La Asamblea 8M Córdoba, concejales de Hacemos Córdoba y la candidata por Córdoba de Por Andalucía a las elecciones de la Junta de Andalucía, Rosa María Rodríguez, se han concentrado esta mañana a las puertas de la única clínica que hay en Córdoba de interrupción voluntaria del embarazo para denunciar lo que consideran una campaña de “coacción e intimidación” contra las mujeres que acuden a ejercer su derecho al aborto. Esta acción surge como respuesta a la campaña de 40 días por la vida mediante la cual, grupos ultracatólicos se sientan junto a la puerta de Gynetrisur a “rezar por el no nacido”.

Portando carteles con proclamas como Frente a vuestro juicio, nuestra sororidad; ¿Qué haría vuestro dios si viera cómo acosáis a mujeres? o Fuera acoso de las puertas de las clínicas, la representante de la Asamblea, Raquel Arranz, ha criticado duramente al gobierno municipal del PP por no tomar medidas “para evitar el hostigamiento de estos grupos ultracatólicos”. Según ella, el Ayuntamiento se ha “aferrado” a su postura “provida”, llegando incluso “a presentar una enmienda a la totalidad” contra la moción feminista presentada con motivo del 8 de marzo para cambiar sus reivindicaciones.

“Las feministas tenemos que ser quienes pongamos otra vez el cuerpo para defender nuestros derechos frente a un gobierno municipal que dice ser provida y, por ello, no va a hacer absolutamente nada”, ha declarado Arranz, quien ha sostenido que las instituciones “son plenamente conscientes de la situación de indefensión que sufren las mujeres en el siglo XXI”. Es la segunda vez que la Asamblea se concentra frente a la clínica tras hacerlo el pasado 16 de marzo.

Por su parte, la candidata de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha señalado directamente a la Junta ante la falta de garantías para realizar abortos “libres, seguros y gratuitos” en hospitales públicos, lo que obliga a las mujeres a acudir a clínicas privadas, haciéndolas “fácilmente identificables” y vulnerables al acoso de los colectivos antiabortistas. Además, ha denunciado que el Gobierno andaluz “está subvencionando a estas asociaciones mediante el desvío de fondos que originalmente pertenecían al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)”.

Antes de la lectura de un manifiesto feminista, ambas portavoces han cuestionado la coherencia del discurso “provida” de estos grupos y de las instituciones que los apoyan. En ese sentido, Rodríguez ha criticado que estas organizaciones una preocupación “infinitamente” mayor por la vida intrauterina que por la vida extrauterina, afeándoles la falta de posicionamiento de estos sectores frente a crisis humanitarias o problemas sociales graves y han recriminado a estos grupos ultras “la ausencia de protestas por la muerte de niños y niñas en el genocidio en Palestina o por la situación de la infancia en Cuba debido al bloqueo estadounidense”. Además, ambas mujeres han instado a estos grupos “a trasladarse al Obispado de Córdoba para pedir justicia por las víctimas de pederastia dentro de la Iglesia Católica”.

A pesar de la presión de los grupos ultracatólicos, el movimiento feminista asegura contar con el respaldo de la ciudadanía cordobesa. Según Arranz, durante los días que dura esta campaña, numerosos transeúntes les animan a continuar con su labor de apoyo a las mujeres y denuncian como una “barbaridad” que se siga permitiendo esta intimidación en la actualidad.

Integrantes de colectivos feministas y “personas defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres” se han concentrado este lunes a ante una clínica en Córdoba donde para defender “el derecho al aborto libre y sin acoso”, el que “sufren las mujeres en las puertas de las clínicas”, como es el caso, donde se practica la interrupción voluntaria del embarazo.

Según ha informado la Asamblea 8M de Córdoba en una nota, “este acoso viene de las mujeres que rezan durante toda la cuaresma, y también en otros momentos puntuales del año, en las puertas de las clínicas en todo el estado español”, igualmente ante esta clínica de la capital cordobesa.

La movilización ha surgido “como respuesta a la presencia de estos grupos organizados que, con sus rezos y acciones, buscan intimidar, señalar o estigmatizar a las mujeres que ejercen un derecho reconocido legalmente”.

Las convocantes de la concentración de este lunes han recordado que “las creencias particulares no pueden situarse por encima de los derechos de las mujeres, ni convertirse en una herramienta de presión en un momento especialmente vulnerable”, como es el de realizar una interrupción voluntaria del embarazo. Además, las mujeres que rezan contra el aborto “increpan con frecuencia a las mujeres que acuden a la clínica y son una herramienta de presión a las trabajadoras de la misma”.

Por eso, las concentradas este lunes han querido dar su “apoyo a quienes acuden a las clínicas a ejercer su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, así como visibilizar el rechazo social al acoso que se produce en estos espacios públicos”, asegurando que, “frente a los rezos estará la reivindicación de la libertad de decidir de las mujeres sobre sus cuerpos”, en el marco de la defensa de “un aborto libre, seguro y sin acoso”.

Un año más, el movimiento ultracatólico 40 Días por la Vida ha vuelto a concentrarse en Córdoba frente a Gynetrisur, la única clínica acreditada para la interrupción voluntaria del embarazo en la capital. Desde este miércoles y hasta el próximo 29 de marzo —durante toda la Cuaresma— voluntarios del colectivo se turnarán para sentarse en un banco situado junto al centro sanitario con el objetivo, aseguran, de “rezar”. La pasada reforma del Código Penal no sancionó estos “rezos” y no incluyó un perímetro de seguridad. Justamente este miércoles, el Ministerio de Igualdad ha anunciado que estudia la posibilidad de establecer esa zona para evitar concentraciones antiaborto en el entorno de las clínicas.

La campaña ha empezado a las 9:00. A esa hora ya hay una mujer sentada en el banco. Durante media hora, reza, escucha algo en su móvil e intercambia algunas palabras con dos hombres mayores que pasan por su lado. Tras ella, llegan otros dos voluntarios, un hombre y una mujer. Ella tiene 47, él, 62. Aseguran a este periódico que la motivación principal que les lleva a seguir esta acción es su “fe cristiana”. Para ellos, la oración es “la herramienta para confiar en la Virgen María una causa” que, aseguran, les “duele como cristianos”. “Toda vida es un regalo de Dios que debe apoyarse tanto al inicio como al final”, insisten.

Para ellos, esto no supone ninguna forma de coacción ni intimidación a las mujeres que acuden a esta clínica a ejercer su derecho al aborto o, simplemente, a informarse. “No nos dirigimos a ellas y ni las miramos, simplemente, rezamos”. ¿No es ya un acto intimidatorio rezar a escasos metros de la clínica?, preguntamos. “No. El solo hecho de ver personas que están rezando por estas mujeres les ha movido a cambiar de opinión”, asegura la voluntaria, añadiendo que también ofrecen ayuda a las mujeres “para evitar una decisión que luego les destroza la vida”. En su argumentario, esta mujer sostiene que la verdadera intimidación suele venir “de familiares y no de su presencia”, que recalca, consiste en rezar “el Rosario”.

Sin embargo, según ha podido saber este medio, la situación se complica una vez finaliza esta campaña. Tras la Cuaresma, y en los días en los que hay quirófano [interrupciones del embarazo], grupos de personas regresan a las puertas de la clínica y, en ocasiones, se producen episodios de hostigamiento que han obligado a la dirección del centro a solicitar la intervención de la Policía Nacional. “Solo dos días a la semana hay quirófanos, pero esta gente sabe cuándo y viene”, señalan a este medio fuentes de la clínica.

Algunas pacientes -entre ellas, menores de edad- han visto incrementado su nerviosismo al tener que atravesar concentraciones en la entrada del centro. En ciertos casos, optan por la salida trasera, que es menos conocida, para evitar el contacto. Sin embargo, según estas mismas fuentes, en alguna ocasión los manifestantes también se han situado en esos puntos.

La denuncia de ACAI: “La reforma del Código Penal se ha quedado corta”

Desde la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) consideran que la reforma del Código Penal se ha quedado “corta” y ha resultado “insuficiente” para proteger tanto a las mujeres como a los profesionales sanitarios. Aunque la normativa sanciona el acoso en estos entornos, la asociación denuncia dificultades prácticas para su aplicación.

“El principal problema técnico-jurídico es demostrar el acoso ante un juez”, señalan. Para que exista delito, explican, debe probarse una violencia explícita, reiterada y dirigida contra una persona concreta. Si los voluntarios se relevan o no existe contacto físico, la reiteración resulta difícil de acreditar, aunque el impacto emocional persista.

ACAI rechaza las tesis del colectivo ultracatólico y sostiene que la mera presencia frente al centro, el uso de rosarios o cartelería, y la ocupación del espacio próximo a la entrada “interpelan directamente a las mujeres” e invaden “su espacio vital”, incluso sin contacto físico -que, según afirman, sí se ha producido en alguna ocasión-.

Por ello, la asociación reclama la creación de una “zona de seguridad” de al menos 200 metros alrededor de las clínicas, similar a las existentes en países como Inglaterra o Irlanda, donde se limita la presencia de concentraciones en las inmediaciones de estos centros.

Anuncio del Ministerio de Igualdad de establecer una zona de seguridad

Precisamente este miércoles, el Ministerio de Igualdad ha anunciado que estudia la posibilidad de establecer un perímetro de seguridad para evitar concentraciones antiaborto en el entorno de las clínicas. Desde ACAI consideran que la falta de una medida estatal responde a la ausencia de una “voluntad política firme”.

Ante ese vacío, algunos ayuntamientos han recurrido a sus ordenanzas municipales. Es el caso de Málaga, donde -según explican desde la asociación- se ha aplicado la normativa sobre uso del mobiliario urbano y convivencia ciudadana para alejar a manifestantes que dificultaban el libre tránsito.

Desde la organización también apuntan que el acoso se intensificó tras la aprobación en 2010 de la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo sin tutela. Al cerrarse la vía de la ofensiva legal, sostienen, la presión se trasladó al exterior de las clínicas. En diciembre, integrantes de Juventudes Falangistas de Córdoba colocaron carteles en mobiliario urbano próximo al centro con mensajes como “Peligro de muerte. Aquí se asesinan niños todos los días”.

La provincia de Córdoba registró un total de 1.319 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) durante el año 2024, lo que supone un incremento respecto a los 1.268 casos notificados en 2023. La subida es de un 4%. Sin embargo, en un dato que contrasta con la tendencia general, el número de abortos en el colectivo de mujeres más jóvenes (menores de 20 años) descendió a nivel provincial el año pasado, pasando de 190 en 2023 a 177 en 2024, lo que ha supuesto un descenso de casi el 7%.

Estos datos se desprenden del informe oficial y definitivo publicado por el Ministerio de Sanidad, que sirve como un sistema de vigilancia para analizar esta práctica sanitaria en España. El análisis de los datos permite trazar un perfil sociodemográfico de las mujeres que recurrieron a una IVE en Córdoba. La franja de edad con mayor número de intervenciones fue la de 20 a 24 años, con 307 casos, seguida por el grupo de 30 a 34 años (278) y el de 25 a 29 años (258). En el extremo más joven de la tabla, se registraron 8 interrupciones en menores de 15 años y 169 en jóvenes de entre 15 y 19 años.

En cuanto al nivel educativo, la mayoría de las mujeres contaban con estudios secundarios. El grupo más numeroso fue el de “ESO y equivalentes” (475 mujeres), por delante de “Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes” (366) y de aquellas con estudios universitarios (207). Respecto a su situación familiar, casi la mitad de las mujeres, 622 de ellas (un 47,2%), no tenían hijos en el momento del aborto.

Además, para la gran mayoría, esta fue su primera interrupción voluntaria del embarazo: 844 mujeres (un 64%) no tenían abortos previos, mientras que 337 ya habían pasado por uno con anterioridad.

Se informan en centros públicos, pero acuden a la sanidad privada

La causa que motiva la interrupción es, de forma abrumadoramente mayoritaria, la petición expresa de la mujer, que supuso el 94% de los casos (1.239). Los motivos de índole médica, como el riesgo de graves anomalías en el feto (52 casos) o el grave riesgo para la vida de la embarazada (25 casos), fueron minoritarios. La mayoría de estos procedimientos se realizan en etapas muy tempranas de la gestación. Concretamente, 954 intervenciones (el 72,3%) se llevaron a cabo en las primeras 8 semanas de embarazo.

Un dato significativo del informe es el relativo al uso de métodos anticonceptivos. Más de la mitad de las mujeres, 716 casos, no utilizaban ningún tipo de anticonceptivo en el momento de la concepción. Entre las que sí lo hacían, el método de barrera fue el más común (358 casos), seguido de los hormonales (190 casos).

Además, el informe revela un hecho destacable en la provincia de Córdoba: el Centro Sanitario Público fue el principal lugar de información para las mujeres, con 1.236 casos (el 93,7%), frente a los 57 que acudieron a centros privados para informarse. Sin embargo, la realización de las intervenciones sigue un camino diferente. El único centro notificador de IVE en la provincia fue la clínica privada GYNETRISUR, S.L.

Aunque no se dan datos específicos de Córdoba, el informe sí que muestra que la tendencia de la comunidad autónoma es que el 99,7% de los abortos se realizaron en centros extrahospitalarios privados, lo que induce a pensar que, aunque nueve de cada diez mujeres acudan a informarse del proceso a centros públicos, la mayoría interrumpe su embarazo en clínicas privadas.

Viernes de Dolores y se pone fin a la campaña promovida por grupos ultracatólicos en España que ha llevado a que, durante 40 días, haya habido personas a las puertas de la clínica Gynetrisur “rezando” por el no nacido. Frente a esto, IU y la activista feminista Lucía Figueredo han llevado a cabo una acción reivindicativa en la que han interpelado a quienes han secundado esta campaña, exigiéndoles respeto y que su fe “no cabe” en las decisiones de quienes acuden a este centro médico a abortar.

Antes del inicio de la acción, un trabajador de Sadeco se encontraba limpiando la palabra “pro-muerte” que estaba escrita en el banco donde usualmente se sientan las mujeres a “rezar” junto a un cartel de la campaña, denominada 40 días por la vida. Debido a esto, las dos participantes que este viernes se encontraba “rezando” se han colocado en el siguiente banco, donde han defendido su derecho a libertad de expresión y a “proteger el derecho a la vida”. A juicio de estas dos mujeres, lo que hacen es “simplemente rezar” y no coaccionar, ya que “incluso nos colocamos de espaldas al centro sanitario”. A preguntas de las periodistas, han declarado que si las mujeres que van a esta clínica se sienten violentadas, “tiene otra puerta por la que entrar”.

Amparadas en el argumentario de la libertad de expresión, han asegurado que “muchas mujeres se sienten obligadas a abortar por su entorno”, aunque reconocen que durante estos 40 días, solo una chica, según el testimonio de estas mujeres, se ha acercado para recabar información. Y, ¿por qué no rezar en las iglesias en lugar de hacerlo frente una clínica abortiva?, pregunta a la que responden afirmando que ya lo hacen y una de las participantes llega a comparar esta acción “con la libertad que tiene un musulmán de rezar en cualquier sitio”.

En contraposición, una treintena de personas feministas han participado en el acto organizado por IU en “solidaridad con las mujeres que hacen uso de sus derechos, como es el de la interrupción voluntaria del embarazo” y que prevén repetir cada vez que esta campaña antiabortista se ponga en marcha. El acto ha consistido en un rezo lleno de feminismo y de respeto hacia la libertad de la mujer. La responsable del Área Feminista de IU Córdoba, Raquel Arranz, y la activista feminista Práxedes Pérez han denunciado que los “rezos” frente a la clínica constituyen una forma de “coacción encubierta” organizada y financiada por la Iglesia Católica, interpretándolo “como una reacción ante el avance de los derechos de las mujeres”. Además, han criticado duramente que la delegada de Igualdad, Marian Aguilar, quien en el Pleno municipal del pasado mes de febrero catalogó estos actos como “libertad de expresión”.

Ambas han explicado que la libertad de expresión no puede amparar la “coacción, la presión y el acoso” que sienten las mujeres al acercarse a la clínica, ya que se produce “una revictimización” del cuerpo de las mujeres, y han recordado que la legislación española protege el derecho al aborto. Dado que esta acción se repite anualmente desde 2021, tanto Arranz como Pérez han lamentado que “se haya normalizado en la ciudad durante años” y han trasladado “su firme decisión de no permanecer pasivas”. Por ello, han exigido al nuevo obispo de Córdoba que cese“ la financiación y organización de este tipo de actos perjudiciales para las mujeres y la ciudad”. Fuentes de esta campaña han precisado que son “ecuménicos y, por tanto, independientes a la institución de la Iglesia”.

Asimismo, las feministas que han llevado a cabo esta acción han instado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a garantizar de manera efectiva el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los centros públicos de salud andaluces.

Finalmente, han emplazado al alcalde de Córdoba, José María Bellido, “a velar por los derechos de todos sus ciudadanos, más allá de afinidades personales, y a ser consciente de que se está intentando vulnerar un derecho fundamental”. Por último, han criticado la inacción de la Policía Local, “que se escuda en la libertad de expresión para no intervenir” ante lo que las participantes de este acto feminista consideran una “coacción” y “presión” sobre las mujeres. Esta acción también ha coincidido con un desfile procesional de los alumnos de una escuela infantil concertada con la Junta de Andalucía.

El portavoz municipal del PSOE, Antonio Hurtado, junto con la concejala de Hacemos Córdoba, Irene Ruiz, y la edil del PSOE en el Ayuntamiento, Alicia Moya, han anunciado este martes la presentación de un escrito de denuncia ante la Fiscalía de Córdoba contra la campaña publicitaria de la Asociación Católica de Propagandistas (ACP) que vincula el aborto con las personas con síndrome de Down. Los representantes políticos consideran que esta campaña, instalados en mupis del Ayuntamiento, incurre en un delito de odio al invadir derechos fundamentales y situarse al borde de la legalidad.

Hurtado ha explicado que esta acción legal es una ampliación de la denuncia presentada por ambos grupos municipales contra otra campaña de esta entidad y que catalogaron de “tránsfoba”.“Venimos a unir otra más que ha llevado a cabo en nuestra ciudad y que han unido dos mensajes: por una parte, síndrome de Down y, por otra parte, el derecho al aborto”. Hurtado ha añadido que ambos grupos consideran “necesario acudir a la Justicia porque estas campañas están siempre al borde de la legalidad” y consideran que en este caso la han sobrepasado, existiendo “indicios de delito de odio”.

Por su parte, la concejala de Hacemos Córdoba, Irene Ruiz, ha centrado su intervención en criticar la campaña por criminalizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, especialmente al contraponer esta decisión con la felicitación por el día de la visibilización del síndrome de Down. Ruiz ha calificado de “hipócrita” a la asociación, defendiendo que las mujeres “no son hipócritas, sino que simplemente ejercen un derecho amparado por la ley, conquistado con mucho esfuerzo”.

En esa misma línea, la concejala del PSOE, Alicia Moya, ha expresado el “cansancio” de las mujeres ante el señalamiento e insultos por ejercer su derecho al aborto. También ha criticado la “hipocresía” de la “ultraderecha”, que defiende el “derecho a la vida” del no nacido, pero apoya políticas que ponen en riesgo la vida de otras personas, con relación a la devolución de menores extranjeros no acompañados. Moya ha lamentado la inacción del Ayuntamiento de Córdoba y de la delegación de Igualdad ante esta campaña, acusándolos de tener un “feminismo de postureo”. Cabe recordar que la Fiscalía de Córdoba trasladó a la de Madrid la denuncia por la campaña ¿La mujer nace o se hace?, “dado que el domicilio social de la ACP está” en la capital española, tal y como ha apuntado Hurtado.

De forma unánime, los representantes municipales han criticado la “pasividad del gobierno local”, señalando que las campañas se exhiben en mobiliario urbano que pertenece al Ayuntamiento a través de concesiones administrativas, “lo que implica una obligación de fiscalización de los contenidos por parte del consistorio”, ha explicado Hurtado. Además, han recordado la existencia de una ordenanza de publicidad que regula la no difusión de mensajes discriminatorios a la vez que Ruiz ha recordado que “la delegada de Igualdad, Marian Aguilar, ya expresó en el pleno de febrero su postura contraria al aborto, lo que explicaría la falta de acción municipal”.

El Fórum de Política Feminista de Córdoba ha remitido un escrito en el que exige e insta a las administraciones competentes, a la Subdelegación del Gobierno y al Ayuntamiento de la capital, a que actúen de manera inmediata contra la campaña de “rezos” de colectivos provida ante las puertas una clínica en la que se realizan abortos.

En su escrito -al que ha tenido acceso este periódico-, exigen “la actuación inmediata ante la campaña 'Rezamos por la vida'” que se desarrolla desde el pasado 5 de marzo y con una duración de 40 días por colectivos provida. “El lugar elegido para estos rezos es, una vez más, la clínica Gynetrisur, donde acudimos las mujeres para ejercer nuestro derecho al aborto”, indican.

“No es la primera vez, que se aglutinan grupos, cuya acción no tiene otro fin, que coaccionar, acosar y agredir a las mujeres que van a ejercer un derecho reconocido por la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que en el 2022 se modificó para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo”m recuerdan.

En ese sentido, exigen a la Subdelegación del Gobierno y al Ayuntamiento de Córdoba que actúen “de forma inmediata, con las medidas correspondientes para el cumplimiento de la reforma de la ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que en el 2022, el texto incluye un nuevo artículo en el Código Penal (el 172 quater) para castigar con una pena de prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días a quienes se concentren a las puertas de las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y hostiguen y coarten de este modo la libertad de las mujeres. Hostigar, molestar y presionar a las mujeres que deciden abortar es un delito, y esta práctica es diaria”.

Junto a ello, el Fórum de Política Feminista de Córdoba denuncia “las subvenciones por parte del Ayuntamiento de Córdoba a asociaciones y grupos de presión antiabortistas bajo el eufemismo Córdoba ciudad por la vida”.

Finalmente, recuerdan que “la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho reconocido en nuestra legislación y, como tal derecho, está a disposición de quien quiera utilizarlo, sin obligar a quien no quiera hacer uso de él”. El Fórum de Política Feminista ha recogido firmas entre particulares y colectivos para apoyar sus reivindicaciones.

El PSOE de Córdoba ha anunciado que volverá a acudir a la Fiscalía para ampliar las denuncias presentadas anteriormente contra campañas ultras en mobiliario municipal de la capital, esta vez por el uso de personas con síndrome de Down en publicidad antiabortista pagada con fondos de una asociación ultracatólica y exhibida en el mobiliario urbano que gestiona el Ayuntamiento.

Lo ha adelantado la concejala socialista en el Consistorio cordobés Alicia Moya, que subraya en un comunicado el “insulto y la utilización zafia y manipuladora de las personas con síndrome Down” en una nueva campaña donde “el gobierno municipal se pone de perfil ante los desafíos y ataques de la ultraderecha a los derechos conseguidos por generaciones de mujeres, escondiéndose tras declaraciones de feminismo que luego no practica y permitiendo que en nuestra ciudad se señale a las mujeres que deciden voluntariamente interrumpir un embarazo”.

Moya ha instado al gobierno del PP a retirar esa publicidad de las marquesinas al igual que solicitaron anteriormente con la campaña que señalaba a las mujeres trans, y sobre la que el PSOE presentó denuncia en la Fiscalía que ahora ampliará “por atentar no sólo contra el derecho de las mujeres, sino contra la dignidad de las personas Down”.

“El fundamentalismo ideológico de la ultraderecha lleva a pensar que no se puede defender el derecho individual de interrumpir un embarazo a la vez que reconocer la valía de cualquier persona, tenga o no discapacidad”, ha opinado Moya, que insiste en que “la misma dignidad y derecho que tiene una persona con síndrome Down para desarrollar en plenitud su vida, la tiene una mujer para decidir, en función de sus particulares circunstancias, interrumpir un embarazo”.

Para la edil, “las mujeres no necesitamos tutelas a la hora de tomar decisiones, sobre todo si tienen que ver con nuestro cuerpo, y menos de aquellas organizaciones que se permiten el lujo de insultar, juzgar y señalar a quien no comparte su opción de vida”.

En este sentido, ha afirmado que es hipócrita “la defensa del derecho a la vida desde la concepción y a la vez exigir la devolución de todas las personas inmigrantes que llegan a nuestro país”, “que el ayuntamiento no haga nada por evitar este tipo de campañas en las marquesinas de nuestra ciudad pese a que su concesión está en manos de una empresa contratada a la que el propio Consistorio le pone las condiciones de uso”, y que “el Gobierno local no acepte en el último pleno una moción que llevaba como acuerdo un control más exhaustivo sobre la publicidad en mobiliario urbano que atente contra la dignidad de las personas y que diga a la vez que es feminista”.

La Asociación Católica de Propagandistas, responsable de la campaña publicitaria que ha sido denunciada en la Fiscalía de Córdoba por “tránsfoba”, ha instalado en marquesinas de autobús en Córdoba otra acción, esta vez enmarcada en el Día Mundial del síndrome de Down, y que busca atacar el derecho al aborto usando a las personas que tienen este trastorno genético.

El Día Mundial del síndrome de Down se conmemora este viernes y desde entonces se pueden ver en las marquesinas una campaña en la que tacha de “hipócritas” a quienes abortan o son defensores de la interrupción voluntaria del embarazo, pero que, sin embargo, hoy “felicitan” a las personas con Down. Todo ello acompañado del #UnPoquitoHipócrita. Según ha podido saber este medio, la asociación -que ha colocado uno de estos carteles a apenas 30 metros de distancia de la única clínica abortiva de Córdoba- busca con esta acción “reivindicar el derecho a la vida y la dignidad de las personas con Trisomía 21”.

El cartel incorpora un código QR que redirige a un vídeo breve en el que se ofrecen datos de los abortos que se producen en países como España, Eslovenia, Dinamarca o Islandia cuando se detecta que el bebé tiene síndrome de Down, aunque no se ofrece la fuente de esos datos. Según los mismos, en España, “el 83% de los niños con síndrome de Down son abortados”.

Este periódico ha podido contactar con la asociación Down Córdoba, cuyo gerente -Luis Javier Trillo Molino-, ha asegurado que se ha enterado de la campaña al verla en la calle. Aunque ACP afirma que la ccampaña“ha venido precedida de múltiples contactos con distintas asociaciones vinculadas a las personas con síndrome de Down”, Trillo confirma que nadie de esta asociación ha contactado ni con la organización que preside ni con Down España. Sobre una valoración de la campaña, el gerente de Down Córdoba ha rehusado hacer comentario alguno, pero sí ha aclarado que no hay relación alguna entre ellos y la asociación que ha promovido la acción.

Además de en Córdoba, según ACP, la campaña puede verse en los municipios de Alicante, Benidorm, Jávea, Elche, Villajoyosa, Alcoy, Valencia, Murcia, San Javier, Almería, Sevilla, Camas, La Puebla del Río, Santiponce, Málaga, Marbella, Torremolinos, Algeciras, Sanlúcar de Barrameda, Granada, Badajoz, Albacete, Cuenca, Zaragoza, Calafell, Logroño, Vigo, Oviedo, Avilés, Bilbao, Burgos, León, Ávila, Zamora, Valladolid, Santander y Madrid.

Petición para que se elimine de la Ley del Aborto la discriminación por discapacidad

Cabe señalar que desde que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobara en 2010 la ley del aborto y hasta la actualidad, Down España ha exigido un cambio en el apartado en el que se permite el aborto hasta la semana 22 en caso de riesgo de graves anomalías en el feto. Según la entidad a nivel nacional, este supuesto permite el aborto por motivos de discapacidad, “otorgando así un menor valor a la vida de los fetos con discapacidad en comparación con aquellos sin discapacidad”. A juicio de Down España, pese a respetar la libertad de la mujer de abortar legalmente, “si existen plazos para la interrupción voluntaria del embarazo”, estos deben “ser iguales para todos los fetos, tengan o no discapacidad, garantizando así la verdadera igualdad”.

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha lamentado que “el sí a la vida encuentra hoy escollos a salvar, como es la reivindicación del derecho a decidir la matanza de esa vida, si no resulta placentera”, postura ésta que obvia que “desde la concepción somos personas”, es decir, “desde el instante mismo en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide”.

Desde es momento, según ha señalado Demetrio Fernández en su carta semanal, recogida por Europa Press, “Dios crea el alma y tenemos una nueva vida, una nueva persona, con todos los derechos de vivir y con todas las obligaciones de quienes le rodean para no interrumpir su proceso de maduración”.

Sin embargo, según ha señalado, “el aborto se ha generalizado en España, de manera que son más de dos millones y medio los niños que han sido abortados desde que se aprobó la Ley del Aborto en 1985. Toda una catástrofe para la población española, que sufre esa carencia de natalidad”, y “en el mundo entero son más los muertos por el aborto que por la guerra, que nos resulta horrible”.

Por otro lado, según ha argumentado, “en la fiesta de la vida encontramos otro reto, que va ampliándose fruto del egoísmo que descarta a quienes no valen. Es la vida de los ancianos, de las personas terminales, de las que merecen cuidados paliativos y no los encuentran”.

Ante tales situaciones, según ha subrayado en su carta el obispo de Córdoba, “la eutanasia no es solución, ni el suicidio asistido. La persona que está bien atendida no quiere morirse. Quien quiere morirse es porque ha sido descartada ya hace tiempo por quienes debieran cuidarla”.

Por todo ello y como conclusión, Demetrio Fernández, ha llamado a que, “en esta fiesta de la Anunciación-Encarnación, acudamos a María. Ella es especialmente protectora en los momentos críticos de la historia, y estamos en un cambio de época, con múltiples amenazas”, mientras que “abrazar, acoger y cuidar la vida es construir esperanza”.

El gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba ha defendido que los “rezos” de grupos ultracatólicos, autodenominados provida, a las puertas de la única clínica que realiza abortos en la provincia cordobesa, Gynetrisur, se realizan desde “la libertad de expresión”.

Así ha respondido en el Pleno del Ayuntamiento la delegada de Igualdad, Marián Aguilar, a una pregunta del grupo municipal Hacemos Córdoba respecto a si el gobierno municipal iba a tomar alguna acción ante estas acciones que “intimidan y violentan” a las puertas de la clínica a las mujeres que van a ejercer su derecho para abortar.

“¿Se va a hacer algo para que las mujeres que en el ejercicio de su voluntad quieren hacer uso de su derecho puedan hacerlo sin que nadie las intimide ni las violente?”, ha preguntado la edil Irene Ruiz, de Hacemos Córdoba. Como respuesta, la delegada de Igualdad ha reiterado que quienes realizan los “rezos” ante la clínica lo hacen “en el derecho a su libertad de expresión”.

“Desde Igualdad no se va a actuar porque entendemos que ejercen su libertad de expresión (...) Defendemos la libertad de expresión y el derecho”, ha asegurado Aguilar, para recordar además la apuesta del gobierno municipal del PP de “apoyo a la vida” y “a la maternidad”.

Desde Hacemos Córdoba se ha argumentado que practicar esos “rezos” a las puertas de la clínica a donde van las mujeres que quieren abortar “no es libertad de expresión, es un ejercicio de intimidación y violentación (sic) hacia unas mujeres que están ejerciendo su derecho” (...) y eso está recogido en el Código Penal“.

Como ha avanzado Cordópolis, los grupos autodenominados provida ya se están organizando para iniciar la campaña 40 días por la vida, que comenzará el próximo 5 de marzo, coincidiendo con el inicio de la Cuaresma, y finalizará el 13 de abril.

Amparados en la libertad de expresión y en que los participantes “solo rezan” -tal y como aseguran-, como en anteriores ocasiones, para el próximo mes de marzo se están organizando en turnos, de 9:00 a 20:00, para que no haya ni una sola franja horaria sin cubrir. Hasta el año pasado, los “rezos” se realizaban hasta las 21:00-. Además, los grupos siempre son de menos de 19 personas para evitar solicitar un permiso a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba.

En 2022, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, sufrió una modificación para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. La reforma incluyó, incluso, una pena de prisión de tres meses a un año a quien acosara “a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad” con el objetivo de “obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”.

Sin embargo, esta reforma no impide que grupos ultracatólicos se sigan concentrando ante esta clínica de Córdoba, y por toda España, para llevar a cabo estas acciones para “proteger al no nacido”. Es decir, para que las mujeres que allí acudan no ejerzan su derecho al aborto. Por tanto, rezar a las puertas de las clínicas abortivas no es delito, siempre y cuando las personas que secundan esta campaña no obstaculicen la entrada o impidan a las mujeres acceder a estos centros sanitarios.

Ya lo dijeron en 2022 y, tres años después, se seguirán produciendo en Córdoba los “rezos” de grupos ultracatólicos, autodenominados provida, a las puertas de la única clínica que realiza abortos en la provincia cordobesa, Gynetrisur. Según ha podido conocer este periódico, los voluntarios ya se están organizando para iniciar la campaña 40 días por la vida, que comenzará el próximo 5 de marzo, coincidiendo con el inicio de la Cuaresma, y finalizará el 13 de abril.

Amparados en la libertad de expresión y en que los participantes “solo rezan” -tal y como aseguran-, como en anteriores ocasiones, para el próximo mes de marzo se están organizando en turnos, de 9:00 a 20:00, para que no haya ni una sola franja horaria sin cubrir. Hasta el año pasado, los “rezos” se realizaban hasta las 21:00-. Además, los grupos siempre son de menos de 19 personas para evitar solicitar un permiso a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba.

En 2022, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, sufrió una modificación para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. La reforma incluyó, incluso, una pena de prisión de tres meses a un año a quien acosara “a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad” con el objetivo de “obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”. Sin embargo, esta reforma no impide que grupos ultracatólicos se sigan concentrando ante esta clínica de Córdoba, y por toda España, para llevar a cabo estas acciones para “proteger al no nacido”.

Es decir, para que las mujeres que allí acudan no ejerzan su derecho al aborto. Por tanto, rezar a las puertas de las clínicas abortivas no es delito, siempre y cuando las personas que secundan esta campaña no obstaculicen la entrada o impidan a las mujeres acceder a estos centros sanitarios.

Tras esta reforma, quienes están detrás de esta campaña nacional facilitaron a sus voluntarios una “declaración de paz” para evitar que sus acciones puedan catalogarse como acoso. Además, para la presente campaña -que se llevará a cabo en otras ciudades como Madrid, Barcelona, Alicante, Burgos, Bilbao o Málaga-, sus promotores han difundido un protocolo de actuación en el que se pide que los participantes de cada turno se conozcan previamente y eviten cualquier tipo de conversación con otro tipo de personas.

Asimismo, el protocolo establece que, en caso de agresión verbal, los participantes no deben “responder y seguir rezando”, además de llamar a la Policía o grabar si se produce una agresión física. En Córdoba, en anteriores campañas se han producido altercados menores por quienes las rechazan por lo que, sabedores de esto, los promotores defienden que lo que hacen es “rezar y no acosar”, y que “la opinión subjetiva y particular de los viandantes o de las personas que trabajan en el abortorio no decide quién comete o no delitos”.

De hecho, tras la reforma de la ley, estos grupos provida manifestaron que “con las prácticas habituales” que realizan “es casi imposible” demostrar que cometen acoso “por la falta de interacción de los orantes”.  Por tanto, los organizadores no reconocen que, aunque no interactúen con las mujeres que acuden a estas clínicas -según ellos-, sus actuaciones suponen acoso. “La recomendación de nuestros abogados es la de seguir con nuestro comportamiento habitual. Esta ley no va con nosotros”, aseguraron. Quienes participan en esta campaña defienden a capa y espada que no acosan a nadie y que tan solo ofrecen información a quienes se interesan.

¿Qué está fallando en la educación sexual? En una sociedad donde es fácil informarse sobre la necesidad de usar métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados o contraer cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual, los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad son realmente alarmantes. Y es que, en el 55,5% de los abortos que se produjeron en Córdoba durante 2023, ni ellas ni ellos habían usado ningún método anticonceptivo.

Anualmente, Sanidad da a conocer sus informes anuales, que se publican desde 1987. Desde esa fecha hasta este último, el porcentaje de personas que hacían uso de anticonceptivos durante sus relaciones sexuales apenas superaba el 33% hasta 2017. A partir de ese año, el porcentaje ha ido aumentando hasta llegar al 55,5% en 2023.

Durante ese año, la única clínica privada que realiza abortos en Córdoba -Gynetrisur- registró 1.268 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), un 4% más que en 2022. Pese a este incremento, la provincia cordobesa cerró 2023 a la cola de abortos en Andalucía, donde se realizaron 19.474 (el 18,8% del total de España). Por provincias, donde más abortos se realizaron en Andalucía en 2023 fue en Sevilla, con 4.960. A ella le siguen Málaga (4.381), Cádiz (2.592), Almería (2.045), Granada (1.882), Huelva (1.548), Córdoba y Jaén (798).

Solo en el 44,5% de los embarazos sí hubo métodos anticonceptivos

Sobre el uso de anticonceptivos, solo en el 44,8% de los embarazos no deseados que acabaron en aborto en 2023 en Córdoba se comunicó que usaba algún tipo de método.

Según la estadística de Sanidad, en el 26,8% de los casos se utilizaban métodos barrera; en el 13%, hormonales; en el 1,65%, naturales; y en el 0,78%, mecánicos.

Crecen también los abortos en jóvenes menores de 20 años

Otro dato a tener en cuenta es que el 15% de los abortos que se produjeron en 2023 en Córdoba -190- afectaron a jóvenes menores de 20 años. Hay que viajar mucho en el tiempo, casi 20 años atrás, para encontrar una cifra superior, ya que fue en 2004 cuando se produjeron 223 abortos en jóvenes de esta edad (de los 1.267 que se realizaron).

En 2023, de esos 190, 63 chicas tenían 19 años; 53, 18 años; 37, 17 años; 20, 16 años; 14, 15 años; y tres, 14 años. En el 55,2% de los casos -105- se afirmó que no se usaban métodos anticonceptivos, mientras que el 44,8% sí utilizaba alguno.

Ampliando el espectro de edad, de los 1.268 registrados en Córdoba en 2023, en el grueso de los abortos se produjeron -el 43%-, las mujeres tenían entre 20 y 29 años.

Por el motivo de interrupción del embarazo, el 93,29% de los abortos se llevaron a cabo a petición de la mujer y en el 6,71% restante hubo motivos relacionados con la salud de la madre o del feto. Por nivel de instrucción, el 73% eran mujeres con estudios superiores a la Enseñanza Secundaria Obligatoria y en el 44,82% de los casos se trató de mujeres no tenían hijos.

Asimismo, se repite la tónica general que apunta que las mujeres que nunca antes habían abortado son la mayoría. De las 1.268 que decidieron interrumpir su embarazo en 2023 en Córdoba, el 64,8% lo hicieron por primera vez (822) frente al 0,64% que había abortado más de cuatro veces a lo largo de su vida (27).

Por último, el 95,42% de las mujeres recibieron información en un centro sanitario público y en el 68,84% de los casos se produjo el aborto en la octava semanas o menos.

Durante sus 15 años como obispo de Córdoba, Demetrio Fernández nunca le ha temido a la polémica ni a las críticas sociales que pudieran surgir tras sus numerosas proclamas con el feminismo, el colectivo LGTBI o el derecho al aborto.

Desde su llegada a la Diócesis de Córdoba, el prelado ha lanzado mensajes tanto en sus homilías como en sus cartas semanales que han sido censurados por sectores de la población que no veía en ellas la realidad de la sociedad. Estas reiteradas declaraciones críticas han llevado a denuncias por parte de colectivos y personas individuales, como a apostasías colectivas como las que se llevaron a cabo en 2017 y 2022.

Comparar el asesinato de Ruth y José con el aborto

En octubre de 2012, Fernández apenas llevaba dos años presidiendo el Obispado de Córdoba y la ciudad aún se reponía de la noticia que sorprendió a todos en verano: los huesos hallados en Las Quemadillas no eran de roedores, sino de dos niños de las edades que tenían Ruth y José cuando “desaparecieron” en octubre de 2011. La sentencia llegaría en 2013, cuando la Audiencia Provincial condenó al padre de los menores, José Bretón, a 40 años de cárcel por el doble asesinato.

El drama que supuso este caso en la sociedad española fue usado por el obispo de Córdoba en 2012 para denunciar el derecho al aborto. “Ningún crimen tan horrible como el del aborto, cuando una madre se ve en la situación de matar al niño que ha concebido en sus entrañas. Que el seno materno, el lugar más seguro y más cálido para el ser humano, no sea nunca más un lugar de amenaza para el ser humano naciente, ya desde su concepción, incluso antes de su anidación en el útero materno”. “No vale invocar el derecho de la madre para matar a su hijo. ¡Ningún padre, ninguna madre tiene derecho a matar a su hijo! Que Ruth y José nos lo hagan entender a todos”, llegó a afirmar.

El aborto, “una matanza de inocentes”

Las críticas al aborto han sido una constante desde su llegada al Obispado de Córdoba; un derecho que ha definido como “una matanza de inocentes” y que “no puede ejercerse cuando está en juego la vida de un sujeto humano, porque la decisión presionada por intereses egoístas, no respeta la vida y elimina al que estorba”.

En otra ocasión ha señalado que la vida “ha de ser acompañada y protegida, precisamente cuando es más frágil”, de modo que “la decisión de eliminar a los que estorban, o por su minusvalía o por su calidad de vida o por una falsa compasión (para que no sufran), es una postura arrogante, que se considera juez y dueña de la vida de los demás”.

Cabe recordar que la Escuela de Magisterio Sagrado Corazón -centro privado religioso adscrito a la Universidad de Córdoba (UCO)-, convocó en 2017 el premio Madre y maestra de vida a través del cual “galardonaba” con 2.000 euros a las estudiantes universitarias que se habían quedado embarazadas y habían decidido continuar con la gestación. Tras esta polémica, la UCO emitió un comunicado en el que aseguraba que la adscripción académica no suponía “compartir las iniciativas” de este centro.

También sobre el aborto, en otra carta de abril de 2018, alababa a aquellas “universitarias” que, ante “un embarazo imprevisto, contra viento y marea han adoptado la postura contracultural de aceptar al hijo de sus entrañas, no han cedido a la presión homicida y ahora gozan de su criatura, que no cambiarían por nadie ni por nada en el mundo”.

Las mujeres no tienen el “don” para ejercer el sacerdocio

Entre sus primeras cartas semanales más polémicas está la que publicó en junio de 2013, cuando afirmó que la mujer “jamás” podrá ser sacerdote, ya que “no se trata de un derecho, sino un don”. “La Iglesia ha establecido que la ordenación sacerdotal solo puede concederse a varones y es algo que no podrá ser reformado nunca jamás, porque el papa Juan Pablo II la ha dictado apoyado en el ejemplo de Jesús, en la Palabra de Dios, en la tradición viva de la Iglesia y en su infalibilidad pontificia”.

El feminismo como “una bomba atómica”

La ideología de género “es una bomba atómica que quiere destruir la doctrina católica y la imagen de Dios en el hombre y la imagen de Dios Creador”. Así se manifestó Demetrio en agosto de 2016 sobre la Ley contra la LGTBIfobia del Gobierno de Madrid, sumándose a una nota emitida entonces por los obispos de Getafe y Alcalá de Henares.

En aquellas declaraciones, el obispo de Córdoba aseguraba que “¡cómo no lo vamos a compartir! Lo que el Papa dice, lo compartimos todos los obispos”, y que lo defendido por quienes eran sus compañeros era la tesis que defendía el papa Francisco. “Teniendo delante lo que dice él -este, los anteriores y los que vengan-, tenemos lo que piensa la Iglesia”.

Estas declaraciones llevaron al entonces diputado del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, a iniciar una recogida de firmas para que la Fiscalía actuara ante lo que pudieran ser declaraciones “homofóbicas”.

El papel de la mujer, “dar calor al hogar”

Su visión machista de la mujer también ha llevado a Demetrio a asegurar que el papel de esta es el de “dar calor en el hogar” mientras que “cuanto más varón sea el varón, mejor para todos en la casa”. En concreto y según la visión del obispo, el hombre “aporta particularmente la cobertura, la protección y la seguridad”.

En el caso de la mujer, en diciembre de 2015 opinaba que esta “tiene una aportación específica, da calor al hogar, acogida, ternura. El genio femenino enriquece grandemente la familia”, de modo que, “cuanto más mujer y más femenina sea la mujer, mejor para todos en la casa. Esa complementariedad puede verse truncada por la falta de uno de ellos, y la familia más amplia -abuelos, tíos- puede suplirla”.

El matrimonio es “indisoluble”

En 2015, y en alusión a las reformas dentro de la Iglesia plantadas en aquel momento por el papa Francisco sobre el divorcio y la nulidad matrimonial, Fernández defendió que “nadie puede deshacer -ni siquiera el Papa- lo que Dios ha unido por voluntad de los esposos en el sacramento del matrimonio”. En esa línea, defendía en una carta pastoral que la Iglesia debe mantener su máxima de “lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre” y planteaba que el matrimonio es “indisoluble” y el divorcio, “una verdadera plaga”.

Cambio en el nombre de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Si hay una polémica por la que el obispo de Córdoba tuvo que dar marcha atrás es la que tiene que ver con la forma de llamar a la Mezquita-Catedral de Córdoba. Fernández siempre defendió que el monumento es una Catedral exclusivamente que se asienta sobre una antigua mezquita. El discurso oficial de la Diócesis alcanzó al Cabildo, que le cambió el nombre al monumento, que oficialmente pasó a llamarse Catedral de Córdoba, antigua mezquita aljama, en minúscula. La protesta ciudadana, impulsada por la plataforma Mezquita Catedral, provocó la indignación de la Unesco. El Cabildo acabó rectificando y eliminando toda la cartelería de la visita turística, y el templo pasó a llamarse Conjunto monumental Mezquita-Catedral de Córdoba.

La reproducción asistida, “un aquelarre químico”

En esa misma línea, el prelado ha llegado a comprar las técnicas de reproducción asistida con un “aquelarre químico de laboratorio” para defender el modelo de familia que la Iglesia toma de ejemplo y que se forma “por la unión de los esposos que normalmente se convierten en padres”. A su modo de entender “la procreación”, los hijos deben ser fruto del “abrazo amoroso de los esposos”, algo que en su opinión “no puede sustituirse nunca por la pipeta de laboratorio (fecundación 'in vitro')”. Por ello, “todo tipo” de fecundación artificial “rompe” la armonía de la creación. 

Estas palabras llevaron a un científico cordobés, David Lozano –doctor en Ingeniería, investigador en Gestión de Recursos Hídricos y antropólogo-, lanzo a través de Change.org una petición para proteger a los menores contra su discriminación en función del origen su concepción.

Contra la Ley de Eutanasia

El proyecto de Ley de Eutanasia del Gobierno también encontró, en marzo de 2020, el rechazo del obispo de Córdoba, ya que, a su juicio, la norma suponía “un nuevo ataque a la dignidad de la persona” y “una nueva actuación de la cultura de la muerte”, cuando lo que debe es dedicar más medios a cuidados paliativos para “matar” el dolor de los enfermos y no a estos, pero sin llegar al encarnizamiento terapéutico, pues tampoco hay que “prolongar la vida a toda costa”.

Alegría tras la llegada de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía

El 2 de diciembre de 2018, Andalucía afrontó una jornada electoral en la que, aunque ganó el PSOE, el PP -por primera vez en su historia- se hizo con la presidencia de la Junta tras un pacto de Gobierno con Ciudadanos y acuerdo con Vox para lograr sus votos. Los populares y la formación naranja pusieron, así fin, a casi 40 años de gobiernos socialistas, lo que llevó al obispo de Córdoba a mostrar su “alegría” porque Andalucía se había convertido en la “pionera del cambio social”.

“Andalucía tiene una sensibilidad propia, Andalucía sabe lo que quiere y a donde va. Harta de promesas incumplidas, que la tienen a la cola en tantos aspectos, pide a gritos ser protagonista de su propia historia, y que no contradigan sus sentimientos más nobles”, añadía en una carta semanal titulada Vuelco en Andalucía.

Esta carta también tuvo una respuesta de Hurtado, que acusó al prelado de apoyar“ al fascismo” y estar muy contento con Vox.

La unidad de España

Tras el referéndum de independencia de Cataluña, que se celebró el 1 de octubre de 2017, Fernández defendió en una homilía que “la patria está en peligro” y acompañado de mandos policiales y autoridades civiles de la provincia con motivo de la festividad de los Ángeles Custodios -patrón de la Policía Nacional. Ocho años después, alertó de nuevo de la “desintegración de la unidad de España” y apeló al espíritu del apóstol Santiago para la difusión de la fe católica para evitar “ese mal”.

Por ninguno de estos mensajes, ni el obispo ni la Diócesis de Córdoba han formulado jamás ninguna rectificación.

Elia Baena, la joven cordobesa que fue asesinada presuntamente por su pareja en El Rubio, estaba embarazada cuando su novio decidió acabar con su vida. Así consta en el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial de Sevilla en el que se solicita 42 años de prisión para el único procesado por esta causa. El joven se encuentra en prisión provisional pocos días después de los hechos.

En dicho escrito, facilitado a este medio por la Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, se ponen de manifiesto los continuos malos tratos que la menor de 17 años recibía por parte de su pareja. De hecho, la Fiscalía recoge que, “probablemente”, la discusión previa al asesinato se produjo tras constatar Elia que se encontraba embarazada.

Según el Ministerio Público, el acusado -que se enfrentará a un juicio por jurado en la Audiencia Provincial de Sevilla- golpeaba e insultaba a la joven con habitualidad, ostentando frente a ella una posición de dominio. Como muestra de ello, la Fiscalía relata hasta tres episodios de malos tratos y amenazas hacia Elia. Así, el 11 de enero de 2023, con intención de hacerle daño, el acusado la habría golpeado en la cabeza y en la cara, dejándole hematomas en los ojos.

Tan solo cuatro días después, el procesado le habría dicho “como te peque un guantazo vas a escupir los dientes” con intención de intimidarla. Igualmente, el 25 de febrero de 2023, el joven le dijo que le iba a “pegar un tiro a ella y otro al perro”, que le iba “a volar los sesos” y que le iba “a pegar un tiro en la cabeza”. Después, envío a la víctima un vídeo en el que exhibía una pistola.

El asesinato de Elia lo estima el fiscal entre la 1:00 y las 4:00 del 27 de febrero del año pasado. La joven se hizo dos pruebas de embarazo que revelaron que estaba esperando un bebé. En el seno de la discusión debido a esta noticia, el procesado habría cogido una escopeta y se habría posicionado sobre la joven, anulando toda posibilidad de defensa por parte de ésta, que estaba reclinada en el sofá. Instantes después, el procesado habría puesto el cañón de la escopeta a menos de cinco centímetros de la cabeza de la joven y, con intención de acabar con su vida, habría disparado, muriendo la joven y el embrión.

Estos hechos, según la Fiscalía, son constitutivos de los siguientes delitos: asesinato, malos tratos habituales y lesiones en el ámbito de la violencia de género, dos delitos de amenazas graves, uno de tenencia ilícita de armas y otro de aborto. Además, concurren las agravantes de parentesco, ya que se trataba de su novia, y la de género, dado que actuó porque la víctima era una mujer.

De acuerdo a estos delitos, el Ministerio Fiscal solicita los siguientes años de prisión: 25 años por el asesinato, ocho por el aborto, cuatro por las amenazas, tres por la tenencia ilícita de armas, uno por los malos tratos y otro por las lesiones. Además, en relación a la pena por el asesinato, pide que no se efectúe el tercer grado hasta que no cumpla la mitad de la pena impuesta.

A su vez, reclama imponer al acusado la prohibición de residir en la localidad de El Rubio  o de acudir a la misma por un plazo de 25 años, así como comunicarse por cualquier medio, escrito o telemático, o aproximarse a menos de 250 metros de los familiares y allegados de la víctima.

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha exigido este viernes, Día de la Mujer, al gobierno local que “se deje de postureos y trabaje de verdad por la igualdad implicando a toda la maquinaria administrativa de la que dispone, cosa que no hace”, al tiempo que le ha culpado de “atentar contra los derechos individuales de las mujeres al incrementar las subvenciones nominativas a entidades antiabortistas hasta los 78.000 euros”.

En una rueda de prensa, Moya ha reprochado que “la estrategia del PP es la de aparentar defender la lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres, pero se desenmascara cuando ponen en práctica sus políticas y acepta los postulados negacionistas de la ultraderecha”. Por ello, ha indicado que “en el PSOE estamos acostumbrados a las continuas contradicciones del PP, que dice apoyar el discurso básico de la igualdad, pero no aplican medidas políticas concretas, sino que se quedan en un discurso vacío y hueco”.

Una de las líneas municipales que más ha criticado Moya es la del “incremento paulatino de los convenios nominativos destinados a entidades antiabortistas con hasta 78.000 euros, cuyo importe se acerca a la cantidad total destinada a la línea de subvenciones en concurrencia competitiva de la Delegación de Igualdad, que es de 90.000 euros”. “Y todo ello, frente a los 15.000 euros para un solo convenio nominativo a una asociación feminista”, ha agregado.

“La demostración definitiva de esa contradicción es la reciente declaración de Córdoba como ciudad ProVida, echándose en los brazos de las organizaciones que luchan contra el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su cuerpo y cuándo llevar a término o interrumpir un embarazo”, ha censurado la socialista.

“Ya expresamos en el Pleno que no es compatible que Córdoba sea una ciudad feminista, defensora de los derechos de la mujer, una ciudad igualitaria, y que sea declarada ciudad ProVida --ha especificado--, puesto que esa declaración atenta contra los derechos individuales de las mujeres, nos devuelve a la época en la que se ponía en cuestión nuestro derecho a decidir libremente y acepta los postulados de la ultraderecha que presionan socialmente a las mujeres y favorecen la desigualdad”.

Según ha expuesto la edil, “la mayor herramienta que tiene Bellido es el presupuesto, y lejos de presentarlo con un informe de impacto de género como anunciaron, que facilite a las mujeres el acceso y control de recursos económicos, de tiempo, espacio o información; pretenden hacernos creer que adjuntar algunas fichas de valoración asociadas a programas es suficiente”.

Por ello, ha reprochado que “el Consistorio no tiene elaborado su propio Plan de Igualdad al que la ley obliga desde 2020 y del que tienen que disponer las empresas de más de 50 trabajadores”. “Presupuesto, Plan de Igualdad y Plan transversal de Género son las mayores herramientas de las que dispone el Ayuntamiento para trabajar en favor de la igualdad entre mujeres y hombres, pero en dos de ellos falla por ridiculez de la propuesta o por su ausencia total, y del tercero haremos seguimiento para saber si se lleva a cabo o duerme en un cajón”, ha aseverado la concejal.

Podemos Córdoba manifiesta su absoluta oposición a la moción aprobada el 18 de enero por la derecha y la ultraderecha del Ayuntamiento de Córdoba en la que, el Partido Popular y el señor alcalde José María Bellido a petición de Vox declara la guerra a los Derechos Humanos de las mujeres.

Podemos Córdoba dice sí a la vida, a una vida digna y en libertad para todos, todas y todes. Sí al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Sí al derecho al aborto libre, seguro y gratuito.

La derecha y ultraderecha arranca una campaña en contra del derecho al aborto. En nuestra ciudad lo hacen desde el Consistorio, con una moción en la que declaran a Córdoba “Ciudad abierta a la vida”. Este nombre oculta que realmente no es otra cosa que una moción para apoyar, aún más, económica y organizativamente, a las asociaciones antiabortistas que trabajan en Córdoba.

No es casual que esta moción coincida con la noticia de que “Antiabortistas volverán a “rezar” a las puertas de una clínica de Córdoba” (Cordópolis 23/01/2024). Curiosamente, un partido que en 2015 demandaba que los escraches fueran considerados delito de terrorismo, anima a ellos en contra de aquellas que no comparten su ideología y su moral. No obstante, según la Ley vigente desde abril de 2023, es un delito el acoso a estas clínicas, y por tanto lo que esperamos del Gobierno local es que tome las medidas para que estas acciones no se produzcan, no que las anime aprobando la moción antiabortista de Vox.

Tenemos memoria. El PP, un partido que se autodefine como el más constitucionalista, se niega a aceptar la legalidad cuando el Tribunal Constitucional le dice que no tiene razón. Recordemos que en 2010 el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la “Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.” El Tribunal Constitucional lo desestimó íntegramente en una sentencia en la cual dice textualmente que el aborto es un derecho constitucional: “Derechos constitucionales que exigen del legislativo el respeto y reconocimiento de un ámbito de libertad en el que la mujer pueda adoptar razonablemente, de forma autónoma y sin coerción de ningún tipo, la decisión que considere más adecuada en cuanto a la continuación o no de la gestación.”

Desde la moción referida, los partidos que se escandalizan por la cifra de menores que optan por una interrupción voluntaria del embarazo son los mismos que les niegan una educación afectivo-sexual eficaz, un derecho de niños, niñas y adolescentes recogido por la OMS y van más allá, imponiendo en los centros educativos su programa de adoctrinamiento contra el derecho al aborto.  

Aquellos partidos que reflejan en su moción que los problemas económicos son la principal causa para recurrir al aborto son los mismos que votan en contra de la subida del salario mínimo. Partidos que dicen pretender resolver en Córdoba el problema de los embarazos no deseados con la más falsa, antigua, e insuficiente medida de “ayudas por nacimiento”. Pan para hoy y hambre para mañana. 

Partidos que respecto al aborto siguen hablando de asesinatos de niños no nacidos, en contra de todo el derecho internacional y de la OMS, y sin embargo, apoya al Gobierno Sionista de Israel refrendando con ello el asesinato de más de 10.000 niños palestinos.

Unidos a lo peor de la iglesia católica nada ha cambiado en la derecha española desde el fin de la dictadura franquista hasta hoy. Son inmovilistas y mantienen una moral del siglo pasado que pretenden imponer, aunque para ello incumplan la Constitución y las leyes vigentes.

La realidad española no es la que deseamos desde Podemos, pero tampoco la que la derecha y ultraderecha sueña. Es la que refleja la reciente encuesta del CIS que indica que “el 83,9% cree que las mujeres aún sufren desigualdad respecto a los hombres”, “el 80% aprueba que un hombre se defina como feminista” y que “el 87,8% aprueba que un hombre recrimine a sus amigos en caso de que tengan comportamientos machistas”. No obstante el foco no se puso en estos datos, lamentablemente, se miró desde el punto de referencia de los varones. Como señala Gerardo Tece en un artículo en Contexto del 16/01/2024 “con un 80% de los grandes medios en manos de intereses económicos cercanos a la derecha, menos de la mitad de los hombres sienten como un problema la lucha de las mujeres por la igualdad”.

Esta es la realidad, aunque la sociedad misma no sea consciente de cuanto y de qué manera hemos avanzado ahora España es otra.

Por tercera vez, el movimiento pro-vida de Córdoba -bajo la iniciativa 40 días por la vida- se reunirá a las puertas de la única clínica abortiva que hay en la capital para “rezar por la vida”. Tal y como ocurriera en 2023, esta acción se llevará a cabo en Cuaresma, del 14 de febrero al 24 de marzo.

De manera ininterrumpida, siempre y cuando tengan “voluntarios”, personas provida estarán “rezando” desde las 9:00 y hasta las 21:00, amparados en su libertad de expresión, aluden. En 2022, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, sufrió una modificación para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. La reforma incluyó, incluso, una pena de prisión de tres meses a un año a quien acosara “a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad” con el objetivo de “obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”.

Sin embargo, esta reforma no incluyó que rezar las puertas de las clínicas abortivas sea delito, siempre y cuando las personas que secunden esta campaña no obstaculicen la entrada o impidan a las mujeres acceder a estos centros sanitarios. No obstante, también es cierto que la norma establece dichas penas de prisión para quienes desarrollen “actos molestos”, sin un concepto jurídico desarrollado, por lo que una interpretación de la ley podría llevar a incluir estos “rezos” en este apartado.

Además de en Córdoba, esta campaña se realizará en la misma fecha en las siguientes ciudades y localidades: Albacete, Burgos, Castellón de la Plana, Donostia, El Puerto de Santa María, Elche, Gijón, Madrid, Murcia, Oviedo, Pamplona, Santander, Sevilla, Talavera, Toledo y Valladolid.

En el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba celebrado el jueves 18 de enero, se ha aprobado con los votos del gobierno municipal del PP que tiene mayoría absoluta y el apoyo de Vox, una propuesta presentada por este último grupo para declarar a Córdoba como “municipio por la vida”. Finalmente se ha aprobado.

Los acuerdos adoptados en dicho Pleno del Ayuntamiento de Córdoba señalan, “que para el año 2024, dentro del Área Social y Ciudadana, se cree el Programa Municipal de Apoyo a la Maternidad y a la Vida, dotándolo de los recursos necesarios para ello”.

La Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en su preámbulo dice: El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos por parte de la comunidad internacional surge como respuesta a las demandas del movimiento feminista que, desde hace más de tres décadas, ha insistido en colocar en la agenda política la importancia de la protección de estos derechos, desde el consenso sobre su estrecha relación con el goce y disfrute de otros derechos humanos plasmados en los tratados internacionales.

El derecho a la salud sexual y reproductiva forma parte del derecho de todas las personas al más alto nivel posible de salud física y mental. La Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de junio de 2021, sobre la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Unión, en el marco de la salud de las mujeres, incide sobre la importancia de garantizar los derechos sexuales y reproductivos en la Unión Europea, en el marco de la salud de las mujeres, al definir la salud reproductiva y sexual como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con todos los aspectos de la sexualidad y la reproducción.

La ley que dice todo esto y más en su preámbulo aún está en vigor afortunadamente, y es de obligado cumplimiento. En ella se ofrecen las máximas garantías a las mujeres que decidan interrumpir un embarazo no deseado, porque esa decisión corresponde única y exclusivamente a la mujer que decide tomarla. Sin presiones, sin la intromisión de la moral de otros, desde el respeto y la aceptación de que es ella la que siente, valora, piensa y finalmente decide. Porque tiene capacidad para decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su vida.

La IVE es un derecho reconocido en nuestra legislación, y como tal derecho está a disposición de quien quiera utilizarlo. Pero NO OBLIGA a nadie a hacer uso de él.

Todo lo que se ha aprobado en ese Pleno Municipal para declarar a Córdoba como ciudad de la vida, (no sabía yo que vivía en una “ciudad por la muerte”) me suena a COACCIÓN sobre las mujeres que, haciendo uso del derecho que les garantiza nuestra legislación, toman decisiones sobre su maternidad.

Si en lugar de ofrecer a una mujer joven, o una niña, ayuda para que geste a una criatura que luego entregará en adopción, hubieran acordado dotar de escuelas infantiles públicas y gratuitas a todos los barrios de nuestra ciudad, estarían apoyando a futuras madres.

Si instaran a nuestro Gobierno Autonómico a aplicar lo legislado sobre educación afectivo-sexual en todas las etapas de la enseñanza obligatoria, estarían contribuyendo de forma eficaz a reducir el número de IVES.

Si desde la Sanidad Pública se facilitaran anticonceptivos gratuitos desde los centros de enseñanza, y funcionaran los Centros de Planificación Familiar, aún se reduciría más el número de IVES.

Pero todo eso habría ocurrido si de verdad se quisiera mejorar la vida de las mujeres en edad reproductiva. Y parece que sus intenciones no van por ahí.

Somos nosotras, las feministas, las que cuidamos la vida, la ponemos siempre en el centro, y estamos muy atentas a las medidas que proponen las fuerzas ultraconservadoras para arrebatarnos los derechos que tanto nos ha costado conseguir.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves, con los votos del gobierno municipal del PP con mayoría absoluta y el apoyo de Vox, la creación de lo que han denominado un “programa municipal de apoyo a la maternidad y a la vida”.

Era el grupo de Vox quien había presentado inicialmente una moción sobre este asunto para declarar a Córdoba como “municipio por la vida” -cuestión que también se ha aprobado finalmente-, además de una enmienda del PP donde se acuerda la creación de diversos servicios y la difusión de información sobre el aborto entre mujeres y adolescentes.

En concreto, los acuerdos adoptados en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba con los votos de PP y Vox señalan, literalmente, “que para el año 2024, dentro del Área Social y Ciudadana, se cree el Programa Municipal de Apoyo a la Maternidad y a la Vida, dotándolo de los recursos necesarios para ello”.

Asimismo, el gobierno municipal del PP en mayoría se compromete a “difundir este apoyo real a la vida a través de coloquios, reportajes, notas de prensa y folletos informativos, presentados e impartidos por entidades y/o expertos en la materia”. Añade, también la creación de “un área concreta de divulgación sobre la realidad del aborto y sus secuelas, con conferencias, charlas e información en institutos, focalizada en adolescentes, por ser un colectivo especialmente vulnerable”.

Incluso se apuesta por “reorganizar el Ayuntamiento” para abordar este asunto, “dotándolo en caso necesario de los recursos adecuados, para poner en marcha un Servicio específico de Información y Asesoramiento Permanente para mujeres embarazadas que lo requieran, y en el que puedan tener información detallada y objetiva sobre el aborto, sus secuelas físicas, psicológicas y emocionales; y todo lo relacionado con apoyo real y asesoramiento continuo durante todo el embarazo y el parto”.

La propuesta acordada por PP y Vox también acuerda “reorganizar el Área Social y Ciudadana, dotándola en caso necesario de los recursos adecuados para poner en marcha un Programa Específico de Ayuda a los adolescentes en edad escolar y a sus familias para que, en el caso de que opten por la vida de su bebé, puedan continuar con sus estudios, con apoyo psicológico permanente e información para optar por quedarse con su bebé o cederlo en adopción, a través de Programas Específicos de Adopción con las instituciones oficiales y fundaciones expertas en esta materia”.

También se han comprometido a mantener los convenios actualmente existentes con “asociaciones, plataformas y/o fundaciones que abogan y luchan por la vida como pueden ser Adevida, Fundación Red Madre, Adoratrices y la Plataforma Córdoba por el Derecho a la Vida y estudiar la puesta en marcha de nuevas formas de colaboración” con estas.

Debate en el Pleno sobre el aborto

Desde el grupo del gobierno municipal, el PP, la concejala Eva Contador ha afirmado que “cada mujer es libre” para decidir seguir adelante con un embarazo o no, pero ha defendido que “encuentre la información suficiente sea cual sea su decisión y se encuentre acompañada y segura”. Además, ha defendido que el grupo popular entiende que “igual que la muerte llega con el último latido, la vida llega con el primero”. Y ha accedido a que se incluya la declaración de Córdoba como “municipio de la vida”.

Desde Vox, su portavoz, Paula Badanelli, ha destacado el apoyo de este grupo por “la ayuda a la vida y a la familia” pero ha lamentado que el PP no haya aprobado su propuesta para conmemorar en Córdoba el 25 de marzo como Día del Niño por Nacer. Además, ha criticado que los populares “no han hecho nada” en los dos últimos años sobre este asunto, desde que Vox ya trajo una moción en el Pleno y se aprobó sobre el apoyo a la maternidad. Igualmente, ha argumentado su postura en “más de 1.300 personas que deciden abortar en Córdoba cada año”.

Para defender la posición en contra del PSOE, la concejal Alicia Moya, ha cargado contra la intención de conmemorar “un día contra el aborto”, que ha recordado es un derecho adquirido por las mujeres. Asimismo, los socialistas se han opuesto a “influir y adoctrinar a adolescentes”, además de que sean las asociaciones provida las que realicen acciones de difusión sobre el aborto, cuando están en contra. Y ha abogado por la educación sexual para prevenir embarazos no deseados. “Esta moción es una posicionamiento en contra de un derecho de las mujeres”.

Mientras, Hacemos Córdoba ha expresado su crítica a las medidas aprobadas: “Sois unos hipócritas; no os importa la vida sino seguir mateniendo subyugadas a las mujeres”, en palabras de la edil Irene Ruiz, haciendo referencia al aborto. En ese sentido, ha defendido el derecho al aborto legalmente reconocido y ha lamentado “el blanqueamiento” de las posiciones más extremas defendidas por Vox.