Una veintena de familias consigue la licencia para ocupar sus VPO

Diecinueve familias que adquirieron un piso de protección pública mediante la constitución de una cooperativa en la zona de la Huerta de Santa Isabel de Córdoba han logrado el acceso a sus viviendas. Ante ello, el Defensor del Pueblo en Andalucía, Jesús Maeztu, inició de oficio una queja ya que está “directamente afectado el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada, consagrado en el artículo 47 de la Constitución española”, según consta en el expediente.

El pasado 25 de julio, la Gerencia de Urbanismo logró la concesión de la licencia de ocupación a estas familias. El terreno fue adquirido por la cooperativa que lo ha construido a la Junta de Andalucía, “pero previa segregación de un terreno mayor que sí cuenta con las instalaciones antes citadas, siendo así que el problema radicaría en que el solar originario sí cumple con el plan municipal, pero no ocurre así con el segregado que es precisamente donde se encuentran las viviendas y el Ayuntamiento mantiene que tiene que contar con su propia conexión con las instalaciones del sistema de recogida neumática de residuos”, lamenta el Defensor en su queja. El asunto ya está resuelto.