La plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, ha ordenado en la mañana de este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido como presunto autor de la muerte de su expareja sentimental, ocurrida el pasado lunes en la capital cordobesa.

La medida ha sido adoptada a petición de la Fiscalía. Durante su comparecencia judicial, el investigado se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

De forma inicial, se le atribuye un presunto delito de homicidio o asesinato —cuya calificación concreta se determinará durante la fase de instrucción—, así como un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Según consta en la causa, el acusado habría incumplido la prohibición de comunicación y de aproximación a menos de 500 metros de la víctima, una medida que le fue impuesta el pasado sábado.

Dicha medida cautelar había sido acordada por la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del mismo tribunal, después de que, según la denuncia presentada por la víctima ese mismo día, el detenido accediera a su vivienda armado con un martillo, destrozara su equipo de música y la amenazara tras sujetarla por el pecho.

Por estos hechos previos, el hombre fue detenido y puesto a disposición judicial el sábado, quedando en libertad provisional con la citada orden de alejamiento, que fue la única medida solicitada por las partes en ese momento.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.

El hombre de 65 años detenido por el asesinato machista de Tulia el pasado lunes por la mañana en Córdoba permanecerá en dependencias policiales hasta el límite permitido por la ley. Tal y como ha podido confirmar este periódico, la Policía Nacional agotará el plazo legal de detención de 72 horas, ya que está previsto que el arrestado pase a disposición judicial este jueves por la mañana.

El crimen se cometió el lunes antes de las 9:00, cuando el agresor atacó a la víctima en el portal de su bloque utilizando un arma blanca de grandes dimensiones, según estas mismas fuentes. Tras el asesinato, el hombre se atrincheró en su domicilio -ubicado en el mismo edificio que el de la víctima- y ofreció una fuerte resistencia a los agentes, llegando a rociar la entrada con gas de pimienta para dificultar el acceso policial.

Tulia había denunciado a su expareja el sábado anterior después de que este irrumpiera en su casa con un martillo. A pesar de que se dictó una orden de alejamiento de 500 metros, el sistema VioGén calificó el riesgo como “medio” y el agresor no entró en prisión provisional porque ni la Fiscalía de Córdoba ni ninguna de las partes solicitaron su ingreso en la cárcel. El asesinato se produjo apenas una hora antes de que Tulia tuviera que declarar en un juicio rápido por esta denuncia previa.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha instado a revisar la respuesta a nivel nacional que ofrecen las Administraciones públicas para evitar más casos fatales de violencia machista como el ocurrido en el barrio cordobés de la Fuensanta el pasado lunes, cuando una mujer de 64 años fue asesinada por su expareja a las puertas de su casa.

En atención a los medios tras participar en las jornadas '10 años de mediación del Defensor del Pueblo Andaluz' en Sevilla, el consejero ha concretado que “la respuesta a nivel nacional se tiene que revisar”, para analizar “qué resultados están dando los protocolos” y “qué garantías” están ofreciendo las instituciones.

No obstante, Nieto ha matizado que es “muy difícil” ejecutar un protocolo que nos garantice el “cien por cien de acierto” y en el que se asegure que “no va a haber ningún tipo de desenlace fatal en estas situaciones”. En relación, ha indicado que el “riesgo cero es imposible” y que “no podemos ser tan ingenuos” de pensar que se puede garantizar la seguridad total en este tipo de casos.

“No es un problema de fallo en el Ministerio del Interior o en el Ministerio de Justicia o en la Junta de Andalucía”, ha apuntado, mientras que ha señalado que estas situaciones responden a “un fallo sistémico en la sociedad en relación a la violencia sobre la mujer”.

En esta línea, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha considerado que “no podemos pensar que solo fallan las instituciones” cuando se produce un caso de violencia machista como el ocurrido el pasado lunes en la capital cordobesa, al tiempo que ha reconociodo que, entre todos los agentes de la sociedad, debemos “hacer un análisis” para no “ser parte de una sociedad paternalista en la que todos pensamos que falla otro”.

“Hay muchas personas que todavía siguen creyendo que la violencia puede ser la solución a algo”, ha lamentado Nieto que, además, ha precisado que se requiere un “impulso permanente desde el trabajo, la familia o el entorno social de cualquier persona” para que no se produzcan “desenlaces fatales que terminan con la vida de una persona”.

En suma, el consejero ha reconocido que la sociedad “tiene que madurar y tiene que ser capaz de reaccionar ante estas situaciones”, así como ha concretado que las Administraciones públicas “tienen que poner los medios para que esas reacciones tengan atención”.

“Tenemos que concienciar a la ciudadanía para que no se tengan actuaciones de este tipo y para que arriconemos más al violento que trata de agredir a la persona a la que quiere, con la que ha convivido, y que ese tipo de prácticas pasen definitivamente a la historia”, ha declarado.

Bajo este contexto, Nieto ha apostillado que España es “uno de los países que lidera la lucha contra la violencia de género”, instando a todas las instituciones a que, cuando se produzca un caso como el de Córdoba, a “reaccionar reafirmando nuestro compromiso contra este tipo de violencia”.

Con este suceso, Andalucía contabiliza un total de cuatro asesinatos por violencia machista tras confirmar el pasado martes el Ministerio de igualdad el caso de Tulia. Existían antecedentes en VioGén y la víctima había denunciado recientemente por violencia de género al presunto agresor.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende en España a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, según ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Tulia tenía que acudir este lunes a la Ciudad de la Justicia de Córdoba para declarar por la denuncia que el pasado sábado interpuso contra su expareja por violencia machista. Iba a ser un juicio rápido, pero Tulia nunca llegó: el hombre la asesinó en el portal de su casa. Tras la denuncia, la mujer había recibido una valoración de riesgo medio y el juzgado decidió no dejar al hombre en prisión, pero sí interponer sobre él como medida cautelar una orden de alejamiento que decidió quebrar. ¿Qué falló para que, a pesar de denunciar y solo una hora antes del juicio, Tulia fuera asesinada?

Colombiana de nacimiento pero cordobesa de adopción, Tulia era muy querida en su barrio. El lunes por la tarde, sus vecinos se congregaron en la plaza de la Juventud, muy cerca del bloque donde la mujer fue asesinada y donde también vivía su agresor. El relato de la familia de Tulia muestra que no se trató de un ataque inesperado, sino de una historia de violencia. Durante la multitudinaria concentración, su hermana aseguró que Tulia vivía “calvario de libro”: el agresor la maltrataba, buscaba su perdón y ejercía un control asfixiante sobre ella, oponiéndose incluso a que la víctima recuperara su independencia a través de un grupo de senderismo.

Según asegura el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, solo consta una denuncia previa al crimen: la que Tulia, que había sido usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer, formuló el pasado sábado. Lo hizo después de un episodio especialmente violento. La mujer, de 64 años, se encontraba en su casa. Vivía en la tercera planta de un edificio y su agresor, de 65 años, en la cuarta. En un momento dado, el hombre irrumpió en el piso de la víctima portando un martillo y destrozó un equipo de música que tenía la mujer. Tras esto, según la denuncia que formuló la víctima, la habría sujetado por el pecho y amenazado con destrozarle toda la casa. Durante la comparecencia por estos hechos, el detenido se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

La plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, acordó entonces su puesta en libertad provisional, imponiendo como medida cautelar la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 500 metros de la víctima por un delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género. Ni la Fiscalía ni ninguna de las partes solicitaron su ingreso en prisión provisional ni otras medidas cautelares adicionales.

Desde ese momento, Tulia entró en el sistema VioGén y su caso se valoró de riesgo medio, según la valoración policial. Dicha valoración se produce una vez conseguida información de todas las fuentes posibles y de la toma de declaración a la víctima. De acuerdo con dicho riesgo, se establecen un conjunto de medidas policiales de protección a adoptar, que se dividen entre obligatorias y complementarias. Entre las primeras se encuentra el acompañamiento a la víctima en actuaciones de carácter judicial, asistencial o administrativo, cuando se considera que puede existir algún tipo de riesgo para la propia víctima.

Acompañar a las víctimas

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha asegurado que agentes de la Policía se ofrecieron a acompañarla a los juzgados, pero que la mujer declinó la ayuda. El exdelegado del Gobierno para la violencia de género Miguel Lorente explica, sin embargo, que la decisión de preservar la seguridad de las mujeres no puede recaer en ellas y reclama valoraciones del riesgo hechas por equipos forenses y no solo por los policiales. “Hay una minimización general de los riesgos, también por parte de las mujeres, y el sistema debe saber eso. Si los protocolos dicen que con cierto nivel de riesgo se exige un acompañamiento, ese acompañamiento debe hacerse, porque estamos hablando de un delito público, existe una obligación de actuar sobre el agresor”, subraya.

De hecho, la valoración de riesgo medio implica otras medidas obligatorias, como la vigilancia ocasional y aleatoria del domicilio o lugar de trabajo de la víctima; la comprobación periódica del cumplimiento por el agresor en las entradas y salidas en los centros escolares de los hijos –si los hubiere–; una entrevista personal con la víctima y el traslado de información a la mujer sobre las recomendaciones que se incluyen dentro del Plan de Seguridad, o la comprobación periódica del cumplimiento de las medidas judiciales de protección. En el caso del asesinato de Tulia, su agresor se saltó la orden apenas 48 horas después y solo una antes del juicio.

“¿Cuál es el objeto de ese acompañamiento policial que establece el protocolo? La seguridad de la víctima, y si la seguridad no se cubre sobre la víctima por las razones que sea, se debe adoptar una medida sobre el agresor: un seguimiento indirecto, saber dónde está el agresor, contactar con él, comprobar que está cumpliendo la orden de alejamiento, sobre todo sabiendo que esa mañana había un juicio”, insiste Miguel Lorente. El forense destaca que las mujeres deben ser informadas adecuadamente de lo que supone el nivel de riesgo que han asignado a su caso, las conductas violentas a las que está asociado, y el significado de las medidas de acompañamiento para que puedan tomar sus decisiones “con toda la información”.

Lorente alerta sobre cómo los estereotipos machistas y el negacionismo influye en la percepción social del riesgo de la violencia machista. Si solo se denuncia el 25% de los caos, prosigue, el hecho de que exista una denuncia debe hacer que el caso se considere grave. Sobre Viogen, el experto señala que muchas preguntas para valorar el riesgo estén dirigidas a la violencia física grave: “Eso es una parte de la violencia, a veces una pequeña parte, porque el agresor quiere fundamentalmente el control, no el daño, y a lo mejor está consiguiendo el control de otra manera”. En el caso de la Tulia, el relato de la familia demuestra que el asesino ejercía ese control insistentemente de distintas maneras.

“Que sirva para cambiar algo”

Ya el lunes, Tulia sacó a pasear a su perro. Era antes de la nueve de la mañana, una hora antes del juicio. De vuelta a casa, su agresor, que ya no podía vivir en el mismo edificio por la orden de protección, la estaba esperando en el portal. El hombre cometió el crimen dentro del bloque y después se atrincheró, armado, en su vivienda. Previamente, llenó la entrada al portal de gas de pimienta, lo que dificultó la entrada de los servicios de emergencia y de la Policía. El agresor pudo ser detenido, no sin antes emplear una gran resistencia.

Tulia es la víctima mortal número 16 de la violencia machista en 2026, pero es mucho más que una cifra en las estadísticas de “terrorismo machista”, como reivindicaba la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres este lunes. Tal y como explicaba su hermana, Tulia era una mujer que llegó a España hace 30 años, doctorada en Derecho Internacional y que acababa de superar un cáncer. Su hermana ha criticado el sistema judicial: “¿Cómo es posible que hace una denuncia y lo dejan libre? ¡La desprotegieron! Él no tenía nada que perder; lo tenía todo perdido. Le faltaba matarla y lo ha conseguido”.

Durante la concentración, la hija de la víctima, Lili, estalló en llanto y rabia al ver cómo en ese mismo momento, coincidiendo con el acto público de repulsa, la Policía Nacional trasladaba al detenido de vuelta a la escena del crimen para la reconstrucción de los hechos. El hijo de Tulia, Alejandro, también criticó el sistema. “Hoy ha sido mi madre. Otro día puede ser otra mujer de todas las que están aquí. La justicia no hace nada para frenar esto, no ayuda a las mujeres maltratadas. Así que, por favor, vamos a apoyar más a las mujeres y que el asesinato de mi madre sirva para cambiar algo”.

La Fuensanta, y parte de Córdoba, se ha unido en la plaza de la Juventud para recordar la figura de Tulia, la mujer de 64 años que ha sido asesinada en la mañana de este lunes presuntamente a manos de su expareja. La concentración, organizada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, ha contado con la participación de políticos y una multitud de gente que no ha querido perder la ocasión para reivindicar el feminismo como solución a la violencia de género.

Un día marcado en negro en la historia de la Fuensanta. Una multitud de jóvenes, vecinos y colectivos feministas se han concentrado ya bien entrada la tarde de este lunes en la plaza de la Juventud para pedir justicia por Tulia, la mujer de 64 años que ha sido asesinada presuntamente por su expareja. Esta concentración ha sido a escasos metros del lugar de los hechos, en el Pasaje Virgen de la Luna. Un suceso que la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha catalogado como un nuevo caso de “terrorismo machista”. Dicho acto ha contado con la presencia de los familiares más cercanos, incluidos los hijos de Tulia, Lili y Alejandro.

Tulia era una mujer que llegó a España hace 30 años y se doctoró en Derecho Internacional. Vivía un calvario de “libro”, según ha relatado su hermana ante todo el gentío. Además, la víctima acababa de superar un cáncer y estaba tratando de recuperar su independencia a través de un grupo de senderismo, algo que no gustó a su expareja. “Él la maltrataba y después quería que ella lo perdonara, explicó, detallando que, a pesar de las denuncias, el hombre, del mismo barrio de la Fuensanta, fue puesto en libertad poco antes del asesinato.

La emoción del relato de los hijos

Los primeros momentos de tensión se han vivido con el testimonio de su hija Lili. Justo cuando estaba empezando a hablar entre sollozos y lágrimas, la Policía Nacional decidió trasladar al presunto autor de los hechos, que se encontraba en la escena del crimen, lo que provocó que su reacción fuera de rabia. “¡Ha salido a la calle una hora después de haber sido arrestado! No se puede permitir que a una hora de un juicio, coja y la mate”, sentenció Lili. Por su parte, los vecinos increparon con insultos y gritos el traslado de la expareja de Tulia de vuelta a comisaría.

Minutos más tarde, y después de liberar cierta tensión, Alejandro cogió el testigo de su hermana. Con más calma dentro de la dureza de los hechos, este joven tomó la palabra para hacer un llamamiento. “Hoy ha sido mi madre. Otro día puede ser otra mujer de todas las que están aquí. La justicia no hace nada para frenar esto, no ayuda a las mujeres maltratadas. Así que, por favor, vamos a apoyar más a las mujeres y que el asesinato de mi madre sirva para cambiar algo”.

Una denuncia que “la desprotegió”

Por su parte, la hermana de Tulia ha querido engrandecer su figura, pero también cargó contra el sistema judicial. “¿Cómo es posible que hacen una denuncia y lo dejan libre? ¡La desprotegieron! Él no tenía nada que perder, lo tenía todo perdido. Le faltaba matarla y lo ha conseguido. ¡Te amo, hermana! ¡Te voy a echar de menos! ¡Te amo, Tulia!”.

Asimismo, desde la organización feminista se ha denunciado que Córdoba ha vuelto a vestirse de negro por haber llegado “una vez más tarde”. A pesar de que el caso estaba calificado como de “riesgo medio”, Tulia ha sido asesinada. “Ya son 17 las mujeres y dos criaturas asesinadas en lo que va de año. El machismo mata y la igualdad nos hace grandes”.

Para terminar con la comparecencia, dos vecinas y una amiga de la víctima han tomado la palabra para exigir que todo aquel que vea un acto machista al otro lado de su pared que responda. “Todos somos responsables. Desde nosotros hasta los políticos, pasando por los medios de comunicación y los jueces. Hay que hacer algo para que el asesinato de Tulia sea el último”, concluyeron.

Momentos de tensión y gritos los que se han vivido en la concentración que se ha realizado en la tarde de este lunes por el asesinato de Tulia, la mujer de 64 años que ha muerto presuntamente en la Fuensanta a manos de su expareja. La iniciativa, organizada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, ha coincidido con la presencia del detenido y presunto autor de los hechos en la escena del crimen.

Pese a esta simultaneidad en los hechos, la concentración ha transcurrido con normalidad hasta que Lili, la hija de Tulia, ha cogido el testigo para hablar sobre su madre. En ese momento, y con las más de 1.000 personas escuchando este relato, la Policía Nacional ha sacado del bloque al detenido. Este hecho ha provocado que varios vecinos le hayan increpado, e incluso algunos de ellos se han puesto en la trayectoria del vehículo policial, siendo identificados por los agentes.

Tras ello, la movilización en la plaza de la Juventud ha vivido unos momentos de tensión, con Lili dejando de hablar y gritando entre llantos de dolor y pena. La organización ha pedido calma. “Por favor, no actuemos como él lo ha hecho. No es lo mejor”, han añadido. Después de este hecho, Alejandro, el segundo hijo de Tulia, ha tomado la palabra para reconducir el acto.

En cambio, la concentración se ha desarrollado con normalidad ante una multitud de personas que han pedido que este tipo de sucesos no se vuelvan a repetir. La iniciativa se ha celebrado, como se ha mencionado anteriormente, en la plaza de la Juventud, a escasos metros del Pasaje Virgen de Luna.

La mató el mismo día que ella lo iba a sentar en el banquillo por violencia de género. El crimen machista de este lunes en el barrio de la Fuensanta de Córdoba ha añadido una nueva circunstancia trágica a los hechos: la mujer asesinada tenía fijado un juicio rápido por violencia de género contra la persona que presuntamente la acuchilló hasta darle muerte.

Según ha podido saber este periódico por diversas fuentes, el presunto asesino y la víctima habían sido pareja sentimental en el pasado. El pasado viernes, ella había interpuesto una denuncia contra él por violencia de género, a raíz de la cual se interpuso una orden de alejamiento (ello a pesar de que ambos vivían en el mismo bloque).

El juicio rápido se había fijado para este lunes a las 10:00 en la Ciudad de la Justicia de Córdoba, pero nunca se celebró. Y es que, poco antes de las 9:00, el presunto homicida acechaba en el portal de su expareja esperando a que ella abandonara su domicilio. Cuando la mujer lo ha hecho, el hombre ha acabado con su vida a puñaladas, para después rociar con gas pimienta el portal y atrincharse en un piso.

La Policía Nacional se ha tenido que emplear con fuerza para poder detener al presunto autor del crimen -que estaba en el Sistema VioGén-, que se ha resistido al arresto y finalmente ha sido conducido a un coche patrulla rodeado de agentes mientras los vecinos le insultaban y gritaban por haber dado muerte a su expareja.

La mujer, la primera víctima de violencia machista este año en Córdoba, tenía dos hijos.

Los vecinos de la Fuensanta se han agolpado en la mañana de este lunes en la plaza de la Juventud tras conocer el asesinato de una mujer a manos de su pareja. Antes de las 9:00, el primer asesinato machista de 2026 en Córdoba había ocurrido en el pasaje Virgen de la Luna.

“Que esto siga pasando a día de hoy es una vergüenza”, denuncian a este periódico varios de los vecinos, que han arrancado la semana marcados por el sonido de las sirenas y afectados por una tragedia. Los hechos que se ha cobrado la vida de esta mujer fueron de menos a más hasta que finalmente el furgón se ha llevado el cuerpo de la víctima.

Antes de las 9:00, los vecinos ya alertaban de que algo grave estaba pasando. “Venía a traer a mi sobrina al colegio y he visto a los bomberos decir que un hombre estaba tirando cosas por la ventana”, relata una ciudadana a Cordópolis. Minutos más tarde, la Policía Nacional y Local ya acordonaban la zona. “Entraron con escudos en el número uno y poco después escuchamos tres tiros”, explican los residentes, en referencia a unos disparos disuasorios que aún no han podido ser confirmados por fuentes oficiales.

“La han asesinado”, “por eso olía a gas, nena”, murmuraban entre ellos cuando apenas había nada confirmado. Con el paso de los minutos, el detenido salía del bloque entre insultos y con una afirmación pesimista entre los presentes: “Las denuncias por violencia de género no sirven para nada”.

Y es que todos coincidían en criticar el hecho de que agresor y víctima vivieran en el mismo bloque, pese a que existía una orden de alejamiento, tal y como ha podido confirmar este periódico. “Para qué va a denunciar una mujer, si después pasa esto”, han lamentado.

La rabia del vecindario ha acabado estallando cuando la Policía ha sacado al presunto homicida del bloque y lo ha metido en el coche patrulla. En ese momento, mientras el detenido iba rodeado de agentes, los gritos e insultos han sido lo único que se ha escuchado en el barrio, que tardará en olvidar la tragedia de este lunes.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado una sentencia de conformidad por la que ha condenado a un hombre a una pena de 18 años y dos meses de prisión por maltratar a su pareja, amenazarla e intentar asesinarla con un destornillador en Pozoblanco. Además, ha sido condenado por agredir a su hija durante este último episodio, que se produjo en agosto de 2023 en la piscina del camping de la localidad. La Fiscalía pedía 29 años de prisión.

Según la sentencia, los hechos sufridos por la víctima revelan un historial de violencia sistémica y control que el tribunal ha calificado como un “clima de terror continuado”. La pareja inició su relación en 2010, fruto de la cual nació su hija que hoy es menor de edad. Desde el inicio, el condenado mantuvo una actitud violenta y de control absoluto sobre su pareja.

De forma cotidiana, el agresor le propinaba puñetazos, bofetadas, tirones de pelo y patadas, seleccionando preferentemente zonas del cuerpo no visibles con la ropa para ocultar las agresiones. El control se extendía a su entorno social, con insultos constantes y escenas de celos. Estos episodios ocurrían habitualmente en el domicilio común y eran presenciados en su mayoría por la hija. Con el tiempo, el nivel de agresividad aumentó, coincidiendo con el inicio del consumo de estupefacientes por parte del condenado. Para mantener a la víctima en un estado de miedo permanente, el hombre llegó a colocar cuchillos en la habitación.

De manera detallada, el tribunal ha considerado probado que, en septiembre de 2022 durante la feria de Pozoblanco, el acusado propinó puñetazos en el brazo porque a su novia porque hablaba mientras él quería silencio. En junio 2023, tras propinarle fuertes puñetazos, el procesado fue a la cocina, cogió un cuchillo y le cortó el brazo izquierdo, requiriendo puntos de sutura. En otro incidente, esta vez, en verano de 2023, llegó a pinchar a su pareja dos o tres veces con un arma blanca.

En agosto de ese mismo año, y días antes del ataque en la piscina, la pareja discutió en el coche. En un momento dado, el condenado la obligó a bajarse del vehículo en un camino, la hizo arrodillarse y le puso un destornillador en el cuello mientras la amenazaba de muerte.

El intento de asesinato en el camping

El 9 de agosto de 2023, sobre las 13:00, la familia llegó a la piscina del camping municipal de Pozoblanco. El acusado, que presentaba un estado muy alterado, sacó del maletero un destornillador de 21 centímetros de colores rojo y amarillo.

Aprovechando que su novia caminaba delante de él y cargaba con bolsas, lo que le impedía defenderse, el condenado se aproximó por la espalda con el fin de acabar con su vida. Le asestó un total de 24 puñaladas en diversas zonas del cuerpo. El ataque solo cesó cuando los presentes en el camping intervinieron para auxiliar a la mujer.

En medio de la agresión, la menor intentó interponerse para proteger a su madre. Su padre, lejos de detenerse, le propinó un fuerte golpe en la cara, causándole una herida cerca del ojo derecho que requirió asistencia médica.

A consecuencia de las 24 puñaladas, la víctima sufrió un neumotórax bilateral y laceraciones pulmonares, pasando por intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. Necesitó 375 días para estabilizar sus lesiones y le han quedado secuelas físicas y estéticas importantes.

Para la reducción de la pena, el tribunal ha aplicado la atenuante de toxifrenia al considerar que el consumo de drogas del acusado afectaba parcialmente sus facultades. De este modo, las condenas han sido las siguientes: un año y nueve meses de prisión por malos tratos habituales en el ámbito familiar, dos años de prisión por un delito de lesiones con instrumento peligroso, un año y tres meses de prisión por un delito de amenazas no condicionales, 11 años de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa y nueve meses de prisión por cada uno de los tres delitos de malos tratos en el ámbito familiar.

Además, la sentencia le ha impuesto la prohibición de comunicación y aproximación a la mujer durante 37 años y 15 respecto de su hija. Asimismo, ha sido inhabilitado para el ejercicio de la patria potestad respecto de la niña durante tres años y deberá cumplir una medida de libertad vigilada de ocho años una vez finalizada su estancia en prisión.

Finalmente, en concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a su pareja con un total de 134.350 euros, mientras que deberá abonar 1.100 euros a su hija.

La Policía Nacional ha detenido a una mujer y a su hijo en Lucena (Córdoba) acusados de la muerte de una anciana, que era madre y abuela de los arrestados, respectivamente. Tras su puesta a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión preventiva de ambos, acusados de un presunto delito de asesinato, según han confirmado fuentes policiales a este periódico y ha avanzado Diario Córdoba.

Los hechos sucedieron el pasado día 12 de marzo, cuando la Policía Nacional recibió esa mañana el aviso por el fallecimiento de la anciana en el interior de una vivienda. Hasta allí también se desplazaron los servicios sanitarios, que solo pudieron certificar su muerte.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y la autopsia practicada determinó que la mujer no había muerto por causas naturales sino que habría indicios de criminalidad, indican fuentes policiales.

La Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer los hechos y detuvo a la mujer y a su hijo, que compartían la vivienda con la víctima, el mismo día 12 de marzo. Dos días después pasaban a disposición judicial y, tras declarar ante el juez, han sido enviados a prisión preventiva acusados de un presunto delito de asesinato.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba, plaza número 3, ha ordenado en la tarde de este miércoles el ingreso en prisión preventiva de las cinco personas detenidas el pasado domingo por el asesinato de hombre en el Sector Sur. Los arrestados por la Policía Nacional han comparecido ante la magistrada durante este miércoles, que tras escuchar su testimonio ha ordenado su ingreso en prisión preventiva como sospechosos de ser los autores, cada uno, de un delito de asesinato. Hubo seis detenidos, pero este martes uno de los arrestados fue puesto en libertad al no ser identificado como uno de los presuntos autores materiales de los hechos.

Según ha podido saber este periódico, la autopsia ha revelado que la víctima murió a causa de múltiples heridas por arma blanca, que le habrían provocado los seis sospechosos. La magistrada ha tomado su decisión tras escuchar a las partes y también a los testigos. El suceso se produjo delante de familiares directos de la víctima, que habrían relatado cómo los presuntos agresores le rodearon y acabaron con su vida asestándole, al menos, 18 puñaladas.

De manera paralela, un fuerte dispositivo policial está llevando a cabo dos registros en los domicilios de los arrestados, según ha podido saber este periódico. La jueza ha autorizado los registros, por una petición policial. Se estarían buscando las armas con las que se pudo cometer el crimen.

Tras su detención el domingo, la Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer los hechos, sobre los que se analiza como posible origen un ajuste de cuentas. La reyerta ocurrió en la calle Loja y, poco antes de las 15:50 del domingo, el teléfono de Emergencias 112 recibió un aviso alertando de una pelea en esa calle entre varias personas.

Tras los hechos, se desplegaron en el lugar agentes de la Policía Local, que lograron detener en la calle Libertador Simón Bolívar a cinco personas por su implicación en la reyerta.

La Fiscalía de Córdoba y la acusación particular han solicitado una pena de 20 años de prisión para J.M.P., un hombre que está en prisión provisional desde abril de 2025, por la muerte de su cuñado, R.R.E., ocurrida tras una disputa familiar en la zona de Las Moreras. El escrito de acusación mantiene que el procesado actuó con ánimo de acabar con la vida de la víctima de forma sorpresiva. La defensa, que representa el abogado Francisco Poyatos, considera que los hechos deben ser considerados como un homicidio.

Los hechos se remontan al mediodía del 3 de abril de 2025 en la calle Poeta Luis Rosales de la barriada cordobesa de Las Margaritas. Según el relato del fiscal, R.R.E. se encontró con su cuñada y su hija, iniciándose una discusión por motivos familiares que derivó en un enfrentamiento con la esposa del acusado (su cuñada). Tras un forcejeo y gritos entre ambos, la situación pareció calmarse momentáneamente cuando la mujer de la víctima intervino para separar a los contendientes y llevarse a su marido hacia su domicilio.

Sin embargo, cuando la pareja pasaba por delante del inmueble donde residía el acusado, este salió “sorpresivamente” de su vivienda armado con una navaja de grandes dimensiones, según el relato de los hechos de la Fiscalía. “Sin que la víctima pudiera defenderse, J.M.P. le asestó una puñalada en el tórax que le atravesó el pulmón y el corazón, causándole la muerte instantánea”, relata el ministerio público.

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular califican los hechos como un delito de asesinato. Además de la pena de cárcel, solicitan 10 años de libertad vigilada y el pago de indemnizaciones que superan los 195.000 euros para la viuda y unos 38.000 euros para cada uno de sus hijos, entre otras cantidades para la madre y hermanos del fallecido.

Por el contrario, la defensa de J.M.P. rechaza la calificación de asesinato y sostiene que se trata de un homicidio. La defensa asegura que el acusado confesó los hechos ante la Policía Nacional y que actuó bajo una fuerte conmoción psíquica al ver que su mujer había sido agredida previamente por la víctima. Asimismo, alegan que el procesado se encontraba bajo los efectos de una medicación que alteraba sus capacidades y que actuó movido por un “miedo insuperable” y en legítima defensa.

El caso será juzgado por el procedimiento del Tribunal del Jurado en la Audiencia Provincial de Córdoba, cuya fecha está pendiente de señalamiento.

Un año ya de lo sucedido. 365 días eternos para familias y amigos. Buscando respuestas a un problema que no tiene solución. Este 1 de febrero se ha cumplido el primer aniversario del fallecimiento de Álex Ortega, el menor asesinado en El Arenal de una puñalada durante la celebración de un cumpleaños.

Por aquel entonces, Álex Ortega tenía 16 años y llegó a El Arenal para celebrar con sus amigos un simple cumpleaños. Sin embargo, este día de fiesta terminó de manera trágica cuando otro menor le asestó una puñalada que, finalmente, le quitó la vida al joven cordobés cuando ya fue trasladado al Hospital Reina Sofía.

Un año después de ese día señalado, amigos y familiares se han reunido en El Arenal, junto a su altar donde nunca faltan flores. Ahora, sus allegados le han realizado un homenaje con globos, más flores y una pancarta que relata lo siguiente: “La Ley del Menor no funciona. Hace más delincuentes a los menores. Justicia para Álex Ortega, Daniel Márquez, Juan Guerrero, Aarón Muñoz, Jesús Rosado, Cristina Mateo, Juan José y Sandra Peña”.

El pasado mes de septiembre, el Juzgado de Menores número uno de Córdoba condenó al acusado principal a ocho años de internamiento terapéutico en un centro de salud mental en régimen cerrado, seguido de cinco años de libertad vigilada con asistencia educativa, por un delito de asesinato con alevosía y hurto leve. La sentencia también impuso que el condenado y la Junta de Andalucía paguen una indemnización de 260.000 euros a la familia de la víctima, ya que el condenado estaba bajo la tutela de la Administración autonómica y se había fugado del centro de menores en el que se encontraba interno.

La Audiencia Provincial de Córdoba confirmó íntegramente la sentencia el pasado mes de octubre desestimando el recurso de la defensa y ratificando tanto la condena como las medidas accesorias.

Familiares, amigos y compañeros de Álex Ortega Romero han preparado dos homenajes con motivo del primer aniversario del asesinato del joven, apuñalado en la madrugada del 1 de febrero del año pasado en el recinto ferial de El Arenal, un crimen que conmocionó a la ciudad y del que se cumplirá un año la semana que viene.

Según ha podido saber este medio, el primero de los actos tendrá lugar el 1 de febrero a las 18:00 en el altar improvisado que se ha mantenido en El Arenal, cerca del lugar donde ocurrió la agresión. Familiares y amigos han convocado a quienes quieran acompañarles para portar flores y soltar globos de helio en un gesto de memoria y despedida.

El segundo homenaje se celebrará el 2 de febrero, de 10:15 a 11:15, en el salón de actos del IES Averroes, centro educativo donde Álex estudiaba, y estará abierto a toda la comunidad educativa. La programación incluye interpretaciones al piano a cargo del tutor de Lucía Calero -organizadora del acto y amiga del joven fallecido-, Juan Carlos Hernández Gutiérrez; así como la proyección de vídeos y la lectura de un manifiesto y un poema. El homenaje concluirá con un minuto de silencio.

Un año del crimen

La noche del 1 de febrero de 2025, Álex, que entonces tenía 16 años, fue apuñalado mortalmente por otro menor en El Arenal durante la celebración de un cumpleaños. Aunque fue trasladado al Hospital Universitario Reina Sofía, finalmente fallecido debido a la puñalada mortal que sufrió.

El pasado mes de septiembre, el Juzgado de Menores número uno de Córdoba condenó al acusado principal a ocho años de internamiento terapéutico en un centro de salud mental en régimen cerrado, seguido de cinco años de libertad vigilada con asistencia educativa, por un delito de asesinato con alevosía y hurto leve. La sentencia también impuso que el condenado y la Junta de Andalucía paguen una indemnización de 260.000 euros a la familia de la víctima, ya que el condenado estaba bajo la tutela de la Administración autonómica y se había fugado del centro de menores en el que se encontraba interno.

La Audiencia Provincial de Córdoba confirmó íntegramente la sentencia el pasado mes de octubre desestimando el recurso de la defensa y ratificando tanto la condena como las medidas accesorias.

El hombre detenido como presunto autor de la muerte de su hija en Córdoba permanece todavía este miércoles en el hospital bajo custodia policial, mientras los investigadores siguen recabando pruebas sobre lo ocurrido.

Según fuentes cercanas a la investigación, el detenido evoluciona favorablemente, si bien se desconoce cuándo tendrá el alta médica, tras lo cual podría pasar a disposición judicial.

El acusado fue detenido en la noche del lunes por un presunto parricidio cometido en la calle Villa de Rota, cercana al Bulevar Hernán Ruiz. Cuando llegaron los indicativos policiales, el padre presentaba heridas en el abdomen, presuntamente autoinflingidas, y por las que tuvo que ser ingresado. Si hija, sin embargo, falleció esa misma noche.

Aunque todas las hipótesis están abiertas, una de ellas es que se produjo “una discusión” entre la hija y su padre, que acabó con la vida de ella. El cuerpo de la joven, mayor de edad, presentaba síntomas compatibles con la “asfixia”.

La investigación sigue en curso y la Policía Nacional continúa recabando pruebas y testimonios para esclarecer lo sucedido. Por el momento, se descarta que el móvil sea violencia de género o violencia vicaria, entre varias hipótesis.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado íntegramente la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Córdoba en relación al asesinato de un hombre en el bar La Fuente, en el barrio de El Santuario, en agosto de 2023.

El fallo, facilitado a este periódico, ratifica la eximente completa de trastorno mental para el acusado, a quien se le impone una medida de seguridad de 12 años de internamiento en un centro psiquiátrico para tratamiento médico-psiquiátrico, y también exime al propietario del bar de resarcir economicamente a la familia de la víctima, al entender que el presunto homicida no trabajaba en el negocio.

Los hechos probados se remontan a la noche del 15 de agosto de 2023, en un establecimiento situado en la Plaza Escultor García Rueda. El acusado, que conocía a la víctima por ser cliente y haber trabajado ocasionalmente en el local, se dirigió a un salón cerrado al público, tomó un cuchillo de cocina de 16 centímetros y, sin mediar palabra, asestó al hombre 21 puñaladas en zonas vitales como el tórax, el cuello y la cara. La víctima falleció a la mañana siguiente en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba a causa de un shock hemorrágico.

La sentencia confirma que, en el momento del ataque, el agresor padecía un trastorno mental grave caracterizado por un delirio de persecución, cuadro que se vio agravado por el consumo de sustancias tóxicas y el abandono de su medicación. Estas circunstancias provocaron una anulación total de su capacidad para comprender la ilicitud de sus actos y actuar conforme a ese conocimiento.

Uno de los puntos clave del recurso de apelación, interpuesto por la acusación particular, era la pretensión de declarar al dueño del bar como responsable civil subsidiario. La familia de la víctima solicitaba que tanto el propietario como su aseguradora hicieran frente a las indemnizaciones —fijadas en 25.000 euros para cada uno de los cinco hermanos del fallecido—, alegando que el agresor actuaba como empleado en el momento del crimen.

Sin embargo, el TSJA ha desestimado este argumento al considerar que no existía una relación laboral ni funcional ese día. El tribunal aclara que, aunque el dueño le pidió a Eloy que “echara un ojo” al bar mientras él sacaba la basura, este acto constituyó un “mero favor por persona conocida” y no un desempeño de funciones laborales. La sentencia subraya que el acusado se encontraba en el local en calidad de cliente y que el ataque no tuvo relación alguna con los servicios propios del establecimiento.

Con esta resolución, el alto tribunal ratifica que la responsabilidad civil recae exclusivamente sobre el autor de los hechos, quien ya propuso durante el juicio la dación en pago de un inmueble de su propiedad para satisfacer estas cuantías.

La acusación particular puede ahora recurrir al Tribunal Supremo, si así lo estima.

El Ayuntamiento de Córdoba y las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado ha homenajeado este jueves a María Soledad Muñoz Navarro y María de los Ángeles García García, asesinadas un 18 de diciembre de 1996 por unos atracadores que acababan de asaltar la oficina del Banco Santander junto a Las Tendillas.

Las familias y amigos de las dos policías también han participado en la ofrenda floral en el punto en el que ambas agentes fueron tiroteadas y asesinadas, a las puertas de la sede de la Diputación de Córdoba en el Palacio de la Merced.

El Tribunal Supremo ha rechazado reabrir el caso de Gaspar O., el hombre condenado a más de 22 años de cárcel por el asesinato de su esposa en Arganda del Rey (Madrid) -María José Pallarés-, cuyo cadáver fue hallado en 2018 en un pantano de la provincia de Córdoba. En un auto al que ha tenido acceso este medio, la Sala de lo Penal ha denegado la autorización para interponer un recurso extraordinario de revisión, al concluir que no concurren hechos ni pruebas nuevas que permitan cuestionar una sentencia firme.

El Alto Tribunal recuerda que el recurso de revisión es un procedimiento “extraordinario y excepcional”, cuyo objetivo no es reexaminar el juicio ni volver a valorar la prueba, sino únicamente “quebrar la firmeza de una sentencia por haber aflorado elementos nuevos que no figuraban en el proceso y que patentizan el error”.

El condenado fue detenido en octubre de 2018, después de confesar ante la Guardia Civil haber matado a su esposa y haber trasladado su cuerpo hasta el pantano de El Arenoso, en la localidad de Montoro, donde fue arrojado tras atarle una piedra de gran peso. A raíz de esa confesión, los agentes localizaron el cadáver, lo que resultó determinante para el avance de la investigación.

No obstante, durante el juicio celebrado en 2020 ante un tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Madrid, el acusado se retractó de su confesión inicial y sostuvo que tres individuos de Europa del Este habían asaltado su vivienda cuando su esposa se encontraba sola, la mataron durante el robo y posteriormente le obligaron, bajo amenazas de muerte contra él y contra sus nietos, a trasladar el cuerpo y a autoinculparse del crimen.

Esta versión fue rechazada por el jurado y por los tribunales. El Supremo recuerda ahora que esa explicación “ya fue mantenida por el acusado en el acto del juicio oral” y que fue descartada tras valorar, entre otros elementos, la inspección ocular realizada en la vivienda, donde “pudieron comprobar que las cerraduras no fueron forzadas y que las ventanas se hallaban enrejadas”, lo que hacía inviable el acceso desde el exterior.

En su último intento por reabrir el caso, el penado propuso como prueba el testimonio de un interno de la prisión de Aranjuez que aseguraba haber escuchado a los supuestos autores del crimen reconocer los hechos en un bar de Arganda del Rey. Sin embargo, el Supremo subraya que el condenado “no explica el modo y tiempo en que ha tenido conocimiento de la existencia de este testigo” siete años después de los hechos.

La Sala concluye que la petición “no se acomoda a las exigencias propias del recurso de revisión” y que “no se ha acreditado”, por tanto, ningún elemento nuevo para reabrir el caso.

Mató a su mujer de un fuerte golpe en la cabeza

En agosto de 2020, la Sección 27ª de la Audiencia Provincial de Madrid, órgano especializado en asuntos de Violencia Sobre la Mujer, condenó a este hombre como autor responsable de un delito de asesinato cualificado por alevosía y con la concurrencia de la circunstancia agravante de parentesco a la pena de 22 años, seis meses y un día de prisión por haber matado a su esposa en octubre de 2018 en su domicilio de la localidad de Arganda del Rey.

Tal y como reflejaba la sentencia, se considera acreditado que el 11 de octubre de 2018 Gaspar acabó con la vida de su esposa propinándole un fuerte golpe en la cabeza, supuestamente con un martillo, lo que hizo que María José comenzase a sangrar, cayendo al suelo boca abajo y perdiendo el conocimiento. Entonces, el acusado, para asegurar su propósito, procedió a atarle las piernas a la altura de los tobillos y las muñecas con una cuerda de tender, y a taparle la cabeza con una bolsa de basura, atándosela al cuello con cinta adhesiva, ocasionándole la muerte por asfixia mecánica por compresión extrínseca de las vías respiratorias.

Después, el acusado introdujo el cuerpo de la víctima en su vehículo, trasladándolo hasta su pueblo natal, Montoro, donde lo arrojó al pantano El Arenoso, en el paraje denominado La loma del barco, tras introducir una piedra de unos cinco kilos entre la ropa y el hombro derecho de la perjudicada. El 19 de octubre se encontró el cadáver de María José en el pantano.

Un hombre, un inmigrante de entre 20 y 30 años, ha muerto en la tarde de este miércoles en el municipio de Adamuz, según ha podido saber este periódico. La víctima ha fallecido tras recibir un disparo por un arma de poco calibre, según la información disponible.

Según la información disponible, la víctima ha fallecido en el Centro de Salud de Adamuz, donde al parecer fue trasladado en estado muy grave. El fallecimiento se produjo sobre las 18:20, que fue cuando se solicitó la presencia policial.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y busca al presunto autor del disparo que ha acabado con la vida de esta persona. De momento, no se han producido detenciones.

Según las fuentes consultadas por este medio, la víctima presentaba una única herida. El orificio, según las fuentes, era compatible con un proyectil de pequeño calibre, que es el que ha provocado la muerte de esta persona.