Rubén Villalba nació y vive en Benamejí, un pequeño pueblo del sur de la provincia de Córdoba. Es comandante de la Guardia Civil y era, hasta hace dos años, uno de los principales responsables de la lucha antiterrorista de España. Hasta hace dos años. Fue entonces cuando sus propios compañeros del instituto armado lo detuvieron, acusado de formar parte del entramado del empresario Víctor de Aldama destapado en el famoso caso Koldo que ha acabado salpicando a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.

Villalba, que fue arrestado cuando se dirigía a coger un avión a Caracas (Venezuela), su nuevo destino como guardia civil, aparece también en la causa de la Audiencia Nacional que este miércoles derivó en el registro de la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz, el conocido como caso Leire. Pero Villalba no aparece como uno de los implicados en la trama, sino al contrario, como víctima.

Según consta en el auto firmado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, el testimonio y el trabajo de Villalba es clave para tratar de desentrañar el objetivo de la trama supuestamente auspiciada desde Ferraz para desacreditar todas las causas policiales y judiciales contra el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El magistrado sostiene en su escrito que en marzo de 2025, Leire Díaz y Rubén Villalba mantuvieron dos encuentros. De hecho, el diario El Mundo llegó a publicar fotografías de los mismos. Tras las reuniones, el propio comandante redactó dos actas de la reunión dejando constancia de su contenido, documentos que actualmente obran en el procedimiento judicial. En estos encuentros, la organización investigada, a través de Leire, le habría realizado diversos ofrecimientos con una evidente trascendencia económica. En concreto, le propusieron eximirle del pago de su nueva defensa, garantizar que recuperaría su trayectoria profesional previa y asegurarle puestos de máxima responsabilidad tras una supuesta “purga” que planeaban ejecutar.

A cambio de estos beneficios, el auto del juez Pedraz afirma el objetivo de la organización era, en palabras que el propio comandante anotó, “intentar desmontar a la Guardia Civil”. Según consta en las actas redactadas por este agente, Leire Díez le solicitó aportar toda la información de la que dispusiera sobre el fiscal José Grinda, datos sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil (especialmente de los tenientes coroneles Balas y Bonilas) y de la Jefatura de Información, incluyendo al actual Director Adjunto Operativo (DAO) y al teniente coronel Basilio Luis Sánchez Portillo.

El magistrado también sostiene que Leire le pidió declarar como testigo protegido ante el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y que acusara en la misma a la Guardia Civil, a la UCO, a sus mandos, al coronel Corbi y al teniente coronel Basileo.

Finalmente, para avanzar en la investigación de estos hechos, el juez instructor ha ordenado requerir al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) la entrega del registro de accesos y visitas a su sede en la calle Ferraz correspondientes a Rubén Villalba, abarcando el periodo desde el año 2025 hasta la actualidad. Este mismo miércoles, la propia UCO que investiga este caso acabó entrando en la Dirección General de la Guardia Civil, para investigar también todos estos asuntos.

La operación lanzada este miércoles por la Audiencia Nacional otorga una nueva dimensión al caso de las maniobras presuntamente urdidas por la exmilitante socialista Leire Díez para buscar material contra fiscales y mandos policiales. El auto del juez Santiago Pedraz atribuye por primera vez a Santos Cerdán el liderazgo de ese grupo que buscaba “desestabilizar” las causas judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE y apunta al propio partido como financiador de esas maniobras. Agentes de la Guardia Civil permanecieron durante 12 horas recabando documentación del caso en la sede de la formación, en la calle Ferraz de Madrid. 

Acciona, una de las grandes constructoras de España, investigada por presuntas mordidas en el caso Cerdán, opera en al menos dos contratos públicos en Córdoba. En el primero de ellos, firmado en julio de 2023, fue la adjudicataria para la renovación, mantenimiento y mejora de la red de abastecimiento de la ciudad, en un acuerdo suscrito con la empresa municipal Emacsa cifrado en 3,6 millones de euros. El contrato tiene, en principio, una duración de tres años, según datos proporcionados por la compañía.

No es el único contrato público firmado en Córdoba por la compañía presidida por José Manuel Entrecanales. La gran constructora española, que también cuenta con una división de aguas, dirige la gestión, evolución tecnológica y procesamiento de datos del Sistema Automático Integrado de Información Hidrológica, que le fue adjudicada en 2024 por la Confederación del Guadalquivir. Al igual que el anterior, el contrato tiene una duración de tres años, y estipula el mantenimiento de equipos repartidos por la cuenca del Guadalquivir para medir las precipitaciones meteorológicas.

Además de estos dos contratos públicos, Acciona pujó por la adjudicación del primer tramo de la Ronda Norte de Córdoba, que fue resuelta días atrás en favor de la UTE formada por las empresas AZVI y ACSA. La obra contaba con un presupuesto inicial de 34,5 millones de euros, rebajado a algo más de 30 millones. La firma de Entrecanales compitió con las principales constructoras del país, entre ellas ACS, Ferrovial, OHLA y San José. La primera fase incluye un tramo de 722 metros de vía más otros 900 metros de remodelación de la Ronda Oeste y tiene un plazo de ejecución de 36 meses. La Junta de Andalucía recibió hasta 21 ofertas de empresas interesadas en la adjudicación, según avanzó la consejera de Fomento, Rocío Díaz.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asigna un papel relevante a la empresa Acciona en la trama de mordidas descubierta en el marco del caso Ábalos-Cerdán a raíz de decenas de audios intervenidos a Koldo García, ayudante del ex ministro de Fomento. Un contundente informe de la UCO, con casi 500 folios, señala 13 contratos sospechosos por valor de 647 millones de euros, el 85% de los cuales fueron adjudicados a Acciona. La publicación del dosier implicó directamente a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, provocó el cese fulminante de Santos Cerdán y desencadenó una tormenta política de alto voltaje en el corazón del Gobierno de Pedro Sánchez.

Acciona gestiona en Córdoba el mantenimiento y mejora de la red de abastecimiento

La UCO sospecha que la relación entre Santos Cerdán y Acciona ya venía urdida desde Navarra, donde la constructora mantenía alianzas mercantiles con Servinabar 2000, el 45% de cuyas acciones pertenecían al ex secretario de Organización, según sostiene la Guardia Civil. Cerdán habría introducido años más tarde a Acciona en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, en cuyo departamento se produjeron la mayoría de las mordidas. El escándalo obligó a Entrecanales a entregar la cabeza de un alto directivo de la compañía, después de que su nombre apareciera comprometido en los audios de Koldo.

No es la primera vez que Acciona se asocia a un caso grave de corrupción. Ya fue una de las empresas que figuraban en los papeles de Bárcenas como donante de la caja B del PP. Casi todas las grandes constructoras españolas pasaron por ventanilla para inyectar dinero negro a cambio presuntamente de adjudicaciones públicas. De hecho, el Tribunal Supremo condenó al PP como responsable civil subsidiario por beneficiarse de la financiación irregular del partido. Punto y aparte ha sido el destino procesal de las grandes empresas. Pese a que se acreditó la naturaleza ilegal de las donaciones, no se dictaron condenas penales contra sus propietarios.

Pero hay más. La firma que preside Entrecanales tiene a nada menos que ocho empleados procesados en el conocido como caso Acuamed, una trama de manipulación de precios en contratos públicos vinculada a la desaladora de Torrevieja. Y fue investigada por la Fiscalía Anticorrupción por su implicación en sobornos al gigante brasileño Odebrecht. También resultó involucrada en el caso Plaza, donde tuvo que pagar 60 millones de euros al Gobierno de Aragón para zanjar su responsabilidad civil subsidiaria. O en el caso Azud de Valencia.

Aunque el asunto más llamativo de todos ellos fue la multa millonaria que recibió de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por haber constituido un cártel con las 5 constructoras más influyentes de España para repartirse contratos de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado durante nada menos que 25 años. La CNMC impuso una dura sanción de 203,6 millones de euros a Acciona, Sacyr, Ferrovial, Dragados y FCC por haber “alterado el proceso competitivo de las licitaciones de construcción e infraestructuras”.

Según acreditó la CNMC, las seis compañías se reunían semanalmente desde 1992 para analizar las licitaciones de obra pública, repartírselas de forma coordinada y adulterar las reglas de la libre competencia. El cártel cesó en su actividad ilícita en 2017. Es decir, un año antes de que José Luis Ábalos aterrizara en el Ministerio de Fomento. La sanción impuesta por la CNMC incluía además la prohibición de contratar con la administración pública. Acciona interpuso un recurso contencioso administrativo y la Audiencia Nacional lo inadmitió. Ahora será el Tribunal Supremo quien valide o anule el castigo de la CNMC contra una práctica que revela la manipulación sistemática de la contratación pública, que mueve cada año en España más de 160.000 millones, el 11,5 del PIB.

Pese a esta cascada de anomalías, la multinacional Acciona, al igual que las grandes constructoras del país, sigue contratando con la administración pública con plena normalidad. La laxitud de la ley, y en algunos casos la impunidad, han avivado estas semanas el debate sobre la responsabilidad de las empresas corruptoras, que muy a menudo esquivan la acción de la justicia. La dificultad de demostrar la conexión entre donación y adjudicación pública, así como el ejército de eficientes abogados que protegen a los influyentes directivos del IBEX, acaban librando a las multinacionales en gran parte de los procedimientos penales.

Algunas voces, sin embargo, insisten en estrechar las medidas legales y administrativas para eliminar las zonas de impunidad en que se mueven habitualmente las empresas corruptoras. Tanto Jueces para la Democracia como algunos socios del Gobierno solicitan reformas urgentes para limitar la contratación pública con firmas adjudicatarias que hayan adulterado las reglas de juego.

Acciona facturó en 2024 más de 19.000 millones de euros, un 12,7% más que el año anterior, y una cifra récord en el historial de la compañía. Su beneficio neto ascendió a 422 millones. La división de infraestructuras generó más de 8.000 millones de facturación, buena parte de ellos procedentes de negocios fuera de España. En los últimos cinco años, la constructora de la familia Entrecanales habría facturado más de 1.300 millones con administraciones del Estado, la mayoría con el Ministerio de Transportes. En Andalucía, mantiene una importante actividad mercantil en Jaén, Granada, Almería, Málaga y Sevilla, principalmente. El ciclo integral del agua, la alta velocidad, comunicaciones y energía son las áreas más dinámicas de Acciona en la comunidad autónoma.

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha afirmado este lunes que, ante la corrupción, “lo que nos diferencia a las y los socialistas es el modo de actuar como partido”, pues, “desde el primer minuto, como ha ocurrido tras el informe de la UCO, damos la cara y actuamos para, cuanto antes, reconectar con la ciudadanía y trabajar por el progreso de nuestra tierra”.

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha insistido en “el distinto modo de actuar ante los casos de corrupción” en su partido, ya que. “mientras que el PSOE da la cara y actúa con contundencia, el PP oculta la verdad a martillazos, como hizo con los discos duros de la Gürtel, y ampara a quienes delinquen y no están a la altura de sus responsabilidades, como estamos viendo con Mazón en Valencia o con el silencio cómplice de Juanma Moreno en Andalucía ante el troceamiento de 1.500 millones en contratos sanitarios a la privada”.

La dirigente socialista ha afirmado que se siente “profundamente decepcionada y muy indignada” por la presunta implicación en el cobro de comisiones por adjudicaciones públicas del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y ha subrayado que, ante ello, “el PSOE y nuestro secretario general, Pedro Sánchez, han actuado con contundencia e inmediatez”.

Crespín ha señalado que “estos hechos son absolutamente incompatibles con los valores de nuestro partido y con el trabajo diario de miles y miles de concejales y concejalas, de alcaldes y alcaldesas, de ministros, diputados, senadores y todos los cargos públicos y orgánicos que, junto a los militantes socialistas, nos estamos dejando la piel en la construcción de este proyecto colectivo”.

“Pedro Sánchez cesó a Santos Cerdán y pidió perdón a los ciudadanos, además de anunciar una auditoría para despejar cualquier duda de que esos fondos hubieran servido para financiar al partido. El PP, en cambio, da martillazos a los discos duros en los que está la información que tendría que conocer la Justicia, y no ha pedido perdón por la Gürtel, la Púnica o la policía patriótica”, ha apostillado.

Así, ha valorado que los socialistas “siempre” han “demostrado ser contundentes desde el minuto uno en todos los casos y lo vamos a seguir siendo; otros, en cambio, no han actuado nunca, como sucede en las filas del PP, que hace más bien lo contrario”, es decir, “expulsa a quien denuncia la corrupción en su partido, como ocurrió cuando Pablo Casado alzó la voz contra Ayuso y su hermano”.

La dirigente socialista ha recordado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que “el PP ha sido el único partido condenado por financiación irregular en España, lo que le costó el gobierno a Mariano Rajoy”, mientras que el PSOE “ni consiente, ni ampara, ni oculta, al revés, actúa” y, “pese a todo, seguiremos trabajando en lo que de verdad importa, en hacer política con mayúsculas, en defender los servicios públicos y dotar a la ciudadanía de nuevos derechos para crecer y prosperar como sociedad, desde una visión progresista y de izquierdas”.

Para Rafi Crespín, “la España de hoy es mucho mejor que la de hace siete años”, pues el país ahora “tiene 22 millones de personas trabajando, cuando entonces había 18, y hay más de diez millones de mujeres con trabajo, cuando antes había ocho y pico”, y “tiene la tasa de paro más baja de los últimos 20 años y la tasa de paro juvenil más baja de la historia”, a la vez que “se está reduciendo la deuda y el déficit”.

Junto a ello, según ha resaltado, “hemos subido y actualizado las pensiones de nuestros mayores como nunca, a la vez que se rellena la hucha de las pensiones”, y “se está subiendo el salario mínimo”, mientras que “las tensiones territoriales son mucho menores”, es decir, “que estamos en la Moncloa para hacer política útil y beneficiosa para la gente, y que este Gobierno merece la pena y seguirá trabajando para demostrarlo con hechos y con las cuentas hechas”.

Por último, se ha referido también a la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, de quien ha dicho que “representa los mejores valores del socialismo en España” y ha destacado “su honradez y honestidad, porque no tiene dobleces”, y ha pedido a la ciudadanía “que confíe en ella, por su capacidad de gestión, su capacidad política y la coherencia con sus ideas, frente al cinismo, la hipocresía y la gestión desastrosa que está haciendo Moreno en nuestra tierra”.

Crespín ha llamado a la “movilización del voto progresista en Andalucía, pese a lo que está cayendo, porque somos mayoría los que ejercemos con honradez, limpieza y honestidad”, y ha insistido en que “tenemos que sacar a nuestra comunidad autónoma de la parálisis en que está inmersa, con un Gobierno andaluz que cree que su única tarea es confrontar con el Gobierno de España, sólo y exclusivamente para hacerse las víctimas sin ejercer competencias que tiene el Estatuto de Autonomía”.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que investiga el caso Koldo ha incorporado unas grabaciones a la causa que ya ha remitido al Tribunal Supremo. La cinta fue grabada en el mes de abril del año 2019 y aunque los agentes de la Guardia Civil no lo afirman parece tratarse del despacho de José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes del Gobierno de España.

En el audio se escucha como su asesor, Koldo García, le pone al día con una infinidad de gestiones en las que presuntamente media para obtener adjudicaciones a empresas concretas que posteriormente les reparte mordidas. No obstante, en un momento, la conversación deriva sobre la agenda del ministro, y dónde iba a pasar el fin de semana. Ábalos y Koldo García discuten sobre cómo estar en diferentes ciudades del sureste de la Península (Murcia, Almería, Elche, Alicante), y cómo viajar entre ellas. Y en un momento dado citan a la ciudad de Córdoba.

La transcripción (K: es Koldo García y A: es José Luis Ábalos):

K: Ahora lo miro ¿vale? Y te digo, relájate un poco ahí ya está.

A: Claro, es nada, si vinieran de Córdoba, es nada, es ese trocito, pero si vienen estas, claro. Hay que buscar un sitio.

K: Mira, si vienen aquí, ya sabes quién va a venir, eso lo tengo claro. Si viene aquí, tienes a la AINARA ¿Cómo es?

A: (Murmura algo ininteligible).

K: A la ARIATNA (fonético), que está bien, que está recién, está bien, esta perfecta.

A: Y la colombiana.

K: Y la colombiana nueva. A: Y la otra (ininteligible).

K: No, si yo quiero la otra también, pero era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más ARIATNA (fonético).

A: No, sé, la CARLOTA (fonético), se enrolla que te cagas.

K: Pues, la que tú quieras. O ARIATNA y CARLOTA, y a tomar por culo. A: No, era por conocer.

El informe sobre la transcripción no juzga este intercambio en el que parece sugerir cómo tanto Koldo García como José Luis Ábalos esperarían la llegada de mujeres procedentes de Córdoba. Cuando dejan de hablar de otras mujeres, por sus nombres, siguen poniéndose al día sobre más contratos públicos.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha ofrecido declarar voluntariamente como investigado a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, al hallar “consistentes indicios” contra él en un informe de la UCO aportado a la causa. Ese informe apunta a la “posible participación” del 'número tres' de los socialistas en la “adjudicación indebida” de obra pública en “connivencia” con el exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor Koldo García. Estos hechos llevan al juez a considerar que el ‘número tres’ del PSOE pudo cometer delitos de organización criminal y cohecho.

En octubre de este año, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil desarticularon una trama dedicada a la comisión de presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos y el posterior blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos. En la cúspide se hallaba el empresario Víctor de Aldama, dueño del Zamora y nacionalmente famoso por ser el presunto corruptor del caso Koldo que implica al exministro José Luis Ábalos. Esta trama, diferente a la del caso Koldo que investiga el pago de comisiones por contratos millonarios para importar material sanitario en España durante la pandemia, también tiene conexiones cordobesas.

En el caso Ábalos, por ejemplo, Víctor de Aldama tenía a sueldo a un comandante de la Guardia Civil nacido y residente en Benamejí. También usó para sus negocios a un militante del PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo, Cristian Corvillo, a su vez el hombre de Ábalos en la provincia de Córdoba. Pero en la red que investiga un fraude de unos 133 millones de euros se sospecha de que De Aldama usó a dos presuntos testaferros en Córdoba, que controlaban una comercializadora de combustible y una inmobiliaria.

Este caso, enmarcado en la lucha contra el fraude que se comete de manera recurrente en este sector estratégico, está dirigido por el Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Fue el pasado mes de octubre cuando el juez Pedraz acordó prisión provisional tanto para De Aldama como para su socio Claudio Rivas por su presunta participación en un fraude a la Hacienda Pública de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. El magistrado acordó la puesta en libertad del primero después de su declaración voluntaria en el 'caso Koldo', pero Rivas todavía se encuentra en la cárcel.

El juez investiga en esta causa --que permanece secreta-- a ambos como responsables de la organización criminal, como subdirectora a María Luisa Rivas, así como a otros cooperadores y una serie de testaferros situados en los órganos de administración de las sociedades suministradoras.

En la instrucción, adelantada por El Confidencial, los investigadores sostienen que Aldama usó a un par de testaferros cordobeses. El primero creó una sociedad, hoy en disolución, llamada Salamanca Fuel, con la que presuntamente se adquiría combustible a bajo precio. El segundo, una empresa inmobiliaria llamada Proyectos Prados de Alderete SL. En este extremo se sospecha que la entidad pudo haber sido usada para cometer algún ilícito penal.

El presunto fraude estribaba en que se había creado un conglomerado de empresas. Estas compraban el combustible y lo vendían rápidamente a un precio inferior al de la competencia. Las entidades obtenían el beneficio a través de unos impuestos que sí que repercutían en sus clientes pero que nunca ingresaban en las arcas de la Agencia Tributaria. En principio, se aplazaba su pago y las empresas rápidamente entraban en liquidación.

La sede de la sociedad de combustible estaba en un edificio de oficinas del polígono industrial de la Torrecilla. La de la promotora inmobiliaria en la céntrica calle Morería.

Este mismo lunes declaró Aldama en los juzgados, a la vez que la UCO de la Guardia Civil desarrollaba un nuevo operativo por toda España.

El alcalde-presidente de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo, Francisco Franco, llevará al próximo Pleno de más de 40 facturas por un importe total de 9.287,49 euros que fueron pagadas durante el período 2017 a 2023 siendo presidente de la ELA Miguel Ruiz Madruga y tesorero el actual portavoz del Partido Popular en la oposición, Rafael García Cobos.

Todas estas facturas, ha indicado Franco, corresponden a compras realizadas a la esposa del tesorero de la ELA a través de la empresa de la que era titular, Mercería Crist, ubicada en la localidad de Encinarejo.

Para el alcalde de la ELA, Francisco Franco, este hecho es un “suma y sigue a las múltiples irregularidades que Ruiz Madruga y su tesorero, García Cobos, han realizado durante su etapa de Gobierno. Por ello, ha añadido que ”quienes dan lecciones todos los días de conocimiento y gestión económica de la ELA de Encinarejo hayan comprado diversos productos a la mujer de un concejal a sabiendas de que las administraciones públicas no pueden realizar contratos con familiares demuestra la doble moral y la falta de ética política del PP y de quienes durante muchos años han usado al pueblo de Encinarejo como su cortijo para el trampolín político“.

El regidor considera, asimismo, que Rafael García Cobos, actual portavoz del Partido Popular en la oposición de la ELA, “está teniendo un papel de ocultación y defensa a ultranza de Ruiz Madruga, lo que es todavía más explicable, ya que ambos han compartido como alcalde-presidente y como tesorero las malas prácticas durante años que estamos denunciando”.

Así, Franco ha detallado la petición de devolución de 323 euros cargados a la ELA por los gastos de hotel en Sevilla y Granada de Ruiz Madruga para asistir a los congresos nacionales y regionales del PP, la devolución de 1.671 euros pagados en gasoil por la ELA para la celebración de la Feria de Alcolea, así como la celebración de un Pleno extraordinario para aclarar las cuentas en los últimos 8 años de mandato de Ruiz Madruga tras trascender la existencia de facturas irregulares, entre ellas la de publicidad del PP en las Elecciones Municipales que intentó cargar a la ELA y que luego reconoció “como un error”, y la factura de un hotel y taxi a Oviedo reconocidas en contabilidad de la ELA de un viaje privado de Madruga para asistir a un concierto.

A ello se suma el falseamiento de las cuentas de la ELA con el doble pago de la PATRICA librado de 2021 a 2023 y cuya devolución de 136.000 euros a los fondos municipales de la capital ahora reclama Bellido, todo ello para presumir de una falsa deuda cero y de la buena gestión de Madruga en la campaña electoral de las municipales de 2023.

“Pese a las presiones que estamos recibiendo de Ruiz Madruga y de García Cobos, esta Presidencia de la ELA se va a mantener firme en un ejercicio de transparencia de cara a los vecinos y vecinas que tienen derecho a saber la realidad de las cuentas y la gestión del Partido Popular en nuestra Localidad, por lo que seguiremos en la labor de no ocultar el pasado ni pasar por alto las actuaciones irregulares de las pasadas legislaturas”, ha concluido Franco.

Ruiz Madruga lo niego y califica las críticas de “barbaridades”

El exalcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo, dependiente del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, actual delegado de Infraestructuras del Consistorio de la capital, ha aclarado este martes que “no hay ilegalidad” en las facturas a las que hace referencia el actual regidor, Francisco Franco, y ha calificado las críticas de “barbaridad”. A su juicio, “esto es histriónico”.

Según ha manifestado a Europa Press Ruiz Madruga, “Encinarejo es un pueblo que tiene ciertos comercios, donde se compra, y la única mercería local que había era la de la mujer del tesorero”, de modo que “en once años se han comprado por 9.300 euros las banderas del día de España y lo básico, que no llega ni a 70 euros al mes”, ha comentado.

Al respecto, ha remarcado que “el tema más importante desde el punto de vista de la legalidad es que el extesorero no contrató, sino que el órgano de contratación unipersonal soy yo, excepto en los asuntos que van a Pleno”. Por tanto, “no hay ninguna ilegalidad en esa contratación”, ha aseverado.

Además, ha expuesto que, “como aquí todo el mundo es familia de alguien, cuando hay un perol vecinal se compra la carne en la carnicería de la tía del que fue teniente alcalde del Ayuntamiento”, a la vez que “al primo hermano de quien está detrás de toda esta operación, junto con el alcalde actual, se le contrata la reforma de unos vestuarios que no se pudieron terminar con el Profea o incluso el actual alcalde contrata con su primo hermano la instalación del gas en la caseta municipal, porque es una empresa de gas del pueblo”.

En este sentido, el exregidor ha subratado que “se contrata con la gente del pueblo, pero no porque sean familia, sino porque son empresas que están en el pueblo”.

Mientras, Ruiz Madruga ha dicho que “Franco espera noticias nuestras pronto, pero desde luego no a través de comunicados de prensa”, al tempo que ha remarcado que “lo está diciendo alguien que fue 12 años teniente alcalde del pueblo, que probablemente parte de lo que él dice que se le ha comprado a la mujer del extesorero lo firmó él”.

Así, ha explicado que “si buscáramos los albaranes, que habrá que buscarlo, porque son once años, probablemente muchos de ellos lo haya firmado él”, de forma que “llega ya la cosa al absurdo”, ha abundado Ruiz Madruga, quien ha apuntado que “esto se dirimirá donde se tienen que dirimir las cosas”.

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha pedido este lunes al PSOE provincial “asumir responsabilidades” porque “la corrupción” llega a la provincia después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionara la compra de un chalet en La Línea de la Concepción (Cádiz) del que pudo “disponer” el exministro José Luis Ábalos presuntamente con la trama de hidrocarburos a través de Cristian Corvillo, del PSOE cordobés y que estaría, según los agentes, muy próximo al empresario Víctor de Aldama, el exasesor del exministro Koldo García y el propio Ábalos.

En una atención a los medios con motivo de la reunión de la Interparlamentaria del partido en la provincia, Molina ha advertido de que “la UCO implica a un cargo del PSOE de Córdoba por la compra del chalet a Ábalos”, de modo que “ya tenemos también la corrupción del PSOE en Córdoba”, de ahí que haya reclamado a los socialistas que “den la cara ante los españoles, los andaluces y los cordobeses”, a la vez que considera que “antes o después el Gobierno de Pedro Sánchez lo vamos a ver cayendo por casos de corrupción”.

Al respecto, “con todo el respeto a la labor que se tiene que hacer en la investigación y la justicia”, Molina cree que “habrá que dar explicaciones de estos casos, que ya están saliendo en los medios de comunicación y que salpican a todos los niveles al PSOE”.

Según el informe de la UCO, al que ha tenido acceso Europa Press, Aldama, quien fue el “verdadero responsable y organizador de la compra del inmueble”, maniobró “a través de terceras personas que negociarían las condiciones de compra, el pago de la señal o la firma del contrato de arras”.

“Aquellos pormenores que podrían resultar del interés de Ábalos, como el destino a dar al mobiliario existente en la casa, Aldama se los comunicaba a Koldo, quien hacía llegar la respuesta del exministro nuevamente a Aldama”, explica la UCO.

En un inicio, Aldama le manifestó a Corvillo que la compra de la casa la realizaría “un tal Henrique”, un ciudadano venezolano “vinculado a Suelopetrol”. Éste llegó a firmar un contrato de arras, pero Aldama decidió prescindir de él. Fue en ese punto cuando el empresario pidió a Corvillo que contactase con Claudio Rivas, su socio, y que estaba “vinculado a Villafuel”, señala la UCO.

Las indagaciones de los agentes revelan que el chalet de 'La Alcaidesa' supuestamente usado por Ábalos fue pagado en gran parte por la mercantil Have Got Time. La titular de esa empresa, señalan, es la hija de Carmen Pano, una de las personas que acudió al encuentro con el director de Gabinete de Industria.

La Guardia Civil constata que, pese a ello, esa compañía “es controlada de manera real” por Claudio Rivas, el socio de Aldama. “Consumada la compra del inmueble por parte de Aldama, existen múltiples evidencias que confirmarían el uso real del mismo por parte de Ábalos”, destaca.

Unos meses después de que Ábalos dejase el Ministerio de Transportes, esa empresa remitió un burofax al exministro en el que le reclamaba el pago de cuatro mensualidades del chalet. Koldo contactó con Aldama para pedirle explicaciones por esa comunicación. “Esto ya es la hostia”, se quejó el exasesor. “Ni te preocupes, acuérdate que te dije que eso llegaría, se tiene que cubrir pero es solo por eso nada más, tranquilo”, zanjó el empresario.

“La gravedad de los hechos”

Entretanto, Molina ha justificado la convocatoria de esta Interparlamentaria ante “la gravedad de los hechos que se ven en el Gobierno de España”, con “uno de los momentos más delicados de la democracia”, porque “está imputada la mujer del presidente, el hermano y el fiscal general del Estado”, algo que “no había ocurrido nunca en la historia del país”.

Por eso, ha vuelto a exigir que “dimita el fiscal general del Estado, que ha sido el ministro número 23 de Sánchez”, de manera que, a su juicio, “esto no puede seguir así, porque lo único digno que puede hacer por la democracia es respetar a la justicia independiente que tenemos que tener en España”. Así, ha remarcado que “la única salida que tiene el fiscal general del Estado, tras su imputación, es su dimisión”.

Ante esto, el popular ha lamentado que “Sánchez, como siempre, en vez de respetar la separación de poderes, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados que no haga, lo que hace es atacar a los jueces que investigan a su familia y a su Gobierno”. Frente a ello, le ha pedido que “actúe como un demócrata, si tiene algo de demócrata dentro, y defienda la Constitución en lugar de atrincherarse en La Moncloa para proteger a su círculo”. Y es que, ha agregado, “estamos viendo casos todos los días de una corrupción que va acechando al presidente”.

Además, ha avisado del “caos en cuestiones como los trenes”, con “un ministro que lo único que se preocupa es del insulto” y que “no está preocupado de gestionar”, de manera que “este fin de semana ha llegado ya a un límite inasumible por la incapacidad del Ejecutivo para gestionar infraestructuras claves que demuestran también el abandono a los ciudadanos”, ha apostillado.

Asimismo, Molina ha mostrado su “preocupación” por “la infrafinanciación que sufre Andalucía, con 1.500 millones de euros de los que se nos privan a los andaluces por un sistema de financiación que pactó el PSOE con ERC y que hace que no podamos atender muchas cuestiones”, citando algunas que “lastran el futuro de los cordobeses”, como “la falta de capacidad eléctrica” en el norte de la provincia, la Variante Oeste y la conversión en autovía de la N-432.

Al hilo, el popular ha reprochado “la desfachatez” de la secretaria general del PSOE cordobés, Rafi Crespín, sobre la Autovía del Olivar que “efectivamente la pone encima de la mesa el PSOE en el año 1996 y 40 años de socialismo después exigen lo que no han sido capaces de hacer en 40 años”. Por eso, cree que “deberían elegir mejor los ejemplos, puesto que la Autovía del Olivar es un ejemplo de la falta de gestión, del abandono y el engaño al que ha sometido el PSOE a Córdoba durante tanto tiempo”.

Por otra parte, el presidente del PP provincial ha comentado que en la Interparlamentaria van a abordar “los problemas” de vivienda, “que es una preocupación que está encima de la mesa”, así como de la conciliación de la vida familiar y laboral.

Y tras la manifestación de este domingo de “muchos ciudadanos pidiendo un cambio y que este Gobierno tiene que salir ya de La Moncloa”, ha dicho que “cada vez más gente lo tiene claro”, subrayando que “el único que puede liderar ese cambio y que puede ser una alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez es el PP con un modelo de transparencia, de justicia y de progreso”, porque “nos enfrentamos a un Gobierno que abusa de las instituciones, que persigue a los jueces y que está inmerso en la corrupción”, ha declarado.

Tras haberse personado como como acusación popular en las diligencias previas que se están instruyendo por el supuesto amaño de contratos de obras en cuarteles de la Guardia Civil en esta provincia, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha presentado un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba solicitando que la investigación se amplíe a años anteriores, concretamente al período de 2018 a 2021.

En dicho escrito se hace constar que esta asociación profesional llevaba mucho tiempo recopilando información y documentación ante las sospechas de posibles actuaciones irregulares, pero no podía obtener pruebas sólidas o concluyentes que le permitieran formular una denuncia suficientemente fundamentada.

Además, se expone que hay sobrados indicios para considerar que durante esos años pueden haberse producido irregularidades idénticas o similares a las detectadas en 2022 y 2023, sobre todo teniendo en cuenta que se adjudicaron contratos públicos a los mismos grupos de empresas que ahora están siendo investigados, así como que podrían haber existido las mismas prácticas irregulares, tales como fraccionamientos o sobrecostes.

Así mismo, se aportan datos muy concretos sobre numerosos contratos, y abundante documentación que AUGC ha podido ir recopilando por distintos cauces, “a pesar de las reiteradas trabas que se le han ido poniendo, con el fin de ocultar información o al menos dificultar el acceso a la misma”, según ha informado a través de una nota de prensa. Finalmente, en el escrito también se pide al juzgado que lleve a cabo determinada actividad probatoria.

Hace unos días prestó declaración el comandante investigado, quien respondió a las preguntas de la jueza, la fiscalía, la abogacía del Estado y su propio abogado, pero rehusó contestar a las preguntas formuladas por el abogado de AUGC, Miguel Carbajo, el cual ha expuesto que “es una lástima que hasta ahora todos los investigados se hayan negado a responder a nuestras preguntas, porque si lo hubieran hecho sin duda se habrían esclarecido mucho los hechos”, y ha añadido que “tal como anunciamos hace tres meses, estamos colaborando activamente con la acción judicial y por ello hemos puesto a disposición del juzgado toda la información y documentación que llevamos años recabando”.

Por su parte, el secretario provincial de AUGC, Gustavo Pérez, ha recordado que “nuestra intención es que se investiguen y aclaren todas las actuaciones llevadas a cabo durante años en el negociado que se encarga de los contratos públicos y las obras de la Guardia Civil en esta provincia, así como que se depuren las responsabilidades a todos los niveles, afecten a quien afecten. Vamos a seguir luchando contra la corrupción y vamos a velar por la integridad de la institución y especialmente por los guardias civiles, que en su gran mayoría sirven con honradez y profesionalidad a los ciudadanos, muchas veces en condiciones precarias e incluso poniendo en riesgo su seguridad y sus propias vidas”.

El Ayuntamiento ha abierto un canal de denuncias sobre irregularidades, delitos o corrupción dentro de la misma administración local, según ha informado este viernes la delegada de Gestión y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos. Este canal se basa en el cumplimiento de la Ley 2/2023 del 20 de febrero, “reguladora de la protección de personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la obligación”.

Este canal fue requerido el pasado mes de marzo por el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. Que exigía al gobierno local de José María Bellido cumplir con la ley mencionada con la creación de este canal, que hasta el momento solo tenía la empresa municipal de Cementerios (Cecosam).

La vía ya creada será “fácil y accesible” no solo para los funcionarios o trabajadores del Ayuntamiento sino para “toda la ciudadanía”. Y se podrán presentar las denuncias de manera escrita o telemática a través de Internet, aunque esta vía se encuentra en fase de prueba y según ha aclarado Bustos, se implementará de manera oficial a partir de la próxima semana.

“Las denuncias serán completamente anónimas y se garantizará el cumplimiento de la normativa de protección de datos” tanto de denunciantes y afectados. Asimismo, la delegada ha mencionado que se contará con un reglamento “para regular el funcionamiento del canal y el proceso que se derive, una vez determinado si procede o no iniciar un trámite de investigación”.

El responsable de este canal de denuncias será el Director General de Recursos Humanos, que será “totalmente imparcial” garantizando así “el correcto funcionamiento de la administración local y una completa transparencia por parte de todos los trabajadores”.

En cuanto a los periodos de tramitación, Bustos ha especificado que “el ayuntamiento tiene un periodo de siete días para comunicar la recepción del denunciante”. En el caso de abrir un proceso de investigación, “hay un plazo de tres meses -prorrogables a otros tres- para llevarla a cabo”. Aunque el denunciante podrá informarse “en todo momento” de cómo evoluciona su denuncia.

Por último, ha informado de que “sea tramitada o desestimada, la administración tendrá un registro de todas las denuncias presentadas” que se recogerán en un informe anual.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba ha admitido la personación como acusación popular de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en las diligencias previas que se están instruyendo por el supuesto amaño de contratos de obras en cuarteles de la Guardia Civil en esta provincia durante los últimos años, que motivó la detención de un sargento del Cuerpo y varios empresarios, por la presunta comisión de delitos tan graves como los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y cohecho.

El abogado de AUGC en Córdoba, Miguel Carbajo, ha declarado que “nuestra solicitud de personación se ha fundamentado en el perjuicio al interés general de los ciudadanos y especialmente a los propios guardias civiles que trabajan en esta provincia, teniendo en cuenta que los estatutos de AUGC recogen como uno de sus fines el ejercicio de la acción popular en casos de corrupción que directa o indirectamente puedan perjudicar la imagen de la Guardia Civil y de quienes la componen”.

Y ha añadido que “en dichos estatutos también se establece la colaboración con la acción judicial para la averiguación y esclarecimiento de hechos delictivos, por lo que próximamente vamos a poner a disposición del juzgado toda la información que AUGC lleva años recabando en relación con esa supuesta trama, a pesar de las trabas puestas por la Dirección General de la Guardia Civil”.

Por otro lado, el secretario provincial de AUGC, Gustavo Pérez, ha expuesto que “nuestra intención es que se investiguen y aclaren todas las actuaciones llevadas a cabo durante años en el negociado que se encarga de los contratos públicos y las obras que se realizan en las dependencias de la Guardia Civil en esta provincia, así como que se depuren las responsabilidades a todos los niveles, afecten a quien afecten y ya sean de tipo penal o administrativo. Nuestra asociación nació hace treinta años precisamente para luchar contra la corrupción y, del mismo modo que ya hemos hecho anteriormente en otros casos por todo el país, ahora en Córdoba vamos a velar por la institución y especialmente por los guardias civiles, que en su gran mayoría sirven con honradez y profesionalidad a los ciudadanos, a veces en condiciones precarias e incluso poniendo en riesgo su seguridad y sus propias vidas”.

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Pozoblanco, Gerardo Arévalo, ha solicitado por escrito tanto al alcalde del municipio, Santiago Cabello, como al secretario de la comisión informativa que investiga el caso del joven intruso, que las sesiones de la misma sean abiertas al público por tratarse “de un asunto de especial interés para la ciudadanía”. Actualmente, la comisión se realiza a puerta cerrada.

Esta comisión se aprobó en Pleno por unanimidad el pasado mes de enero y en ella están representados el PP -que cuenta con mayoría-, el PSOE e IU, y el propio Arévalo. En el escrito formulado por el concejal, expone que durante las sesiones de la comisión “no se levantan actas, ni se aprueban las mismas”, y que el alcalde “no contesta a preguntas de la oposición” sobre esta cuestión ni a las formuladas por este edil.

Asimismo, manifiesta que ha sido citado como comparenciente antes de que acudan otros implicados, como el propio regidor o el joven que cobró sin trabajar, “y no hay indicios de que se vayan a citar a más personas”. En esta línea, Arévalo rechaza las palabras del regidor pozoalbense relativas a que en la comisión “no se van a tener en cuenta las declaraciones, sino solo los documentos que no sean falsos”.

Ante ello, el concejal ha pedido que la comisión se realiza con público, con dispositivos de grabación y que se emita en directo para la televisión pública de la localidad “por los principios de transparencia, seguridad jurídica y publicidad”, además de por tratarse de un “asunto de especial interés para la ciudadanía”.

Sobre las comparencias, ha solicitado que antes de hacerlo él, lo hagan el alcalde, su secretaria personal -que es madre del joven contratado-, así como el chico y tres concejales del PP. En esa línea, apunta que las declaraciones “sean televisadas y que todos acudan el mismo día para eludir que los implicados o testigos se preparen” sus intervenciones en función de lo declarado por los demás.

Además, en el escrito, ha pedido que se realicen actas o vídeo actas y que se aprueben en tiempo y forma, “como mínimo, antes de la siguiente sesión”. Entre otras peticiones, Arévalo solicita que el secretario de la comisión sea otro distinto al actual, “a poder ser externo y elegido por unanimidad”.

Arévalo defiende que no es un “tránsfuga”, ya que fue expulsado

Este martes, este mismo concejal ha pedido públicamente al grupo municipal del PP de Pozoblanco que cese en su “campaña de desprestigio” en alusión a las acusaciones que hizo el partido la semana pasada tras la celebración del último Pleno. La cuestión radica en el informe realizado por el secretario del Ayuntamiento en el que se deja constar la nueva situación económica y política de Arévalo al convertirse en un concejal no adscrito.

En el mismo, este funcionario señala que el edil había “abandonado” el grupo municipal PP, afirmación que el edil rechaza, al igual que condena que se le aplique jurisprudencia para concejales tránsfugas. “Es evidente que no puedo estar de acuerdo con ello,  simplemente porque no se ajusta ni a la verdad ni a la realidad jurídica. La intención es aplicarme  una doctrina y norma creada para casos distintos al mío que me perjudica. Yo no soy ningún tránsfuga, sino que se me expulsó por hacer lo correcto y por mantener lealtad al pueblo”. 

Prudencia, tiempo y confianza hacia el alcalde del Pozoblanco, Santiago Cabello. Esto es lo que ha transmitido la secretaria general del PP de Córdoba, Araceli Cabello, a Cordópolis tras varias peticiones de información para conocer las reacciones del partido ante el caso del joven que durante cinco meses y nueve días cobró del Ayuntamiento pozoalbense sin trabajar. Además, la pozoalbense ha mostrado su apoyo al regidor y ha emplazado al resultado de la comisión de investigación abierta para llevar a cabo decisiones.

Preguntada por este medio, Cabello ha asegurado que el PP de Córdoba “mantiene contacto continuo con todos los municipios” de la provincia de Córdoba “y cuando hay algún tipo de incidencia” es comunicada al PP provincial. Por ello, ha afirmado que conocía el caso “desde el principio”, aunque no ha puntualizando desde cuándo.

Esta semana, el PSOE del municipio ha denunciado el caso ante la Fiscalía de Córdoba; un movimiento que, aunque Cabello ha asegurado “respetar”, se trata, a su juicio, “de un paso más en la táctica del ventilador: desviar la atención, ya que el PSOE tiene que dar explicaciones del caso Koldo, que tiene ramificaciones en Andalucía y en Córdoba”.

Preguntada de nuevo por la gravedad del caso en cuestión -un joven que cobró del Ayuntamiento sin ir a trabajar-, la secretaria de los populares de Córdoba ha apelado a la comisión de investigación abierta, por lo que ha pedido “prudencia y tiempo para que haga su labor y arroje las conclusiones oportunas”. “Cuando llegue el momento, se activarán los mecanismos y se pondrá la normativa de por medio”, ha querido arrojar entre líneas. “El PP tiene órganos y plazos, como es el Comité de Derechos y Garantías, que vela por que todos los cargos cumplan con su trabajo. Ese mecanismo se podnrá en marcha cuando lo estimemos oportuno”, ha insistido.

Asimismo, ha comunicado que el PP de Córdoba no ha instado al alcalde a que abra un expediente de reintegro de los más de 6.700 euros que el joven cobró sin trabajar y ha asegurado desconocer si el regidor lo ha hecho “dado que se trata de pormenores” del caso.

Sobre la figura del regidor de Pozoblanco, ha señalado que el PP de Córdoba “siempre” ha mostrado su apoyo tanto al PP de la localidad como al alcalde, “como lo tuvo en las pasadas elecciones”. Sobre el edil Gerardo Arévalo, ha asegurado que “no se le ha pedido de manera directa la dimisión”, aunque ha rechazado desvelar “conversaciones internas del partido”. Tampoco se le ha abierto ningún prodecimiento disciplinario.

Actualmente, el concejal está fuera del grupo municipal después de que la semana pasada fuera expulsado por sus propios compañeros de partido. Preguntada sobre si el PP va a echar a Arévalo de la formación, Cabello ha recalcado de nuevo en “los tiempos” para la toma de decisiones.

17 de octubre de 2023. 14:25. Un comandante de la Guardia Civil es fotografiado a las puertas del restaurante La Chalana por otros compañeros del instituto armado, adscritos a la Unidad Central Operativa (UCO). Están siguiendo a Koldo García, considerado como la piedra angular de una trama por la venta fraudulenta de mascarillas a diferentes administraciones públicas. Y lo están haciendo por orden del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional.

En esa imagen, el agente de la Guardia Civil, natural y residente en Benamejí (Córdoba), lleva un portadocumentos. A su espalda está Koldo García que habla con una tercera persona. A las 16:04, el comandante de la Guardia Civil, que viste de paisano, sale del restaurante La Chalana, en el que Koldo suele reunirse con diferentes personas, muchas de ellas asociadas a una presunta trama que ha impactado contra el Gobierno y especialmente contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, suspendido de militancia del PSOE. El agente lleva varios documentos en la mano.

Estas imágenes y esta cita son capitales para los investigadores de la UCO, que llevan meses siguiendo a Koldo García, a sus socios y también a diferentes personas que podrían formar parte de su íntimo círculo y que le podrían haber ayudado, de alguna u otra manera, a cometer los presuntos delitos investigados: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Los agentes sospechan, aunque no se lo han imputado aún, que el comandante cordobés de la Guardia Civil fue el responsable del chivatazo a Koldo García. Antes de la comida en La Chalana, el propio Koldo habla con su hermano Joseba, al que informa que sabe que le están investigando y que el lunes siguiente se reuniría con cuatro guardias civiles para saber el estado de la investigación. Este es el motivo principal por el que el lunes de la pasada semana, la UCO de la Guardia Civil detuvo a este comandante de la Guardia Civil y registró su casa de Benamejí, donde tiene fijada su residencia aunque había sido designado para ocupar el puesto de agregado del Ministerio del Interior en la embajada de España en Venezuela.

A partir de ese momento, tanto Koldo, como su hermano, como sus socios, habrían iniciado un proceso para tratar de dificultar a los investigadores dar con las presuntas dádivas cobradas de forma irregular, o la titularidad del patrimonio amasado gracias a comisiones por la venta de mascarillas que no habrían sido declaradas a la Hacienda Pública.

En el informe, al que ha tenido acceso este periódico, se trata de demostrar cómo el comandante de la Guardia Civil formaría parte del entramado y tendría una importante conexión con Víctor de Aldama, uno de los principales empresarios implicados en la investigación. De Aldama es el presidente del Zamora Club de Fútbol y estuvo muy cerca de comprar el Córdoba Club de Fútbol.

Así, se documenta a través de escuchas cómo al parecer el agente de la Guardia Civil podría haber recibido pagos de hasta 2.000 euros mensuales en efectivo, según consta en un análisis de los mensajes de diferentes chats de las personas implicadas en el asunto. También se relaciona al comandante con De Aldama, con quien se cruzaría mensajes y fotografías que lo identifican, como una enviada desde un camino del sur de la provincia de Córdoba en un día festivo. O cuando De Aldama le felicita por su paternidad. Los agentes han comprobado que efectivamente en la fecha señalada por la felicitación el comandante fue padre.

El arresto

El agente fue detenido el pasado tres de marzo en el aeropuerto de Madrid cuando se disponía a subir a un avión con destino Caracas, destinado en la embajada española de Venezuela recientemente tras pasar por la estructura antiterrorista de la Guardia Civil. Los investigadores llegaron hasta él después de analizar el contenido de unos grupos de WhatsApp de los investigados y sus conversaciones: referencias de pagos en efectivo a alguien apodado “R”.

“Se han localizado indicios de pagos en metálico de manera mensual a esta persona”. El empresario Víctor Aldama, quien según los investigadores tenía una relación cercana con este agente, se refiere a estos pagos en varias ocasiones: “Lo de R 2 lo de todos los meses”. Los investigadores entienden que, además, reuniones de este agente con Aldama coinciden con las supuestas órdenes de pago.

Una de las acusaciones que pesa sobre este guardia civil es hacer favores a la trama usando su puesto de agente. “Habría realizado gestiones en beneficio de Aldama en el ejercicio de su condición de Guardia Civil. En particular, habría facilitado una línea de comunicación segura a Aldama”. El informe no especifica más detalles. El término “línea segura” se suele utilizar para métodos de comunicación, como líneas telefónicas o sistemas de mensajería, que no pueden ser detectados por investigaciones como la que estaba entonces en marcha contra la trama.

La investigación del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil de Córdoba que ha acabado con la detención de su responsable de obras en la Comandancia descubrió uno de los modos operandi más habituales para eludir los controles internos a la hora de adjudicar contratos menores: supuestamente, el agente arrestado pedía tres ofertas a personas con las que guardaba algún tipo de relación para garantizarse la adjudicación del servicio a una empresa en concreto.

Sin embargo, los agentes de Asuntos Internos descubrieron la existencia de un “grupo empresarial” que se quedó con la mitad de los contratos y prácticamente dos tercios del presupuesto total que guardaba una estrecha relación entre sí. Al frente estaría un constructor de una barriada periférica de Córdoba, pero dentro de este grupo que percibía obras también aparece su pareja sentimental, su hermano, su cuñada y otra empresa propiedad de otro de sus cuñados. Todos, además, guardarían una presunta relación de amistad y proximidad con el agente arrestado la pasada semana. Todos estos empresarios fueron arrestados también por la Guardia Civil.

De esta manera, y según la información a la que ha accedido este periódico, los agentes han logrado comprobar cómo las tres ofertas necesarias para la adjudicación de algunos contratos se enviaban desde una misma dirección IP y con apenas unos minutos de diferencia. Es decir, sostienen que los diferentes presupuestos serían elaborados en la misma empresa. De hecho, aseguran que en su diseño siguen un mismo esquema, lo que unido a la anterior sería una prueba suficiente como para probar el supuesto amaño de los contratos de obras, especialmente en el ejercicio económico del año 2022.

Los agentes del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil aluden en su informe a unas “prácticas anticompetitivas” que tenían como objetivo “manipular y amañar” las licitaciones. Así, señalan que en lugar de competir libremente “conspiran para falsear la competencia, aumentar los precios, reducir la calidad, en perjuicio del interés general”.

Además, Asuntos Internos señala a otros dos empresarios más en su investigación. En un caso, se trataría de un empresario que es propietario de tres compañías. Y son esas tres empresas las que son invitadas al menos en 13 licitaciones diferentes, todas propiedad de la misma persona. Esta persona también fue arrestada la pasada semana.

Por último, se alude a un tercer grupo empresarial que sería el que participaría en el “fraccionamiento” de contratos para beneficiarse de obras pagadas a cargo del conocido como Anticipo de Caja Fija. En este caso, la norma señala que a partir de un gasto de 5.000 euros se considera un contrato menor, por lo que hay que pedir tres ofertas diferentes y no hacer un encargo directo. Asuntos Internos detecta un importante número de facturas presuntamente fraccionadas, como algunas que tendrían gastos superiores a los 5.000 euros pero que se hacen en dos partes para eludir también los controles.

Apartado de sus funciones

Entretanto, desde la Comandancia de la Guardia Civil han acordado apartar de sus funciones al agente arrestado, a la vez que están a la espera de que la autoridad judicial comunique la situación en que queda el agente para analizar las medidas a tomar.

En concreto, el investigado es un sargento que se ocupaba de labores de mantenimiento y, en este ámbito, asumía cuestiones relacionadas con las contrataciones que se efectuaban para actuar en instalaciones de la Benemérita. Ha sido detenido por agentes del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil.

El guardia civil detenido la pasada semana en Córdoba y acusado de, supuestamente, amañar contratos de obra llegó a controlar 1,8 millones de euros de presupuesto en un solo año, según consta en la investigación interna desarrollada por el instituto armado, tal y como ha podido comprobar este periódico.

El agente, según avanzó Cordópolis, fue arrestado el miércoles de la pasada semana acusado de varios delitos: prevaricación, malversación y cohecho. Junto a él, fueron arrestados varios empresarios. Además, fueron registrados domicilios y su despacho en la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba. Ahora, se analiza la ingente documentación recuperada para ampliar la investigación y delimitar el alcance de la misma.

La investigación se centra en los contratos menores y en el gasto del anticipo de caja fijo desde el 1 de enero de 2022 hasta este mismo 2024. No obstante, la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil ha prestado especial atención a lo ocurrido durante el ejercicio económico del 2022, cuando la Comandancia recibió presupuesto extraordinario para acometer diferentes obras en sus instalaciones.

De esta manera, se calcula que el agente, que estaba encuadrado en el área de Recursos Materiales de la Comandancia, llegó a controlar 1,8 millones de euros en contratos menores y en el conocido como anticipo de caja. La investigación trata de averiguar qué cantidad, supuestamente, fue a parar a un grupo de empresas de construcción con las que el guardia civil tenía relación.

La unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil sospecha que el sargento detenido la pasada semana acusado de amañar contratos de obras recibía “contraprestaciones” a cambio. Según la instrucción, el agente podría haber obtenido beneficios de las constructoras beneficiarias de los contratos a través de una asociación ornitológica de la que es titular, de la que controla la cuenta bancaria y que era patrocinada por las empresas sospechosas.

La investigación sospecha que este guardia civil era el encargado de formalizar las invitaciones a las constructoras para la infinidad de contratos menores firmados por la Benemérita en la provincia durante los dos ejercicios económicos que se investigan. Así, sostienen que “estaría favoreciendo a determinados grupos empresariales a cambio de contraprestaciones”. Estas se canalizarían a través de la asociación ornitológica de la que es presidente.

Una vez que se atacaron los cabos, la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil remitió toda la documentación a la Fiscalía Provincial de Córdoba, que en enero formuló la denuncia correspondiente. El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número seis de Córdoba, que es quien ha ordenado las detenciones y los diferentes registros domiciliarios que se llevaron a cabo el pasado miércoles de manera simultánea.

La unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil sospecha que el sargento detenido la pasada semana acusado de amañar contratos de obras recibía “contraprestaciones” a cambio. Según la instrucción, el agente podría haber obtenido beneficios de las constructoras beneficiarias de los contratos a través de una asociación ornitológica de la que es titular, de la que controla la cuenta bancaria y que era patrocinada por las empresas sospechosas.

Según adelantó este periódico, el guardia civil fue detenido el pasado miércoles, en el marco de una operación especial en la que también se arrestó a un grupo de empresarios con el que, supuestamente, estaría conchabado. El agente era el responsable del área de recursos materiales de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba y miembro del área de contratación. Estaría, por tanto, a cargo de las obras menores que se realizaban no solo en el cuartel de la Guardia Civil en Córdoba capital sino también de los diferentes acuartelamientos de la provincia.

La unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil investiga, en principio, los contratos formalizados a partir del 1 de enero del año 2022. Especialmente, se presta atención a los contratos menores y a los pagos por anticipo de caja fija. Se incide en la investigación que la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba recibió una aportación extraordinaria durante el año 2022 para la reparación de los innumerables desperfectos de las dependencias del instituto armado en la capital y en la provincia.

La investigación sospecha que este guardia civil era el encargado de formalizar las invitaciones a las constructoras para la infinidad de contratos menores firmados por la Benemérita en la provincia durante los dos ejercicios económicos que se investigan. Así, sostienen que “estaría favoreciendo a determinados grupos empresariales a cambio de contraprestaciones”. Estas se canalizarían a través de la asociación ornitológica de la que es presidente.

Una vez que se atacaron los cabos, la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil remitió toda la documentación a la Fiscalía Provincial de Córdoba, que en enero formuló la denuncia correspondiente. El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número seis de Córdoba, que es quien ha ordenado las detenciones y los diferentes registros domiciliarios que se llevaron a cabo el pasado miércoles de manera simultánea.

Ahora se está analizando la ingente documentación que ha sido recuperada por la Guardia Civil tras los registros y se está intentando determinar el alcance real de los presuntos amaños, además de comprobar las supuestas “contraprestaciones que habría recibido” el agente arrestado.

De momento, este guardia civil está acusado de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho. De la documentación incautada, la jueza titular de Instrucción número seis decidirá si se le amplía el número de delitos por los que está siendo investigado.

No hay nada más español que arrimar la sardina al ascua que más calienta. En los movimientos pendulares de la política española, los partidos de moda se llenan de arribistas, esos personajes sin escrúpulos que lo único que buscan es su propio beneficio.

El arribismo es transversal. El partido que más lo sufrió fue precisamente la Falange, con aquella disputa de los camisas viejas con los que de repente se habían leído todos los libros de José Antonio y que llegaron a controlar el país tras la Guerra Civil. Y el segundo puesto es, sin duda, para el PSOE de Felipe González, el partido que más se parecía a los españoles de los años setenta y ochenta, y que más se pobló de todo tipo de personajes carentes de toda ideología pero que iban a usar al partido de moda para prosperar en la vida, a cualquier precio.

Cualquiera que conozca mínimamente cómo funciona un partido político conoce esos ciclos de la vida en la que un día estás muy arriba y el teléfono no para de sonar, y otro estás tocando fondo. En la cresta de la ola suele haber cola para afiliarse. En el momento valle toca hacer EREs y cerrar sedes. Por el camino, si el partido aguanta, se acaba poblando de seres resistentes, como dicen que hacen las cucarachas ante un ataque nuclear, que sobreviven.

Muchos partidos se han protegido ante la llegada de este tipo de advenedizos, pero no es fácil. Cuando hacen falta manos para remar siempre se acaba tirando del que se ofrece, no del más pulcro, el más ideologizado o incluso el que sabes que es más honesto. Cuando vienen duras, a veces los que aguantan son esos arribistas que esperan un momento mejor, pacientemente. Ya llegará su turno.

El caso Koldo no ha podido sorprender a muchos de los más cercanos a este asesor de José Luis Ábalos. Entiendo que ni al propio presidente del Gobierno ni por supuesto a medio Ferraz. Hay arribistas a los que es fácil reconocer, a los que se ve desde lejos, pero que en ocasiones se decide mirar para otro lado porque hacen falta. Hasta que se convierten en una bomba.

Quiero entender que no hay ninguna ideología democrática que sea corrupta por naturaleza. No lo debería ser un conservador o un progresista al que le importe el bien común por encima del particular. Pero la política se está convirtiendo en los últimos años en un lugar que expulsa más que atrae en el que al final lo que queda es la resistencia, en el peor sentido de todos: aquellos que aguantan lo que le echen, que se agarran a lo que sea porque ya vendrán tiempos mejores, en los que por encima de la disputa ideológica está la puñalada trapera y donde se suele hablar bastante poco de los problemas reales de la gente. Cuando hasta hace bien poco, tras el interesante 15M, no era así.

Es normal que nadie en su sano juicio quiera formar parte de una centrifugadora que arrasa reputaciones, vidas y salud mental, y que esos huecos que se dejan sean ocupados por los Koldos de la vida, muy listos a la hora de prosperar pero muy torpes para robar. Me he leído gran parte del sumario de este caso y si algo eran los protagonistas de esta trama era torpes y muy cutres. Y es que hasta para robar, y que no te pillen, hay que saber.

La unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil de Córdoba arrestó el pasado miércoles a un agente en la propia Comandancia del Instituto Armado, según han confirmado a este periódico fuentes oficiales. El arresto se produjo, según las fuentes, después de que se detectara en un componente de la Comandancia “una actuación irregular y una conducta anómala en sus quehaceres diarios”.

Este agente fue sometido a una investigación interna que ha derivado en su arresto. Según ha podido saber este periódico, el guardia civil está acusado de cuatro delitos: prevaricación, falsedad documental, malversación y cohecho. Se está investigando si se puede ampliar la acusación, después de su arresto y el registro de su domicilio, donde los agentes recopilaron documentación. También han sido arrestados varios empresarios, a los que a finales de esta semana se les leyeron sus derechos. También se han registrado sus domicilios. Todos han quedado en libertado con cargos.

La denuncia parte de la propia Guardia Civil que a su vez puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Córdoba. Y fue la Fiscalía la que formuló la acusación a principios de este mismo año y la trasladó a la Audiencia Provincial en forma de denuncia para que se iniciara una instrucción.

Según ha podido saber este periódico, el agente habría sido el responsable de diversos contratos de obra que se han ejecutado en los últimos años en la Comandancia de la Guardia Civil. Se investiga si ha podido amañar contratos menores para beneficiar a determinadas empresas relacionadas con él mismo.

En los últimos años, la Comandancia ha recibido varias partidas presupuestarias del Ministerio del Interior para llevar a cabo obras de rehabilitación en el cuartel de La Victoria, en Córdoba capital. Las instalaciones policiales están muy deterioradas, por su antigüedad. Este cuartel tiene ya más de 100 años. De hecho, las asociaciones de la Guardia Civil llevan años reclamando una restauración integral de unas instalaciones que en muchas ocasiones apenas cumplen con las condiciones mínimas para el desarrollo del trabajo policial.

El caso está bajo secreto de sumario y siendo dirigido por el Juzgado de Instrucción número seis de Córdoba. Los hechos investigados son desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha exigido al gobierno local de José María Bellido cumplir con la ley 2/2023 de protección a las personas que informen sobre posibles irregularidades y lucha contra la corrupción, por lo que le ha instado a poner en marcha un canal de denuncias que cubra tanto al Ayuntamiento como a sus organismos autónomos y sociedades mercantiles.

Según el socialista, este canal de denuncias debiera haber sido implantado en junio del pasado año, pero sólo Cecosam lo tiene en estos momentos puesto en marcha. 

“El canal de denuncias es una herramienta de lucha contra la corrupción, establecido en una directiva europea y en la ley enunciada, para que los empleados públicos y cualquier otra persona puedan denunciar irregularidades, desde la confidencialidad o el anonimato, y poder prevenir y detectar infracciones o delitos”, ha insistido el portavoz municipal, que ha puesto en valor que esta vía serviría para poder detectar de manera temprana la comisión de irregularidades y para luchar contra el fraude y la corrupción. 

Así, aduce que el canal de denuncias “debe permitir su presentación por escrito o de forma verbal garantizando la confidencialidad o el anonimato del denunciante para evitar represalias”, para lo que el Gobierno local deberá nombrar a un responsable o Autoridad Independiente de Protección al Denunciante, elaborar un reglamento y establecer un protocolo de actuación.

También deberá decidir si se externaliza la plataforma del canal de denuncias o se crea una propia. No obstante, Hurtado aclara que “no podemos confundir el canal de denuncias con los buzones de quejas, reclamaciones y sugerencias de los que disponen muchos ayuntamientos, ya que son cosas distintas”. 

Hurtado afirma que “vamos demasiado tarde” y que ha constatado, por las preguntas que ha hecho tanto en Comisión como en el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, “que no lo tienen claro y que el Gobierno de Bellido no le está dando prioridad alguna”. 

También critica que el portal de transparencia no esté actualizado, acumulando un retraso en los datos de hasta año y medio en estos momentos. “La dejadez de la administración municipal tiene consecuencias, ya que los proveedores consultan los datos del portal de transparencia y al no estar actualizados tienen que solicitar la información al Ayuntamiento y esperar a que se le remitan para poder hacer ofertas a los anuncios municipales”. 

El portavoz socialista también reprocha la demora de años en la puesta en marcha de la nueva plataforma del portal de transparencia que se contrató a una empresa externa por 200.000 euros, financiado con fondos europeos y anunciada su puesta en marcha para finales del 2022 y 2023, no cumpliéndose hasta ahora la puesta en funcionamiento de esta nueva plataforma.

El pasado lunes, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desembarcaron en la provincia de Córdoba. Su objetivo en esta ocasión era un compañero del instituto armado, y no uno cualquiera, sino un comandante. Los agentes tenían el objetivo de arrestar a Rubén V. C., comandante del instituto armado, condecorado por la Asociación Nacional del Santo Ángel Custodio de España, veterano de la lucha antiterrorista y actual agregado de Interior en la embajada de España en Venezuela. El motivo: ser el responsable del presunto chivatazo a Koldo García en el marco de la investigación contra la presunta organización criminal de la operación Delorme, según han avanzado a elDiario.es fuentes próximas a la investigación.

El agente es cordobés, natural de Benamejí, aunque nunca ha ejercido en la provincia. No obstante, en la provincia vive su familia. La Guardia Civil le arrestó el lunes, registró su vivienda cordobesa en busca de pruebas y documentación, y le dejó en libertad, con el compromiso de que compareciera este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que es el encargado de la investigación del conocido como caso Koldo. Según la información de elDiario.es, Ismael Moreno le ha tomado declaración como investigado y ha decretado su libertad tras requisarle el pasaporte y prohibirle la salida de España. Está imputado por organización criminal y cohecho.

El guardia civil tiene rango de comandante y actual destino en Venezuela, aunque en estos momentos se encontraba en España. Su mujer, incluso, habría solicitado una excedencia en su actual puesto de trabajo para acompañarle al otro lado del Atlántico. Sus compañeros del instituto armado le acusan de haber tejido una estrecha relación con Koldo García, muy relacionado también con la Guardia Civil por su papel en la lucha antiterrorista en el País Vasco y Navarra. R.V.C llegó a Euskadi tras jurar como teniente, concretamente al puesto de Durango, en Bizkaia, donde permaneció unos meses. De ahí pasó al Servicio de Información de la provincia, periodo en el que ascendió a capitán. A partir de ahí, en 2013, fue destinado a las mismas tareas pero en servicios centrales. Entre 2013 y 2018, estando destinado en la Unidad Central Especial (UCE) 1 de la Guardia Civil estableció contacto con Koldo García, colaborador de distintos servicios y vinculado al Partido Socialista de Navarra.

En 2017 fue juzgado junto a otros tres guardias civiles más tras ser acusado por una detenida de Ekin por torturas. Tras el juicio, fue absuelto y trasladado al servicio de información de la Guardia Civil, pero en funciones contra el terrorismo de corte islamista. Pero los investigadores señalan que en todo este tiempo mantuvo un estrecho contacto con Koldo García y lo sitúan como uno de los responsables de un presunto aviso policial al antiguo asesor de José Luis Ábalos. De hecho, la trama investigada sabía por la inspección fiscal que estaban siendo investigados al menos desde el año 2022 y ya en 2023 que había otra investigación policial en su contra en marcha.

Es más, una de las apariciones de otros cordobeses en escena, los hermanos Cristian y Rubén Corvillo, afiliados socialistas, se produce precisamente cuando el empresario Víctor de Aldama, presuntamente, trata de despatrimonializarse y cambiar de titularidad los bienes supuestamente adquiridos con las comisiones logradas por la venta de las mascarillas. De Aldama tenía relaciones con los hermanos Corvillo a través de varias de sus sociedades. La Guardia Civil trata de investigar si también llegó a transmitirle la titularidad de un chalet en la exclusiva urbanización de La Moraleja a uno de ellos.