La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a Ramón F. L. y Jesús G. B. a 20 años de prisión cada uno por el asesinato con alevosía de Rafael en su piso de la calle Reina Mercedes, en la zona de Sagunto. Asimismo, Manuela T. A., pareja sentimental de Ramón, ha sido condenada a ocho años de cárcel como cómplice del mismo delito. Esta sentencia llega después de que el jurado los declarara culpables el pasado viernes 12 de junio.

Según los hechos probados, los tres condenados conocieron a la víctima en un comedor social de Córdoba en marzo de 2024. Tras entablar una relación de confianza, Rafael les permitió instalarse en su piso el 1 de abril de ese año. Apenas dos días después, en la madrugada del 2 al 3 de abril, fue asesinado. Por motivos que no han podido ser esclarecidos durante el juicio, Ramón y Jesús comenzaron a golpearle en el salón del piso. Posteriormente, lo trasladaron a la fuerza a un pequeño dormitorio colindante donde, aprovechando la estrechez del lugar para anular su defensa, continuaron la agresión con puñetazos y patadas. Ramón utilizó un travesaño de hierro de la cama para golpear reiteradamente a la víctima en la cabeza y el cuerpo.

Mientras uno de los agresores se subía a horcajadas sobre la víctima y le tapaba la nariz y la boca para que no gritara, el otro le anudó un cinturón de albornoz en el cuello, apretándolo hasta causarle la muerte por estrangulamiento y sofocación. Por el modo en que se produjo la agresión, la jueza ha ratificado la existencia de alevosía en los dos autores del asesinato

Durante la agresión, los tres acusados mantuvieron la música a un volumen muy elevado y hablaron a voces para evitar que los vecinos escucharan los gritos de auxilio. Según sostiene la jueza, Manuela, a pesar de conocer lo que estaba sucediendo, no hizo nada por impedir la agresión ni pedir ayuda. Incluso, cuando los vecinos llamaron a la puerta por el ruido, ella y Ramón aparentaron total normalidad para evitar ser descubiertos.

Tras el crimen, los tres condenados permanecieron en la vivienda hasta las 9:00, momento en el que huyeron llevándose dos cadenas de oro, zapatillas, un teléfono móvil y las llaves de la casa. Horas más tarde, esa misma tarde, Jesús regresó al piso usando las llaves de la víctima para sustraer un televisor. La detención de los tres se produjo el 5 de abril en una nave abandonada del polígono Chinales, donde la Policía halló los objetos sustraídos a la víctima.

La jueza rechaza todas las atenuantes de los procesados

La magistrada ha rechazado las dos atenuantes que formularon las defensas. Así, ha desestimado “arrebato u obcecación” de Ramón al no probarse que la víctima hubiera intentado agredir sexualmente a Manuela, como él afirmaba. También se ha rechazado la atenuante de confesión al considerarse que solo admitió los hechos parcialmente cuando ya se sentía acorralado por las pruebas. Con relación a Jesús, la jueza no ha tenido en cuenta la atenuante de toxifrenia, ya que los informes periciales indicaron que su consumo de sustancias no afectó a sus facultades volitivas en el momento del crimen.

Además de los 20 años de asesinato, la jueza ha impuesto a Ramón y a Jesús una multa de 360 euros por un delito leve de hurto. Este último, además, ha sido condenado a dos años de cárcel por el robo con fuerza del televisor. En relación con Manuela, además de los ocho años de prisión por su complicidad en el asesinato, deberá pagar la misma multa que los otros dos condenados por el delito leve de hurto.

Tras cumplir prisión, Ramón y Jesús tendrán diez años de libertad vigilada, y Manuela, ocho. En concepto de responsabilidad civil, los condenados deberán indemnizar solidariamente a la familia del fallecido: 74.129 euros para su hija, 49.419 euros para su madre y 22.238 euros para cada uno de sus tres hermanos.

Tras tres intensas jornadas de testimonios, pruebas periciales y alegatos finales en el juicio por el crimen de Sagunto, los nueve miembros del jurado han recibido este jueves el cuestionario con el objeto del veredicto -compuesto por 17 preguntas- y se han retirado a deliberar. En caso de que no se alcance un acuerdo a lo largo de la jornada de hoy, los miembros del jurado deberán pernoctar conjuntamente en un hotel de la capital cordobesa, incomunicados, hasta que logren emitir un veredicto, siempre motivado, sobre la culpabilidad o inocencia de R., J. y M.

El juicio, que se ha desarrollado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, ha dejado tras de sí un relato de extrema violencia, contradicciones y estrategias de defensa contrapuestas. El juicio arrancó el pasado lunes con la lectura de las calificaciones. Según el Ministerio Público y la acusación particular, los procesados R. y J., tras una fiesta en el piso de la víctima, le propinaron una paliza brutal y le asfixiaron.

En esta sesión, los familiares y vecinos de Rafael coincidieron en que no era habitual que él metiera a gente en su casa. Una vecina relató cómo aquella noche escuchó risas y música alta, seguida de un “golpe seco”, tras el cual no volvió a oír a la víctima. Horas después del crimen, y tras ser avisado telefónicamente de que algo pasaba, un hermano de Rafael fue al piso y allí halló el cadáver “totalmente reventado” bajo un colchón.

La segunda jornada estuvo marcada por las pruebas forenses, que revelaron que Rafael sufrió una “agresión muy brutal” y una agonía prolongada, presentando múltiples fracturas en costillas y lesiones en todo el cuerpo. La causa de la muerte fue asfixia por oclusión de nariz y boca combinada con estrangulación manual. Los forenses también han sido determinantes al afirmar que la víctima intentó defenderse y que en los hechos intervinieron, como mínimo, dos personas. Además, la Policía Científica confirmó el hallazgo de ADN de J. bajo una uña de la víctima y huellas de R. en el travesaño de hierro de la cama utilizado como arma.

En la última sesión, dos de los acusados rompieron su silencio, aunque solo respondieron a sus defensas. R. confesó haber golpeado a Rafael, pero alegó un “arrebato” tras supuestamente encontrar a la víctima intentando agredir sexualmente a su novia, M. Por su parte, esta afirmó haberse quedado “bloqueada” y no haber escuchado nada del ataque. El tercer procesado, J., se negó a declarar.

La fiscal, en su informe final, calificó la versión de la agresión sexual como un “traje a medida” y una excusa “perversa” para eludir la responsabilidad penal, señalando que la hora de la muerte no coincide con el relato de los acusados. No obstante, la fiscal retiró el delito de robo con violencia, manteniendo únicamente el de asesinato y un robo con fuerza menor. Así, R. y J. se enfrentan a 20 años de prisión por el delito de asesinato y tres años adicionales por robo para todos los procesados. En el caso de M. además de este último delito, considera que M. es cómplice de asesinato, por lo que solicita diez años de cárcel.

Por su parte, la defensa de R. y M. solicita calificar los hechos como homicidio doloso con atenuante de arrebato para él y la libre absolución, para ella. La defensa de J. pide que su cliente sea absuelto o, subsidiariamente interesado cinco años de prisión por un delito de homicidio y una multa de 180 euros por un delito leve de hurto.

Ahora, el jurado debe decidir si la muerte de Rafael fue un asesinato o fruto de una reacción impulsiva, y determinar el grado de implicación de cada uno de los tres procesados.

Rafael sufrió hasta la muerte e intentó defenderse. Esa es la principal conclusión a la que se llega después de la segunda sesión del juicio a tres personas acusadas de su asesinato en su piso de la calle Reina Mercedes, en la zona de Sagunto. Este martes, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha acogido las declaraciones de hasta 13 testigos, todo ellos peritos, entre médicos forenses y policías que intervinieron de una forma u otra en el caso por el que se piden 23 años de prisión para R. y J., y 17 para M.

En líneas generales, la forense que analizó la escena del crimen y los que hicieron la autopsia al cadáver de Rafael han apuntado a una “agresión muy brutal” y a una resistencia desesperada por parte de la víctima. Estos expertos no solo han confirmado que Rafael sufrió una prolongada “agonía”, sino que han desmontado las tesis de “arrebato” u obcecación al revelar una frialdad incompatible con un estado de shock pasional. Según sus declaraciones, la víctima no recibió un único golpe, sino una “gran cantidad” de impactos repartidos por el costado, el cuello y la cabeza. Como posible arma que se usó en el crimen, se han referido a un travesaño metálico de una cama de 1,90 metros que presentaba manchas de sangre. Casi al término de la sesión, la Policía Científica ha revelado que en dicho travesaño se hallaron únicamente huellas de R., el acusado que ha reconocido que mató a Rafael, aunque “movido” por una presunta agresión sexual que la víctima habría cometido sobre M., que era su pareja.

Por otro lado, los dos forenses que realizaron la autopsia al cadáver han señalado que la causa de la muerte fue la asfixia, ejecutada mediante un doble mecanismo: la oclusión de nariz y boca, y la estrangulación manual. Ambos mecanismos se habrían llevado a cabo a la vez, según uno de los forenses, dado que la víctima tenía la nariz rota y había muy poca sangre para este tipo de lesiones. Es decir, si tras la fractura de nariz hubiera estado mucho tiempo con vida, la sangre presente en la escena del crimen habría sido muchísimo mayor a la encontrada. Además, tenía un dedo meñique y varias costillas rotos porque uno de los acusados se subió a horcajadas. Ante estas evidencias, estos expertos han rechazado que la agresión la cometiera una única persona, sino, como mínimo, dos. Asimismo, durante la sesión ha quedado reflejado que Rafael intentó defenderse debido a las lesiones que presentaba en antebrazos, manos, pies y rodillas.

Estas muestras de autodefensa también se constatan en el desgarro del frenillo superior de la boca; indicio típico, según los peritos, de que hizo movimientos laterales desesperados para sobrevivir mientras le comprimían la cara. Finalmente, la víctima murió asfixiada. Por todo ello, los forenses han afirmado, sin ningún género de dudas, que Rafael tuvo que sentir “agonía y sufrimiento psíquico de saber que su vida se iba a terminar”. Los informes toxicológicos realizados a la víctima han revelado la presencia de un fármaco, pero en dosis no tóxicas, y una ausencia total e alcohol. En cuanto al análisis de orina, los peritos han detectado restos de cinco fármacos distintos que pudieron ser ingeridos días o, incluso, semanas antes de los hechos.

En la casa había restos biológicos de los tres acusados

El análisis de las huellas y restos biológicos recogidos en el piso de Rafael sitúan a los tres procesados en la escena del crimen, aunque en la habitación donde presumiblemente fue asesinado, solo se han hallado restos de R. y J. La defensa de este último afirmó este lunes que su cliente no participó en la agresión y que, incluso, no sabía que la víctima estaba muerta cuando horas más tarde de la muerte entró al piso para robar una televisión.

En concreto, la Policía Científica halló el perfil genético de J. tanto la uña del dedo meñique de Rafael, precisamente el dedo que tenía roto, como en una mancha de sangre encontrada en la habitación. Asimismo, el ADN de R. no solo se encontró en el travesaño metálico de la cama, sino también en el cinturón de un batín de la víctima, en manchas de sangre y en otros objetos que se encontraron en el salón. De la procesada, por otro lado, también se hallaron huellas en una botella de cerveza, en un cigarro y una taza de café. Por último, la Policía halló otras huellas que no han podido identificarse.

En cuanto al momento de la muerte, aunque inicialmente se barajó la franja entre las 9:00 y las 11:00 del 3 de abril basándose en el humor vítreo de los ojos de la víctima, los forenses que hicieron la autopsia han situado el fallecimiento “varias horas antes de las 9:00 del 3 de abril”. No obstante, lo que sí han confirmado es que ese intervalo de tiempo no sería superior a las 12 horas por los síntomas de inicio de descomposición que tenía el hígado de Rafael.

Los acusados sabían lo que estaba pasando

En esta segunda sesión también ha quedado patente el grado de conocimiento de la realidad que tenían los acusados. En cuanto a R., los médicos forenses han explicado que no padece ningún tipo de adicción ni trastorno psicopatológico o de personalidad. De hecho, él mismo negó un consumo abusivo de sustancias, lo cual fue corroborado por los análisis clínicos. Además, los expertos han rechazado la tesis de la defensa sobre un posible “arrebato” al observar a la víctima con su pareja, argumentando que conductas posteriores que sostiene la Fiscalía -como ducharse, acostarse o quedarse fumando y bebiendo- son incompatibles con un estado de shock o una reacción impulsiva, la cual suele durar “pocos minutos”.

Respecto a J., el informe forense ha revelado que padece trastorno de conduta por consumo de sustancias (específicamente cocaína y cannabis) y un trastorno de conducta, aunque los forenses han concluido que dicho trastorno no influyó “en su inteligencia ni en su voluntad al momento de los hechos”. Finalmente, el informe sobre la procesada, la forense han indicado que padece un retraso mental leve y madurativo. Aunque esto hace que la mujer sea “una persona influenciable y fácil de manipular en sus relaciones sociales”, la mujer sí tiene una “capacidad básica” para conocer la realidad y entender que una persona ha sido dañada o ha muerto. Además, ha afirmado que es “una persona funcional porque ha trabajado, ha sido mamá y sabe distinguir entre el bien y el mal”. El juicio continuará este miércoles.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este lunes la primera sesión del juicio por jurado que juzgará a tres personas, R., J. y M., por la muerte de Rafael, un vecino de Sagunto, que perdió la vida en su propia casa en la calle Reina Mercedes, y por dos delitos de robo. El juicio, previsto para las 9:30, ha comenzado pasadas las 12:00 ante la complejidad que supone constituir un tribunal de jurado. La sesión se ha alargado hasta la tarde y ha cogido la declaración de más de diez personas. Los acusados testificarán después de que lo hayan hecho todos los testigos, aunque sus defensas ya han adelantado que la muerte de Rafael se produjo como respuesta a un supuesto intento de violación que la víctima habría intentado ejecutar con la mujer que también está procesada.

La sesión ha arrancado con la lectura de los escritos de calificación de la Fiscalía y de la acusación particular, representada por la hija de la víctima. Ambas acusaciones coinciden en responsabilizar de los hechos a los tres acusados, en mayor o menor medida, solicitando para los dos hombres 20 años de prisión por el delito de asesinato más cuatro años por el robo con violencia y otros tres años por el robo con fuerza. Para la mujer han pedido una pena de diez años por asesinato más las penas por los robos, sumando 17 años de prisión. Los procesados habrían conocido a la víctima en un centro social del barrio. Según el Ministerio Público, la noche del 2 de abril, mientras las cuatro personas se encontraban en la vivienda en un ambiente festivo, se produjo una discusión por causas aún no esclarecidas. En un momento dado, los dos hombres acusados llevaron a la víctima por la fuerza a un pequeño dormitorio junto al salón. Allí, lo arrojaron sobre un colchón y, aprovechando su estado de indefensión, le propinaron una brutal paliza con puñetazos y patadas. La agresión escaló cuando utilizaron un travesaño de hierro para golpearle repetidamente en la cabeza y el cuerpo. Finalmente, le taparon la nariz y la boca para evitar que gritara, lo que le provocó la muerte. A pesar de la extrema violencia ejercida, los tres acusados permanecieron en el piso continuando con la fiesta y donde llegaron a dormir.

Al día siguiente, continúa la Fiscalía, cuando se aseguraron de no ser vistos, abandonaron el inmueble llevándose consigo dos cadenas doradas, un teléfono móvil y unas zapatillas de deporte, efectos tasados en 193 euros. Además, uno de los acusados regresó posteriormente con las llaves de la víctima para sustraer un televisor de grandes dimensiones valorado en 200 euros. Fue precisamente este movimiento el que alertó a una vecina, quien avisó a los familiares de la víctima al sospechar de la situación.

Por su parte, la defensa de uno de los acusados, R., y de su pareja, M., ha reconocido que su cliente es el autor de la muerte de Rafael, pero ha rechazado la acusación de asesinato. Según su versión, R. sorprendió a la víctima intentando abusar de M., lo que le provocó un estado de “ofuscación y cerrazón”, ha apuntado su abogada, que ha asegurado que su cliente “no tenía intención de matar, sino de darle una lección”. “Cualquier persona, en un momento así, podría perder la cabeza”, ha seguido apuntando esta letrada, quien ha afirmado que el acusado “confesó los hechos, ayudó a la Policía a esclarecer lo sucedido y se encontraba bajo la influencia del alcohol en el momento del ataque”. Por ello, ha solicitado que sea juzgado por un delito de homicidio doloso, al no apreciarse alevosía ni ensañamiento. A lo largo de esta semana se esclarecerá si esta confesión y ayuda fueron tales.

Para M., la misma defensa ha solicitado la libre absolución y ha señalado que tiene discapacidad intelectual y que en el momento de los hechos estaba embarazada de dos meses. Según su abogada, la acusada no participó en la agresión y los otros dos acusados le ocultaron la muerte de Rafael, de la cual no tuvo conocimiento hasta que fue informada por la Policía.

Por su parte, la defensa de J. ha negado cualquier participación en la muerte de Rafael y sostiene que, en un momento dado de la noche del 2 de abril, la víctima habría intento agredir sexualmente a la procesada. Tras esto, según su versión, la mujer y él se fueron “a otro piso” mientras que R. se quedó con Rafael en su piso y reconoce que volvió después de los hechos, ya el día 3, para sustraer diversos objetos de la casa. Además, asegura que no sabía que la víctima había muerto. Por tanto, ha pedido que se le juzgue únicamente por un delito de hurto -dado que él, asegura, tenía las llaves del piso de la víctima- y se le aplique la atenuante de drogadicción y un trastorno de personalidad. Los tres fueron detenidos el 5 de abril en una nave de Chinales con algunos de los objetos que eran propiedad de la víctima.

Vecinas y familiares aseguran que “no era normal” que la víctima metiera a nadie en su casa

La ronda de declaraciones la ha iniciado una vecina de la víctima, quien, como el resto de conocidas y familiares de Rafael, ha explicado que “no era normal” que este hombre acogiera a nadie en su casa y que, ni mucho menos, hiciera fiestas o pusiera música, tal y como ocurrió tanto la noche del crimen como el día previo. En primer lugar ha declarado la única vecina que, el día de la muerte de Rafael, llamó a la casa para pedirles que bajaran la música. Ha relatado que aquella noche del 2 de abril escuchó “risas de hombres y de una mujer, y música muy alta”. Antes de llamarles la atención, logró escuchar a Rafael, aunque no muy bien. Cuando llamó a la puerta, le abrieron los procesados R. y M., que le aseguraron que eran pareja, que ella estaba embarazada, que venían de Madrid y que Rafael les había alquilado una habitación, algo que a esta vecina le extrañó sobremanera.

Sin embargo, poco después de que esta vecina se quejara del ruido, los acusados volvieron a subir la música mucho más y, tras esto, oyó un golpe seco en la pared. Después, nunca más volvió a escuchar a su vecino. Esta vecina ha apuntado que la noche del 2 de abril no fue la única en la que hubo problemas por el volumen de la música, sino que también se produjeron el día anterior, aunque ha reconocido que no les llamó la atención porque entendía que podía ser ocasional.

Otra vecina ha declarado que el día después del crimen, el 3 de abril, se cruzó con R. y vio que llevaba pertenencias de Rafael, como “sus zapatillas de deporte, su teléfono móvil y sus cadenas de oro”. En el momento en que esta vecina vio a este procesado, aún no se había descubierto el hallazgo del cuerpo de la víctima. Una tercera vecina ha afirmado que también el 3 de abril vio a otro procesado -según su descripción, J.- salir de la vivienda de Rafael cargando con el televisor a plena luz del día.

Dada que la situación era, para todas las vecinas, “muy extraña”, una de ellas decidió avisar a uno de los hermanos de la víctima. En cuanto este pudo, se presentó en el piso de Rafael. Nada más entrar, según ha declarado ante la magistrada, se encontró “las paredes manchadas de sangre y un salón” con claros indicios de haber acogido una fiesta. Decidió entonces ir hacia la habitación de su hermano. Allí halló su cadáver, “debajo de un colchón y de ropa, totalmente reventado, con golpes por todos lados y ensangrentado”. Este testigo ha insistido en que su hermano era una persona vulnerable -al parecer, sufría depresión-, que tomaba mucha medicación y que, debido a su bondad, “confiaba con facilidad” en desconocidos.

En esta primera sesión también han declarado un amigo de la víctima, quien le advirtió que “tuviera cuidado” con las personas con las que iba cuando lo vio con los procesados; así como otros dos hermanos de la víctima y su hija, quien, emocionada, se ha referido a la buena relación que tenían, pese a no convivir juntos, y a los proyectos futuros de vida que tenían. Todos los testigos han señalado que la víctima era “muy buena persona” y “siempre ayudaba”.

El juzgado que investiga el asesinato de Tulia, ocurrido el pasado 13 de abril en el barrio cordobés de La Fuensanta, ha cogido declaración esta semana a tres personas, entre ellas, una vecina de la víctima, quien ha dicho que el presunto asesino, F.L.A., bajó hacia la zona del bloque donde se encontraba Tulia y le asestó una puñalada en el pecho.

Según ha podido conocer este periódico, la comparecencia de esta vecina se ha realizado como prueba preconstituida debido a su avanzada edad, unos 80 años. Ante la jueza, esta mujer ha relatado que, el día de los hechos, se encontró con Tulia en el portal y ambas comenzaron a subir. Al llegar a la segunda planta, el presunto asesino -que vivía en la tercera- bajó de manera sorpresiva por las escaleras y le clavó un cuchillo directamente en el pecho. Según su testimonio, la víctima comenzó a sangrar de forma masiva de inmediato. Tras el ataque, el agresor mantuvo una actitud de extrema frialdad, dirigiéndose a la vecina para ordenarle: “Sube, sube y llama a la Policía”, mientras él permanecía en el lugar.

Durante este jueves también ha declarado Alejandro, el hijo de Tulia, quien ha introducido una cuestión muy relevante del día en el que ocurrieron los hechos. Según su declaración, su madre le llamó para decirle que había comprobado que su exmarido estaba en el piso, incumpliendo así la orden de alejamiento que tenía en vigor por la agresión que Tulia sufrió días antes y por la que F.L.A ha sido condenado a dos años de cárcel.

Tulia llegó a esa conclusión usando unas llaves del piso de su exmarido con las que pudo comprobar que la vivienda estaba cerrada por dentro con un solo candado. Esta era la señal inequívoca, según Alejandro, que su padre utilizaba habitualmente para indicar que se encontraba dentro. Tras esta llamada, Tulia llamó a la Policía, que se personó en el lugar. Los agentes llamaron a la puerta del piso del hombre, pero nadie contestó a la puerta ni escucharon ruidos en el interior. Entonces, los policías se retiraron tras darle instrucciones a Tulia sobre los pasos a seguir. Aproximadamente dos horas después de esta visita policial, se consumó el asesinato.

Junto a estas dos declaraciones, la jueza ha escuchado este jueves a la empleada del hogar de esta vecina. Ella ha manifestado que, al llegar al edificio, se encontró con el acusado en una ventana del rellano como en una “actitud de espera”. Al pasar junto a él, observó que ocultaba tras su espalda un machete negro con empuñadura verde. Poco después, la trabajadora se encontró con la escena del crimen y corrió a refugiarse en la casa de la vecina de Tulia.

Geolocalización de los móviles del presunto de asesino el día de los hechos

Previa a estas tres declaraciones, la jueza que investiga el asesinato ordenó el rastreo de los móviles del presunto asesino de Tulia para confirmar su presencia en la escena del crimen. Así, autorizó la geolocalización de sus dos terminales durante el fin de semana previo al crimen y el mismo día del asesinato tras hallar indicios de homicidio y quebrantamiento de condena.

La ejecución de este rastreo ha sido encomendada a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional de Córdoba. La magistrada a pedido a los agentes que cumplan la orden “a la mayor brevedad posible” dada la naturaleza de la causa y la condición de preso del investigado.

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha solicitado nueve años de prisión para un hombre de nacionalidad salvadoreña por un presunto delito de tentativa de asesinato cometido en septiembre de 2024. Según el relato del fiscal, el ataque estuvo motivado por una supuesta rivalidad entre bandas de El Salvador conocidas como maras.

Los hechos se remontan a la noche del 1 de septiembre de 2024. El acusado, junto a su primo, se encontró con la víctima en la avenida Gran Vía Parque. Tras pasar parte de la madrugada bebiendo en un pub de la calle Los Alderetes, el grupo se trasladó a un piso en el Pasaje de Belalcázar para continuar la reunión.

De acuerdo con las conclusiones provisionales del Ministerio Público, la situación se tensó cuando el acusado -defendido por la letrada María del Mar Jiménez Sánchez- se quedó a solas con la víctima. En ese momento, el acusado comenzó a interrogar a la víctima para averiguar si procedía de algún territorio controlado por la Mara 18 o la Mara Salvatrucha -o Mara 13-. El miedo se apoderó de la víctima al observar que el acusado lucía un tatuaje del número 18 en su pierna izquierda, ya que él mismo, había tenido un problema con la Mara 13, lo que tuvo cierta trascendencia mediática en su país.

Tras recibir insultos como “mierda seca” -término humillante hacia los miembros de la Mara Salvatrucha-, la víctima intentó abandonar el lugar por miedo a una encerrona. Sin embargo, el acusado le propinó un puñetazo en la boca y, acto seguido, lo abordó por la espalda con una navaja de cachas metálicas.

El fiscal sostiene que el acusado actuó con clara intención de matarlo, dirigiendo una puñalada hacia el costado, a la altura de los riñones. La víctima logró salvar su vida al interponer rápidamente su brazo izquierdo, recibiendo un profundo corte en la muñeca en lugar de en el abdomen. A pesar de estar herido, la víctima consiguió huir por las escaleras mientras el acusado lo perseguía al grito de “Venid tío, venid para acá, venid bicho”.

La víctima se desvaneció finalmente en la puerta de su propio piso debido a la pérdida de sangre, donde fue hallado por un vecino dos horas después. Como consecuencia, sufrió graves lesiones en el antebrazo y la muñeca que requirieron cirugía de urgencia y le han dejado cicatrices permanentes.

Estos hechos han sido calificados por el Ministerio Público como un delito de tentativa de asesinato y solicita para el acusado una pena de nueve años de prisión. Además, una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena (o al acceder al tercer grado), la Fiscalía pide que la pena de cárcel sea sustituida por la expulsión del territorio español. En relación con la indemnización, interesa que el acusado abone a la víctima un total de 7.735 euros por las lesiones sufridas, la intervención quirúrgica y las secuelas físicas resultantes del ataque, además del pago de las costas.

La acusación particular pide diez años de prisión y más indemnización

Por otro lado, la acusación particular solicita una pena de diez años de prisión y el pago de las costas. Respecto a las medidas de protección para la víctima, esta acusación coincide con la Fiscalía en solicitar cinco años de libertad vigilada. Durante este periodo, el acusado tendrá estrictamente prohibido comunicarse por cualquier medio o aproximarse a menos de 300 metros de la víctima.

Coincide también con el Ministerio Público en su petición de expulsión de España una vez cumplidas las dos terceras partes de la pena de prisión, o bien cuando el acusado acceda al tercer grado o a la libertad condicional.

Sin embargo, esta acusación reclama una indemnización superior a la que defiende la Fiscalía, elevándose hasta los 8.790 euros. Este incremento se debe principalmente a una mayor valoración de las lesiones causadas, mientras que se mantienen las mismas cantidades para la intervención quirúrgica y las secuelas permanente consistentes en una cicatriz en zigzag en la muñeca izquierda.

Tulia llamó a la Policía Nacional apenas dos horas antes de su asesinato el 13 de abril. En esa llamada, trasladó a los agentes sus sospechas de que su exmarido, actualmente en prisión provisional por supuestamente acabar con vida ese mismo día, se encontraba escondido en su piso, ubicado en el mismo bloque donde vivía ella. Así lo ha podido conocer este periódico de fuentes cercanas a la investigación, por lo que se confirma lo manifestado y defendido por los hijos de la víctima.

Según la documentación a la que ha accedido Cordópolis, Tulia llamó a la Policía a las 6:48 del 13 de abril. Hay que recordar que el detenido habría acabado con la vida de su exmujer apenas dos horas después de esa llamada en la que la víctima trasladó a los agentes que sospechaba que el hombre estaba en su piso, en una planta superior al suyo, porque le había parecido haberlo escuchado. El hombre no podía estar en su vivienda porque tenía una orden de alejamiento por una agresión que Tulia sufrió el 11 de abril.

Sobre las 15:00 de ese día, la mujer llamó a la Policía denunciando que su exmarido había entrado en su casa con un martillo, destrozando un equipo de sonido. El agresor fue detenido y se le impuso una orden de alejamiento y de comunicación respecto de la víctima. Ese mismo día, una patrulla acompañó al hombre a la vivienda para que recogiera sus enseres y poder cumplir las órdenes que le había impuesto el juzgado. Esta agresión iba a juzgarse el 13 de abril a las 10:00, pero Tulia fue asesinada una hora antes de ir a declarar.

Ahora, un oficio de la Policía Nacional remitido al juzgado ha dejado constancia de que la víctima trasladó a los agentes su miedo al intuir que su exmarido había roto la orden de alejamiento y se encontraba en su piso apenas dos horas antes de, supuestamente, cometer el crimen. Cuando la Policía recibió la llamada, una dotación de agentes acudió al barrio de La Fuensanta y se entrevistó con Tulia. Los agentes llamaron a la puerta del piso en el que vivía el hombre, pero nadie contestó a la puerta ni escucharon ruidos en el interior. Entonces, los policías se retiraron tras darle instrucciones a Tulia sobre los pasos a seguir.

Aproximadamente dos horas después de esta visita, se consumó el asesinato. La agresión previa al crimen se juzgará este miércoles en la Ciudad de la Justicia.

La plaza de Hiroshima y Nagasaki se ha convertido este sábado en el escenario del rechazo ciudadano contra la violencia machista. En su cita mensual cada día 25, la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha salido a la calle con un mensaje claro: Basta ya. En esta ocasión, el dolor ha sido especialmente profundo tras el asesinato machista el pasado 13 de abril de Tulia, vecina del barrio de la Fuensanta, un suceso que, en palabras de la portavoz de la plataforma, Carmen León Fernández, ha “encogido el corazón” de la ciudad.

En una atención a medios de comunicación, León ha destacado el impacto emocional que supone que la víctima sea alguien cercano. “Siempre que hay un asesinato machista duele, pero cuando encima es de alguien tan cercano y una vecina, pues notas que duele más”, ha expresado, recordando el lema que el movimiento feminista tiene interiorizado: “Si nos tocan a una, nos tocan a todas»”.

A pesar de los avances legislativos y sociales, la portavoz ha sido crítica con la gestión actual de la violencia de género. Por ello, ja denunciado que, aunque se han conseguido logros, “las cosas siguen fallando” debido a que los recursos no son los necesarios. “De boquilla se apuntan todos, pero si no hay recursos, las políticas de igualdad no funcionan”, ha sentenciado la portavoz de la plataforma, instando a que la lucha contra la violencia hacia las mujeres se traduzca en una apuesta real y presupuestaria.

Tras la lectura de un manifiesto, los participantes de esta concentración se han unido manifestación en contra de la guerra que ha partido a las 19:30 desde esta misma plaza.

El abogado de la familia de Tulia, la mujer asesinada el pasado lunes en el barrio cordobés de la Fuensanta, anuncia que instará que se inicie una investigación para conocer si fallaron los protocolos que debían proteger a la víctima. Según han confirmado a este periódico el letrado José Palomino, elevará esta solicitud a la Administración a petición de los dos hijos, Lili y Alejandro, que tenía la expareja.

El anuncio de esta investigación llega después de que la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, ordenara este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre como presunto autor de la muerte de Tulia. Durante su comparecencia judicial, el investigado se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. De forma inicial, se le atribuye un presunto delito de homicidio o asesinato -cuya calificación concreta se determinará durante la fase de instrucción-, así como un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Según consta en la causa, el acusado habría incumplido la prohibición de comunicación y de aproximación a menos de 500 metros de la víctima, una medida que le fue impuesta el pasado sábado.

Aquel día, según el escrito de calificación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso este periódico, sobre las 15:00, el procesado irrumpió en el piso donde vivía Tulia y discutieron. Después, regresó a la vivienda armado con un martillo de hierro y madera. Con el objetivo de amedrentar a su exmujer, de quien estaba divorciado legalmente desde 2011- el acusado destrozó un altavoz portátil mientras ella escuchaba música. Tras un violento forcejeo en el que Tulia logró quitarle el martillo, el hombre la agarró del pecho y la empujó violentamente contra la pared. Antes de huir, le lanzó la siguiente amenaza: “Cuando no estás en la casa voy a entrar y te voy a destrozar el piso”. Como consecuencia, la víctima sufrió una contusión cervical y una fuerte crisis de ansiedad. Los daños materiales en el equipo de música han sido tasados en 105 euros.

Por estos hechos, que serán juzgados el próximo mes de mayo, la Fiscalía pide para el acusado dos años de prisión por un delito de lesiones y otro de amenazas en el ámbito de la violencia de género. Además, solicita una multa por los daños tras destrozar el equipo de música de Tulia.

Por último, el letrado solicitará que se abra una causa por maltrato habitual, denunciando años de violencia continuada que habrían afectado no solo a Tulia, sino también a los hijos que ambos tenían.

La plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, ha ordenado en la mañana de este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido como presunto autor de la muerte de su expareja sentimental, ocurrida el pasado lunes en la capital cordobesa.

La medida ha sido adoptada a petición de la Fiscalía. Durante su comparecencia judicial, el investigado se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

De forma inicial, se le atribuye un presunto delito de homicidio o asesinato —cuya calificación concreta se determinará durante la fase de instrucción—, así como un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Según consta en la causa, el acusado habría incumplido la prohibición de comunicación y de aproximación a menos de 500 metros de la víctima, una medida que le fue impuesta el pasado sábado.

Dicha medida cautelar había sido acordada por la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del mismo tribunal, después de que, según la denuncia presentada por la víctima ese mismo día, el detenido accediera a su vivienda armado con un martillo, destrozara su equipo de música y la amenazara tras sujetarla por el pecho.

Por estos hechos previos, el hombre fue detenido y puesto a disposición judicial el sábado, quedando en libertad provisional con la citada orden de alejamiento, que fue la única medida solicitada por las partes en ese momento.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.

El hombre de 65 años detenido por el asesinato machista de Tulia el pasado lunes por la mañana en Córdoba permanecerá en dependencias policiales hasta el límite permitido por la ley. Tal y como ha podido confirmar este periódico, la Policía Nacional agotará el plazo legal de detención de 72 horas, ya que está previsto que el arrestado pase a disposición judicial este jueves por la mañana.

El crimen se cometió el lunes antes de las 9:00, cuando el agresor atacó a la víctima en el portal de su bloque utilizando un arma blanca de grandes dimensiones, según estas mismas fuentes. Tras el asesinato, el hombre se atrincheró en su domicilio -ubicado en el mismo edificio que el de la víctima- y ofreció una fuerte resistencia a los agentes, llegando a rociar la entrada con gas de pimienta para dificultar el acceso policial.

Tulia había denunciado a su expareja el sábado anterior después de que este irrumpiera en su casa con un martillo. A pesar de que se dictó una orden de alejamiento de 500 metros, el sistema VioGén calificó el riesgo como “medio” y el agresor no entró en prisión provisional porque ni la Fiscalía de Córdoba ni ninguna de las partes solicitaron su ingreso en la cárcel. El asesinato se produjo apenas una hora antes de que Tulia tuviera que declarar en un juicio rápido por esta denuncia previa.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha instado a revisar la respuesta a nivel nacional que ofrecen las Administraciones públicas para evitar más casos fatales de violencia machista como el ocurrido en el barrio cordobés de la Fuensanta el pasado lunes, cuando una mujer de 64 años fue asesinada por su expareja a las puertas de su casa.

En atención a los medios tras participar en las jornadas '10 años de mediación del Defensor del Pueblo Andaluz' en Sevilla, el consejero ha concretado que “la respuesta a nivel nacional se tiene que revisar”, para analizar “qué resultados están dando los protocolos” y “qué garantías” están ofreciendo las instituciones.

No obstante, Nieto ha matizado que es “muy difícil” ejecutar un protocolo que nos garantice el “cien por cien de acierto” y en el que se asegure que “no va a haber ningún tipo de desenlace fatal en estas situaciones”. En relación, ha indicado que el “riesgo cero es imposible” y que “no podemos ser tan ingenuos” de pensar que se puede garantizar la seguridad total en este tipo de casos.

“No es un problema de fallo en el Ministerio del Interior o en el Ministerio de Justicia o en la Junta de Andalucía”, ha apuntado, mientras que ha señalado que estas situaciones responden a “un fallo sistémico en la sociedad en relación a la violencia sobre la mujer”.

En esta línea, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha considerado que “no podemos pensar que solo fallan las instituciones” cuando se produce un caso de violencia machista como el ocurrido el pasado lunes en la capital cordobesa, al tiempo que ha reconociodo que, entre todos los agentes de la sociedad, debemos “hacer un análisis” para no “ser parte de una sociedad paternalista en la que todos pensamos que falla otro”.

“Hay muchas personas que todavía siguen creyendo que la violencia puede ser la solución a algo”, ha lamentado Nieto que, además, ha precisado que se requiere un “impulso permanente desde el trabajo, la familia o el entorno social de cualquier persona” para que no se produzcan “desenlaces fatales que terminan con la vida de una persona”.

En suma, el consejero ha reconocido que la sociedad “tiene que madurar y tiene que ser capaz de reaccionar ante estas situaciones”, así como ha concretado que las Administraciones públicas “tienen que poner los medios para que esas reacciones tengan atención”.

“Tenemos que concienciar a la ciudadanía para que no se tengan actuaciones de este tipo y para que arriconemos más al violento que trata de agredir a la persona a la que quiere, con la que ha convivido, y que ese tipo de prácticas pasen definitivamente a la historia”, ha declarado.

Bajo este contexto, Nieto ha apostillado que España es “uno de los países que lidera la lucha contra la violencia de género”, instando a todas las instituciones a que, cuando se produzca un caso como el de Córdoba, a “reaccionar reafirmando nuestro compromiso contra este tipo de violencia”.

Con este suceso, Andalucía contabiliza un total de cuatro asesinatos por violencia machista tras confirmar el pasado martes el Ministerio de igualdad el caso de Tulia. Existían antecedentes en VioGén y la víctima había denunciado recientemente por violencia de género al presunto agresor.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende en España a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, según ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Tulia tenía que acudir este lunes a la Ciudad de la Justicia de Córdoba para declarar por la denuncia que el pasado sábado interpuso contra su expareja por violencia machista. Iba a ser un juicio rápido, pero Tulia nunca llegó: el hombre la asesinó en el portal de su casa. Tras la denuncia, la mujer había recibido una valoración de riesgo medio y el juzgado decidió no dejar al hombre en prisión, pero sí interponer sobre él como medida cautelar una orden de alejamiento que decidió quebrar. ¿Qué falló para que, a pesar de denunciar y solo una hora antes del juicio, Tulia fuera asesinada?

Colombiana de nacimiento pero cordobesa de adopción, Tulia era muy querida en su barrio. El lunes por la tarde, sus vecinos se congregaron en la plaza de la Juventud, muy cerca del bloque donde la mujer fue asesinada y donde también vivía su agresor. El relato de la familia de Tulia muestra que no se trató de un ataque inesperado, sino de una historia de violencia. Durante la multitudinaria concentración, su hermana aseguró que Tulia vivía “calvario de libro”: el agresor la maltrataba, buscaba su perdón y ejercía un control asfixiante sobre ella, oponiéndose incluso a que la víctima recuperara su independencia a través de un grupo de senderismo.

Según asegura el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, solo consta una denuncia previa al crimen: la que Tulia, que había sido usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer, formuló el pasado sábado. Lo hizo después de un episodio especialmente violento. La mujer, de 64 años, se encontraba en su casa. Vivía en la tercera planta de un edificio y su agresor, de 65 años, en la cuarta. En un momento dado, el hombre irrumpió en el piso de la víctima portando un martillo y destrozó un equipo de música que tenía la mujer. Tras esto, según la denuncia que formuló la víctima, la habría sujetado por el pecho y amenazado con destrozarle toda la casa. Durante la comparecencia por estos hechos, el detenido se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

La plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, acordó entonces su puesta en libertad provisional, imponiendo como medida cautelar la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 500 metros de la víctima por un delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género. Ni la Fiscalía ni ninguna de las partes solicitaron su ingreso en prisión provisional ni otras medidas cautelares adicionales.

Desde ese momento, Tulia entró en el sistema VioGén y su caso se valoró de riesgo medio, según la valoración policial. Dicha valoración se produce una vez conseguida información de todas las fuentes posibles y de la toma de declaración a la víctima. De acuerdo con dicho riesgo, se establecen un conjunto de medidas policiales de protección a adoptar, que se dividen entre obligatorias y complementarias. Entre las primeras se encuentra el acompañamiento a la víctima en actuaciones de carácter judicial, asistencial o administrativo, cuando se considera que puede existir algún tipo de riesgo para la propia víctima.

Acompañar a las víctimas

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha asegurado que agentes de la Policía se ofrecieron a acompañarla a los juzgados, pero que la mujer declinó la ayuda. El exdelegado del Gobierno para la violencia de género Miguel Lorente explica, sin embargo, que la decisión de preservar la seguridad de las mujeres no puede recaer en ellas y reclama valoraciones del riesgo hechas por equipos forenses y no solo por los policiales. “Hay una minimización general de los riesgos, también por parte de las mujeres, y el sistema debe saber eso. Si los protocolos dicen que con cierto nivel de riesgo se exige un acompañamiento, ese acompañamiento debe hacerse, porque estamos hablando de un delito público, existe una obligación de actuar sobre el agresor”, subraya.

De hecho, la valoración de riesgo medio implica otras medidas obligatorias, como la vigilancia ocasional y aleatoria del domicilio o lugar de trabajo de la víctima; la comprobación periódica del cumplimiento por el agresor en las entradas y salidas en los centros escolares de los hijos –si los hubiere–; una entrevista personal con la víctima y el traslado de información a la mujer sobre las recomendaciones que se incluyen dentro del Plan de Seguridad, o la comprobación periódica del cumplimiento de las medidas judiciales de protección. En el caso del asesinato de Tulia, su agresor se saltó la orden apenas 48 horas después y solo una antes del juicio.

“¿Cuál es el objeto de ese acompañamiento policial que establece el protocolo? La seguridad de la víctima, y si la seguridad no se cubre sobre la víctima por las razones que sea, se debe adoptar una medida sobre el agresor: un seguimiento indirecto, saber dónde está el agresor, contactar con él, comprobar que está cumpliendo la orden de alejamiento, sobre todo sabiendo que esa mañana había un juicio”, insiste Miguel Lorente. El forense destaca que las mujeres deben ser informadas adecuadamente de lo que supone el nivel de riesgo que han asignado a su caso, las conductas violentas a las que está asociado, y el significado de las medidas de acompañamiento para que puedan tomar sus decisiones “con toda la información”.

Lorente alerta sobre cómo los estereotipos machistas y el negacionismo influye en la percepción social del riesgo de la violencia machista. Si solo se denuncia el 25% de los caos, prosigue, el hecho de que exista una denuncia debe hacer que el caso se considere grave. Sobre Viogen, el experto señala que muchas preguntas para valorar el riesgo estén dirigidas a la violencia física grave: “Eso es una parte de la violencia, a veces una pequeña parte, porque el agresor quiere fundamentalmente el control, no el daño, y a lo mejor está consiguiendo el control de otra manera”. En el caso de la Tulia, el relato de la familia demuestra que el asesino ejercía ese control insistentemente de distintas maneras.

“Que sirva para cambiar algo”

Ya el lunes, Tulia sacó a pasear a su perro. Era antes de la nueve de la mañana, una hora antes del juicio. De vuelta a casa, su agresor, que ya no podía vivir en el mismo edificio por la orden de protección, la estaba esperando en el portal. El hombre cometió el crimen dentro del bloque y después se atrincheró, armado, en su vivienda. Previamente, llenó la entrada al portal de gas de pimienta, lo que dificultó la entrada de los servicios de emergencia y de la Policía. El agresor pudo ser detenido, no sin antes emplear una gran resistencia.

Tulia es la víctima mortal número 16 de la violencia machista en 2026, pero es mucho más que una cifra en las estadísticas de “terrorismo machista”, como reivindicaba la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres este lunes. Tal y como explicaba su hermana, Tulia era una mujer que llegó a España hace 30 años, doctorada en Derecho Internacional y que acababa de superar un cáncer. Su hermana ha criticado el sistema judicial: “¿Cómo es posible que hace una denuncia y lo dejan libre? ¡La desprotegieron! Él no tenía nada que perder; lo tenía todo perdido. Le faltaba matarla y lo ha conseguido”.

Durante la concentración, la hija de la víctima, Lili, estalló en llanto y rabia al ver cómo en ese mismo momento, coincidiendo con el acto público de repulsa, la Policía Nacional trasladaba al detenido de vuelta a la escena del crimen para la reconstrucción de los hechos. El hijo de Tulia, Alejandro, también criticó el sistema. “Hoy ha sido mi madre. Otro día puede ser otra mujer de todas las que están aquí. La justicia no hace nada para frenar esto, no ayuda a las mujeres maltratadas. Así que, por favor, vamos a apoyar más a las mujeres y que el asesinato de mi madre sirva para cambiar algo”.

La Fuensanta, y parte de Córdoba, se ha unido en la plaza de la Juventud para recordar la figura de Tulia, la mujer de 64 años que ha sido asesinada en la mañana de este lunes presuntamente a manos de su expareja. La concentración, organizada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, ha contado con la participación de políticos y una multitud de gente que no ha querido perder la ocasión para reivindicar el feminismo como solución a la violencia de género.

Un día marcado en negro en la historia de la Fuensanta. Una multitud de jóvenes, vecinos y colectivos feministas se han concentrado ya bien entrada la tarde de este lunes en la plaza de la Juventud para pedir justicia por Tulia, la mujer de 64 años que ha sido asesinada presuntamente por su expareja. Esta concentración ha sido a escasos metros del lugar de los hechos, en el Pasaje Virgen de la Luna. Un suceso que la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha catalogado como un nuevo caso de “terrorismo machista”. Dicho acto ha contado con la presencia de los familiares más cercanos, incluidos los hijos de Tulia, Lili y Alejandro.

Tulia era una mujer que llegó a España hace 30 años y se doctoró en Derecho Internacional. Vivía un calvario de “libro”, según ha relatado su hermana ante todo el gentío. Además, la víctima acababa de superar un cáncer y estaba tratando de recuperar su independencia a través de un grupo de senderismo, algo que no gustó a su expareja. “Él la maltrataba y después quería que ella lo perdonara, explicó, detallando que, a pesar de las denuncias, el hombre, del mismo barrio de la Fuensanta, fue puesto en libertad poco antes del asesinato.

La emoción del relato de los hijos

Los primeros momentos de tensión se han vivido con el testimonio de su hija Lili. Justo cuando estaba empezando a hablar entre sollozos y lágrimas, la Policía Nacional decidió trasladar al presunto autor de los hechos, que se encontraba en la escena del crimen, lo que provocó que su reacción fuera de rabia. “¡Ha salido a la calle una hora después de haber sido arrestado! No se puede permitir que a una hora de un juicio, coja y la mate”, sentenció Lili. Por su parte, los vecinos increparon con insultos y gritos el traslado de la expareja de Tulia de vuelta a comisaría.

Minutos más tarde, y después de liberar cierta tensión, Alejandro cogió el testigo de su hermana. Con más calma dentro de la dureza de los hechos, este joven tomó la palabra para hacer un llamamiento. “Hoy ha sido mi madre. Otro día puede ser otra mujer de todas las que están aquí. La justicia no hace nada para frenar esto, no ayuda a las mujeres maltratadas. Así que, por favor, vamos a apoyar más a las mujeres y que el asesinato de mi madre sirva para cambiar algo”.

Una denuncia que “la desprotegió”

Por su parte, la hermana de Tulia ha querido engrandecer su figura, pero también cargó contra el sistema judicial. “¿Cómo es posible que hacen una denuncia y lo dejan libre? ¡La desprotegieron! Él no tenía nada que perder, lo tenía todo perdido. Le faltaba matarla y lo ha conseguido. ¡Te amo, hermana! ¡Te voy a echar de menos! ¡Te amo, Tulia!”.

Asimismo, desde la organización feminista se ha denunciado que Córdoba ha vuelto a vestirse de negro por haber llegado “una vez más tarde”. A pesar de que el caso estaba calificado como de “riesgo medio”, Tulia ha sido asesinada. “Ya son 17 las mujeres y dos criaturas asesinadas en lo que va de año. El machismo mata y la igualdad nos hace grandes”.

Para terminar con la comparecencia, dos vecinas y una amiga de la víctima han tomado la palabra para exigir que todo aquel que vea un acto machista al otro lado de su pared que responda. “Todos somos responsables. Desde nosotros hasta los políticos, pasando por los medios de comunicación y los jueces. Hay que hacer algo para que el asesinato de Tulia sea el último”, concluyeron.

Momentos de tensión y gritos los que se han vivido en la concentración que se ha realizado en la tarde de este lunes por el asesinato de Tulia, la mujer de 64 años que ha muerto presuntamente en la Fuensanta a manos de su expareja. La iniciativa, organizada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, ha coincidido con la presencia del detenido y presunto autor de los hechos en la escena del crimen.

Pese a esta simultaneidad en los hechos, la concentración ha transcurrido con normalidad hasta que Lili, la hija de Tulia, ha cogido el testigo para hablar sobre su madre. En ese momento, y con las más de 1.000 personas escuchando este relato, la Policía Nacional ha sacado del bloque al detenido. Este hecho ha provocado que varios vecinos le hayan increpado, e incluso algunos de ellos se han puesto en la trayectoria del vehículo policial, siendo identificados por los agentes.

Tras ello, la movilización en la plaza de la Juventud ha vivido unos momentos de tensión, con Lili dejando de hablar y gritando entre llantos de dolor y pena. La organización ha pedido calma. “Por favor, no actuemos como él lo ha hecho. No es lo mejor”, han añadido. Después de este hecho, Alejandro, el segundo hijo de Tulia, ha tomado la palabra para reconducir el acto.

En cambio, la concentración se ha desarrollado con normalidad ante una multitud de personas que han pedido que este tipo de sucesos no se vuelvan a repetir. La iniciativa se ha celebrado, como se ha mencionado anteriormente, en la plaza de la Juventud, a escasos metros del Pasaje Virgen de Luna.

La mató el mismo día que ella lo iba a sentar en el banquillo por violencia de género. El crimen machista de este lunes en el barrio de la Fuensanta de Córdoba ha añadido una nueva circunstancia trágica a los hechos: la mujer asesinada tenía fijado un juicio rápido por violencia de género contra la persona que presuntamente la acuchilló hasta darle muerte.

Según ha podido saber este periódico por diversas fuentes, el presunto asesino y la víctima habían sido pareja sentimental en el pasado. El pasado viernes, ella había interpuesto una denuncia contra él por violencia de género, a raíz de la cual se interpuso una orden de alejamiento (ello a pesar de que ambos vivían en el mismo bloque).

El juicio rápido se había fijado para este lunes a las 10:00 en la Ciudad de la Justicia de Córdoba, pero nunca se celebró. Y es que, poco antes de las 9:00, el presunto homicida acechaba en el portal de su expareja esperando a que ella abandonara su domicilio. Cuando la mujer lo ha hecho, el hombre ha acabado con su vida a puñaladas, para después rociar con gas pimienta el portal y atrincharse en un piso.

La Policía Nacional se ha tenido que emplear con fuerza para poder detener al presunto autor del crimen -que estaba en el Sistema VioGén-, que se ha resistido al arresto y finalmente ha sido conducido a un coche patrulla rodeado de agentes mientras los vecinos le insultaban y gritaban por haber dado muerte a su expareja.

La mujer, la primera víctima de violencia machista este año en Córdoba, tenía dos hijos.

Los vecinos de la Fuensanta se han agolpado en la mañana de este lunes en la plaza de la Juventud tras conocer el asesinato de una mujer a manos de su pareja. Antes de las 9:00, el primer asesinato machista de 2026 en Córdoba había ocurrido en el pasaje Virgen de la Luna.

“Que esto siga pasando a día de hoy es una vergüenza”, denuncian a este periódico varios de los vecinos, que han arrancado la semana marcados por el sonido de las sirenas y afectados por una tragedia. Los hechos que se ha cobrado la vida de esta mujer fueron de menos a más hasta que finalmente el furgón se ha llevado el cuerpo de la víctima.

Antes de las 9:00, los vecinos ya alertaban de que algo grave estaba pasando. “Venía a traer a mi sobrina al colegio y he visto a los bomberos decir que un hombre estaba tirando cosas por la ventana”, relata una ciudadana a Cordópolis. Minutos más tarde, la Policía Nacional y Local ya acordonaban la zona. “Entraron con escudos en el número uno y poco después escuchamos tres tiros”, explican los residentes, en referencia a unos disparos disuasorios que aún no han podido ser confirmados por fuentes oficiales.

“La han asesinado”, “por eso olía a gas, nena”, murmuraban entre ellos cuando apenas había nada confirmado. Con el paso de los minutos, el detenido salía del bloque entre insultos y con una afirmación pesimista entre los presentes: “Las denuncias por violencia de género no sirven para nada”.

Y es que todos coincidían en criticar el hecho de que agresor y víctima vivieran en el mismo bloque, pese a que existía una orden de alejamiento, tal y como ha podido confirmar este periódico. “Para qué va a denunciar una mujer, si después pasa esto”, han lamentado.

La rabia del vecindario ha acabado estallando cuando la Policía ha sacado al presunto homicida del bloque y lo ha metido en el coche patrulla. En ese momento, mientras el detenido iba rodeado de agentes, los gritos e insultos han sido lo único que se ha escuchado en el barrio, que tardará en olvidar la tragedia de este lunes.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado una sentencia de conformidad por la que ha condenado a un hombre a una pena de 18 años y dos meses de prisión por maltratar a su pareja, amenazarla e intentar asesinarla con un destornillador en Pozoblanco. Además, ha sido condenado por agredir a su hija durante este último episodio, que se produjo en agosto de 2023 en la piscina del camping de la localidad. La Fiscalía pedía 29 años de prisión.

Según la sentencia, los hechos sufridos por la víctima revelan un historial de violencia sistémica y control que el tribunal ha calificado como un “clima de terror continuado”. La pareja inició su relación en 2010, fruto de la cual nació su hija que hoy es menor de edad. Desde el inicio, el condenado mantuvo una actitud violenta y de control absoluto sobre su pareja.

De forma cotidiana, el agresor le propinaba puñetazos, bofetadas, tirones de pelo y patadas, seleccionando preferentemente zonas del cuerpo no visibles con la ropa para ocultar las agresiones. El control se extendía a su entorno social, con insultos constantes y escenas de celos. Estos episodios ocurrían habitualmente en el domicilio común y eran presenciados en su mayoría por la hija. Con el tiempo, el nivel de agresividad aumentó, coincidiendo con el inicio del consumo de estupefacientes por parte del condenado. Para mantener a la víctima en un estado de miedo permanente, el hombre llegó a colocar cuchillos en la habitación.

De manera detallada, el tribunal ha considerado probado que, en septiembre de 2022 durante la feria de Pozoblanco, el acusado propinó puñetazos en el brazo porque a su novia porque hablaba mientras él quería silencio. En junio 2023, tras propinarle fuertes puñetazos, el procesado fue a la cocina, cogió un cuchillo y le cortó el brazo izquierdo, requiriendo puntos de sutura. En otro incidente, esta vez, en verano de 2023, llegó a pinchar a su pareja dos o tres veces con un arma blanca.

En agosto de ese mismo año, y días antes del ataque en la piscina, la pareja discutió en el coche. En un momento dado, el condenado la obligó a bajarse del vehículo en un camino, la hizo arrodillarse y le puso un destornillador en el cuello mientras la amenazaba de muerte.

El intento de asesinato en el camping

El 9 de agosto de 2023, sobre las 13:00, la familia llegó a la piscina del camping municipal de Pozoblanco. El acusado, que presentaba un estado muy alterado, sacó del maletero un destornillador de 21 centímetros de colores rojo y amarillo.

Aprovechando que su novia caminaba delante de él y cargaba con bolsas, lo que le impedía defenderse, el condenado se aproximó por la espalda con el fin de acabar con su vida. Le asestó un total de 24 puñaladas en diversas zonas del cuerpo. El ataque solo cesó cuando los presentes en el camping intervinieron para auxiliar a la mujer.

En medio de la agresión, la menor intentó interponerse para proteger a su madre. Su padre, lejos de detenerse, le propinó un fuerte golpe en la cara, causándole una herida cerca del ojo derecho que requirió asistencia médica.

A consecuencia de las 24 puñaladas, la víctima sufrió un neumotórax bilateral y laceraciones pulmonares, pasando por intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. Necesitó 375 días para estabilizar sus lesiones y le han quedado secuelas físicas y estéticas importantes.

Para la reducción de la pena, el tribunal ha aplicado la atenuante de toxifrenia al considerar que el consumo de drogas del acusado afectaba parcialmente sus facultades. De este modo, las condenas han sido las siguientes: un año y nueve meses de prisión por malos tratos habituales en el ámbito familiar, dos años de prisión por un delito de lesiones con instrumento peligroso, un año y tres meses de prisión por un delito de amenazas no condicionales, 11 años de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa y nueve meses de prisión por cada uno de los tres delitos de malos tratos en el ámbito familiar.

Además, la sentencia le ha impuesto la prohibición de comunicación y aproximación a la mujer durante 37 años y 15 respecto de su hija. Asimismo, ha sido inhabilitado para el ejercicio de la patria potestad respecto de la niña durante tres años y deberá cumplir una medida de libertad vigilada de ocho años una vez finalizada su estancia en prisión.

Finalmente, en concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a su pareja con un total de 134.350 euros, mientras que deberá abonar 1.100 euros a su hija.

La Policía Nacional ha detenido a una mujer y a su hijo en Lucena (Córdoba) acusados de la muerte de una anciana, que era madre y abuela de los arrestados, respectivamente. Tras su puesta a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión preventiva de ambos, acusados de un presunto delito de asesinato, según han confirmado fuentes policiales a este periódico y ha avanzado Diario Córdoba.

Los hechos sucedieron el pasado día 12 de marzo, cuando la Policía Nacional recibió esa mañana el aviso por el fallecimiento de la anciana en el interior de una vivienda. Hasta allí también se desplazaron los servicios sanitarios, que solo pudieron certificar su muerte.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y la autopsia practicada determinó que la mujer no había muerto por causas naturales sino que habría indicios de criminalidad, indican fuentes policiales.

La Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer los hechos y detuvo a la mujer y a su hijo, que compartían la vivienda con la víctima, el mismo día 12 de marzo. Dos días después pasaban a disposición judicial y, tras declarar ante el juez, han sido enviados a prisión preventiva acusados de un presunto delito de asesinato.