primera finca, de 1,2 hectáreas, alberga el Colegio Mayor Lucio Anneo Séneca, un edificio de seis plantas con una superficie construida de 9.433 metros cuadrados. La segunda finca tiene una superficie de 4.846 metros cuadrados, lindando con la Facultad de Medicina.

La concesión tendrá una vigencia inicial de 40 años, con posibilidad de prórroga por periodos mínimos de 12 meses hasta un máximo de 10 años adicionales. El concesionario deberá abonar un canon anual, que se incrementará progresivamente desde el cuarto año de concesión. Esa anualidad, el canon será de 52.664,79 euros, mientras que, a partir del séptimo año en adelante, será de 210.659,18 euros.

Además, está obligado a rehabilitar completamente el edificio, incluyendo varias salas y áreas específicas como la Sala Medea, la sala de música, y la cafetería, entre otras. Eso explica que los tres primeros años no haya obligación de pago de canon.

El concesionario asumirá todos los gastos de suministros y será responsable de la rehabilitación completa del inmueble, operando bajo la supervisión y control de la Universidad de Córdoba. La Universidad se reserva el derecho a utilizar ciertos espacios del inmueble y dictar las instrucciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las condiciones del contrato.

Uso para el edificio

La Universidad lleva casi quince años buscándole una salida a este edificio. En 2007 ya se estudió la opción de convertir estas instalaciones en “minipisos” para estudiantes, en la línea de lo que planteó el ya extinto Ministerio de Vivienda del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que no salió adelante. En 2015, aprobó sacarlo a subasta. Tres años después se volvió a proyectar su venta, aunque tampoco se llevó a cabo.

Durante la pandemia, el Séneca se usó para alojar a un centenar de personas sin techo cuando se activó el confinamiento. Finalmente, en esta ocasión se ha redactado un pliego para impulsar una concesión demanial que resulte atractiva para que una empresa se haga cargo del mismo, con la posibilidad de que su uso como alojamiento sea cosa del pasado y el edificio se reconvierta en centro educativo, sanitario o social.

El sindicato CTA ha informado de la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía de Córdoba, a través de su secretario comarcal en Baena, “para que se investiguen los presuntos incumplimientos en el contrato de limpieza viaria en las localidades de Baena y Albendín”, según señala en una nota.

En ese sentido, explica que esto se produce tras más de un año de intentos infructuosos por parte del sindicato para que las autoridades responsables actúen frente a las “irregularidades detectadas”.

CTA recuerda que, desde noviembre de 2023, ha registrado tres escritos denunciando posibles incumplimientos en los pliegos técnicos y administrativos del contrato de limpieza, con fechas selladas el 10 y 23 de noviembre de 2023 y el 19 de enero de 2024. A pesar de estas acciones y de las notas de prensa emitidas, las denuncias no han recibido respuesta por parte de las autoridades competentes.

Asimismo, el sindicato trasladó estas presuntas irregularidades a los partidos políticos que forman parte de la mesa de seguimiento del contrato, que se reúne cada seis meses. Sin embargo, no consta que se haya tomado ninguna medida al respecto.

“Principales irregularidades denunciadas”

En la denuncia presentada ante la Fiscalía, CTA destaca distintos presuntos incumplimientos. En primer lugar, “Incumplimientos en la oferta inicial de la empresa adjudicataria”, explicando que la empresa adjudicataria ofertó tres máquinas barredoras de 2 metros cúbicos y una máquina usada para Albendín. Sin embargo, CTA sostiene que falta una de las máquinas de 2 metros cúbicos y que la máquina destinada a Albendín no cumple con el pliego, que exige vehículos de nueva adquisición.

Además, el técnico municipal valoró una máquina de 2m3 , para el barrido mixto y barrido mecánico, pero no consta que esta haya sido adquirida.

En segundo lugar, CTA habla de “irregularidades en los locales ofertados por la empresa” y señala que la empresa presentó una nave industrial situada en la avenida Vicente Piernagorda como lugar de aparcamiento de los vehículos y aportó certificados de adaptación para personas con discapacidad. Sin embargo, CTA asegura que dicha nave nunca ha pertenecido a la empresa, y los vehículos se encuentran en una nave ubicada en la calle Luxemburgo, lo que podría constituir un incumpliendo muy grave.

También se presentó un local en la avenida Santiago de Chile como oficina central, con certificados de obligado cumplimiento para de adaptación para personas con discapacidad. Sin embargo, no se ha llevado a cabo ninguna adaptación en dicho local.

En tercer lugar, CTA habla de “posibles delitos de falsedad documental y fraude empresarial: Se denuncia que la documentación presentada por la empresa, valorada por el técnico municipal, podría contener irregularidades graves, incluyendo un presunto delito de falsedad documental”.

Presuntos delitos denunciados

Asimismo, el sindicato habla de “presuntos delitos denunciados” y considera que estos hechos podrían constituir presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude empresarial, entre otros.

Por ello, el sindicato ha solicitado a la Fiscalía que investigue estas irregularidades para determinar si se han cometido actos delictivos que afecten a los recursos públicos y al correcto cumplimiento del contrato de limpieza viaria.

CTA exige justicia “tras más de un año de inacción por parte de las autoridades, no nos ha quedado más remedio que recurrir a la justicia. Confiamos en que la Fiscalía actúe con diligencia para esclarecer estos hechos y garantizar la transparencia y el cumplimiento de los contratos públicos,” ha declarado el secretario comarcal de CTA en Baena.

El sindicato reitera su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y la correcta gestión de los servicios públicos en beneficio de la ciudadanía, concluye.