El PSOE andaluz arma una estrategia jurídica para suspender de sus funciones al portavoz de Vox

El PSOE andaluz ha armado una estrategia jurídica para intentar suspender temporalmente de sus funciones al portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, tras el incidente violento que protagonizó el pasado jueves con la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet. Los socialistas han registrado este lunes una proposición no de ley que busca reprobar a Hernández por el trato “vejatorio y agresivo” que tuvo con la presidenta durante la última sesión de control al Gobierno, en la que acabó mandando “a tomar por culo” a la segunda autoridad andaluza, según adelanta Eldiario.es/andalucia.

La aludida ha pedido “zanjar” el asunto -“borrón y cuenta nueva”, ha dicho-, pero el equipo de Susana Díaz no va a desaprovechar la oportunidad de usar este suceso para retratar al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla “dependiente de un partido ultra, agresivo y propenso al insulto sistemático”. En su iniciativa legislativa, el PSOE esgrime que se ha vulnerado el artículo 101.4 del reglamento del Parlamento, que sostiene que “un diputado podrá ser suspendido temporalmente de todos o de alguno de sus derechos, por razón de disciplina parlamentaria” (...) “cuando atentase de modo grave, en el ejercicio de sus funciones, al decoro parlamentario”.

Para lanzar su ofensiva, los socialistas se apoyan en dos informes de los servicios jurídicos de la Cámara, de principios de año, que se usaron precisamente para lo contrario que ahora pretenden, esto es, desestimar la reprobación de un diputado (en ese momento era Adelante Andalucía quien había pedido la condena de la Cámara a Susana Díaz y los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso ERE. “Cuando tratamos sobre las reprobaciones, nos situamos ante una materia sobre la que no hay un criterio jurídico seguro. No están reguladas expresamente y no existe jurisprudencia sobre ellas”, advierten los letrados en uno de los informes, a los que ha tenido acceso este periódico.

La PNL de los socialistas tiene más recorrido político que jurídico. La estrategia de Susana Díaz, desde que arrancó la legislatura, consiste en desmontar el perfil de líder moderado que está acuñando el presidente Moreno, y que ya le reconocen los foros periodísticos y políticos de Madrid (incluidos sus compañeros del PSOE, que le comparan con la versión más dura de Pablo Casado o con la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso). El informe de los letrados del Parlamento andaluz da cobertura a esta estrategia, recordando que “la doctrina del Tribunal Constitucional que entiende las proposiciones no de ley como «una vía adecuada para forzar el debate político y obligar a que los distintos Grupos de la Cámara y esta misma tengan que tomar expresa posición sobre un asunto o tema determinado», o bien entender que la moción de censura y la propuesta de reprobación sean instrumentos tan diferentes que la primera no excluya la segunda”.

Los precedentes anteriores del Parlamento de Andalucía “son contrarios a la admisión de iniciativas de reprobación de diputados”, de ahí que el PSOE haya evitado usar este término en su iniciativa, sustituyéndolo por una perífrasis: piden a la Mesa de la Cámara la “suspensión temporal de sus derechos como diputado al portavoz de Vox por razón de disciplina parlamentaria, por atentar de modo grave, en el ejercicio de sus funciones, al decoro parlamentario con su comportamiento”.

Las reprobaciones contra diputados cuentan con suficientes antecedentes cuando aquéllos son titulares de algún cargo extraparlamentario. El supuesto más clásico es el del diputado que es también miembro del ejecutivo, caso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que fue reprobada por la Cámara en esta legislatura, o el ex consejero de Justicia, Emilio de Llera, en el mandato anterior. En estos casos, la iniciativa de reprobación se admite debido al cargo ejercido. En cambio, son muy escasos los antecedentes de reprobaciones dirigidas contra diputados que no ejercen simultáneamente otro cargo o contra gobiernos o ejecutivos, pero también los hay. Por ejemplo, recientemente el Parlamento andaluz reprobó por unanimidad al diputado de Vox Rodrigo Alonso por arrancar un anuncio sindical del tablón de los representantes de los trabajadores de la Cámara y arrojarlo a la basura. Todos estos son ejemplos que la presidenta Bosquet no tuvo en cuenta al afirmar, hace apenas unos días, que “el Parlamento no puede reprobar a uno de sus miembros, elegido en las urnas”.

El informe jurídico que esgrime el PSOE recuerda tres casos en los que la Cámara correspondiente admitió a trámite la iniciativa de reprobación de uno de sus miembros, sin que apareciera el término reprobación. El que ha servido de inspiración a la PNL de los socialistas andaluces es un caso acontecido en el Senado, en 2018, en una moción por la que la Comisión de Entidades Locales reprobaba al senador Carles Mulet García, por los insultos proferidos al alcalde del municipio de Valdelagua del Cerro (Soria). La iniciativa fue calificada y admitida por la Mesa de la Cámara Alta ese mismo año. Entonces el grupo proponente era el PP, que aceptó en el debate una enmienda, de manera que, finalmente, la reprobación del senador desapareció de su texto, y, en su lugar, se aprobó un texto alternativo mediante el que el Senado “desaprueba las descalificaciones vertidas por un miembro de la Cámara al Alcalde”. Es decir, reprueba pero sin reprobar, que es lo mismo que usarán contra Hernández. La idea es esgrimir razones de “falta de disciplina y decoro”, contra el reglamento de la institución y sus miembros, y no razones de índole política, que es lo que ha sido sistemáticamente rechazado en el pasado.

La PNL que ha registrado este lunes el secretario del grupo socialista andaluz, Rodrigo Sánchez Haro, también insta a los 109 diputados a “expresar total rechazo a los insultos, actitudes violentas, ofensas verbales y descalificaciones vertidas hacia la presidenta del Parlamento, al resultar incompatible” con dicha institución. Por último, se acusa a Hernández de “perturbaciones ilegítimas” al “control político del Gobierno”, al entender que sus gritos interrumpieron el turno de palabra de Susana Díaz mientras se dirigía a Moreno en la sesión de control.

Aunque la iniciativa sea calificada y aprobada por la Mesa, es previsible que el Pleno de la Cámara termine tumbándola gracias a la mayoría de votos de PP, Ciudadanos y Vox. Pero el objetivo de Susana Díaz no es tanto ganar el debate, como prolongar el foco político sobre el Gobierno de Moreno y sus aliados, subrayar las maneras “violentas, agresivas y machistas” del portavoz de Vox, y obligar al PP y a Ciudadanos a posicionarse respecto a los ataques que recibió Bosquet. Algo que, por otra parte, ya lo han hecho, restando importancia a lo sucedido, conscientes de que cualquier fisura entre ellos será aprovechada por la oposición.

La presidenta de la Cámara se reunió con Hernández tras el incidente, le dio explicaciones y logró que éste reconsiderase su primer impulso de abandonar el Pleno -algo que le supuso al Gobierno la pérdida de varias iniciativas legislativas. Moreno ha reconocido en privado que la reacción de su socio no le gustó, pero fue más crítico con las palabras que usó Susana Díaz, que buscaban “provocar” al dirigente de Vox. Durante su cara a cara con el presidente, la socialista espetó que “Pedro Sánchez no ha pactado con Bildu pero usted sí se ha abrazado a los herederos del franquismo”. Ese momento precedió el estallido de ira de Hernández, aunque minutos después explicó que lo que le había ofendido era el paralelismo entre el acuerdo presupuestario de PP, Cs y Vox en Andalucía con el apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales.

Mucho más duro fue el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (compañero de partido de Bosquet), que resolvió que quien debían pedir disculpas no era Hernández a la presidenta de la Cámara, sino Susana Díaz “al Parlamento y al conjunto de los andaluces” por buscar una estrategia de confrontación.