La Junta estudia llevar a Europa la sentencia del TC de la Ley de la Vivienda

La consejera de Fomento, María Jesús Serrano, acusa al Gobierno de Rajoy de “boicotear” las políticas del gobierno andaluz

La Junta de Andalucía estudia recurrir ante la Justicia europea la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula el apartado del decreto-ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda, conocido como decreto antidesahucios, que permite la expropiación de viviendas vacías a los bancos por considerar que invade la competencia exclusiva del Estado en materia de “coordinación de la planificación general de la actividad económica”.

La consejera de Fomento y Vivienda en funciones, María Jesús Serrano, ha acusado hoy al Gobierno central de “boicotear” las políticas que desde la Junta de Andalucía se están desarrollando para defender el derecho a la vivienda de las familias, “como la Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda, recurrida por Rajoy ante el Tribunal Constitucional, o las órdenes de ayudas acogidas al Plan Estatal, cuyos fondos han amenazado con no aportar si no modificamos las condiciones recogidas en el texto normativo”. Este fue el mensaje que, como ha comentado la consejera, “el Estado trasladó a la Junta en el marco de la Comisión Bilateral”, celebrada el 26 de mayo.

A este respecto, ha explicado que el pasado 3 de marzo el Gobierno andaluz publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la orden de incentivos para ayudar a familias con escasos recursos económicos a afrontar el pago del alquiler de una vivienda. Esta normativa, que se suma a las abiertas con anterioridad y destinadas, por una parte, a la subvención de rehabilitación de viviendas (13,6 millones de euros) y al alquiler para familias vulnerables (4,3 millones de euros), cuenta con una dotación de 15 millones de euros para 2015, importe destinado a cubrir al 40% de la renta mensual, con un límite máximo de ayuda de 2.400 euros anuales por inmueble, cuyo alquiler no debe superar los 500 euros mensuales. Serrano ha explicado que “al tratarse de una ayuda dirigida a los más vulnerables, el tope de ingresos se ha situado en los 18.600 euros netos anuales”, un requisito que puede variar en función de la composición y condiciones específicas de la unidad familiar“. ”Los cálculos nos hacen prever que unas 7.150 familias podrán ser beneficiarios de esta ayuda“, ha añadido.

El 30 de abril finalizó el plazo para la recepción de solicitudes, que suman casi 28.000 solicitudes. A partir de ese momento, ha argumentado Serrano, la Consejería de Fomento y Vivienda inició el procedimiento administrativo para comprobar la documentación presentada, “si bien en pleno proceso, el 6 de mayo, nos vimos sorprendidos por el Gobierno central, que nos envió un requerimiento previo a un recurso contencioso administrativo exigiéndonos que modificásemos la orden bajo la amenaza de no aportar la financiación necesaria para hacer frente a las ayudas”, acogidas al Plan Estatal de Vivienda.

Entre los argumentos aportados por el Estado, la consejera se ha centrado “en el que afecta al fondo de la normativa, es decir, estar al día en el pago de tributos a la Seguridad Social y Hacienda”. “El Gobierno nos advirtió que teníamos que exigir a las familias estar al corriente en los pagos, un argumento que no entendemos”, ha expresado Serrano, “ya que las ayudas están dirigidas a aportar parte del alquiler a familias con escasos recursos, lo que hace prever que su situación económica es delicada”. En cualquier caso, ha advertido que cuando la Junta de Andalucía exoneró de este requisito a los solicitantes “no lo hicimos por antojo, sino porque la Ley 38/2003 para la regulación y concesión de subvenciones públicas, a la que se acoge el Plan Estatal de Vivienda, contempla la posibilidad de eximir a los beneficiarios de esa circunstancia, si se entiende por la naturaleza de la subvención”.

La consejera ha recordado que existen precedentes en otras normativas aprobadas en Andalucía que eximen a los beneficiarios de dicha exigencia, “razones que nos llevaron a solicitar al Gobierno la convocatoria de la Comisión Bilateral establecida en el Plan Estatal precisamente para explicar, coordinar y mantener un diálogo abierto entre ambas administraciones”.

El 26 de mayo se celebró dicho encuentro “y, lejos de encontrar entendimiento, nos hemos visto sorprendidos por una actitud amenazante del Gobierno, que se ha enrocado en una posición inmóvil e incluso ha amenazado con ir más allá y aplicar estos mismos argumentos y recortes a la orden de Ayudas al Alquiler para Personas inquilinas en Situación de Especial Vulnerabilidad”. “Si solicitamos la convocatoria de la Comisión Bilateral es porque confiábamos en alcanzar un acuerdo, en escuchar y ser escuchados y en aflorar decisiones conciliadoras. No obstante, lo único que hemos encontrado es la amenaza”, ha criticado la consejera, que ha denunciando que “el Gobierno de Rajoy está continuamente poniendo trabas a cada medida que iniciamos en Andalucía para defender los derechos de los ciudadanos”.

“Desde el Gobierno andaluz exigimos a Madrid que deje de boicotear las políticas que hemos emprendido en nuestra comunidad para garantizar el cumplimiento de los derechos de las familias”, ha subrayado la consejera, que ha querido “aclarar al Gobierno del PP que ceje en su empeño de bloquear cada paso que damos por el hecho de que la ciudadanía confíe en un gobierno socialista”. “Le advierto a quienes creen que van a conseguir su objetivo que Andalucía no va a parar ni a retroceder en el camino emprendido”, ha concluido.