Las ejecuciones hipotecarias se mantienen en Córdoba en pandemia mientras se reducen en España

El número de certificaciones hipotecarias sobre viviendas en España, habituales o no, se ha ido reduciendo durante la pandemia, pasando de las 27.488, iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad durante 2019, a las 18.920 registradas en 2020 y las 15.100 de los tres primeros trimestres de 2021, reflejándose también dicha tendencia a la baja en Andalucía, con 5.848 (2019), 3.653 (2020) y 3.337 (2021) certificaciones, pero no así en Córdoba, donde se han mantenido con altibajos, con 193, 170 y 185 certificaciones por año, respectivamente.

Así se extrae de los datos que ha facilitado el Gobierno de la Nación en su respuesta escrita, a la que ha accedido Europa Press, a las preguntas que, a este respecto, le había planteado el diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, quien quiso saber “¿cuántos desahucios se han evitado con las medidas adoptadas por el Gobierno en el periodo de pandemia?” y “¿cuál es la distribución por provincias y comunidades autónomas?”.

Ante esto, el Ejecutivo central ha respondido que, “según los datos de la Comisión Nacional de Estadística Judicial, del Ministerio de Justicia, dados a conocer por el Consejo General del Poder Judicial el pasado 22 de septiembre de 2021, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias se redujeron un 25,3 por ciento en relación con el año 2019, y los derivados del impago del alquiler bajaron un 18,9 por ciento”.

Ello evidencia, a juicio del Gobierno, “el descenso en el número de lanzamientos derivados, tanto de ejecución hipotecaria y de contratos de arrendamiento, como de otros casos de ocupación”, en coincidencia “con la crisis derivada del Covid-19, de la suspensión de la actividad judicial derivada de la misma y de las medidas normativas adoptadas”.

Además de dichas medidas, “ya acordadas y prorrogadas por distintos decretos-leyes en relación con la suspensión de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad”, el Ejecutivo ha recordado que “la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, introdujo, entre otras medidas, la necesidad de comunicar previamente cualquier lanzamiento a los Servicios Sociales competentes, cuando los ocupantes pudieran encontrarse en situación de vulnerabilidad social, para adoptar las actuaciones previas y coordinadas por parte de las administraciones competentes, ante tal posible situación”.

Por otra parte, el Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha señalado que, “según la información recibida del Instituto Nacional de Estadística (INE), el objetivo principal de la Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias que se inician e inscriben en los registros de la propiedad durante el trimestre de referencia, relativas a la totalidad de fincas rústicas y urbanas, por comunidades autónomas”.

En este punto y en su respuesta, el Ejecutivo ha aclarado que “no todas las ejecuciones de hipotecas que se inician terminan con el lanzamiento de sus propietarios y que un procedimiento judicial puede dar lugar a varias certificaciones por ejecución de hipoteca”, dándose la circunstancia de que el INE “no dispone de información sobre el número de desahucios, ya que estos han de ser ordenados por un juez y el INE únicamente dispone de información contenida en los registros de la propiedad”.

Por ello, en su respuesta a las preguntas del diputado socialista cordobés, el Gobierno le ha facilitado el número de inscripciones de certificaciones de ejecución hipotecaria sobre viviendas, habituales o no, que se han llevado a cabo en España, por comunidades autónomas y provincias, durante los años 2019, 2020 y los tres primeros trimestres de 2021, con el resultado ya expuesto al inicio.

En cuanto al número de ejecuciones hipotecarias referidas exclusivamente a viviendas habituales, el Ejecutivo central ha precisado que estas ascendieron en España a 5.361 en 2019, a 7.588 en 2020, y a 8.716 en los tres primeros trimestres del pasado año 2021, no disponiendo de estos datos a nivel autonómico y provincial.