Denuncian que usuarios en inserción social de ONG pueden verse en la calle al no renovarse alquileres sociales de sus viviendas

“Como sabe una vez no renovado el convenio con el Ayuntamiento de Córdoba, la gestión que se iniciará es la denuncia de los contratos para rescindir los mismos al vencimiento”. Con mensajes como este por escrito o en comunicaciones verbales por teléfono, distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de Córdoba han recibido así la noticia de que Cajasur -a través de Convisur- no va a renovar el alquiler social de varias viviendas que gestionan estas ONG, donde viven usuarios de sus proyectos de inserción social, argumentando que el Consistorio no va a renovar a su vez el convenio que tiene con la entidad bancaria para mantener una bolsa de pisos de Cajasur dedicados al alquiler social para personas en riesgo de exclusión social.

Ante ese anuncio, las ONG denuncian que esa decisión implicaría que usuarios de proyectos de inserción sociolaboral que viven en dichos pisos “se verían en la calle” -explican a Cordópolis-, mientras que desde el Ayuntamiento señalan a este periódico que se trabaja para otorgar ayudas directas al alquiler a los usuarios y que “no hay riesgo de que ninguna de las familias pueda ser lanzada de las viviendas que ocupa”, si bien no precisan si también se acogerían a esta cobertura las personas con las que trabajan las ONG y no son 'familias' como tal, sino usuarios individuales de estas viviendas.

Una de las ONG afectadas es Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), que cuenta con dos pisos de alquiler social de Cajasur vinculados al convenio con el Ayuntamiento de la capital. La entidad ha argumentado la no renovación de dicho convenio municipal para señalar que solo mantendrán el alquiler social en una de las viviendas y que se rescindirá el contrato de la otra. MZC ofrece esas viviendas a mujeres en extrema vulnerabilidad social, que se distribuyen en los dos pisos, según tengan a cargo o no hijos menores.

“Nos dicen que un piso sí podemos renovarlo un año más, pero que otro no. El contrato de uno de ellos termina este mes de junio. Y tenemos que elegir con cuál nos quedamos, lo que supone echar a la calle a las otras mujeres”, advierte Covadonga Carral, coordinadora del Área Derechos Sociales y Migración de MZC. Esta ONG ha iniciado contacto con Cajasur para “tratar de que se mantenga el alquiler de los dos pisos”, a la vez que ha solicitado un reunión con los responsables de Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Finalmente, tras varios días de negociación y a última hora de este mismo martes, MZC ha recibido respuesta: por un lado, Cajasur se ha abierto a negociar la renovación de los dos pisos con los que cuenta la ONG y, por otro lado, ya han concretado cita para tratar la situación con el Ayuntamiento.

En un caso similar está Córdoba Acoge, que gestiona un piso en alquiler social para seis hombres, jóvenes inmigrantes, en proceso de inserción sociolaboral. Esta vivienda la pueden mantener hasta febrero de 2022, pero ya les han advertido de que no se renovará el contrato entonces, cuenta Lucía Pérez, coordinadora de esta ONG. “No podemos buscar alternativa, si se cierra el piso estas seis personas van a la calle”, denuncia sobre la situación que quedarían estas personas con las que Córdoba Acoge trabaja en un itinerario para su inclusión social y en la búsqueda de empleo.

Ayuntamiento: “Se trabaja para dar ayudas al alquiler”

Por su parte, el Ayuntamiento de Córdoba sostiene que trabaja “para dar ayudas al alquiler a las familias y no a las entidades financieras” con el convenio actual y sostiene que “no hay riesgo de que ninguna de las familias pueda ser lanzada de las viviendas que ocupa”.

En este caso, el Consistorio “está ultimando ese convenio para las familias”, algo sobre lo que también está trabajando Stop Desahucios con la empresa de vivienda municipal, Vimcorsa.

Más allás de las 'familias', el caso de los usuarios de las ONG que denuncian que se pueden quedar en la calle también se está abordando, aunque sin precisar cuál sería la solución: “Se está negociando los nuevos convenios y las negociaciones con Cajasur y otras entidades sigue abierta”, explican desde el Ayuntamiento, que mantiene como “prioridad” que las familias paguen directamente al banco el alquiler social y el Consistorio no actúe de intermediario en ese sentido. Todo eso, sin embargo, sigue en negociación y las ONG advierten de que hay contratos de alguno de los pisos que gestionan que vencen este mismo mes de junio y reclaman una solución.